Con el argumento de que no existe fundamento constitucional ni legal para ordenar que se agilice la fiscalización de los gastos del PRI en la campaña presidencial, el IFE rechazó la petición que en ese sentido hizo el Movimiento Progresista.
En sesión extraordinaria, los consejeros rechazaron unánimemente la petición de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, de establecer un procedimiento extraordinario de fiscalización para los gastos del PRI en la campaña.
El debate de casi cuatro horas inició con la defensa de la solicitud por parte del representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Camerino Márquez.
Consideró que existen evidencias suficientes de supuestos gastos excesivos de campaña, rebase en el tope de los mismos, intervención de dinero ilegal, coacción del voto por empresas mercantiles y otros ilícitos.
Hizo un llamado a los consejeros para que en uso de su voluntad política ordenaran a la Unidad de Fiscalización que acelere el análisis de las quejas.
Al respecto el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, aseguró que después de consultar el asunto con su área jurídica encontró la solicitud inatendible.
Ya está en marcha un procedimiento de agilización de la fiscalización de los gastos de partidos, establecido en el acuerdo CG301/2012 aprobado por los propios partidos del Movimiento Progresista y que hasta ahora no ha sido controvertido.
“No encuentro fundamento para que se apruebe un dictamen provisional que contenga conclusiones parciales que no estén sustentadas en la información que los propios partidos deben aportar”. Por ello, “no advierto fundamento constitucional ni legal”, indicó.
El consejero Alfredo Figueroa sostuvo que por ahora los partidos no han entregado sus informes y, por lo tanto, no se puede arribar a una conclusión sobre los gastos de campaña.
En su oportunidad, el consejero Marco Antonio Baños sostuvo que, por existir ya un acuerdo firmado en mayo pasado por todos los partidos (al que se refirió antes el consejero presidente) para agilizar la fiscalización, este nuevo acuerdo sería sobre el mismo tema y los mismos sujetos.
Esto es aprobar el procedimiento extraordinario sería tanto como juzgar el mismo hecho dos veces, cosa que es ilegal.
Por su parte el consejero Benito Nacif sostuvo que del entramado legal no parece desprenderse que el eventual rebase en el tope de gastos de campaña sea suficiente para anular la elección, además de que los plazos de la fiscalización están establecidos en la ley.
En ese sentido, recomendó a los partidos explorar una reforma legal y constitucional posterior para evitar en el futuro escenarios de esta naturaleza.
La consejera María Marván Laborde señaló que todo este asunto es un discurso mediático pero que carece de fundamento jurídico y advirtió que los consejeros tienen necesariamente que dictaminar con base en la ley.
Luego de tres rondas de discusión, que se extendieron por casi cuatro horas, el representante del Movimiento Ciudadano lamentó que los consejeros no aprobaran la propuesta y adelantó que los partidos impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“No nos vayan a salir después de años con que sí hubo rebase en el tope de gastos de campaña y usted disculpe”, manifestó.
Fuente: Sin Embargo
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