11 de julio de 2011
Morena no pretende desestabilizar a Moreno Valle, indicó Ortiz Pinchetti
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http://lopezobradordvds.blogspot.com/2011/07/morena-no-pretende-desestabilizar.html
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El Comité Nacional de Estudios de la Energía y El Centro Cultural Casa de Ondas, invitan al foro “OUTSOURCING Y TERCERIZACIÓN”,
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SANJUANA MARTINEZ: Familiares de desaparecidos se quejan de represalias por denunciar a la Marina
Familiares de desaparecidos se quejan de represalias por denunciar a la Marina
•Ya no quiero saber nada, ya no quiero pedir justicia, señala una de las afectadas
•Amedrentan a quienes denuncian a la Marina por desapariciones
•Elementos de la Armada torturan en Coahuila a detenidos, acusa ONG
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 10 de julio de 2011, p. 2
Nuevo Laredo, Tamps. Oralia Guadalupe Villaseñor Vásquez sabía que arriesgaba su vida al denunciar a la Armada de México por la desaparición de su esposo, José Fortino Martínez Martínez, a manos de marinos, pero nunca imaginó las consecuencias. Un día después de que algunos medios nacionales, entre ellos La Jornada, publicaron su historia, su casa fue balaceada con armas de grueso calibre. Le dejaron 40 agujeros en la fachada.
Fue la madrugada del domingo pasado. Eran las tres de la mañana y su coche estaba estacionado fuera y la luz exterior de la casa encendida. Pero afortunadamente ella estaba dormida con sus cuatro hijos en la vivienda de su madre. Dios la salvó, dice, aunque el mensaje surtió efecto: ha decidido exiliarse en Estados Unidos y prefiere dejar de buscar a su marido para proteger a sus hijos. “Ya no quiero saber nada, ya no quiero pedir justicia. Que se haga lo que Dios quiera”.
El domingo pasado fue tiroteada la casa de Oralia Guadalupe Villaseñor –ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas–, quien denunció a la Marina por la desaparición de su esposo, Fortino Martínez
Foto La Jornada
Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cosas están claras: “es un mensaje de vida o muerte para quienes andamos denunciando a los marinos”.
En Nuevo Laredo son 15 los casos de desaparición forzada atribuidos a la Armada, ocurridos del primero al 23 de junio pasado. En todos los casos, marinos portando uniforme y viajando en vehículos oficiales secuestraron a hombres que ahora están desaparecidos. Sin orden de cateo, sin orden de detención se los llevaron.
Los familiares tienen fotos y videos que demuestran cómo los marinos mantuvieron por horas en el hotel Santa Mónica a los secuestrados e incluso a algunos en el aeropuerto. Y saben algo más: que a todos se los llevaron finalmente a un lienzo charro ubicado a 50 kilómetros de Nuevo Laredo –donde la Marina hizo un campamento–, en Hidalgo, Coahuila. Pero ninguna autoridad ha hecho nada. Ni la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, ni la PGR, ni la SIEDO. Ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha girado recomendación alguna. Por eso, los familiares se han visto en la indefensión absoluta.
“Hemos tomado una decisión muy vergonzosa, muy humillante, que es decir a la Secretaría de Marina: ‘vamos a retirar las denuncias, ya no vamos a hacer ningún cuestionamiento público, solamente presenten a nuestros familiares vivos o muertos. Si quieren de manera anónima. Dígannos dónde están y nos olvidamos del asunto’”, afirma Ramos, que ha solicitado medidas cautelares para las esposas, madres y hermanas que presentaron las denuncias.
“En el discurso existen los derechos humanos, en el discurso existe la protección a las familias que denuncian la violencia del Estado, pero en la realidad no. Se supone que vivimos en un estado de derecho, y renunciar a la justicia, a la formalidad de un procedimiento jurídico es muy humillante”.
