El PRI se pone nervioso...- JENARO VILLAMIL

El PRI se pone nervioso...
JENARO VILLAMIL
2012-07-21 20:17:58 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO
Ante los embates del Movimiento Progresista que califica de fraudulentas las elecciones presidenciales, las ambigüedades en torno a la victoria priista expresadas por el propio Felipe Calderón y Gustavo Madero, y  una demanda en la Corte de California, el equipo de Enrique Peña Nieto se apresta a librar una batalla jurídica en varios frentes. Su equipo de transición está integrado por operadores capaces de resolver los problemas que se presenten en el futuro inmediato, sobre todo si son de índole social. Por otra parte ya trabajan en impulsar reformas constitucionales que le permitirían, eventualmente, asumir la Presidencia incluso en un entorno de rechazo y efervescencia.



El viernes 13, dos días después de que Enrique Peña Nieto designara a los tres primeros integrantes de su equipo de transición, hubo una reunión urgente en la sede nacional del PRI para analizar uno de los documentos presentados por la coalición Movimiento Progresista entre las pruebas para invalidar la elección presidencial.
Era la copia de la factura de una de las empresas intermediarias en la presunta triangulación de fondos a través de Monex. Estaba a nombre de la empresa Alkinos Servicios y Calidad. En esa reunión los convocados especularon que se trataba de una “filtración interna” de algún priista hacia el equipo lopezobradorista. Consideraron que esta prueba podía echar por tierra el argumento de que “no hubo un solo peso de la campaña” de Peña Nieto para la compra del voto a través de Monex.
En ese cónclave estuvieron presentes, entre otros, el exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam –recién designado coordinador del equipo jurídico de Peña Nieto y responsable de la defensa legal del resultado obtenido el domingo 1 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)–; Luis Videgaray Caso, coordinador general de la campaña y recién designado coordinador de Políticas Públicas, así como José Antonio González Fernández, secretario del Trabajo y de Salud durante el zedillismo y amigo del candidato presidencial del PRI.
De acuerdo con versiones internas recabadas por Proceso, en esa reunión también se analizaron otros escenarios preocupantes, en especial la demanda interpuesta en una Corte de California por el empresario mexicano-estadunidense José Aquino, quien anunció que además demandaría a Enrique Peña Nieto y al vocero priista Eduardo Sánchez por afirmar que su querella por un presunto fraude cometido a través de Monex era una “extorsión” y por llamarlo “un vivales” para desestimar su acusación.
Consultado vía telefónica por Proceso, Aquino confirma que a finales de julio presentará un recurso jurídico denominado subpoena, que obliga a la persona demandada a presentar todos los documentos de su contabilidad para demostrar su inocencia.
“No me queda duda de que Monex está involucrada en la estrategia para defraudarme por más de 50 millones de dólares. Los del PRI tendrán que darle al juez estadunidense todas las cuentas de todos los depósitos que realizaron a través de Monex y Mifel, que fueron las dos empresas a través de las cuales triangularon. Monex no podrá negar que ahí estaban depositados varios recursos para el PRI. De hecho el acuerdo conmigo era de los más pequeños. Llegué a ver cuentas por más de 800 millones de pesos”, insiste Aquino.
El propietario de Frontera Televisión Network desató un escándalo nacional al interponer una demanda por presunto fraude y otros delitos contra empresarios y operadores del área de Comunicación Social del PRI, quienes le habrían prometido un contrato por 56 millones de dólares para promover a Peña Nieto en medios electrónicos entre la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos.
Frente a estos indicios que complicaban la tesis de una victoria “limpia y contundente”, como declaró el propio Peña Nieto, su coordinador general Luis Videgaray y el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, decidieron articular un segundo escenario de emergencia: contraatacar con demandas contra la coalición del Movimiento Progresista y aplicar el control de daños frente a la factura de la empresa Alkino Servicios y Calidad.
Seis días después, el jueves 19, Murillo Karam admitió en conferencia de prensa que sí existió un contrato de 66.3 millones de pesos con Monex, a través de Alkino, para el “pago de nuestra estructura” electoral, no para la compra del voto.
Y añadió: “Entregamos esas tarjetas; yo no sé si todas sean de Monex o no, porque nosotros tenemos un intermediario que es el que hace el trámite, o sea, esta empresa Alkino, y este es el que nos convierte el dinero y nos financia”.
El documento del PRI, cuya copia fue entregada a la PGR como parte de una denuncia de hechos contra el Movimiento Progresista por haber acusado al tricolor de realizar transacciones de lavado de dinero, incluye un contrato con Alkino firmado el 1 de marzo de 2012 con una comisión de 1.6 millones de pesos y un costo del financiamiento de 2.5 millones de pesos por el manejo de los 66.3 millones de pesos.
La versión de Murillo Karam contradijo lo que Videgaray había mencionado desde que surgió el escándalo Monex. El coordinador general de campaña negó tajantemente que se hubiera realizado alguna operación financiera a través de esa empresa. También insistió en que era aberrante la acusación de que el PRI compró 5 millones de votos.

