24 de abril de 2011

Manipulacion medios de comunicacion. (Sociologo Lopez-Aranguren)



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Camino equivocado | POLIMNIA ROMANA

Camino equivocado | SDP Noticias

Camino equivocado
POLIMNIA ROMANA

@polimniaromana
2011-04-13


Según el Banco Mundial, México se encuentra ante una oleada de violencia sin precedentes debido al trasiego de drogas, al tráfico de migrantes y de armamento, así como a la desigualdad, a la falta de oportunidades y a la violación permanente a los derechos humanos. Por ello emitió recomendaciones que apuntan más a MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN que al uso de la violencia legítima por el Estado.

Se supone que con ese objetivo el Banco Mundial ha ofrecido préstamos millonarios al gobierno federal, pero no hay mejoras en el terreno social porque el dinero se destina a las fuerzas armadas y de seguridad.

El día de ayer, Carlos Fernández Vega escribió en su columna:

“Cómo estará el horno, que hasta el Banco Mundial, tradicional “aliado” de los gobiernos neoliberales, contradice la versión oficial del inquilino de Los Pinos y la pone como palo de perico”.

Los únicos que no quieren entender la gravedad del problema son Calderón y los medios de comunicación que no se atreven a reconocer que vamos por el camino equivocado. También son responsables los legisladores prianistas que aprueban medidas antipopulares, como el aumento de impuestos, de tarifas a los energéticos y a los servicios. Son responsables quienes apoyan la estrategia equivocada que ha seguido el gobierno federal para combatir el crimen organizado con instituciones desorganizadas y corruptas.

No hay camino más seguro para detener la violencia que revertir la descomposición social originada por la marginación, la falta de estudio para los jóvenes, la falta de empleo y la pobreza extrema.

En su informe, el Banco Mundial dice que un episodio importante de violencia, a diferencia de los desastres naturales o los ciclos económicos, puede borrar toda una generación de progreso y desarrollo. Por eso recomienda la implantación de planes básicos de creación de empleo, lo que incluye obras públicas en gran escala, eliminación de cuellos de botella en la construcción de infraestructura y ampliación del acceso a formación profesional, financiamiento y experiencia de trabajo.

Esto último es terrible: BORRAR TODA UNA GENERACIÓN DE PROGRESO Y DESARROLLO.

Nuestros jóvenes están siendo borrados y desaparecidos. Los crímenes contra ellos cometidos no sólo están en los asesinatos arteros, también son criminales el abandono y la injusticia que les niega un futuro, a ellos y a nosotros como nación.
¡Sí hay salida! El Proyecto Alternativo de Nación que presentó el mes pasado Andrés Manuel López Obrador en el Auditorio Nacional contempla lo que hoy recomienda el Banco Mundial, y más.

Por el futuro de las nuevas generaciones tenemos que actuar ahora y combatir la violencia de una manera más inteligente y menos costosa.

PROGRAMA RCP DURANGO 24 DE ABRIL

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agresion religiosa


agresion religiosa, originalmente cargada por trianero2.

¿Es la CIA detrás de sangrienta guerra del narcotráfico en México?

¿Es la CIA detrás de sangrienta guerra del narcotráfico en México?

¿Está la CIA detrás de sangrientos Drogas México War?
Mike Whitney

NOTA ORIGINAL EN INGLES:



Resumen: La militarización de la guerra contra las drogas ha sido un desastre colosal que se ha acelerado el ritmo de desintegración social. México se está convirtiendo rápidamente en un Estado fallido, y profundamente defectuoso de Washington de la Iniciativa Mérida, que proporciona $ 1.4 mil millones en ayuda a la administración de Calderón para intensificar las operaciones militares, es en gran parte la culpa.

Análisis


El viernes, dos coches patrulla fueron emboscados por un pistolero armado en el centro de Ciudad Juárez. En el tiroteo subsiguiente, siete policías murieron y un niño de 17 años que quedó atrapado en el fuego cruzado. Todos los asaltantes escaparon ilesos huían de la escena del crimen en tres camionetas. El audaz ataque fue ejecutado en pleno día en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Según la Associated Press:

"Horas después del ataque, un mensaje pintado dirigido a altos mandos de la policía federal y la responsabilidad de reclamar por el ataque apareció en una pared en el centro de Ciudad Juárez. Fue firmado al parecer por la banda de Línea, el brazo ejecutor del cártel de Juárez. La Juárez cártel se ha bloqueado en una batalla sangrienta con el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Esto te va a pasar ... por estar con El Chapo Guzmán ya todos los Dirtbags que lo apoyan. Atentamente, La Línea", el mensaje leído. "(" 7 policías mexicanos asesinados en Ciudad Juárez ", Olivia Torres, AP)

La masacre en el centro de Juárez es sólo el último incidente en la sangrienta guerra contra las drogas de México. Entre el 5 y 6 personas más serán asesinados el sábado, y todos los días a partir de entonces, sin final a la vista. Es una guerra que no se puede ganar, pero que no ha dejado el gobierno de México se adhiera a su plan de juego de base-.

