19/junio/2012
El mexicano-estadunidense José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa Frontera Television Network, no sólo ratificó sus acusaciones por el delito de “conspiración para defraudar” interpuesta en Estados Unidos contra colaboradores del círculo de Enrique Peña Nieto, en la que incluso estarían involucrados cárteles de la droga, sino que también anunció que ampliará los términos de su demanda, luego de haber sido desacreditado públicamente por los peñanietistas Luis Videgaray y Roberto Calleja.
Los principales operadores políticos y mediáticos del abanderado tricolor, Luis Videgaray, David López, Luis Enrique Miranda Nava, Roberto Calleja y Edwin Lino, están demandados ante una corte federal de Distrito Central de California, Estados Unidos, por el delito de “conspiración para defraudar” a Ponce de Aquino y utilizar sus documentos para justificar gastos millonarios de la campaña.
El costo total del proyecto iba a ser de 56 millones de dólares, que presuntamente provendrían del narcotráfico y de otros “amigos” del PRI, según le hicieron saber posteriormente al empresario para intimidarlo.
A las investigaciones iniciadas en Estados Unidos en contra de funcionarios y empresarios vinculados a tres ex gobernadores del PRI, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fidel Herrera, se suma esta demanda civil presentada el pasado 7 de junio por José Luis Ponce de Aquino, conocido como Pepe Aquino y propietario de la empresa Frontera Television Network (FTN), a quien, como él ha revelado, los priístas contactaron en noviembre de 2011 para difundir y posicionar la imagen de EPN entre la comunidad de origen mexicano residente en Estados Unidos.
Aquino sostiene que FTN perdió 15 millones de dólares, ya que a pesar de haber firmado dos contratos y entregar la documentación de su empresa, los acusados no le entregaron los fondos para operar ni le devolvieron los papeles originales. Cuando exigió a los acusados que cumplieran el trato o lo cancelaran, éstos lo amenazaron y le dijeron que “más le valía ser muy cuidadoso para no hacer cualquier ruido porque de lo contrario su vida estaría en peligro”.
“Gracias a Dios, a la virgen de Guadalupe, les pedí que el contrato tenía que ser bajo las reglas del estado de California. Por eso los he podido demandar”, dijo a Proceso el empresario.
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