Impunidad endémica
Otras madres han decidido continuar. “Los tenemos que encontrar vivos o muertos. Nos tienen que decir dónde quedaron”, advierte María Isabel Martínez Alarcón, madre de Diego Omar Guillén Martín, desaparecido por marinos el 4 de junio. Vive en la colonia Mirador, donde la Armada secuestró a otro hombre el mismo día: “A las 10 de la noche mi hermano fue a la farmacia con su esposa en su coche. Llegaron los marinos, lo bajaron de su carro, le pidieron a su esposa que se retirara. Él les preguntó la razón por la que se lo llevaban, si no había cometido delito alguno. Se defendió. Forcejeó y le pusieron la chicharra eléctrica, hasta que desfalleció. Luego le pusieron las esposas y lo cargaron entre varios. Otro marino se llevó su coche”, señala Ana Gómez Rivera.
Se trata de Usiel Gómez Rivera, mecánico de 33 años. Fue secuestrado por personal de la Marina en la vía pública: “fuimos a Hidalgo, Coahuila, al campamento que tienen allá. Vimos salir camionetas grises de la corporación. Cuando fuimos se nos ponchó una llanta cerca del campamento. Y salieron unos marinos. Les dijimos que íbamos buscando a mi hermano y uno nos respondió: ‘Por lo menos su familiar cayó en manos de nosotros, si hubiera caído en manos del Ejército ya lo hubieran matado’”.
La noche que se lo llevaron, algunos marinos fueron a la casa de Osiel, donde se encontraba su hijo de 13 años junto a otros niños de la familia: “mi sobrino no sabía nada. Rodearon la casa apuntando con armas largas. No encontraron nada. Y asustaron a los niños”.
Las escenas de los abusos de marinos cometidos en Nuevo Laredo se han vuelto cotidianas. Violan las garantías individuales con total impunidad. Cuenta que ese mismo día en una pizzería había 15 trabajadores de una fábrica cercana donde labora su sobrina. Elementos de la Marina llegaron al lugar para catear a los comensales: “los tuvieron desde la una hasta las tres de la tarde supuestamente investigándolos. Me quedé sorprendida porque se supone que ellos nos vienen a traer seguridad, y lo que nos están dando es inseguridad, secuestrando gente”.
Explica que tienen un video que presentaron a la procuraduría de Tamaulipas y a la PGR, donde se ve claramente que los marinos llevan a su hermano al hotel Santa Mónica la misma noche del secuestro. En las imágenes también se ve cómo un marino estaciona el auto de Usiel Gómez Rivera: “cuando salen se ven las camionetotas de la Marina y en medio el carro de mi hermano, y se ve cuando lo sacan para llevárselo quién sabe adónde. Queremos la verdad. Estamos desesperados. Así como ellos se lo llevaron, quiero que me lo entreguen con vida, porque no es justo lo que están haciendo. Si ya les mostramos las pruebas, ¿qué más quieren? La Marina los tiene”.
Los elementos de la Marina siguen patrullando la colonia Mirador: “no dejan de pasar por las calles. Catean y se llevan gente. Se estacionan en la esquina de la casa y se ponen a platicar con mujeres y están coqueteando todo el tiempo. No sé qué trabajos están haciendo. Si van en plan de conquista o supuestamente a darnos seguridad o inseguridad. Se están llevando gente inocente. Están violando la ley. Supuestamente son 72 horas y aquí los tienen hace más de un mes”.
“No se muevan o disparamos”
El 3 de junio a las dos de la madrugada, Ana Alejandra López escuchó ruidos en el exterior del rancho que cuida su esposo, Joel Díaz Espinosa, cerca de Nuevo Laredo. Se asomó por la ventana y vio a un marino con uniforme, quien le apuntó con un arma larga y dijo: “no se muevan o disparamos”.
Agrega: “mi esposo lo que hizo fue abrazarme y decirme que me quería mucho. En esos momentos entraron unos cinco hombres vestidos con uniforme militar y chalecos que decían Marina y armados con metralletas y se llevaron a mi esposo por la fuerza”.
