Notimex
México, 22 Jul.- Javier Santiago Castillo, ex consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), opinó que los resultados de la fiscalización de las campañas deberían tenerse antes que la calificación de la elección y la toma de protesta a los candidatos electos. En entrevista con Notimex, el ahora profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa analizó el proceso electoral federal reciente y las controversias que se han derivado del mismo en el actual contexto de la realidad mexicana.
Así expuso que si bien desde el punto de vista técnico y organizativo el proceso electoral resultó impecable, lo que sin lugar a dudas representa una fortaleza de las instituciones, hay dos debilidades en relación con el Instituto Federal Electoral (IFE). Una de ellas, explicó, es la negativa del IFE a investigar las denuncias por presunta compra y coacción del voto cuando la propia ley lo mandata a averiguar, aun de oficio, irregularidades desde el punto de vista administrativo. Además pretender considerar este tipo de denuncias como parte del proceso de fiscalización o sólo desde el punto de vista penal, para derivar la responsabilidad a otras autoridades, es una renuncia a la facultad investigadora para desahogar por sí mismo dichos señalamientos, consideró. A su juicio, al actuar de esta manera el IFE está negando a los ciudadanos la posibilidad de conocer el resultado de las denuncias, pues al integrarla al proceso de fiscalización los resultados se conocerán una vez que el tribunal haya hecho la calificación de la elección y los candidatos ganadores oficialmente hayan tomado posesión. En este orden de ideas, juzgó que otra "pifia" es la valoración que el propio IFE hace de las denuncias por presunta coacción del voto en su informe al tribunal, donde señala que no hay pruebas de que la compra del voto haya afectado el resultado de la elección. Puntualizó que si las investigaciones están en marcha y que lo más probable es que el resultado se conozca después de la calificación no hay elementos para una afirmación de esa naturaleza, además de que es una atribución que no le corresponde al instituto sino al tribunal. Por lo que toca a las denuncias de supuesto "lavado" de dinero, el investigador advirtió que se trata de un señalamiento cualitativamente más grave que la compra y coacción del voto. En este contexto, indicó que se refuerza la necesidad de incorporar las reformas legales para que todas las denuncias relacionadas con la fiscalización de las campañas se resuelvan necesariamente antes de la calificación de la misma. Destacó que el hecho de que haya empresas fantasma involucradas en la acusación de "lavado" de dinero es en sí mismo un indicio sólido de que irregularidades graves pudieron haberse cometido, pero con la legislación vigente estas no tendrían incidencia en la calificación de la calidad de la elección por el Tribunal Electoral federal. Para cuando se conozcan los resultados y si se comprueban las irregularidades seguramente habrá sanciones pecuniarias o castigos para algunos de los involucrados, que seguramente serán personajes menores, previó. Consideró que en las reformas necesarias a futuro, además de prever que los resultados de la fiscalización de las campañas deben formar parte de la calificación de la elección, se debería prohibir que los gobiernos gasten recursos públicos en la promoción de sus obras. Expresó que esos millonarios recursos en realidad se erogan con el fin no sólo de promocionar la obra pública, sino también para comprar buenas voluntades y tratos favorables de los medios de comunicación. Se pronuncio además en favor de que se regulen las metodologías de las encuestas electorales, ya que en el proceso electoral recién concluido se utilizaron como instrumento de propaganda. El ex presidente del IEDF entre 1999 y 2006 señaló que la situación creada en este 2012 es más grave y preocupante que la de 2006, pues ahora hay movimientos que no necesariamente responden a Andrés Manuel López Obrador. En 2006, recordó, fueron justamente las acciones de resistencia convocadas por el tabasqueño las que dieron cauce a la inconformidad y sirvieron como válvula de escape a la tensión, pese a que fueron molestas para los ciudadanos y afectaron la imagen de López Obrador. Especificó que para este 2012 no hay indicios de que el propio abanderado de la coalición Movimiento Progresista esté propiciando los cauces de desahogo, además de que los grupos no necesariamente responderían a su convocatoria. La delincuencia organizada no es el único problema para la estabilidad social y política del país, hay irritación social, económica y política, no es aconsejable irritar más a la sociedad, dijo. Notimex
