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CHIHUAHUA, México.- Los asesinatos del líder de El Barzón, Ismael Solorio Urrieta y de su esposa, perpetrados la tarde del lunes, ha causado una gran indignación entre la sociedad de Chihuahua. Víctor Quintana Silveyra, activista y docente universitario, lo calificó de “crimen de estado, semejante en sus circunstancias al feminicidio de Marisela Escobedo”.
El ataque a dirigente agrario y a su esposa Manuela Solís Contreras, fue cuando iban a bordo de una camioneta por el kilómetro 26.5 de la Carretera Ciudad Cuauhtémoc-Colonia Obregón. En torno a las 14:30 horas, en las inmediaciones del campo menonita número 8.
A las pocas horas del doble asesinato, luchadores sociales y activistas de diferentes sectores de Chihuahua se plantaron en el Palacio de Gobierno por un tiempo indefinido hasta que se entrevisten con el gobernador César Duarte y “se les haga justicia”, señaló Quintana Silveyra.
Así mismo, los campesinos barzonistas iniciaron una serie de movilizaciones, entre las que se encuentran la velación del cuerpo de Solorio frente al palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, para exigir a las autoridades el inmediato esclarecimiento de los hechos.
Activistas levantan un altar en Palacio de Gobierno para demandar justicia por asesinato de Ismael Solorio y esposo. Foto: elobservador.com.mx
Conflicto por la depredación de los recursos naturales
Los campesinos miembros de El Barzón señalaron que el ataque está ligado a la pugna que mantienen con menonitas por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y con una empresa minera que pone en riesgo de contaminación los mantos freáticos.
Victor Quintana afirmó que el doble asesinato es el resultado de una campaña de linchamiento emprendida en contra de las organizaciones de El Barzón, denunciada exactamente hace una semana ante el Secretario de Gobierno de la entidad, Raymundo Romero.
Quintana señaló que en la reunión sostenida con el Secretario de Gobierno, se denunció la serie de ataques contra Ismael Solorio y a su hijo, así como a diversos barzonistas que se oponen a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.
Desde hacía varios meses Solorio había denunciado la explotación ilegal de mantos acuíferos y pozos, sobre todo en la cuenca del río El Carmen, argumentan que la lucha por la defensa del agua ha sido el principal motivo de las agresiones que han sufrido los barzonistas. Por estas razones integrantes de El Barzón consideran el doble asesinato como un crimen de Estado.
Ismael Solorio Urrutia líder barzonista asesinado Foto: red
Victor Quintana señaló que luego de ser golpeados por un grupo de asalariados de la minera Ismael Solorio y su hijo Éric el sábado 13 de octubre, el contingente de El Barzón y las organizaciones que con él se solidarizan se hicieron presentes en el Palacio de Gobierno para exigir que el Ejecutivo Estatal garantizara la gobernabilidad en el pueblo y la integridad física de todos quienes participan en el movimiento barzonista.
“Posterior a la entrevista colectiva con el Secretario de Gobierno, un grupo de gente pagada por la mina acudió al Congreso del Estado, donde fueron apoyados por legisladores del PRI”, dijo, “en dicha reunión se volvió a atacar, a calumniar y a amenazar a quienes forman parte de la mayoría ejidal que se opone a la mina”, agregó Quintana.
Resaltó que “es muy claro que en el corredor comercial Cuauhtémoc-Colonia Obregón opera normalmente, una patrulla del crimen organizado”.
Mientras tanto, dentro de palacio de gobierno permanecieron hasta las 2: 07 a.m. del martes activistas de los movimiento #YoSoy132 Chihuahua, Morenaje Chihuahua y el Barzón “secuestrados por el gobierno” luego de que policías cerraran las puertas sin importar que niños y mujeres estuvieran adentro.
“La decisión firme de El Barzón y las organizaciones sociales de Chihuahua es permanecer en el Palacio de Gobierno hasta plantear sus exigencias al Gobernador, César Duarte y hasta que se haga justicia ante este crimen de Estado, semejante en sus circunstancias al feminicidio de Marisela Escobedo, ultimada el 16 de diciembre de 2010 en la acera del Palacio de Gobierno, a pesar también de las advertencias del peligro que corría la vida de la activista hechas a los funcionarios estatales días antes”.
LA Press con información de arrobajuarez.com
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