Aturdida y asustada, Ana Alejandra preguntó: “¿Adónde se lo llevan?” Uno de ellos le advirtió: “No salga de su casa y no avise a nadie. Si lo hace vendremos por usted también”.
Los marinos arrastraron a Joel, y Ana Alejandra pudo ver desde un orificio de la puerta cómo lo golpearon antes de subirlo a un vehículo oficial. Uno se quitó el casco y con él le pegó en la cabeza, mientras otro le daba puñetazos en el rostro.
Por el secuestro y la desaparición forzada a manos de elementos de la Marina, presentó una denuncia ante la PGR con sede en Nuevo Laredo, donde también están integradas otras desapariciones del mismo tipo en la averiguación previa penal número 1994-III/2011.
También interpusieron un amparo por la desaparición de José Cruz Camarillo, Martín Rico García, Héctor Alejandro Rodríguez Vásquez, Diego Omar Guillén, Usiel Gómez Rivera, Alejandro Gil Martínez Martínez, Reynaldo Vielma Cisneros, Juventino Vital Gaona y David Juventino Vital Montalbo (estos últimos son padre e hijo).
“Faltan algunos nombres de los 15 desaparecidos, pero sus familias no quieren ventilarlos públicamente porque tienen miedo. La Marina llegó la primera semana de mayo. Le teníamos cierta confianza. Empezamos a ver patrullajes en convoyes de 10 a 15 o 30 vehículos. Pero a las semanas siguientes comenzaron a hacer cateos ilegales y a torturar personas en un campamento que tienen a 50 kilómetros de Nuevo Laredo, en Hidalgo, Coahuila”, afirma Raymundo Ramos.
Las primeras desapariciones no fueron denunciadas, pero hay numerosos testimonios al respecto: “una vez que los torturaban, los liberaban. A partir del día primero de junio empiezan a hacer detenciones ilegales. Llegaron a detener 15 personas o más. Y en la mayoría de los casos fueron a sus domicilios cuando estaban dormidos y los sacaron. Se los llevaron al campamento de Hidalgo, Coahuila, y ya no los regresaron. Hay fotos y videos que prueban que ellos fueron los que hicieron las detenciones ilegales”.
La Armada negó los hechos en un principio. Luego reconoció en un comunicado el pasado primero de julio que tuvo contacto con seis de los 15 desaparecidos: José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera, pero aseguró que “hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado, y menos aún privado ilícitamente de su libertad a estas personas”.
Más quejas contra marinos por los secuestros de civiles
•Familiares de los desaparecidos narran lo ocurrido en Nuevo Laredo
•Los operativos de la Armada, entre el 1º y 23 de junio pasado
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 3 de julio de 2011, p. 2
Deme un cambio de ropa para su esposo”, le dijo el marino a María de los Ángeles Díaz de León Alvarado mientras otros miembros de la Armada de México sacaban a su marido Martín Rico García de la cama el pasado 5 de junio. Nerviosa, aterrada por el operativo que invadía su casa a las seis de la mañana, alcanzó a juntar algunas prendas de vestir y se las dio. Lo arrastraban entre varios, y el hijo preguntó llorando: “¿A dónde se lo llevan? ¿Dónde lo vamos a ir a buscar?” Una mujer con el mismo uniforme de la institución le contestó antes de subirse al vehículo oficial: “No llores, tu papá va a estar bien”. Y desde entonces desapareció.
Del 1º al 23 de junio, marinos secuestraron a 15 hombres residentes de Nuevo Laredo bajo el mismo método: sin orden de cateo entraron a las casas, sin orden de aprehensión se los llevaron. Ha pasado un mes de aquellos hechos documentados con videos y fotografías por los familiares de las víctimas y no hay rastro de ellos.
La Semar niega los hechos, pero los testimonios y las pruebas demuestran los delitos cometidos por integrantes de la institución supuestamente mejor valorada de México. Sin embargo, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde centran sus operaciones, aumentan las quejas contra la Armada por violaciones a derechos humanos: tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones.
