La Corte Penal Internacional resolverá, antes de concluir 2012, si acepta la petición para enjuiciar al presidente Calderón y a su gabinete de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad del gobierno federal respecto de los más de 60 mil civiles asesinados, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga y decenas de torturados en cuarteles militares. De iniciarse el proceso judicial, el aún mandatario no podría alegar inmunidad presidencial por los “daños colaterales” de su principal política pública –la “guerra” contra el narcotráfico–, que defenderá en su sexto y último informe de gobierno.
Antes de concluir su sexenio, el presidente Felipe Calderón Hinojosa conocerá si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acepta abrir el juicio en su contra por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico. El asunto –considerado de primer orden en la Presidencia de la República– lo atiende la cancillería mexicana en La Haya, Países Bajos, desde que un grupo de abogados presentó la petición el 25 de noviembre de 2011.
Aunque en un primer momento el gobierno federal desestimó la denuncia al argumentar que sería inmediatamente desechada por la Corte, ésta se ha convertido en una prioridad para el mando supremo de las Fuerzas Armadas, en el último tramo de su administración. La magnitud de la preocupación se derivaría de un resumen ejecutivo que la Fiscalía le entregó a la Presidencia de la República, en el cual se documentan crímenes que podrían constituir delitos internacionales.
Y es que, de ser juzgado, Calderón Hinojosa no podría alegar inmunidad presidencial: el artículo 27 del Estatuto de Roma –que rige la actuación de la Corte– prevé la improcedencia (por fuero) del cargo oficial, para evitar el proceso.
Con base en la denuncia que se presentó en noviembre de 2011, la instancia internacional encabezada por la fiscal Fatou Bensouda resolverá en los próximos cuatro meses si inicia un análisis preliminar sobre el caso mexicano que, además de involucrar al presidente, implica a sus secretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y también, a los cabecillas del narcotráfico mexicano, en especial a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del cártel de Sinaloa.
De abrirse la investigación preliminar, la Corte evaluaría en primera instancia la responsabilidad de los funcionarios como promotores y ejecutores de la política pública de seguridad, explica el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, quien, junto con más de 25 mil firmantes, promovió la petición.
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