En Edomex, el ensayo Peña-televisoras JENARO VILLAMIL

En Edomex, el ensayo Peña-televisoras
JENARO VILLAMIL
2012-07-07 18:16:45 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
ELECCIONES 2012
Desde 2005, cuando Enrique Peña Nieto llegó al gobierno del Estado de México, él y su partido, el PRI, no han dejado de invertir en los comicios locales y federales para posicionar a sus correligionarios. Y aun cuando en cada proceso electoral sus contrincantes los han denunciado por sus millonarios dispendios y su alianza con los poderes fácticos –entre ellos el duopolio televisivo–, hoy ese partido domina la mayoría de los ayuntamientos del Estado de México, el Congreso estatal y la propia gubernatura.
El 30 de agosto de 2005, un mes después de las elecciones para gobernador, los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) determinaron que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, no había rebasado el tope de gastos de campaña –216 millones de pesos–, a pesar de dos recursos interpuestos por el PAN y por la coalición del PRD-PT ante los tribunales local y federal.



La coalición del PRD-PT, que postuló a Yeidckol Polevnsky, documentó que los gastos de Peña Nieto en medios de comunicación, los spots en Televisa y TV Azteca en particular, ascendieron a 116 millones 804 mil pesos, mientras que en los “anuncios especiales” en las vallas de los estadios, durante los partidos de futbol transmitidos en ambas televisoras, el candidato de la coalición Alianza por México (PRI-PVEM) invirtió 75 millones 585 mil pesos. Esos gastos no incluían la inversión en prensa, internet, radio y espectaculares, que inundaron la entidad con la imagen del “guapo” candidato.

Las pautas publicitarias originales, elaboradas por el Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), dan algunos ejemplos del dispendio de aquella campaña de Peña Nieto en 2005:

El PRI mexiquense pagó 484 mil 650 pesos por cada uno de los 10 spots transmitidos durante la emisión de la telenovela La madrastra; por aparecer 30 segundos en varios segmentos comerciales del programa de Televisa El privilegio de mandar, pagó 447 mil 300 pesos; y por 30 segundos en la gran final del futbol de Canal 2, el partido invirtió 600 mil pesos.

Otro ejemplo: Peña Nieto apareció en un infomercial de un minuto en El Noticiero de Canal 2, conducido por Joaquín López Dóriga, el 27 de junio de 2005. En su pauta, el IBOPE expone: “PRI-PVEM 25 junio comenzó cierre Toluca”. El costo: 796 mil pesos. Cuatro días después, el día 29 apareció otro infomercial en el mismo espacio noticioso por la misma cantidad. El concepto: “PRI-PVEM cierre en Ecatepec”.

Ninguno de los infomerciales fue incluido en el monitoreo de gastos del IEEM. El organismo estatal electoral contrató a la empresa Parámetro Consultores, que dictaminó un gasto en medios mucho menor al acreditado en las pautas del IBOPE: Peña Nieto destinó 66 millones 323 mil pesos en 4 mil 741 anuncios en medios impresos y electrónicos, mientras el panista Rubén Mendoza Ayala destinó 32 millones 865 mil pesos y Polevnsky apenas 8 millones 292 mil pesos.

La coalición PAN-Convergencia, que postuló a Mendoza Ayala, también interpuso un Juicio de Revisión Constitucional (JRC) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El magistrado José de Jesús Orozco Henríquez determinó el 24 de agosto de 2005 que la queja estaba “parcialmente fundada”, sobre todo por “el supuesto rebase de tope de gastos de campaña”.

La Sala Superior del TEPJF resolvió modificar la resolución de su homólogo mexiquense y ordenó a la comisión de fiscalización del IEEM que en un plazo de cinco días emitiera un dictamen “sobre el posible rebase del tope de gastos de campaña” de Peña Nieto, así como informar a la máxima instancia de calificación electoral en un plazo no mayor de cinco días.

El IEEM, dominado por consejeros de filiación priista, avaló la determinación del presidente del comité de fiscalización, encabezada por Jorge Muciño Escalona, quien dictaminó que Peña Nieto no había rebasado el tope de gastos de campaña. La sesión duró 13 horas. Los representantes de la oposición insistieron que la elección debía anularse.