Los expertos y los políticos no están de acuerdo acerca de los orígenes de la violencia en Juárez, pero nadie discute que 23.000 personas han sido asesinadas desde 2006 en una operación militar en gran medida inútil iniciado por el presidente mexicano Felipe Calderón. Si la muerte es el resultado de la hierba en curso de la guerra entre los cárteles de la droga rivales o no, es irrelevante. La política actual está fallando y necesita ser cambiado. La militarización de la guerra contra las drogas ha sido un desastre colosal que se ha acelerado el ritmo de desintegración social. México se está convirtiendo rápidamente en un Estado fallido, y viciado de Washington profundamente la Iniciativa Mérida, que proporciona $ 1.4 mil millones en ayuda a la administración de Calderón para intensificar las operaciones militares, es en gran parte la culpa.

El aumento de la adicción a las drogas y el tráfico de estupefacientes van mano a mano con las destructivas políticas de libre comercio que han impulsado su crecimiento. TLCAN, en particular, ha provocado una migración masiva de personas que han sido expulsados ​​de la tierra porque no podían competir con los subsidiados productos agrícolas-en gran medida de los EE.UU.. Muchas de estas personas deriva de norte a ciudades como Juárez, que se convirtió en un centro de fabricación en la década de 1990. Pero la fortuna Juárez dio un giro para peor un par de años más tarde, cuando la competencia del Lejano Oriente creció más feroz. Ahora, la mayoría de las plantas y fábricas han sido cerradas con tablas y el trabajo ha sido subcontratado a China donde los salarios de subsistencia son la norma. Naturalmente, los jóvenes han recurrido a los carteles como el único medio visible de empleo y la movilidad ascendente. Eso significa que el libre comercio no sólo ha tenido un efecto devastador sobre la economía, pero también ha creado un grupo de inagotable de reclutas para el narcotráfico.

Mérida de Washington iniciativa - que provee $ 1.4 mil millones en ayuda a la administración de Calderón para intensificar las operaciones militares - sólo ha empeorado las cosas. La demanda del público en materia de empleo, la seguridad y los programas sociales, se ha respondido con puntos de control, represión y la represión estatal. La respuesta de Washington no ha sido mucho mejor. Obama no se ha desviado de las políticas de la administración anterior. Él está tan comprometido con una solución militar como su predecesor, George W. Bush.

Pero la necesidad de cambio es urgente. México se está desmoronando y, como los pozos de petróleo en seco, la perspectiva de una ejecución de estado fallido por capos de la droga y los paramilitares en la frontera sur de Estados Unidos se vuelve más y más probable. La guerra contra las drogas no es más que un síntoma de problemas más profundos sociales, la corrupción política generalizada, pobreza extrema, el aumento del desempleo y la erosión de la confianza en las instituciones públicas. Pero estas cuestiones son dejado de lado, por lo que el gobierno puede continuar su uno-tamaño-caber-todo sin la estrategia militar de segunda adivinar o remordimiento. Mientras tanto, el país sigue a desintegrarse.

LOS CARTELES choque

Los grandes carteles están comprometidos en una batalla feroz para los corredores de drogas en todo Juárez. De Sinaloa, el Golfo y los cárteles de La Familia han formado una alianza contra el advenedizo banda de Los Zetas. Los críticos alegan que el gobierno de Calderón tiene estrechos vínculos con el cártel de Sinaloa y se niega a arrestar a sus miembros. He aquí un extracto de un video de Al Jazeera que apunta a la colusión entre Sinaloa y el gobierno.

"El Tesoro de los EE.UU. identifica al menos 20 empresas de fachada que el blanqueo de dinero de la droga para el cártel de Sinaloa ... Hay denuncias de que el gobierno mexicano está" a favor "del cártel. De acuerdo con Diego Enrique Osorno, periodista de investigación y autor de" El Cartel de Sinaloa ":

"No hay detenciones importantes de miembros del cártel de Sinaloa. Pero el gobierno está persiguiendo a grupos de adversarios, los nuevos jugadores en el mundo del tráfico de drogas."

