Abogado | 29-02-2012 | 23:45
Parece mentira que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sepa que los países democráticos tienen la figura de revocación de mandato, una figura tan importante como la elección popular para llevar a una persona a ocupar un cargo público.
Según los enterados, en Latinoamérica hay 17 países que tienen la figura de revocación o algo equivalente y nuestro estado, junto con otros cinco, tienen esa institución de avanzada.
Pero la Corte se ha manifestado en contra de ella y eso es una pena, sobre todo cuando las resoluciones del supremo organismo dejaron mucho qué desear al calificar las elecciones del año 2006.
En los Estados Unidos operó la revocación cuando se destituyó a Richard Nixon y por poco corre la misma suerte William Clinton. En Ecuador fue sometido al procedimiento el presidente Correa y Evo Morales no fue ajeno a la señalada figura.
No hay ninguna razón valedera por la cual se excluya como medida popular el hecho de que un funcionario electo, sea del poder Legislativo o del Ejecutivo, se le destituya de su cargo sea por actos de corrupción, violación de derechos humanos, pérdida de legitimidad o abandono irresponsable de sus funciones como legislador o funcionario.
Los juarenses, chihuahuenses y mexicanos vivimos una inercia torpe en el sentido de pensar que una vez que tal o cual persona llega al cargo buscado, no hay poder humano que lo quite del mismo, porque así está diseñado el sistema, aunque la actuación del electo deje mucho qué desear.
La Corte debe saber y si no lo sabe tenemos que subrayarlo, que la revocación del mandato no es lo mismo que el funcionario sea consignado por tal o cual conducta dolosa o imprudente, sino que se trata de la fuerza del pueblo, propio de una democracia, que así como lleva a un cargo a una persona, también tiene el poder de quitarla cuando ésta abandona sus responsabilidades y deberes a que lo obliga el propio cargo. Y hablamos de funcionarios por elección del poder Ejecutivo como del Legislativo y si la Corte es la que determina que debe desparecer la revocación del mandato, esa resolución debe someterse a un plebiscito o referéndum que son figuras diferentes a una consignación en contra de los responsables.
Cuando no se entiende lo que un sistema democrático necesita, las ideas se quedan ancladas en posiciones de comodidad manifiesta que jamás pueden llevar a un cambio de fondo y forma para que las instituciones democráticas funcionen de buena manera, sobre todo en un país o estado como el nuestro, que han sido conocidos a nivel internacional por los fuertes movimientos que se han hecho dentro de sus estructuras, buscando con denuedo que impere la democracia, o sea el poder del pueblo, de la gente.
Por eso cuando nos preguntamos en qué radica la revocatoria de mandato para funcionarios o legisladores inútiles y flojos, simplemente en los principios de soberanía y representación otorgados por el pueblo y por nadie más, incluyendo en esto a la Suprema Corte. De acuerdo con lo dicho, los electores, tenemos el derecho a destituir del cargo un funcionario que el propio elector eligió y a destituirlo antes de que concluya su mandato, es decir, el pueblo mediante el voto decide si el electo debe seguir o dejar de hacerlo en las funciones inherentes a su cargo.
Es muy cómodo que mediante una campaña llena de promesas se engañe al elector y las cosas así se queden sin que nadie haga nada para corregir y la prueba está en la revisión de los anales tanto del Legislativo como del Ejecutivo, en lugar de que el pueblo sea el soberano, los funcionarios se adjudican ese carácter y en lugar de servidores se convierten en personajes que jamás se equivocan y si se les sorprende vuelven a equivocarse por la ausencia de sanciones populares, originados en el funcionamiento normal de la democracia.
Hay mucho que decir en torno al tema, pero que la Corte no anule los derechos democráticos que tiene el pueblo para poner o quitar de un cargo a quien le dé la gana, desde luego con razones justificadas. ¡Vale
#AMLO2012
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