Magistrados del Tribunal Electoral reciben bonos de medio millón - CONTRALINEA

Magistrados del Tribunal Electoral reciben bonos de medio millón:

Tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. El titular del órgano judicial, Alejandro Luna Ramos, asegura que éste lo reciben cada año y que, además de ser legal, no tiene nada que ver con el periodo electoral. Los beneficios económicos para quienes en breve validarán las elecciones presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80 millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal

 
José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López obtuvieron un bono de 488 mil 799 pesos, cada uno. El dinero ingresó a las cuentas bancarias de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 28 de junio, apenas tres días antes de que se celebraran las elecciones presidenciales.

Fuentes allegadas a la institución aseguran que se trata del bono de riesgo; y que, en la semana del 18 al 24 de junio, los magistrados habrían votado en su sesión ordinaria para autoasignarse dicha prestación.

Creado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, el bono de riesgo es independiente del sueldo y las prestaciones que reciben de por sí los funcionarios. Su objetivo es “bonificar económicamente” la inminente inseguridad que enfrentan algunos servidores públicos por sus labores.

Sin embargo, el TEPJF no combate al crimen organizado. Su mandato constitucional es “actuar como la máxima autoridad en materia de justicia electoral, que garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”.

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