Internacional de expertos en seguridad, Edgardo Buscaglia, dice que "de más de 50.000 arrestos relacionados con drogas, sólo un porcentaje muy pequeño han sido miembros del cártel de Sinaloa, y no los líderes del cártel. Remonta a 2003, los datos de aplicación de la ley demuestra objetivamente que el gobierno ha estado golpeando la grupos más débiles de la delincuencia organizada en México, pero no han estado golpeando el grupo principal de la delincuencia, la Federación de Sinaloa, que es responsable del 45% del tráfico de drogas en este país. " (Al Jazeera)

No hay manera de verificar si el gobierno de Calderón está en la cama con el cártel de Sinaloa, pero el informe de Al Jazeera es bastante concluyente. Un informe similar apareció en el Los Angeles Times, que reveló que el gobierno había desviado fondos que estaban destinados a luchar los agricultores (que había sido herido por el TLC) "a las familias de narcotraficantes notorios y varios altos funcionarios gubernamentales, incluido el ministro de Agricultura . " He aquí un extracto del diario Los Angeles Times:

"De acuerdo a varios estudios académicos, hasta el 80% del dinero fue a sólo 20% de los productores registrados ... Entre los receptores más elevar las cejas-eran tres hermanos de drogas multimillonario señor Joaquín" El Chapo "Guzmán, jefe del el poderoso cártel de Sinaloa, y el hermano del otrora socio de Guzmán, Arturo Beltrán Leyva ". ("Las subvenciones agrícolas México va por mal camino", Tracy Wilkinson, Los Angeles Times)

No hay duda de que si el Los Angeles Times sabe sobre el flujo circular de dinero del estado a los traficantes de drogas, que la administración Obama sabe demasiado. Así que ¿por qué la administración persisten con la misma política y que sigan apoyando a las personas que pretenden estar luchando?

En los años cuarenta, la política de drogas de EE.UU. nunca ha cambiado. El mismo "que cazar, busto, y encerrarlos" filosofía continúa hasta nuestros días. Es por eso que muchos críticos creen que la guerra contra las drogas es realmente acerca de control, no de erradicación. Es una cuestión de quién está en la línea de inclinación en los beneficios; traficantes de poca monta que dirigir sus propias operaciones o jurel con buenas conexiones políticas que tienen los agentes en los bancos, las agencias de inteligencia, los militares y el gobierno. Actualmente, en Juárez, "las papas fritas pequeñas están desapareciendo, mientras que los grandes-los jugadores son cada vez más fuerte. En un año o así, el cártel de Sinaloa se controlan las calles, los corredores de drogas, y la frontera. La violencia se apagan y el gobierno va a anunciar la "victoria", pero el flujo de drogas hacia los EE.UU. aumentará, mientras que la situación de los mexicanos comunes seguirá deteriorándose.

Aquí hay un clip de un artículo en The Independent por el veterano periodista Hugh O'Shaughnessy:
"La ilegalización y criminalización de las drogas y el aumento consiguiente de los precios ha producido una bonanza para los productores en todas partes, desde Kabul a Bogotá, pero, en la frontera mexicana, donde un m estimado de $ 39,000 en drogas entrar en el rico mercado de los EE.UU. cada año, un auténtico tsunami de dinero en efectivo ha sido creado. Los narcotraficantes o traficantes de drogas, puede comprar el asesinato de muchos, y la lealtad de casi todo el mundo. Se puede adquirir todas las armas que necesitan del libre mercado de armas de fuego al norte de la frontera y llevarlos a México con pago correspondiente a todo funcionario que extiende la mano. " ("La frontera México-Estados Unidos: en la guerra contra las drogas ha absorbido la sangre de tierra roja", Hugh O'Shaughnessy The Independent)

No es ninguna coincidencia que Kabul y Bogotá son las capitales de facto del universo de drogas. el apoyo político de EE.UU. es fuerte en ambos lugares, así como la implicación de las agencias de inteligencia de EE.UU.. Pero, ¿que sugieren que la CIA está en el trabajo en México, también? O, para decirlo de otro modo: ¿Por qué los EE.UU. apoyo a un cliente que parece estar aliado con el cártel de droga más poderoso de México? Esa es la cuestión.

LA HISTORIA DE CUADROS DE LA CIA

En agosto de 1996, el periodista de investigación de Gary Webb publicó la primera entrega de Dark Alliance en el San Jose Mercury exponer la participación de la CIA en el tráfico de drogas . El artículo voló la tapa de las relaciones turbias de las operaciones encubiertas de la agencia. Las palabras de Webb son tan fascinante hoy como lo eran cuando apareció por primera vez hace 14 años:

"PARA LA MEJOR PARTE de una década, un San Francisco Bay Area red de narcotráfico vendió toneladas de cocaína a los Crips y los Bloods pandillas de la calle de Los Ángeles y canalizó millones de dólares en ganancias de la droga a un ejército guerrillero de América Latina dirigido por los EE.UU. Agencia Central de Inteligencia, una investigación Mercury News ha encontrado.

