Calderón traicionó a mexicanos al firmar el ACTA sin consulta alguna

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Polémica por la firma del ACTA
Isabel Becerril / Adrián Arias
Viernes, 13 de julio de 2012
Criminaliza a cibernautas y aumenta la brecha digital: especialistas.
Gobierno de Calderón actuó "tramposamente": Castellón Fonseca.
IP aplaude decisión; ayudará a combatir la piratería, asegura.


La firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) generó polémica entre diversos sectores del país, ya que mientras especialistas y legisladores advierten que podría criminalizarse a los cibernautas y aumentar la brecha digital, empresarios apoyan esta decisión porque consideran que ayudará a combatir la piratería.



El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Francisco Javier Castellón Fonseca, aseveró que el gobierno del presidente Felipe Calderón actuó "tramposamente" al firmar el ACTA, pues no atendió las recomendaciones de los expertos que alertaron sobre los riesgos, ya que el Acuerdo atenta contra los derechos de privacidad de los cibernautas y puede acrecentar la brecha digital que persiste en el país.

"Es una falta de respeto por parte del Ejecutivo hacia el Senado, pues prácticamente no les importó nuestro exhorto para no firmar el acuerdo, ni tampoco el resultado de las consultas que realizamos con los expertos."

En entrevista, el legislador perredista advirtió que "el gobierno firma el ACTA en un momento político coyuntural mediante una estrategia tramposa y poco ética", consideró.

El gobierno federal decidió acatar este acuerdo para abrir la posibilidad de que la próxima legislatura lo apruebe, ya que el Senado se ha pronunciado en contra contra de la firma del ACTA, pero el gobierno actual ya no tiene costo político que asumir.

En contraparte, Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), consideró positiva la firma y aseguró que se envía una señal del combate a la ilegalidad y contribuirá a disminuir el cáncer de la "piratería".

Señaló que México da el primer paso para establecer una regulación del uso de Internet.

Estimó que el valor de la piratería en el país asciende a 75 mil millones de dólares anuales, tres veces más que los ingresos provenientes del petróleo, cuatro más que las remesas y siete veces más grande que las divisas por turismo, recordó.

La economía ilícita es la principal generadora de "empleos e ingresos" en México, aseveró.

Explicó que las organizaciones criminales que dominan la piratería y el contrabando operan como una gran industria que define canales de distribución y fija precios en el mercado, que son fenómenos muy ligados al crimen organizado.

Riesgos

Jonathan García, vicepresidente del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), explicó en entrevista que la industria está consciente del daño financiero que la piratería por la red implica para diversas empresas, pero el artículo 27 del ACTA representa un riesgo para los usuarios de Internet y para el desarrollo y penetración del servicio.

Y es que implica afectaciones para la privacidad de los usuarios, al establecer que ciertos contenidos que transitan por la red se deberán de monitorear para evitar falsificaciones o intercambio de piratería.

Además, el artículo también propone obligaciones para los proveedores de Internet para que puedan revisar estos contenidos, lo cual implica costos para las firmas, que podrían encarecer los servicios de Internet.

Sugirió que es posible que ese artículo se reserve y que el resto del documento se aplique, aunque ello dependerá de la decisión que emita el Senado.

"El argumento de la protección y defensa de la propiedad industrial e intelectual es confuso y oculta que el ACTA propone herramientas coercitivas contra los usuarios", planteó, a su vez, Rodrigo Pérez Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados.

"No se puede pretender -dijo- la defensa de los derechos de unos atentando contra los de la mayoría".

"Madruguete"

Por su parte Virgilio Bravo, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey-Campus Estado de México, acusó que el atolladero que presenta México en materia de falsificación y piratería es resultado de la falta de políticas públicas que impulsen la generación de empleos formales, sobre todo en el segmento de los jóvenes.

El gobierno donde debe atacar la piratería, el contrabando y la falsificación no es Internet, sino en las calles de este país, y en las aduanas.

Expresó su preocupación porque el gobierno federal aproveche el desconocimiento de los nuevos senadores sobre las implicaciones que traerá para Internet el ACTA, y lo aprueben sin restricciones.

En ese mismo sentido, acusó que el gobierno dio un "madruguete" a los senadores, que en julio de 2011 recomendaron a la administración calderonista no firmar ese acuerdo porque abriría la posibilidad de intromisiones en la privacidad de los usuarios.

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