La presunta compra y coacción del voto a favor del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, fue desestimada por los magistrados del Tribunal Electoral al afirmar que no existieron elementos para acreditarlo.Las tarjetas sólo beneficiaron a militantes de PRI y no se comprobó que se entregaran a cambio del voto, establecieron los magistrados.
(Foto:Archivo/Cuartoscuro) Redacción ANAgosto 31, 2012 2:13 am
El proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 359 del Movimiento Progresista, avalado por todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), responde a las denuncias vinculadas con la compra de votos en las elecciones del 1 de julio.
El documento determina que no existieron elementos para comprobar que las tarjetas Monex y Soriana fueron entregados a la ciudadanía en general, sino que sólo beneficiaron a militantes priistas, y afirma que no existen métodos para comprobr que los gobernadores de los estados orquestaron una operación de presión y coacción sobre los electores.
En cuanto a los presuntos gastos excesivos en la campaña de Enrique Peña Nieto, se consideró que esto dependerá de lo que concluya la investigación de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, quien tiene como plazo hasta enero del 2013.
Sobre el reparto de tarjetas Monex el proyecto apunta:
-”En relación con la contratación de diversas empresas mercantiles a través de las cuales presuntamente se llevó a cabo la compra de 9 mil 924 tarjetas de prepago de Banco Monex, que supuestamente fueron distribuidas entre delegados y representantes del Partido Revolucionario Institucional para la compra y coacción del voto, si bien existen posicionamientos de este instituto político en el sentido de que sí existieron algunos actos de contratación con determinadas personas morales, dicho reconocimiento sólo prueba que se estableció un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios mediante las referidas tarjetas para ser utilizados por las personas que el partido indicara, mas no así la finalidad ilícita (para la compra y coacción del voto) alegada por la coalición actora”.
-”Se tiene por acreditada la entrega de una serie de 7 mil 851 tarjetas que se dio en las 32 entidades federativas a través de enlaces estatales, con quienes celebraron contratos de prestación de servicios asimilables a sueldos y su distribución a miembros del Partido Revolucionario Institucional exclusivamente en cinco estados de la República a través de enlaces distritales”.
-”De ese universo de tarjetas, 2 mil 578 aparecen vinculadas con empleados del Grupo Comercial Inizzio y sólo en seis casos se reconocen como beneficiarios a representantes generales del Partido Revolucionario Institucional”.
-”No se observa que la distribución de las mencionadas tarjetas se haya dado a ciudadanos en general ni se observa que los representantes partidistas a los que se les entregaron hubiesen sido contratados con el objeto de que las distribuyesen”.
Sobre Soriana afirma:
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