Sin piedad
“Tenga 400 pesos para que arregle la chapa de la puerta y para el susto”, le dijo un marino a Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez antes de irse. Había llegado a la una de la madrugada el 5 de junio, destrozando la cerradura de la puerta para entrar a la casa de José Fortino Martínez Martínez, junto a un gran operativo de la Armada de México: “El ruido nos despertó. De repente ocho hombres vestidos con uniformes de la Marina estaban en la casa. Le ordenan a mi esposo que salga. Él les dice que le permitan ponerse un short. Ellos le piden la credencial de elector. Y lo sacan. Desde entonces no sabemos nada de él”.
Oralia Guadalupe y José Fortino, ambos de 33 años, trabajan desde hace seis años en una cooperativa de una escuela primaria. Tienen cuatro hijos de 15, 11, siete y dos años. Aquella madrugada del 5 de junio hubo confusión: “Cuando todos salieron de la casa dejaron que mi esposo volviera a entrar y él les dijo: ‘Señores: ¿ya terminaron, ya puedo cerrar la puerta?’ Uno le contestó: ‘Sí, ya ciérrala’. Mi esposo intentó cerrar pero la chapa no servía. En eso se acerca un marino y le dice: ‘Mejor ven con nosotros. Te vamos a tomar unas huellas’. Y se lo llevaron”.
Acostumbrada a enfrentar las adversidades, Oralia Guadalupe no se quedó en casa esperando que volviera su marido. Subió a sus hijos al coche y fue siguiendo el convoy de 14 camionetas, en el cual integrantes de la Marina lo llevaban sin orden de detención: “Los seguí. Estuvieron en varios domicilios. Yo aprovechaba y me bajaba. Le preguntaba a cualquiera de ellos: Señor, deme razón de mi esposo. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué delito cometió? Me decían: ‘No le podemos decir nada, no podemos dar información. Y no nos siga porque podemos dispararle’”.
La amenaza no hizo efecto en Oralia Guadalupe, que decidió continuar detrás de ellos hasta que llegaron al hotel Santa Mónica. Allí los marinos bajaron a los secuestrados y los metieron en las habitaciones: “Me quedé afuera con mis hijos en espera de alguna noticia. Mi hijo de siete años empezó a gritar: ‘Mami, mami, allí está mi papá en la habitación 123, se asomó por la ventana, trae la playera rayada’”.
Al verlo, pudo comprobar que era su esposo. Suplicando, llorando, les pedía que le permitieran verlo, pero dos mujeres de la Marina la apartaron junto a otras personas que se encontraban en su misma situación y se fueron: “Estamos desesperados esperando una llamada. Cualquier ruidito en casa pienso que es él. Quiero pedirle a la Marina que si él cometió un delito, que nos diga para que sea juzgado, pero si es inocente, que lo liberen. Ya no sé qué hacer, no sé qué decirles a mis hijos... Es puro llorar. Sólo les digo: imagínense que su papá anda de viaje y pronto volverá”.
Inconsolable, Oralia Guadalupe se limpia las lágrimas constantemente. Tiene miedo de las represalias, al igual que todas las madres, esposas y hermanas que están buscando a los desaparecidos por esa dependencia, pero está decidida a seguir: “Me desilusiona la Marina. Yo vi cuando ellos lo sacaron. ¿Por qué ahora dicen que no fueron ellos?, ¿por qué mienten? Le pido a Dios que toque los corazones de los marinos y que lo liberen; nos hace falta; no sé si lo están maltratando. Yo le pido a Dios que le dé fuerzas para que aguante porque yo lo quiero con vida, no quiero que me lo vayan a matar”.
