La burla - Ricardo Monreal Ávila

La burla
Ricardo Monreal Ávila

El pasado fin de semana la SEP organizó la “Feria de la Educación Superior Más Opciones”, con el fin de presentar alternativas de inscripción a los 250 mil estudiantes que fueron rechazados en la UNAM, el IPN y la UAM.

El evento fue en realidad un tianguis o “mercado sobre ruedas”, orientado a promover la matrícula de educación de las universidades privadas, con ofertas y rebajas en las cuotas de inscripción y en las mensualidades, muy alejado de lo que esperaban los jóvenes: espacios de calidad en el sistema público.

Este “domingo de plaza” pinta de cuerpo entero en lo que se ha convertido la secretaría que alguna vez fue timbre de orgullo nacional e internacional, no solo por la visión social de sus responsables (José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y Jesús Reyes Heroles, entre otros), sino por la revolución educativa que alguna vez nació en esa dependencia: de motor de la educación pública de calidad a gerencia de ventas de la educación privada.



Las crónicas describen el enojo, la decepción y la ira que este evento generó en miles de jóvenes al resultar burlados en sus aspiraciones y esperanzas personales. La educación privada por supuesto que es una alternativa de educación y preparación; lo que no es opción es que la SEP privatice su visión y función pública como ente rector y regulador de la educación que se imparte en México.

El país vive el cruce de dos sucesos altamente disruptivos en términos sociales: por un lado, el rezago de la oferta educativa a nivel superior (no solo en términos de instalaciones físicas, personal académico y métodos pedagógicos, sino en cuestiones como los paradigmas educativos, la tecnología educativa y la educación a distancia); por el otro, el desplazamiento de una burbuja juvenil en la pirámide demográfica que presiona como nunca la demanda de educación, trabajo, salud y seguridad social.

En pocas palabras, nunca como hoy han existido tantos jóvenes demandando acceso a una educación de calidad, y nunca como hoy había existido un sistema educativo (público y privado) rezagado, atrofiado y desfasado de los requerimientos de una sociedad y un mundo en permanente transformación.

Desde hace dos décadas se habla del “bono demográfico”. Es decir, de la oportunidad histórica de contar con una población joven que impulse la economía y el desarrollo del país, generando el ahorro excedente que el país necesita para cuando empiece a envejecer.

Este bono dependía, sin embargo, de un abono: la educación. Ello implicaba construir la infraestructura educativa necesaria para atender a los jóvenes que hoy están literalmente en la calle sin educación, sin empleo y sin futuro. No se hizo la tarea y, en consecuencia, el país está inmerso en un círculo vicioso: al no educar a sus jóvenes el país renuncia a tener capital humano para el desarrollo; al carecer de capital humano, el país difícilmente crece; al no crecer, se agudiza la falta de recursos para atender la demanda educativa; y al no educar a los jóvenes, el bono termina inexorablemente en
“pesadilla demográfica”: más desigualdad, más pobreza, más inseguridad y más violencia.

La última universidad pública federal se construyó en 1978, la Universidad Pedagógica Nacional. Desde entonces, por misión y por comisión, el sector privado ha crecido para atender parte de la demanda educativa en el nivel superior. Pero la privatización tampoco ha sido la solución. La cobertura ha decrecido de manera sistemática. Hoy existen 10 millones de jóvenes de 19 a 23 años que debían estar estudiando, y solo lo hacen 3.5 millones. Una cobertura de 33%, cuando Cuba tiene cobertura al 100%, Venezuela 79%, Argentina 69%; Uruguay 64; Chile 52; Panamá 45; Ecuador 42; Bolivia 38; Brasil y Perú 35.

Del abandono educativo juvenil son responsables los últimos gobiernos del PRI y los dos del PAN. Como en otras áreas de la vida pública, la alternancia sin alternativa que es el PRIAN, empeoró, no mejoró la educación superior. Al abandonar la educación superior como una prioridad de política pública, el PRI lumpenizó a los jóvenes: es decir, los condenó a la informalidad económica, a la emigración ilegal o a la delincuencia. El PAN por su parte, los criminalizó: prefirió invertir en cárceles de alta seguridad donde mantener recluido a un joven cuesta 18 mil pesos al mes, que en universidades públicas de educación superior, donde sostener a un estudiante cuesta 6 mil pesos mensuales.

La izquierda fue la única que realmente presentó un proyecto integral de educación superior en la pasada campaña presidencial (más infraestructura educativa, prioridad a la ciencia y a la tecnología, educación a distancia, vinculación empresa-universidades, becas universitarias, apoyos laborales, seguro social, etcétera). Nada qué ver con la visión de administrador de tianguis que afloró en el “domingo de mercado” organizado por la SEP, y que causó la ira y decepción de miles de jóvenes.

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