Doble juego panista

Otro elemento de preocupación para el llamado “equipo de emergencia” de Peña Nieto son las ambigüedades del presidente Felipe Calderón y del propio PAN.
El martes 17 Peña Nieto acudió a Los Pinos para reunirse con Calderón, quien lo reconoció como el candidato ganador de las elecciones del domingo 1 a pesar de que no ha terminado el proceso de calificación de los comicios, a cargo del TEPJF.
Ambas partes acordaron que se emitiera un escueto boletín para dar cuenta de la reunión, y se difundiera la foto en que aparecen el presidente panista y su presunto sucesor priista.
El miércoles 18 Peña Nieto dijo en conferencia de prensa que habló con Calderón sobre las futuras reformas que anunció días antes: la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, ampliar las facultades del IFAI y también “otras más de carácter económico y político”, que no especificó.
–¿Cómo evalúa esa postura un poco ambigua que está teniendo el PAN sobre la compra de votos? ¿Hay molestia en su equipo? –le preguntó el corresponsal de la agencia alemana DPA.
–Pues habría que preguntarles a ellos por qué la ambigüedad –atajó Peña Nieto–. Yo reitero, creo que en democracia y cuando se participa en una competencia democrática, también se exige se asuma una actitud democrática a partir del resultado que mandaten los ciudadanos.
Acerca de las complicaciones que podrían presentarse el 1 de diciembre próximo, Peña Nieto consideró que “es pronto hablar todavía de qué escenarios vislumbraremos para la toma de posesión. Insisto, hay que estar en el respeto (sic) a las fases procesales. Estamos a la espera del fallo del tribunal electoral que será hasta el mes de septiembre, de acuerdo a lo que prescribe la propia legislación electoral”.
Al día siguiente los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para anunciar una demanda de ambos partidos contra el PRI y Peña Nieto por presunto lavado de dinero en relación con el llamado caso Monexgate.
“Puede ser robado, puede ser una evasión de impuestos, puede ser dinero que se saca de una empresa o del gobierno, de los gobiernos estatales. Eso es lavar dinero”, afirmó Madero.
La reacción del PRI fue furibunda. Joaquín Coldwell perdió la compostura en rueda de prensa y consideró que el PAN y el PRD están haciendo de la mentira un instrumento de propaganda política.
“Nos sorprende la actitud de la dirigencia nacional del PAN, que no se corresponde con lo que otros dirigentes han manifestado. Sí vemos una posición errática”, afirmó Joaquín, quien había concentrado hasta ese día todas sus críticas hacia Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista a quien el PRI califica en sus boletines de prensa como un “mal perdedor”.