Ninguna de las dos coaliciones opositoras logró frenar el triunfo de Peña Nieto, quien, según las cifras oficiales, ganó con más de 20 puntos de ventaja: 1 millón 801 mil votos (47%) para Peña Nieto; 24.74% para Mendoza Ayala, y 24.26% para Polevnsky. “La disputa fue por el segundo lugar”, editorializaron los comentaristas locales.

El resultado electoral de ese año coincidió plenamente con las encuestas promovidas por Consulta Mitofsky, de Televisa, que le dio a Peña Nieto 48% de las preferencias; con la de Mendoza Blanco, de TV Azteca, 50%, y con la del Grupo DGC, de Ulises Beltrán –el encuestólogo de Carlos Salinas de Gortari–, quien le otorgó 48%.



Tenue frontera



“La operación de 2005 se repitió en las elecciones federales de 2009, cuando el PRI recuperó la mayoría de municipios y diputaciones federales en el Estado de México, y en 2011, durante los comicios que llevaron a Eruviel Ávila a la gubernatura, considerados el antecedente más importante de la elección de 2012”, sostiene Bernardo Barranco, el exconsejero del IEEM que encabezó la observación ciudadana en el proceso estatal del año pasado.

“Las elecciones de Peña Nieto siempre han estado en la frontera entre lo legal y lo ilegal por el rebase de topes en sus gastos de campaña. Es una estrategia probada ya por el PRI mexiquense. Eruviel rebasó ampliamente los 236 millones de pesos de tope de gastos”, dice Barranco.

La diferencia de los procesos anteriores con la elección del domingo 1 es que ahora la ventaja de Peña Nieto sobre el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, es poco menos de siete puntos. En 2005, 2009 y 2011, el PRI aventajó por más de dos dígitos. Esta vez, el escenario promovido por las encuestas levantadas durante los 90 días de campaña no se cumplió.

En las elecciones federales de 2009, en el punto más alto de la promoción de Peña Nieto por parte de Televisa, el PRI arrasó en el Estado de México y Peña Nieto se adjudicó varios triunfos en los comicios estatales de la jornada del 5 de julio de ese año. El tripartidismo prácticamente se borró en la entidad.

El PRI recuperó los municipios del “corredor azul” que gobernaba el PAN (Naucalpan y Tlalnepantla) y los del oriente, en poder del PRD. En 2009, las izquierdas perdieron 32 ayuntamientos, incluyendo Ecatepec, Chalco, Ixtapaluca, Metepec, Netzahualcóyotl, Los Reyes La Paz y Valle de Chalco, los más poblados. Fue “carro completo”, como en los viejos tiempos del partido.

En el Congreso local, el partido de Peña Nieto recuperó el control político, al pasar de 19 a 39 diputados. A nivel federal, el PRI mexiquense conformó la bancada estatal más grande: 40 legisladores; en el ámbito municipal aumentó de 72 a 97 de los 125 municipios con respecto a 2006.

En esos comicios, sólo 51.20% de los ciudadanos mexiquenses empadronados emitieron  su voto. De ese universo el PRI se quedó con 39% de los sufragios, superado sólo por Veracruz, donde el entonces gobernador priista Fidel Herrera operó para que el PRI obtuviera 45.2% de los votos en esa entidad.

Peña Nieto se convirtió en el “gran padrino” de varios triunfos estatales de 2009. En Nuevo León, impulsó a su correligionario Rodrigo Medina, quien gracias a ello y al apoyo de las repetidoras estatales de Televisa y TV Azteca llegó a la gubernatura.

El apoyo financiero del Estado de México llegó a la entidad norteña a través de un compadre de Peña Nieto llamado Felipe Enríquez; el mismo que operó ese mismo año en Quintana Roo y en Yucatán a favor de dos aliados peninsulares del peñismo: Félix González Canto e Ivonne Ortega.

El mandatario mexiquense también apoyó a Aristóteles Sandoval, el candidato priista que recuperó en 2009 la capital de Jalisco para el tricolor y recién el domingo 1 ganó al PAN el gobierno después de 18 años.



La elección más cara



En 2011, con Eruviel Ávila como candidato del PRI a la gubernatura  mexiquense, el dispendio fue escandaloso.