Así expuso que si bien desde el punto de vista técnico y organizativo el proceso electoral resultó impecable, lo que sin lugar a dudas representa una fortaleza de las instituciones, hay dos debilidades en relación con el Instituto Federal Electoral (IFE). Una de ellas, explicó, es la negativa del IFE a investigar las denuncias por presunta compra y coacción del voto cuando la propia ley lo mandata a averiguar, aun de oficio, irregularidades desde el punto de vista administrativo. Además pretender considerar este tipo de denuncias como parte del proceso de fiscalización o sólo desde el punto de vista penal, para derivar la responsabilidad a otras autoridades, es una renuncia a la facultad investigadora para desahogar por sí mismo dichos señalamientos, consideró. A su juicio, al actuar de esta manera el IFE está negando a los ciudadanos la posibilidad de conocer el resultado de las denuncias, pues al integrarla al proceso de fiscalización los resultados se conocerán una vez que el tribunal haya hecho la calificación de la elección y los candidatos ganadores oficialmente hayan tomado posesión. En este orden de ideas, juzgó que otra "pifia" es la valoración que el propio IFE hace de las denuncias por presunta coacción del voto en su informe al tribunal, donde señala que no hay pruebas de que la compra del voto haya afectado el resultado de la elección. Puntualizó que si las investigaciones están en marcha y que lo más probable es que el resultado se conozca después de la calificación no hay elementos para una afirmación de esa naturaleza, además de que es una atribución que no le corresponde al instituto sino al tribunal. Por lo que toca a las denuncias de supuesto "lavado" de dinero, el investigador advirtió que se trata de un señalamiento cualitativamente más grave que la compra y coacción del voto. En este contexto, indicó que se refuerza la necesidad de incorporar las reformas legales para que todas las denuncias relacionadas con la fiscalización de las campañas se resuelvan necesariamente antes de la calificación de la misma. Destacó que el hecho de que haya empresas fantasma involucradas en la acusación de "lavado" de dinero es en sí mismo un indicio sólido de que irregularidades graves pudieron haberse cometido, pero con la legislación vigente estas no tendrían incidencia en la calificación de la calidad de la elección por el Tribunal Electoral federal. Para cuando se conozcan los resultados y si se comprueban las irregularidades seguramente habrá sanciones pecuniarias o castigos para algunos de los involucrados, que seguramente serán personajes menores, previó. Consideró que en las reformas necesarias a futuro, además de prever que los resultados de la fiscalización de las campañas deben formar parte de la calificación de la elección, se debería prohibir que los gobiernos gasten recursos públicos en la promoción de sus obras. Expresó que esos millonarios recursos en realidad se erogan con el fin no sólo de promocionar la obra pública, sino también para comprar buenas voluntades y tratos favorables de los medios de comunicación. Se pronuncio además en favor de que se regulen las metodologías de las encuestas electorales, ya que en el proceso electoral recién concluido se utilizaron como instrumento de propaganda. El ex presidente del IEDF entre 1999 y 2006 señaló que la situación creada en este 2012 es más grave y preocupante que la de 2006, pues ahora hay movimientos que no necesariamente responden a Andrés Manuel López Obrador. En 2006, recordó, fueron justamente las acciones de resistencia convocadas por el tabasqueño las que dieron cauce a la inconformidad y sirvieron como válvula de escape a la tensión, pese a que fueron molestas para los ciudadanos y afectaron la imagen de López Obrador. Especificó que para este 2012 no hay indicios de que el propio abanderado de la coalición Movimiento Progresista esté propiciando los cauces de desahogo, además de que los grupos no necesariamente responderían a su convocatoria. La delincuencia organizada no es el único problema para la estabilidad social y política del país, hay irritación social, económica y política, no es aconsejable irritar más a la sociedad, dijo. Notimex
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