En la piel
El hijo de María Cruz Camarillo Pérez tiene todo el cuerpo tatuado, incluso la cabeza. Siempre le gustó grabarse la piel y finalmente puso una tienda en Nuevo Laredo. Vivió desde pequeño en Fort Worth, Texas, con su madre y sus hermanos, pero decidió volver a México hace tres años. El 2 de junio a las 11 de la noche José Cruz Díaz Camarillo, de 32 años, se encontraba trabajando en su taller cuando un grupo de marinos con uniforme y vehículos oficiales arribó al lugar: “Era la hora de cerrar. Llegaron preguntando por otra persona que no estaba allí. Los cuatro empleados de mi hijo me cuentan que lo golpearon mucho. Y que al final se lo llevaron con un cliente jovencito que estaba allí de casualidad. Creen que porque tienen tatuajes son delincuentes, pero no es así. A mí tampoco me gustan, pero a él sí”.
José Díaz Camarillo, desaparecido desde el pasado 2 de junio
Foto La Jornada
Antes de irse los marinos se dieron cuenta de que había una cámara de video dentro del local, la destruyeron y se llevaron el aparato. El 4 junio, María Cruz, de 58 años, llegó a México desde Fort Worth para buscar a su hijo: “Cada vez nos sentimos más desesperados. Me siento muerta en vida. No sé qué hacer para encontrarlo. He sufrido tanto por este hijo, sin saber dónde está. Ando solita luchando, pensando qué tan golpeado lo tengan. Me estoy imaginando lo peor”.
María Cruz tiene cinco hijos y 17 nietos. Nunca imaginó tocar tantas puertas en busca de un hijo desaparecido. Fue a oficinas de la Procuraduría General de la República, al cuartel militar, a la Procuraduría de Tamaulipas y a los hospitales. Nadie la ayudó argumentando “temor a la Marina”. Finalmente fue el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dirigido por Raymundo Ramos, el que le dio apoyo necesario para iniciar la búsqueda a través de vías legales.
“No queremos perder las esperanzas”, dice llorando y recordando que la última vez que lo vio fue el 10 de mayo. “Ya van dos veces que lo sueño. Siento que mi hijo está bien. Él es muy bueno y muy amiguero. Crucito me ha dado muchos nietos. Tiene cinco hijos y uno en camino. Tenemos mucha esperanza en Dios. Somos muchos con hijos desaparecidos. Y hay que luchar para encontrarlos. No creo que pueda sobrevivir sin saber de él. No importa que lo tengan enterrado, pero que me digan. Lo que sea, que ya me lo enseñen; que esté vivo, pero si no es así, pues ni modo, pero que ya nos den razón para poder estar tranquilos... Este dolor es muy fuerte. Cuando se mueren se sufre pero sabemos dónde están, sin embargo, así, es una incertidumbre, es algo mucho más duro”.
“La ley no mata”
La mamá de Diego Omar Guillén Martín, de 22 años, trabajador en un puesto de tacos, aún no entiende por qué la Marina, que se supone representa a la ley, actuó así el 4 de junio: “Entraron a la casa a las cuatro de la mañana violando la puerta. Eran ocho marinos. Llegaron a mi recámara, donde estaba dormida con mi esposo y un nieto de cuatro años. Estaban apuntando con sus armas, azuzándonos. Les dije: ¿Qué pasa? Tengan cuidado, aquí hay un niño. Y uno me contestó: ‘Señora, no se asuste, necesitamos que su esposo salga. Y usted no se mueva de aquí’”, dice María Isabel Martínez Alarcón, de 48 años, residente de la colonia Mirador, donde se acusa a la Marina de haber secuestrado a otras personas.
En la otra recámara estaban su nuera y Diego Omar. Les preguntaron si tenían armas o droga. Al registrar no encontraron nada: “Empezaron a maltratar a mi hijo, lo llevaron a mi recámara. Fue la última vez que lo vi parado en la puerta. Me dijo: ‘Mamá, ¿qué pasa? ¿qué quieren estos hombres?’ Lo sacaron descalzo con su bermuda de dormir. Le voltearon su playera tapándole la cara. A mi esposo le ordenaron que se metiera. Por la ventana vi que lo llevaban agarrado corriendo y lo treparon a una troca de la Marina. Mi nuera les gritó: ‘¿A dónde lo llevan?’. Uno le contestó: ‘No se preocupe señora, usted después lo reclama’. Desde entonces no lo hemos vuelto a ver”.
