17 de julio de 2012

ALEJANDRO ENCINAS - Imposición inmoral

El Universal - Opinion - Imposición inmoral:

fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/07/59519.php

Más allá de la confrontación inherente a toda contienda electoral, el proceso que estamos viviendo ha puesto en evidencia el agotamiento del régimen político que prevalece en el país, la profunda crisis que atraviesan las instituciones públicas y, un hecho indubitable, el control que los poderes fácticos mantienen sobre el país.





México es gobernado hoy por una minoría que detenta el poder económico, que decidió mantener el régimen de corrupción que les beneficia, imponiendo al candidato que representa el pasado.







El proceso electoral ha sido inequitativo, las irregularidades han sido toleradas por una autoridad electoral disminuida, que lejos de garantizar principios democráticos de legalidad, imparcialidad y certeza, se reduce a administrar una estructura burocrática que con su omisión se turna complaciente con la élite y las prácticas que violan el precepto constitucional que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas.





La declaración del presidente del TEPJF, José Luna Ramos, es evidencia de ello. Sin que se hayan presentado las quejas sobre las irregularidades, advirtió que nadie “va a ganar en la mesa lo que no ganó en las urnas”. En México es más rentable violar la ley que cumplirla. No importa rebasar el tope de gastos de campaña, usar recursos públicos en favor de un partido o candidato o derrochar recursos de dudosa procedencia.





Observadores nacionales y extranjeros han dado cuenta de que se trató de una contienda desigual, en la que prevaleció una vergonzante compra de votos, la cual se ha venido acreditando con el uso de monederos electrónicos de las tiendas Soriana, y la presunta triangulación indebida de recursos con empresas fantasma y las tarjetas Monex.





En esta elección fue determinante el papel de los medios de comunicación, el financiamiento extralegal público y privado, el rebase del tope de gastos de campaña y las campañas mediáticas sucias, lo que ha dejado como saldo la baja calidad de la elección.





Sin control del Estado sobre los concesionarios de los medios, se puso en marcha una estrategia de publicidad para introducir una mercancía. Los medios se erigieron en gran elector y pretendieron hacer de la elección un trámite. Para ello, manipularon encuestas buscando incidir en la percepción pública y crear la imagen de un candidato invencible y un resultado predeterminado.





A ello se sumaron las viejas prácticas de la defraudación priísta: la amenaza de cancelación de los programas sociales, la cooptación de disidentes, la intimidación de electores, la compra o expulsión de representantes de casilla, la introducción de boletas previamente marcadas por el PRI en las urnas y, en particular, la compra del voto.





Es conocida la reunión celebrada en la casa de gobierno del Estado de México, donde concurrieron los gobernadores del PRI con Peña Nieto y se asignaron cuotas de votos, lo que se tradujo en el uso de recursos públicos para medrar con la miseria de la gente y comprar millones de votos, impedir el arribo de la izquierda a la Presidencia y consumar una imposición.





Nuestra transición no resiste más agravios. Nos encontramos en un momento de definición. La autoridad electoral debe cumplir con su responsabilidad, sancionar las ilegalidades e invalidar la elección. Por su parte, las fuerzas progresistas deben asumir que para conquistar su derecho a gobernar el país debe trascender el horizonte electoral e impulsar un gran movimiento social que obligue a la reforma al régimen político.





México está herido. Se requieren nuevas reglas, construir un Estado de bienestar que permita recuperar salarios y garantizar a los trabajadores el acceso universal a servicios públicos básicos, combinar una economía de mercado con una democracia socialmente incluyente, enfrentar los monopolios, democratizar los medios y acotar a los poderes fácticos, respetando la autonomía de los ciudadanos para ejercer sus derechos.




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