Arnaldo CórdovaF
iel a su propósito, ya enunciado desde antes de que empezara la campaña electoral, de abrir Pemex a la iniciativa privada, Enrique Peña Nieto ha venido aprovechando sus viajes al exterior para ofrecer puertas abiertas a la inversión privada extranjera en la industria y en la creación de infraestructura, casi sin ninguna restricción. El discurso, claro está, le alcanza para pregonar, como lo hizo en Alemania, que el Estado seguirá manteniendo la propiedad de los hidrocarburos y la rectoría económica de Petróleos Mexicanos [sic]. En qué sentido lo haría después de dar entrada a la inversión privada es, como cabe suponer, un misterio.
El dogma fijo en el que se asienta esa propuesta es, desde luego, que las empresas paraestatales difícilmente podrían encontrar por sí mismas la capacidad financiera para desarrollar los objetivos que buscan. Una y otra vez vuelve a repetir que nos hallamos atados a formas ideológicas obsoletas e inaplicables ya en el mundo de nuestros días (por ejemplo, aunque nunca lo dice, los principios constitucionales de rectoría del Estado de la economía, no de Pemex, como él dijo, o el que establece la propiedad exclusiva de la nación sobre los recursos naturales y sobre los procesos de explotación de los mismos).
Para él el problema es de recursos. Nunca ha hecho mención del hecho de que Pemex es expoliada presupuestalmente hasta dejarla en cueros y sin recursos, en lugar de permitirle aplicar sus colosales ingresos en el desarrollo de la industria petrolera y de muchas otras ramas de la economía. Para él, tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas y de aprovechar ese potencial con otros mecanismos que permitan la participación del sector privado. Sólo así se puede complementar la inversión que se demanda (La Jornada, 13.10.2012).
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