El pasado 19 de diciembre la minera canadiense Goldgroup Mining Inc., a través de su subsidiaria Candymin SA, publicó en El Heraldo de Xalapa un desplegado titulado
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Extracto de la manifestación de impacto ambiental [MIA], modalidad regional, del Proyecto Caballo Blanco, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Tres días antes la MIA había ingresado para su evaluación a Semarnat, que fijó como límite para resolver la petición de autorización del proyecto el 26 de marzo. Entre enero y febrero sectores de la sociedad veracruzana, apoyados por científicos nacionales e internacionales, analizaron la MIA y aportaron argumentos contundentes para negar la autorización a Goldgroup. El mismo gobernador de Veracruz, Javier Duarte, declaró el 26 de febrero que no avalaría el proyecto. La respuesta no se hizo esperar: los directivos de Goldgroup comunicaron a sus accionistas que a pesar de las afirmaciones de Duarte seguirían impulsando el proyecto, pues los permisos de operación dependen del gobierno federal mexicano, con el que mantienen
una estrecha relación. Tal vez ello explique el hecho de que el 13 de marzo Semarnat haya declarado suspendido el trámite (que no rechazado), en espera de
información adicional, lo que constituye una pésima señal.
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Juan Carlos Ruiz Guadalajara*
* Investigador de El Colegio de San Luis AC
#AMLO2012
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