Se esfuman mil homicidios ‘resueltos’ por Procuraduría
Gabriela Minjáres
El Diario | 08-05-2011 | 00:05
Los mil 75 homicidios dolosos que la ex Procuraduría General de Justicia del Estado anunció haber resuelto en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, están a punto de quedar en nada porque ante los juzgados sólo formuló cargos por 92 casos, y en algunos ni siquiera por asesinato.
Esta cantidad no representa ni el 10 por ciento de los casos que la autoridad judicial de la pasada Administración estatal aseguró haber aclarado cuando los militares estaban a cargo del programa federal de seguridad.
Aunado a esta discrepancia en las cifras y en las carpetas de investigación en poder de la Fiscalía General del Estado, se ha detectado que en algunos de los 92 casos judicializados no existen suficientes pruebas para sostener la acusación ante un tribunal oral, por lo que hasta una media docena de imputados podría quedar en libertad.
Algunos de estos expedientes, se informó, corresponden a homicidios de alto impacto para la sociedad porque fueron masacres ocurridas en 2009 en lugares como los centros de rehabilitación Casa Aliviane y Anexo de Vida, o en bares como el Seven & Seven, donde en conjunto fueron asesinadas 35 personas.
Esta información fue dada a conocer por el fiscal para la Investigación y Prevención del Delito, Jorge González Nicolás, quien indicó que los datos forman parte de un diagnóstico que tres agentes del Ministerio Público de Juárez y Chihuahua realizan desde hace varias semanas.
Mencionó que el objetivo es determinar si existen pruebas suficientes para sostener una acusación ante un tribunal, ya que en la mayoría de los casos venció el plazo de prisión preventiva, por lo que ya no pueden ahondar en las investigaciones para aportar elementos y muchos de los imputados actualmente se encuentran arraigados.
“Lo que queremos es tener un diagnóstico preciso, exacto, carpeta por carpeta, porque no se puede hablar en lo general, no se puede decir que todo está mal o bien, pero lo que he sostenido y lo va a sostener públicamente el fiscal general es la gran discrepancia que existe entre lo que se publicó en los medios de comunicación y lo que realmente se judicializó”, subrayó.
Explicó que son aproximadamente unas 39 carpetas de investigación las que se encuentran bajo revisión porque corresponden a los homicidios que la ex Procuraduría difundió en inserciones pagadas en medios de comunicación como casos ya resueltos y se atribuyen a unos 90 detenidos.
“Sumando todo lo que viene en los comunicados de prensa que publicaron da un total de mil 075 homicidios supuestamente aclarados, pero a los detenidos que acusaban de esos asesinatos realmente los acusaban de uno solo y hasta por ninguno, porque nada más los consignaban por las armas, entonces al final de cuentas encontramos que sólo se formularon un total de 92 homicidios, esa es la diferencia que hay entre lo publicado y lo actuado judicialmente”, detalló.
De los 983 homicidios que no fueron judicializados, González Nicolás aseguró que ni él ni la Fiscalía tienen la menor idea de lo que pasó.
Lo que les preocupa, agregó, es que de los 92 homicidios supuestamente esclarecidos hay carpetas en las que no hay pruebas suficientes para ir a un juicio y sostener la acusación ante el tribunal, lo que significa que algunos de los imputados que se encuentran detenidos quedarían en libertad.
Aunque comenta que varios de los imputados están acusados por varios eventos en distintas carpetas, por lo que en algunos casos podrían quedar exculpados, pero en otros no.
“No todos quedarían en libertad, es importante señalarlo, porque hablamos de 92 homicidios, pero hay algunos que participaron en unos y en otros homicidios, de tal suerte que los que podrían quedar en libertad total estamos hablando de cinco o seis carpetas donde no hay ningún otro elemento ni ningún otro proceso, pero se están revisando, porque eso arroja un primer análisis, falta ver de fondo las cosas”, mencionó.
Y es que entre los casos que se encuentran en revisión estaba el de los homicidios ocurridos en el Centro Recreativo Las Anitas, donde tres policías estatales fueron asesinados por dos sicarios a quienes el mes pasado se les impuso una pena de 40 años de prisión; así como el caso de otro imputado al que en un juicio abreviado se le impuso una pena de 28 años por un homicidio.
Sin revelar los casos, González Nicolás comentó que entre los expedientes analizados hay varios con “focos rojos” porque prácticamente lo único que se tiene es la confesión ante la autoridad del detenido, lo que legalmente no procede para condenarlos.
El fiscal aseguró que entre ellos no se encuentra la masacre registrada el año pasado en la colonia Villas de Salvárcar, ya que al asumir el cargo la actual Administración estatal aún estaban vigentes los plazos de investigación y se pudieron aportar nuevos elementos, además porque la ex Procuraduría dejó “más o menos bien manejado” este expediente.
“Se va a hacer el mayor esfuerzo para poder llevar a esta gente a juicio y tener una sentencia condenatoria, pero es importante decirle a la sociedad que el Ministerio Público tiene la obligación legal de actuar conforme a la ley, y en los casos en los que no tengamos pruebas para tener una sentencia condenatoria se pedirá el sobreseimiento, no nos va a temblar la mano para pedirlo, aunque esperamos que sean los menos”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que en los casos en los que encuentre responsabilidad de algún funcionario pasado o presente, ya sea por omisión o actos contrarios a la ley, abrirán carpetas de investigación, aunque comentó que no será en todos porque existen algunos en los que simplemente no había más pruebas ni forma legal de recabar más.
