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| Cathedral and mission Nuestra Señora de Guadalupe in the city downtown of Ciudad Juárez, Chihuahua, México (Photo credit: Wikipedia) |
Reforma | 07-10-2012 | 09:16
Distrito Federal— La tortura y los tratos crueles contra civiles a manos de fuerzas federales se incrementaron en la Administración del Presidente Felipe Calderón.
De 2006 al 31 de mayo de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 89 quejas contra elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal tan sólo por actos de tortura.
Al inicio del sexenio se presentaron 3 denuncias; en 2007, 7; en 2008, 15; en 2009, 19; en 2010, 11, y en 2011, 28. Hasta el quinto mes de este año se habían registrado 6.
En tanto, los expedientes por tratos crueles, inhumanos y degradantes crecieron de 85 a mil 497, según cifras del organismo obtenido vía transparencia.
De acuerdo con el reporte, Chihuahua es la entidad donde se reportó la mayor cantidad de quejas. Le siguen San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Coahuila.
La Convención Internacional contra la Tortura define este delito como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que cometió.
De las 127 recomendaciones dirigidas a la Sedena por tortura y tratos crueles, sólo 10 fueron obedecidas en su totalidad. La PF cumplió una de 31, y la Marina, una de 22.
Omiten autoridades castigo
Pese al incremento de quejas por prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el sexenio, las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, así como la Policía Federal han incurrido en omisiones ante las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con una petición de información vía Transparencia, el organismo señaló que de los 127 escritos que ha dirigido al Ejército entre 2006 y el 31 de mayo de este año, sólo 10 se han cumplido. El resto presentan cumplimiento parcial, insatisfactorio, no fueron aceptados, o aún están en tiempo de obedecer, refiere el reporte.
La Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ha cumplido una de las 31 recomendaciones recibidas y la Marina sólo ha atendido una de 22.
En su más reciente informe, la Asociación de Cristianos para la Abolición de la Tortura, de Francia (ACAT-Francia), advierte que en este sexenio se ha privilegiado y tolerado la tortura como un "método de investigación" dentro del combate a las organizaciones criminales.
"El remedio terminó siendo peor que la enfermedad y la población se encontró acorralada entre la violencia de las bandas de delincuentes y las de las fuerzas de seguridad. Entre finales de 2006 y julio de 2011, el saldo habría sido de 40 mil muertos, entre 3 mil y 10 mil víctimas de desaparición forzada según las fuentes y miles de desplazados", indica el estudio titulado "En nombre de la Guerra contra la Delincuencia", financiado por la Comisión Europea.
"El discurso que sostiene que los derechos humanos son un obstáculo para la seguridad pública se ha vuelto trivial. Asimismo, las fuerzas de seguridad y los ministerios públicos disponen de un mayor margen de maniobra en nombre de 'la guerra contra la delincuencia'".
De acuerdo con ACAT, los abusos ocurren a pesar de que México prohibe constitucionalmente tal conducta y es parte de todos los instrumentos de protección internacionales de la ONU como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Para Javier Enríquez Sam, coordinador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, la falta de castigo por tortura inicia desde el momento mismo en que las autoridades se rehúsan a llamarla por su nombre y no es visibilizada por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
"La CNDH utiliza sus criterios porque no le pone tortura, sino tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para nosotros eso es con la intención de bajarle el perfil al problema. Son datos muy bajos, son subregistros.
"Utiliza sus criterios para decidir. Por qué no le pone tortura cuando, apegado a la definición de la Convención Interamericana, tortura se consideran todos aquellos tratos crueles inhumanos y degradantes ya sea causados por un servidor público o por su consentimiento de llevarla a cabo y como México ha firmado esos tratados y convenios tiene que respetar", señala.
Un ejemplo de esta problemática de falta de reconocimiento, detalló, fue el caso Atenco tras el cual el Colectivo documentó al menos un centenar de casos de tortura y la CNDH sólo unos tres.
