A partir del 15 de agosto, este capitán será el nuevo director general de Fresnillo, la mayor productora de plata del mundo. Este ingeniero en minas de la Universidad de Guanajuato, y MBA de The Wharton School, deberá mantener el brillo de la subsidiaria de Peñoles. Sustituye a Jaime Lomelín, quien se retira de la compañía.
TELEVISORA DOBLEMENTE AMPARADA
Aquí le hemos platicado del amparo que promovió la empresa Canales de Televisión Populares para frenar el decreto para la transición a la televisión digital.
Lo interesante del caso es que esta empresa es filial de Televisa, el grupo que encabeza Emilio Azcárraga.
Le recordamos que cuando la CFC, de Eduardo Pérez Mota, autorizó que Televisa entrara a Iusacell asociándose con sus competidores de Azteca, condicionó el hecho a que se licitará una tercera cadena de televisión abierta en un plazo de dos años cuando mucho, lo que podría ser afectado por este amparo que se promovió el 12 de junio ante la Juez Sexta de Distrito en materia administrativa.
Lo nuevo del caso es que no hay uno sino dos amparos de la televisora.
Resulta que Radiotelevisora de México Norte, que también es una filial de la misma televisora, buscó también la protección judicial frente a este proceso de transición.
Primero acudió ante un tribunal del DF el 11 de julio y el juez se declaro incompetente para resolver. Pero la turnó a Aguascalientes, donde fue admitida a trámite por el Juez Tercero de Distrito.
Para que no haya duda, el acto reclamado en este amparo es, textualmente: "la aprobación del programa de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión de televisión que podrán ser materia de licitación".
Hasta ahora, las dos filiales de Televisa no han solicitado suspensiones en estos amparos, es decir, no están pidiendo que se frenen las licitaciones, pero sí que se examine la legalidad de todo lo que ha hecho en esta materia la Cofetel que encabeza Mony de Swaan.
Eso basta para meterle miedito a cualquier valiente que quiera entrarle al concurso, pues rondará el fantasma de una eventual sentencia adversa del Poder Judicial lo que podría poner en riesgo que la licitación de la tercera cadena concluyera realmente en un plazo de dos años.
Pero fíjese que los malpensados están imaginando que el objetivo real de los amparos podría ser obligar a Cofetel a entregar a los juzgados -y por tanto a Televisa- información sobre las licitaciones que aún no sea pública, para saber cómo viene la cosa.
Una vez obtenidos todos los informes que se buscan, las empresas podría desistirse de las demandas.
¿Usted cree que estarían pensando de esa manera?
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