Esta red de drogas abrió el primer oleoducto entre los carteles de cocaína de Colombia y los barrios negro de Los Ángeles, una ciudad ahora conocida como crack''capital del mundo. La cocaína que inundó en ayudó a provocar la explosión de una grieta en la América urbana y siempre que el dinero en efectivo y las conexiones necesarias para las pandillas de Los Ángeles para comprar armas automáticas.

Es una de las alianzas más extrañas de la historia moderna ". Gangstas''de Compton y el sur-centro de Los Ángeles" la unión de un ejército apoyado por Estados Unidos de intentar derrocar a un gobierno revolucionario socialista y la Uzi-toting
("America's 'crack' plaga tiene raíces en la guerra de Nicaragua", de Gary Webb, San Jose Mercury News)

Alexander Cockburn Counterpunch editor también ha realizado una amplia investigación sobre la conexión drogas de la CIA /. He aquí un extracto de un artículo titulado "El Gobierno de Dirty Little Secrets", que se desarrolló en los tiempos de Los Ángeles.

"Inspector General de la CIA Frederick Hitz, finalmente admitió ante un comité del Congreso de EE.UU. que la agencia había trabajado con los traficantes de drogas y había obtenido una dispensa del Departamento de Justicia en 1982 (el comienzo de la crisis de financiación de Contra) que le permite no informar sobre el tráfico de drogas por la agencia contratistas. Fue el arsenal letal desplegados en Roodeplaat reunido con el asesoramiento de la CIA y otras agencias de EE.UU.? Es cierto que existen estrechos contactos con los años. Fue una punta de la CIA que dirigió la policía secreta de Sudáfrica para detener a Nelson Mandela. " (El Gobierno de Dirty Little Secrets, Los Angeles Times, el comentario de 1998)

Y luego está esto de la periodista independiente Zafar Bangash:

"La CIA, como Cockburn y (Jeffrey) St Clair revelan, había estado en este negocio desde el principio. De hecho, incluso antes de que llegara a existir, que sus predecesores, la OSS y la Oficina de Inteligencia Naval, estuvieron involucrados con delincuentes . Un penal tal era Lucky Luciano, el gángster más notorios y traficante de drogas en Estados Unidos en los años cuarenta. "

La participación de la CIA en el tráfico de drogas cerca encaja las aventuras de los Estados Unidos en el extranjero - de Indo-China en los años sesenta a Afganistán en los años ochenta .... Como afirma Alfred McCoy en su libro: La política de la heroína: la complicidad de la CIA en el tráfico de drogas mundial, empezando por incursiones de la CIA desde Birmania a China en los años cincuenta, la agencia encontró que "señores de la droga despiadados hará efectiva contra los comunistas." (" la CIA vendedor ambulante drogas , mientras que EE.UU. los medios de comunicación actúan como animadoras ", Zafar Bangash, Muslimedia, 16-31 enero, 1999 )

Y, esto de autor William Blum:

"Muyahidines CIA rebeldes apoyados por ... participan fuertemente en el tráfico de drogas, mientras que la lucha contra el gobierno soviético el apoyo", escribe el historiador William Blum. "El principal cliente de la Agencia se Gulbuddin Hekmatyar, uno de los señores de la droga principal y una refinería de heroína principal. Camiones CIA suministrados y mulas, que había llevado armas a Afganistán, fueron utilizados para el transporte de opio a los laboratorios a lo largo de los afganos frontera de Pakistán. La salida siempre hasta la mitad de la heroína que utilizan anualmente en los Estados Unidos y tres cuartas partes de la utilizada en el oeste de Europa ...."

Y, este de Portland Independent Media:

.. "Antes de 1980, Afganistán produjo el 0% del opio del mundo, pero a continuación, la CIA trasladó en, y para 1986 se produce el 40% de la oferta de heroína del mundo En 1999, fueron produciendo 3.200 toneladas de heroína al año - casi 80% de la oferta total del mercado. Pero entonces sucedió algo inesperado. Los talibanes llegaron al poder, y en 2000 se había destruido casi la totalidad de los campos de opio. La producción se redujo de 3.000 toneladas a sólo 185 toneladas, una reducción del 94%! Este caída de los ingresos no sólo menoscaba la CIA Negro proyectos de presupuesto, sino también el libre flujo de dinero lavado dentro y fuera de los bancos del Contralor. " (Medios de Comunicación Independientes Portland)

La evidencia de la participación de la CIA en el tráfico de drogas es muy amplia, documentada y convincente. Sin embargo, eso no explica por qué el gobierno de Obama ha puesto una ciega de ojos en el Sinaloa / con Calderón?