Reformas urgentes

A pesar de que el propio Peña Nieto no quiso hablar acerca de los escenarios ante su posible toma de protesta en medio de una efervescencia opositora, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró válido el decreto que modifica varios artículos de la Constitución en materia de reforma política.
Una de esas reformas se aplicó al artículo 87 constitucional en el que se establece que el presidente electo “podrá rendir protesta ante el Congreso de la Unión, las Mesas Directivas, la Comisión Permanente o la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Es decir, en caso de que no existan condiciones para que Peña Nieto acudiera a San Lázaro, ya está aprobado un escenario alterno. Originalmente esa reforma fue planteada por el PAN en septiembre de 2006, en pleno conflicto poselectoral. En 2007 la impulsaron el presidente de la Comisión Dictaminadora, Jesús Murillo Karam, y el coordinador de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
El paquete de reformas también incluye una serie de medidas en caso de la ausencia temporal o absoluta del presidente de la República. En ausencia temporal asume la titularidad del Ejecutivo de manera provisional el secretario de Gobernación. Si la ausencia ocurriera en los dos primeros años de su encargo, el Congreso nombrará a un presidente interino y convocará a elecciones para que se cumpla con el periodo respectivo, en un plazo de siete a nueve meses, según el artículo 84 constitucional reformado.
También se incluyó otro escenario en el artículo 85. Si al iniciar un periodo constitucional la elección no se ha declarado válida, asumirá funciones un presidente interino en términos del artículo 84. Si al comenzar un periodo constitucional hubiera “falta absoluta” del presidente de la República, “asumirá provisionalmente el encargo el presidente de la Cámara de Senadores”.
Si el presidente de la República solicita licencia por enfermedad u otra causa hasta por 60 días, “el secretario de Gobernación asumirá la titularidad provisional del Ejecutivo”.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el miércoles 18, Beltrones afirmó que con estos cambios se logró modernizar la figura del presidencialismo y “ahuyentar así los fantasmas de la regresión”.
Al día siguiente, en conferencia de prensa, Beltrones, a quien se le menciona como futuro coordinador de la bancada priista en San Lázaro, afirmó que gracias a estos cambios se superó la creencia de que “el presidente es inmortal” y se establecieron mecanismos para sustituirlo si va a una sala de operaciones o tiene que rehabilitarse.
“En el futuro ningún presidente tendrá que pasar por ese bochorno, ese estado tan inconveniente de haber entrado por la puerta de atrás” a la Cámara de Diputados, dijo en clara referencia a lo que sucedió en 2006 con la toma de posesión de Felipe Calderón.
Puentes generacionales

La designación de sus tres primeros coordinadores en este periodo de transición fue otra medida de emergencia adoptada por Peña Nieto. Originalmente el exgobernador mexiquense no planeaba designar a nadie hasta que estuviera concluido el proceso de calificación de la elección presidencial en el TEPJF.
Sin embargo la mayor urgencia era nombrar a un coordinador jurídico de la estrategia ante los magistrados del tribunal electoral. Por esta razón el miércoles 11 Peña Nieto informó que Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam –los dos últimos, exgobernadores de Hidalgo– integrarían su “primer equipo de trabajo”.
La novedad fue la designación de Murillo Karam, político de la vieja guardia priista y representante de la clase política hidalguense que lo apoyó desde 2005, cuando llegó a la gubernatura del Estado de México.
Murillo Karam no sólo ha sido el “puente generacional” entre la vieja clase política y los jóvenes priistas que acompañan a Peña Nieto. Es considerado un operador eficaz, de “mano dura”, para escenarios de conflicto jurídico y social. Fue gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1998. Ocupó la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Zedillo y se integró a la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000. En 2007 fue nombrado secretario general del PRI, junto con Beatriz Paredes, la presidenta del CEN. Y este año operó como delegado del CEN priista en el Distrito Federal, ante la ausencia de un comité directivo capitalino.
Por lo menos cinco de los siete magistrados de la actual sala superior del TEPJF le deben el cargo a Murillo. En el Senado presidió la comisión que fue el primer “filtro” para la elección de los magistrados.
Como una prueba de su influencia en el TEPJF, Murillo Karam organizó en 2009 un Seminario de Derecho Electoral para los militantes del PRI. El seminario fue impartido por los secretarios de los magistrados Flavio Galván Rivera, José Alejandro Luna Ramos, Constancio Carrasco Daza, Salvador Nava Gomar, María del Carmen Alanís, Pedro Penagos López y Manuel González Oropeza.
Las especulaciones en el entorno peñista sobre los futuros cargos del gabinete están a todo lo que dan. Nadie tiene un cargo seguro, afirman los conocedores del equipo, salvo los tres integrantes del primer triunvirato. A Murillo Karam ya lo ven como futuro secretario de Gobernación, sobre todo ante el escenario de un mayor conflicto social. Así lo consignó la columna Templo Mayor del periódico Reforma.

Puedes tomar libremente todo el contenido del blog. Tu contribución permite que este sitio continúe TRABAJANDO: http://bit.ly/I18mv8