Sin saber a quién dirigirse, María Isabel llamó al Ministerio Público, pero el agente que le contestó le sugirió hablar al cuartel y un militar le explicó que no tenían nada que ver con la Marina, pero le comentó: “hemos oído que están guardando personas en el aeropuerto”. “Fuimos al aeropuerto, allí nos mandaron a una guarnición. Levantamos un amparo, un acta en derechos humanos y nada. La Marina dice que no, pero nosotros los vimos, no nos lo platicaron. Fueron ellos. Hay fotos y videos que lo demuestran. No levantamos falsos. Es verdad lo que estamos diciendo. Estamos desesperados. Queremos que lo entreguen, se supone que se lo llevaron representantes de la ley, aunque no están actuando de acuerdo con la ley, pero tengo esperanza. Se supone que la ley no mata”.
Señalan como 'zona de peligro' la acampada antiabortista de la Puerta del Sol en Madrid
Un grupo de feministas 'rodearon' ayer con arena color fucsia el campamento pro vida de la Puerta del Sol, en Madrid, par 'visibilizar la violencia que ejercen los discursos que niegan el derecho a decidir bajo el oscuro paraguas derecho a la vida', según el comunicado leído en la plaza.
Las activistas han mostrado pancartas donde se leían frases como '¡Cuidado! Alto riesgo de intrusión en tu intimidad', 'Ojo, a partir de aquí intentan decidir por ti', 'Está entrando en zona represora', 'A partir de aquí deciden sobre tu cuerpo' o 'Zona ’prohivida’ a la libertad'.
'Delimitar como 'zona de peligro' el espacio de 'Acampada pro vida' tiene como objetivo denunciar la forma en que intentan quitarnos nuestro derecho a decidir sobre nuestras propias vidas y nuestros propios cuerpos. De nuevo son los cuerpos de personas identificadas como mujeres los que buscan ser controlados y criminalizados por otros', señala el comunicado-
Las faministas añaden que 'a nadie se le obliga a interrumpir voluntariamente su embarazo. De hecho, que a alguien se le obligue a abortar es un crimen que nosotras condenamos rotundamente. Defendemos radicalmente el derecho a ejercer una maternidad libre, independientemente de la clase, el origen étnico o racial, la opción sexual, la identidad de género o la diversidad funcional de las personas'.
Fuente
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¡AMLO 2012!
John M. Ackerman: IFE elbista
RESULTO JUEZ CORRUPTO: Suspenden al juez que falló contra AMLO
Es el juzgador que en 2005 falló contra AMLO por el caso El Encino
Maneja cinco cuentas bancarias que alcanzan 20 millones de pesos
Periódico La Jornada
Lunes 11 de julio de 2011, p. 5
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encontró “inconsistencias” en la evolución patrimonial del juez de distrito en materia administrativa Álvaro Tovilla León, quien tiene cinco cuentas bancarias a su nombre a las que se han transferido recursos en los dos años recientes por al menos 20 millones de pesos, lo que no corresponde a su nivel de salario mensual, que alcanza 129 mil pesos, revelaron fuentes del órgano disciplinario y administrativo de jueces y magistrados.
El juzgador –quien en 2005 resolvió que Andrés Manuel López Obrador violó una suspensión concedida en vía de amparo por el caso del predio El Encino– fue suspendido temporalmente del cargo mientras la Judicatura lo investiga por presunta falta de probidad en su actuar como impartidor de justicia.
Una de las líneas de investigación que se desahogan tiene que ver con la posibilidad de que el juez haya recibido sobornos de los abogados y el grupo empresarial a los que el amparo permitió continuar con la construcción –en el Distrito Federal– de la Torre Lomas, en Pedregal 24.
