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Palmaditas al PELELE
La firma del Acuerdo conocido como Acta por sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) por parte del embajador de México en Japón, Claude Heller, se realizó al día siguiente de que el gobierno del vecino del norte extendiera formalmente la invitación a nuestro país para iniciar la negociación para incorporarse al megacuerdo mercantil.
En la prisa, el gobierno no sólo olvidó el protocolo, es decir el anticipar al Senado la posibilidad, sino soslayó el rechazo previo de éste a participar en la aventura que necesariamente levantaría una espesa polvareda entre los usuarios de internet, dado que el objetivo fundamental del Acuerdo es impedir la piratería en la banda ancha en materia de propiedad intelectual, por más que también apunta a las patentes de medicamentos.
La acción se ubicó como un reto presidencial a los legisladores, por más que la ratificación ya no la daría la actual sino la nueva legislatura.
Lo cierto es que el del Senado mexicano no es el único caso de rechazo a la alternativa cuyo fedatario es Japón y a la que convocaron Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda y Singapur. También le dijo no el Parlamento Europeo tras de que la Unión Europea había firmado su aceptación, en un escenario similar al que está colocado México hoy.
El no llegó una semana antes de que el embajador mexicano estampara su firma.
Y si le seguimos, también el Parlamento de Australia rechazó avalar la firma que había estampado su gobierno.
El eje central de la negativa se ubica en la posibilidad de que una fiscalización con tintes policiacos a las redes sociales atentara contra los derechos de privacidad de éstas y se convirtiera en un vehículo de censura.
¿Se acuerda usted la imagen de jóvenes con una cruz de tela adhesiva sellando sus labios con las letras ACTA en protesta en Estados Unidos por la firma del Acuerdo?
De hecho, bajo el paraguas del Acuerdo se le darían mayores facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para realizar investigaciones de oficio.
Del otro lado de la moneda, empero la posibilidad protegería de la falsificación, el plagio, la copia sin crédito de obras literarias, artísticas, cinematográficas, musicales que se bajan libremente vía los distintos aparatos electrónicos en escena.
De lograr el Ejecutivo librar el evidente yerro jurídico de saltarse al Senado para firmar un acuerdo internacional y bailar sobre el rechazo previo de éste, la salida equilibrada sería la expedición de una Ley Reglamentaria que dejara claro el qué, el cómo y el cuándo.
No a la piratería; no al tráfico vía internet de productos con marcas falsificadas; no al plagio de autores, pero también no al atropello a los derechos de los usuarios de las redes sociales.
La tentación está latente; censura bajo la máscara de persecución de delitos contra la propiedad intelectual.
¡Aguas!
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