Pero no todos están conformes con la compra de tecnología de espionaje por parte de la Sedena.
Alejandro Cerezo Contreras, uno de los fundadores del Comité Cerezo México, dedicado a la defensa de derechos, en entrevista con BBC Mundo, advierte del riesgo que ese equipo y el software se utilicen también para vigilar a activistas sociales.
“Si esa tecnología se utilizara para la investigación contra los delincuentes estaría excelente”, indica.
La compra de nueva tecnología de espionaje por parte del Ejército alerta al Comité Cerezo.
“No hay una política que regule su uso. Si bien la ley dice que debe haber la orden de un juez para utilizarla, hay muchos casos de defensores donde no existe ese mandato”.
Pero no es el único problema, añade el consultor Alberto Islas. Para ganar la batalla en la trinchera tecnológica, las autoridades mexicanas deben cumplir dos requisitos.
El primero, asegurar la vigencia del equipo que compran para no ser rebasados por los carteles de narcotráfico y el segundo que la información obtenida tenga siempre el respaldo de los jueces.
Es básico, insiste: si las pruebas recabadas en el espionaje no tienen respaldo legal, es imposible incorporarlas en el juicio a los delincuentes. Y por esta carencia, subraya el analista, es que muchos han quedado libres.
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