El debate por la compra de votos - Raúl Rodríguez Cortés

El debate por la compra de votos - Columnas:

R El Movimiento Progresista y el PRI intercambian ahora acusaciones de financiamiento ilícito de las campañas presidenciales, rebase del tope de gastos y lavado de dinero. Primero, lo hicieron los partidos de la izquierda electoral que postularon a López Obrador pues esos presuntos agravios, más el de la compra masiva de votos, son el argumento central que plantearon al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para demandar la anulación de los comicios por no haber sido libres y auténticos como lo exige la Constitución.
Cuando el IFE entregó esa impugnación al Tribunal, la acompañó de un “informe circunstanciado” para argumentar, como árbitro del proceso, a favor de la constitucionalidad, legalidad y limpieza de la elección. Toca en efecto al Instituto presentar dicho informe como tercero interesado, pero sólo con la finalidad de describir hechos, no de llegar a conclusiones palmarias que más bien corresponderían a los magistrados electorales.



El IFE dice: 1. Que la impugnación del Movimiento Progresista no aporta elementos que prueben la compra de votos; 2. Que los partidos siempre tuvieron acceso a los medios de impugnación; 3. Que en todo momento se garantizó la emisión del voto libre y secreto; 4. Que no hay evidencia del rebase de topes de gastos; 5. Que nadie puede asegurar que las encuestas son propaganda electoral; y 6. Que no existe certeza de que las tarjetas de Soriana y Monex hayan sido utilizadas para la compra de votos.
Quién sabe qué realidad vea el IFE, pero no cuadra con la que vemos muchos ciudadanos de a pie: ¿Acaso el aparato de fiscalización del IFE ya concluyó las investigaciones sobre Soriana y Monex como para afirmar que no hay certeza de que se usaron para comprar votos? ¿No habían dicho que la investigación estaría lista hasta octubre?¿Si la investigación, como ha informado, aún no concluye, por qué asegura que no hubo compra de votos?¿Ya fiscalizó también los gastos de campaña como para asegurar que no hubo rebase del tope? ¿Si las encuestas no fueron propaganda, por qué los errores, los diferenciales en resultados ajenos a la realidad que tanta polémica han causado? ¿Por qué las disculpas de quienes presentaron un seguimiento demoscópico diario que se alejó hasta por doce puntos de los verdaderos resultados? Parecen, los del IFE, juicios a priori que incluso chocan con la manera en que el PRI y su candidato han ido modificando sus dichos respecto, por ejemplo, a la acusación de compra de votos.
Porque Peña Nieto aseguró, en un principio, que el uso de monederos electrónicos era un invento, una calumnia, pero con la presentación de evidencias a la opinión pública, el PRI aceptó que finalmente sí los hubo pero que fueron para distribuir el gasto corriente para el pago de su estructura electoral y que, contra lo denunciado, sólo una empresa, Alkino Servicios y Calidad, fue contratada para esa operación.
El tricolor enfatizó que, de ninguna manera, operó con empresas fantasma como resultaron ser Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra, ésta última vinculada al despacho de abogados de Gabino Fraga, un priísta de años relacionado con Peña Nieto y con el consejero electoral Sergio García Ramírez, quien tuvo que pedir públicamente que se le eximiera de cualquier investigación sobre el tema, por sus vínculos de amistad con ese personaje.
Pero ahora se sabe, según Alkino Servicios y Calidad, en información publicada, que fue una empresa llamada Atama la que sugirió al PRI el referido mecanismo de envío de dinero. Atama fue constituida el 27 de octubre de 2006 por Juan Óscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales. El primero se dedicaba al negocio de transportes para la construcción y murió hace dos años. El segundo, es un hombre sin empleo fijo que cuando puede consigue trabajos informales. ¿Puede negarse que es una empresa fantasma?
El PRI, por su parte, ha contraatacado. Insiste que López Obrador se financió desde hace seis años mediante un mecanismo paralelo: los gobiernos perredistas contrataban servicios o daban apoyo a la asociación civil Austeridad Republicana la que, a su vez, transfería o donaba esos recursos a la asociación civil Honestidad Valiente, que el mismo candidato presidencial de la izquierda ha dicho que fue el conducto mediante el cual financió su recorrido por el país.
El tricolor, sin embargo, no ha mostrado públicamente evidencias de su dicho mientras que AMLO asegura haber entregado al IFE el estado de cuenta de la referida asociación.

'via Blog this'

Puedes tomar libremente todo el contenido del blog. Tu contribución permite que este sitio continúe TRABAJANDO: http://bit.ly/I18mv8