Queja de académico
Informes judiciales refieren que el académico Carlos Elizondo Mayer-Serra presentó un recurso de queja ante un tribunal colegiado de circuito, con el que busca echar abajo el permiso para la construcción de la Torre Lomas. En 2006 el juez Tovilla concedió el amparo con base en el cual se expidió el certificado de zonificación de uso de suelo permitido para la torre de 25 pisos.
Elizondo vive en una calle vecina a Pedregal, y su recurso está basado en el artículo 96 de la Ley de Amparo, que permite a cualquier persona interponer queja contra el cumplimiento excesivo de una sentencia.
En este caso, se alega que el recurso otorgado por el juez Tovilla a la empresa Arrendadora Virreyes, anterior propietaria del inmueble, quedó cumplido el 22 de enero de 2007, cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) expidió el certificado de zonificación para el fallido proyecto de la Torre Bicentenario.
La Judicatura suspendió al juez Álvaro Tovilla por la investigación que inició a su juzgado tras el encarcelamiento del secretario Esiquio Martínez Hernández, acusado de tener un patrimonio ilícito de 50 millones de pesos.
El mes pasado, el juez tercero de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Norte, Ricardo Delgado Quiroz, determinó iniciar un juicio contra Martínez Hernández. La decisión implica que el secretario del juez Tovilla permanecerá internado en el reclusorio, pues el juez Delgado le negó la libertad provisional bajo caución, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) argumentó que constituía un riesgo que estuviera fuera de prisión.
Esiquio Martínez manejaba una cuenta de HSBC, donde acumuló 39 millones de pesos durante la última década, sin que lo reportara en sus declaraciones ni lo detectara el Poder Judicial.
El secretario de juzgado quizá no habría sido descubierto en su patrimonio paralelo de no ser porque en 2010 desde esa cuenta transfirió 14 millones de pesos a Nehmías Cruz Hernández, presunto empleado del CJF, quien también está sujeto a investigación por autoridades disciplinarias de la Judicatura.
Martínez tenía 12 cuentas: siete en HSBC, dos en Banamex, una en Ixe, otra en Santander y una de American Express Bank. Pero la del problema fue la cuenta 4044163111 de HSBC.
Lo que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera es que los 14 millones que transfirió desde esta cuenta a Cruz fueron triangulados a José Daniel Martínez Vasconcelos, por un total de 14 millones 500 mil pesos. El 8 de abril de 2010 se generó una primera alerta en el sistema financiero, porque Martínez hizo 13 operaciones de retiro por 29 millones 792 mil 186 pesos en la cuenta de la que había transferido los recursos a Cruz Hernández.
Los 432 millones detectados en movimientos de las cuentas bancarias de Esiquio (en dos años) derivan precisamente de esa cuenta, donde se acumularon 39 millones 919 mil 855 pesos entre mayo de 2000 y noviembre de 2010. Esta cantidad, sumada a la que tenía Martínez en sus 11 cuentas restantes –además de un inmueble y dos vehículos automotores–, dan un total de 50 millones 707 mil 633 pesos, que es el patrimonio ajeno a sus ingresos como funcionario de la Judicatura Federal.
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Moneros - La Jornada y Universal
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Rocha | La Jornada
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Hernández | La Jornada
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¿Qué es ser de izquierda? Víctor M. Toledo
¡AMLO 2012!
CONFERENCIA: "PERSPECTIVA PARA LA ELECCIÓN DEL 2012 DESPUÉS DEL ESTADO DE MÉXICO"
La Maestra Lenia Batres analizará los aciertos y errores de la campaña y elección del Edomex, asi como los puntos OK y los que hay que reforzar en las actividades del MORENA.
No se les olvide pedir el video del Dr. Arturo Alcalde Justiniani "LOS RIESGOS DE LA REFORMA LABORAL". este video hay que verlo y distribuirlo lo mas posible.
Aprovecho para comunicarles que los días 21 y 28 de julio no habrá actividades en el Círculo, hasta el 4 de Agosto.
Maru Lozano
invita a la conferencia
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