Expuso que durante el sexenio de Vicente Fox, la asociación recababa anualmente de 20 o 30 denuncias por tortura y en la administración calderonista ascendieron a 50; sin embargo, refiere el activista, las cifras oficiales distan mucho de la realidad pues la mayoría de abusos quedan sin denuncia y los casos que llegan ante ministerios públicos son desestimados.
"Hay una negación total a la tortura en México. Desde que nosotros empezamos a denunciar en 2004 no se ha juzgado a nadie por un caso de tortura. Eso quiere decir que a nivel de juzgado no ha llegado ningún caso en el que se reconozca y se tenga que sancionar.
"Más bien ha tenido que salir el caso a nivel internacional para que allí se reconozca y entonces se procesa una sanción y, en ese sentido, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado sanciones, estas sanciones se han cumplido parcialmente. Es decir que la autoridad está negada, no está dispuesta a reconocer la tortura que comete", indicó.
Admiten atentado tras golpes y violación
El 13 de agosto de 2010, la Policía Federal exhibió ante la prensa a cinco presuntos integrantes del Cártel de La Línea, de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En esa ocasión, Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional, afirmó que los hombres estaban vinculados con la explosión de un choche bomba, la muerte de dos agentes de la corporación y que se caracterizaban por operar violentamente al cometer secuestros, extorsiones, robos a casa habitación y abusar sexualmente de una menor.
Al año siguiente, la CNDH documentó que Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Ricardo Fernández Lomelí y los hermanos Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería fueron torturados severamente para autoinculparse.
No obstante la evidencia de maltrato, continúan presos, no han recibido reparación del daño y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) niega a presentar ante el juez a los policías agresores.
Daniel Amaya Martínez, hermano de una de las víctimas, relata que el grupo fue capturado el 11 de agosto cuando los hombres salían de una vivienda tras haber recogido unos electrodomésticos, fue allí cuando federales a bordo de dos camionetas los interceptaron y llevaron a su cuartel.
"A mi hermano lo golpearon con las culatas de los R-15, los tronaban, los disparaban y así calientes se los ponían en los genitales; les enterraban palillos de dientes en las puntas de las uñas de los pies; un federal le picaba las costillas y el estómago con un picahielo mirando un libro con el que se guiaba para no dañarle algún órgano.
"Lo peor fue la bolsa de plástico. Se la ponían en la cabeza por mucho tiempo y perdía el conocimiento. Dos de ellos fueron violados con rifles AR-15, sufrieron desgarre en el ano", dice.
De acuerdo con la recomendación dirigida a la PGR, las torturas ocurrieron también en el traslado al DF: en el Aeropuerto capitalino, en el Centro de Mando de Iztapalapa y en la SIEDO.
En PGR, personal de la SSP obligó a los detenidos a leer textos escritos en cartulinas para grabarlos y difundirlos. Actualmente los videos están en internet, en uno de ellos Noé relata como hizo estallar el coche bomba y, en otro, Rogelio refiere que reclutaban a mujeres atractivas para hacerlas sicarias.
"A dos años de que fueron detenidos, 11 meses de esos dos años, se han ido de gratis porque los agentes federales aprehensores no se han presentado a los careos, ya con esta son siete veces que se les llama, la gente de PGR no retira los cargos y el juez no los deja en libertad", señaló Daniel.
Los federales involucrados son Manuel Calleja Marín, Manuel Granero Rugerio, Federico López Pérez, Luis Alberto González Gutiérrez, Víctor Aquileo Lozano y Adán Serafín Cárdenas Cruz.
Daniel señala que el poder de la CNDH es mínimo para enfrentar a instituciones como la SSP, la PGR y el Poder Judicial.
"Ahora resulta que la recomendación no tiene acción penal, ni legal. Es como traer una pistola y no traer balas. Deberían buscar que más pueden hacer para encontrar la libertad. Ellos emiten la recomendación y allí queda, al juez le vale madres esa recomendación, no le importa".
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