Es imposible saber a ciencia cierta. Pero cada vez que la política del gobierno parece especialmente contraproducente, siempre existe la tentación de pensar que son cerebros nefasta habilidad moviendo las palancas de detrás de la cortina. Pero eso no es siempre el caso. A veces persisten las políticas por el mero hecho de la resistencia institucional al cambio o atascos burocráticos o la falta de imaginación. Así, mientras que el de Sinaloa / conexión de Calderón vale la pena mantener un ojo en, no hay nada que sugiera que la CIA es el control de los eventos de las sombras. Más probable es que la política actual, simplemente refleja el hecho de que Washington ha sido tan bien marinado en una cultura del militarismo, que existen otras soluciones que dejen de darse seria consideración. Como dice el refrán, "Cuando todo lo que tienes es un martillo, todo parece un clavo". Y eso es lo que está pasando aquí.

Se ha convertido en imposible para las autoridades para reventar hacia fuera de su jaula ideológica, porque el ethos nocivos del militarismo impregna todas las decisiones políticas. la política exterior estadounidense es ahora reducir a una sola palabra: "Guerra". Y por eso la masacre sin sentido en Juárez continuará durante el futuro previsible. "Es la política, estúpido!"
Geopoliticalmonitor.com (Canadá )


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monsi-22-abril-2011


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MOVILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EVITAR EL FRAUDE EN EL 2012



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EL FRAUDE DEL 2012 ES INEVITABLE?



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CANCIÓN MAPUCHE




Este video retrata el dolor que siente una Madre Mapuche al perder a su hijo que lucha por las legitimas demandas de su pueblo. Las comunidades Mapuches actualmente se encuentran militarizadas y sitiadas por el ejercito Chileno, con actos de terrorismo Estatal a diario. Situación que no se dice por la prensa burguesa, ya que estas coordinan directamente con el Ministerio del Interior, las Forestales destructoras y los latifundistas neo colonos que imponen a sangre y fuego sus mega proyectos capitalistas en las zonas Mapuches. Saqueando y despojando a los Mapuches que tienen terrenos ancestrales e invaluables para su cosmovisión aferrada ala Madre Tierra y los antepasados que en ella aún habitan.
El modelo socio-económico chileno privilegia, por excelencia, a la clase empresarial y ejecutiva. Siéndole funcional a la acumulación de capital desvergonzadamente, acudiendo a la matanza de áreas nativas y destruyendo santuarios naturales por su sed de lucro. En este caso, el pueblo Nación Mapuche a sido muy afectado, y la propuesta del Estado Chileno es "trasladar" a las comunidades a otros sectores que no tienen nada que ver con sus raíces y cosmovisión. Atropellando completamente los derechos de "existir" y de "autodeterminación" de este luchador Pueblo.
Las recuperaciones de terrenos usurpados por los capitales, son la herramienta efectiva por la cual los mapuches pueden construir su soberanía como pueblo, ya que las políticas institucionales para resolver el conflicto son completamente inoperantes y asistencialistas.
Dentro de los procesos de recuperación de tierras es cuando el Estado $hileno demuestra su verdadera forma de hacer "politica", que es reprimiendo y matando a los Mapuches que sobrepasan el orden impuesto.
FUERZA MAPUCHES EN LA LUCHA!!!
HASTA RECUPERAR TODO EL WALL MAPU !!!
FUERA TRANSNACIONALES Y FORESTALES DE LA ARAUCANIA!!!
SI 1 COMBATIENTE CAE, 100 MAS SE LEVANTARAN !!!

TIERRA, AUTONOMÍA Y LIBERTAD!!

MARRICHIWEW !!

Aristegui - La No Violencia (Sudarshan Iyengar) 1/2









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Aristegui - "Leonora" (Libro Elena Poniatowska) 1/2






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USA NOS ARREBATA LA MITAD DE NUESTRO TERRITORIO



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John Pilger - La guerra que usted no ve (subtítulos corregidos) - The wa...



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DETRÁS DE LA NOTICIA : MECANISMOS DE CONTROL



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hernandez


hernandez, originalmente cargada por trianero2.