El tope de gastos fue de 204 millones de pesos por aspirante, a pesar de que estaba prohibida la compra de spots en medios electrónicos. Y aun cuando el proceso fue de sólo 45 días, no adoptó el modelo de la reforma electoral federal de 2007, que recortó los gastos de las campañas locales.

“Si en el Estado de México se hubiese adoptado el modelo de la reforma federal de 2007, el tope de gastos de campaña para el gobernador hubiera sido de 41 millones de pesos, no de 204 millones”, sostiene Bernardo Barranco, autor del Dictamen ciudadano de vigilancia electoral.

La campaña de Eruviel Ávila se considera una de las más caras en América Latina. El costo por voto se calcula en 598 pesos (50 dólares), a causa del elevado abstencionismo y el dispendio de los partidos, de acuerdo con un estudio de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés).

La cifra fue muy similar al cálculo hecho por el presidente de la Coparmex metropolitana, Marco Antonio Gutiérrez. El 26 de mayo de 2011 el empresario advirtió que el voto en el Estado de México sería de 60 dólares. Es “una grosería, un insulto para el pueblo”, dijo Gutiérrez.

Las cifras contrastaron con las de los comicios federales de 2009. Ese año Peña Nieto recuperó el control político del Estado de México al ganar la mayoría de los ayuntamientos y de las diputaciones federales y locales. El costo por voto fue de 17 dólares.

El rebase de tope de gastos de campaña tampoco contó en el litigio poselectoral. El dispendio de Eruviel Ávila, candidato del PRI-PVEM-Panal, se reflejó en espectaculares, bardas, estaciones del metro, autobuses, paraderos, taxis y metrobuses.

Ávila prometió que recompensaría con autos y puestos públicos a los militantes que promovieran el voto para su partido. A su vez, los priistas repartieron la tarjeta Efectiva para coaccionar el voto a favor del exalcalde de Ecatepec.

La coalición Unidos por Ti, que postuló al perredista Alejandro Encinas, presentó dos peritajes ante el IEEM para acreditar el rebase de tope de gastos. El perito Francisco Fuentes Villalón estimó en 571 millones de pesos el gasto en espacios publicitarios, en “utilitarios” (encendedores, gorras, camisas, costureros y mandiles, entre otros) y organización de mítines. El segundo peritaje, que incluyó el gasto en espectaculares, fue de mil 604 millones de pesos. Ambos fueron desechados por el IEEM.

Más abrumadora que la publicidad de Ávila fue la del gobierno del Estado de México y la de Peña Nieto:

“La publicidad del gobierno del Estado se mantuvo durante casi todo el proceso electoral, hasta que tardíamente el TEPJF ordenó el retiro de ella, a unos días de la elección. La presencia del gobernador en los medios, sobre todo electrónicos, fue omnipresente. Las prácticas que durante décadas fueron utilizadas para garantizar la permanencia del partido en el poder se mantuvieron durante la competencia electoral en el estado”, consignó el Dictamen ciudadano de vigilancia electoral.

Ávila cumplió con el “modelo ganador” ensayado por Peña Nieto. La coalición que lo postuló obtuvo 3 millones 45 mil votos (64.93%); Encinas sólo 1 millón 30 mil votos (21.98%), y el panista Luis Felipe Bravo Mena 603 mil votos (12.86%).  Ese año el abstencionismo fue mayúsculo: 6 millones de ciudadanos (57%).

“El triunfo de Ávila con márgenes superiores a lo esperado tuvo diversas explicaciones. Una de ellas fue que reflejó la cantidad de recursos gastados por su partido para ganar la elección, fueran o no permitidos por la ley. De alguna manera, los resultados y los medios de que dispuso el PRI para esa elección lo hicieron ver como el ganador indiscutible. Sin embargo, la cifra más contundente de aquella elección fue la abstención, la cual reflejó el rechazo de la ciudadanía a las formas de operar de los partidos y del gobierno”, consignó Barranco en su Dictamen ciudadano.

Y aun cuando el PAN y la coalición PRD-PT-Convergencia impugnaron la elección, no pudieron acreditar el exceso de gastos por falta de monitoreo de medios y las revisiones precautorias de gastos de campaña. El margen de más de 40 puntos de ventaja del PRI hizo prácticamente imposible la posibilidad de anular la elección por el dispendio.

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