La ventaja de Peña Nieto en losresultados procesados y presentados por el IFE es producto de una
montaña de inmundicias varias, desde delitos graves hasta
inmoralidades menores. Pero el desaseo de la campaña priísta y de los comicios –permitido y solapado por la autoridad electoral– no empezó el día de la elección, y ni siquiera en el arranque de las campañas políticas, sino que fue la culminación de un largo proyecto orientado a consolidar repetir el secuestro de la voluntad popular que se perpetró en 2006 y a consolidar el procedimiento anticonstitucional, antidemocrático e ilegal de imposición de jefes de Estado que se probó por primera vez hace seis años (o hace 24, si se cuenta el fraude de 1988 y la imposición de Salinas):
Tomar a un político cualquiera, uncirlo al programa depredador de los grandes capitales y convertirlo en candidato triunfante por medio de inversiones masivas en publicidad (para glorificarlo y para denostar a sus adversarios), injerencia de los poderes públicos, inyección de recursos del erario, preferentemente en las zonas más depauperadas del país y en las de mayor atraso político, sometimiento de la autoridad electoral, aprovechamiento de los métodos “tradicionales” para defraudar (robo y falsificación de papelería electoral, relleno de urnas, coerción a comunidades para que sus miembros voten de manera uniforme por el candidato del régimen, generación de incidentes violentos en las casillas) y de los medios cibernéticos para ajustar los resultados a favor de la causa propia y en detrimento de los competidores.
Una vez que se ha conseguido el grado
deseado de adulteración de las cifras, éstas se anuncian con bombo
y platillo, procurando causar un efecto de aniquilación en el ánimo
de la oposición. Con diversas variantes y matices, así operó el
régimen en 1988, en 2006 y ahora. En esas elecciones, el espíritu y
la letra del artículo
39 constitucional se han adulterado hasta operar una reforma de
facto de ese pasaje de la Carta Magna para que diga algo así como
esto:
“La soberanía nacional reside
esencial y originalmente en las oficinas gubernamentales, la
televisión privada, la embajada de Estados Unidos y los grandes
corporativos financieros y energéticos transnacionales. Todo poder
público dimana de estos actores y se instituye para beneficio de
ellos. Los gobernantes, los concesionarios de los medios, la
representación del país vecino y los intereses empresariales tienen
en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma
de su gobierno”.
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