PROCESO: Victoria inalcanzable Jorge Carrasco Araizaga

Victoria inalcanzable Jorge Carrasco Araizaga 

Desde 2009, Alfonso Reyes Garcés, capitán de fragata de infantería e integrante de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, advirtió que la estrategia del gobierno federal para combatir el narcotráfico estaba encaminada al fracaso. De no cambiarla, dijo, la guerra contra los cárteles no tendrá fin. Y se explayó sobre el tema en su tesis de maestría, que presentó en diciembre de ese año en la Escuela de Posgrado Naval en Monterey, California. Entre sus críticas, el oficial de marina afirma que si el narcotráfico es una amenaza para la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal. La estrategia no ha cambiado y, en efecto, el gobierno y sus fuerzas armadas no tienen manera de sostener que pueden alcanzar la victoria... 

Renuente a modificar la estrategia que exacerbó la violencia en el país, el gobierno de Felipe Calderón quedó entrampado en “una guerra sin fin” contra el narcotráfico y a menos de dos años de abandonar el poder ni siquiera sabe bajo qué parámetros puede demostrar una victoria.
Esta evaluación de lo que ha sido la principal política del sexenio es autoría de un jefe de la Marina, Armada de México, el capitán de fragata de infantería e integrante de Fuerzas Especiales Alfonso Reyes Garcés. La escribió en su tesis de maestría que presentó en la Escuela de Postgrado Naval (NPS, por sus siglas en inglés) de Monterey, California, centro de formación académica naval de Estados Unidos.
Adscrito actualmente al Batallón de Infantería de Marina 27, en el Distrito Federal, Reyes Garcés se graduó en diciembre de 2009 de la NPS, donde se especializó en el Departamento de Análisis de Defensa, división dedicada a la preparación de cuadros para los futuros campos de batalla, en especial en temas de terrorismo, insurgencia, guerras no convencionales y operaciones de información.
Militares estadunidenses y extranjeros egresados de esa división están ahora operando en Irak, Afganistán, Filipinas y Colombia como parte de su formación en guerras irregulares, dentro de las cuales algunos analistas estadunidenses ubican la “insurgencia delictiva” que padece México y que la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios estadunidenses han tipificado como “narcoinsurgencia”.
Contrario al entusiasmo del titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Francisco Saynez Mendoza, con la estrategia de Calderón –que llevó incluso al almirante a declarar el miércoles 20 en Veracruz que la violencia desatada en el país se debe a que “la fiera está acorralada” y un día después a decir “que los cárteles se están desbaratando” –, Reyes Garcés hace una revisión sin paliativos de la manera en que se ha pretendido combatir el narcotráfico en el actual sexenio y las consecuencias negativas que ha tenido, sobre todo por la creciente violencia.
Desde el título, el jefe naval cuestiona los logros que reclama Calderón en su decisión de privilegiar la violencia: ¿Se está ganando la guerra a las drogas en México? La primera respuesta de Reyes Garcés es contundente: Calderón realmente no ha innovado en el combate al narcotráfico. Se ha limitado a repetir lo que se ha hecho desde el siglo pasado en México y el mundo y que ha probado su fracaso: atacar la oferta de droga, sin tomar en cuenta las raíces sociales del narcotráfico.
En ese ataque frontal a los cárteles, las autoridades mexicanas no han tenido los resultados esperados debido a que su principal problema es la “falta de una estrategia bien coordinada”. El resultado, dice a la luz del círculo vicioso de violencia en que está atrapado el país, es que la guerra a las drogas en México “se ha convertido en una historia sin fin”.
La tesis publicada por la NPS –cuya sede se ubica al sur de San Francisco, en el Pacífico– tiene como subtítulo: Hacia un enfoque integrado del comercio de las drogas ilegales. Pasada ya la primera mitad del sexenio, el capitán de fragata Reyes Garcés explicó la necesidad de un cambio de estrategia:
“México está sufriendo cada vez más los efectos negativos de los crecientes niveles de narcotráfico y de consumo de drogas. La política orientada al combate de la oferta de droga, que implica ataques a los poderosos cárteles, ha alcanzado sus límites estructurales. Los signos son claros de que es tiempo de intentar un nuevo enfoque.” 
La principal propuesta del jefe militar es pasar de la lógica de que “si no hay disponibilidad de drogas no hay daño” a la de considerar la reducción de los daños sociales causados por las drogas, en especial la “violencia sistemática”.
La propuesta de Reyes Garcés

Integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el componente terrestre de la Armada de México que ha sido fortalecido por Calderón como parte de su “guerra al narcotráfico”, Reyes Garcés asegura que la violencia asociada al narcotráfico y el crecimiento en su tamaño son síntomas de una enfermedad más grande: la adicción de la gente y los costos sociales asociados con un extendido uso de drogas ilegales.
Pero también considera que la violencia relacionada con el narcotráfico puede estar vinculada, en un grado importante, con los altos niveles de desigualdad y pobreza, debido a que los cárteles de la droga ofrecen una atractiva fuente de trabajo ante la crisis económica.
Más aún, la estrategia de descabezar a los cárteles ha generado una promoción más rápida en su interior, lo que se ha vuelto atractivo para los jóvenes: “Como resultado de la alta tasa de muertes y detenciones de narcotraficantes, los cárteles están en una constante necesidad de nuevos reclutas”, sostiene Reyes.
Lo que también ha hecho la actual estrategia, dice, es que “el negocio sea más riesgoso, pero más lucrativo”, pues no ha afectado ni la demanda de drogas ilegales en México ni su flujo, especialmente a Estados Unidos.
Alejado de la respuesta represiva, afirma que, más allá de la confrontación a los cárteles, una estrategia diferente a la actual debe tomar en cuenta la dinámica social que incentiva a la gente a participar en el narcotráfico.
En todo caso, el jefe naval propone un balance entre el combate a la oferta de drogas y la reducción del daño social que ocasionan; lo que lo lleva incluso a considerar la legalización de la mariguana. Eso tendría un impacto importante en las finanzas de los cárteles y podría reducir su participación en el mercado de las drogas ilegales debido a que la mariguana representa más de 61% de los ingresos de los narcotraficantes, argumenta.
Reyes apunta que pese a la gran cantidad de recursos destinados por las autoridades mexicanas a las operaciones antidroga, el flujo de las drogas ilegales en el país continúa más o menos en los mismos niveles desde la llegada del PAN a la Presidencia en el año 2000.
En cambio, los efectos negativos asociados con el narcotráfico siguen creciendo. El más visible, la violencia de los cárteles que se disputan el control de las principales rutas hacia Estados Unidos y los centros de distribución en México y la que resulta del conflicto armado con las fuerzas gubernamentales, en lo que el jefe militar define como “un intento fallido de detener o eliminar el tráfico de drogas”.
La principal razón de estas expresiones de violencia es que el gobierno ha desestimado las profundas raíces sociales, como la pobreza y la desigualdad socioeconómica, que propician la continua importancia y expansión del narcotráfico, dice el experto militar.
Lo mismo ocurrió con su antecesor, Vicente Fox, cuya administración se jactaba en 2002 de que en su “guerra a las drogas” había detenido a 40 jefes del narcotráfico. Sin embargo, observa, “el vacío creado por esas detenciones fue rápidamente llenado por miembros de los mismos cárteles o por cárteles rivales que aprovecharon la oportunidad para expandir sus áreas de influencia”.
Aunque Fox presentó como un gran éxito que durante su gobierno le haya causado pérdidas por 17 mil millones de dólares a los cárteles de la droga, además de haber extraditado a Estados Unidos más de 200 miembros de esas organizaciones, “el impacto en el comercio de drogas ilegales fue, de hecho, insignificante”.
Entre 2005 y 2006, los dos últimos años del gobierno foxista, los niveles de violencia entre los cárteles y contra el gobierno alcanzaron niveles sin precedente. La respuesta de Calderón fue lanzar a los militares a combatir a narcotraficantes, usando la misma estrategia “que a lo largo de los años ha probado ser inefectiva” y que al ser más de lo mismo “no permitirá que se obtengan mejores resultados”.
La debilidad del gobierno

Ante la falta de innovación por parte de la autoridad, dice Reyes, los cárteles de la droga se han adaptado muy bien a los esfuerzos antidrogas en México y, lo más grave, han ganado respaldo social: “Con el tiempo, han sido capaces de sobrevivir y adaptarse a un paso más rápido que el gobierno mexicano. Mientras éste ha usado la misma estrategia –focalizada en un ‘asalto frontal’–, los cárteles han modificado su organización, sus relaciones con el Estado y sus relaciones con la sociedad”.
Lo que ha hecho esa estrategia “es evidenciar la debilidad del gobierno mexicano”, con todas las implicaciones sociopolíticas que eso implica. Peor aún, para el jefe naval el uso del término “guerra a las drogas” y la falta de una definición clara de lo que debería ser una victoria, está haciendo que las autoridades no aparezcan ni como perdedores ni como ganadores de esa guerra. 
“El gobierno mexicano puede apuntar a la captura o asesinato de una gran cantidad de narcotraficantes, pero no puede declarar victoria. De hecho, no es claro si sabe qué sería o podría parecer una victoria”, afirma.
A pesar de que desde finales del régimen autoritario del PRI y lo que va del panismo el narcotráfico ha sido considerado como una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Calderón apenas mencionó este aspecto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. Pero para enfrentarlo, observa, el PND dispersó el tema en varios programas federales que tienden a tratar el problema básicamente como un asunto policial.
Además de esta estrecha concepción, el autor de la tesis dice que otra limitante es la falta de un objetivo claro, por lo que el gobierno mexicano no está en condiciones de medir y comparar los resultados cuantitativos de su campaña antinarco. Su principal problema para hacer una defensa convincente de sus logros es que no ha establecido objetivos claros, insiste.
Para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una manera de medir la victoria se encuentra en el Programa Institucional de Seguridad Pública, pero ni en ese ni en el Programa Nacional de Seguridad Pública –en el que participan distintas instituciones– se puede encontrar “ninguna manera de medir qué pudiera indicar si el gobierno está teniendo éxito”.
Precisa que el programa de la SSP se enfoca a operaciones de prevención del delito y al desarrollo de nuevas tecnologías contra la delincuencia, pero “no ha sido capaz de enfrentar temas como la reducción de la violencia y la operación de los mercados de drogas ilegales, o reducir la capacidad de los cárteles para reclutar gente. Además, “no ha tenido impacto para revertir la preferencia de la gente de mantenerse neutral a pesar de las frecuentes peticiones para que informe y coopere con las autoridades”.
Lo mismo ocurre con la PGR, mientras que en el caso de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apunta Reyes, “probablemente la única institución en México que ha establecido metas específicas”, la manera en que mide el éxito presenta algunos problemas. Ejemplifica: en 2007, sus metas fueron llevar a cabo 28 operaciones de erradicación de alto impacto al año y reducir en 70% el total de superficie de cultivos ilegales en el país. Sin embargo, de acuerdo con la propia Sedena, en 2009 se desconocía cuál era el total de la superficie de cultivos ilegales.
Eso explica las fluctuaciones en las cantidades de cultivos destruidos. Si en 2006 el Ejército erradicó 28 mil 50 hectáreas de mariguana, cómo se explica que en 2008 destruyó sólo 18 mil 394, observa.
En el caso de las detenciones, asegura que las cifras por sí mismas no se traducen en resultados, particularmente si la principal meta es la reducción de la violencia. Advierte que el uso del número de arrestos y aseguramiento de droga como un indicador de éxito puede crear competencia entre las instituciones de seguridad, “incrementando incluso la violencia y socavando las investigaciones en curso”.

Falta de definiciones

Cuando alude a las pugnas en el interior del gabinete de seguridad, Alfonso Reyes Garcés expone que el énfasis en las detenciones y los decomisos de drogas coloca bajo presión a los comandantes para que, en el terreno, se dediquen a cazar blancos de oportunidad, sin importar las investigaciones que tienen lugar o sin considerar los efectos secundarios que puedan tener esos arrestos.
Además, dice, “cada arresto crea un vacío que será llenado casi inmediatamente, al tiempo que puede generar un incremento en la violencia con nuevos actores que remplazan a los detenidos”, con lo que la propia autoridad puede convertirse en uno de los principales causantes de la violencia.
Otro problema de la estrategia, agrega, es la falta de información sobre las operaciones de los cárteles, lo cual es resultado del “pobre desempeño de los servicios de inteligencia, aunque de manera más significativa puede revelar la falta de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades”.
Dice que la campaña de recompensa a los ciudadanos para que den información al gobierno “no ha sido tan efectiva” como éste hubiera querido debido a que los cárteles han construido una red social de apoyo, ya sea voluntaria o involuntariamente. En general, las comunidades no tienen la voluntad de cooperar con el gobierno por temor o porque sus ingresos derivan directa o indirectamente del narcotráfico. Es decir, el ciudadano no se quiere poner en medio del fuego, asegura.
Reyes también critica que en la estrategia calderonista la Secretaría de Desarrollo Social no esté incluida en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, “con lo que el gobierno mexicano se niega a sí mismo el uso de otras poderosas ‘armas’ de apoyo en su actual guerra contra las drogas”. 
Añade: México no se puede permitir que las secretarías a cargo de los programas sociales y los de salud mantengan un perfil bajo en la estrategia antidrogas. “Si el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal”.
Asegura que ante los tradicionales bajos niveles de consumo de drogas entre los mexicanos, para las autoridades fue fácil enfocarse en las políticas de combate a la oferta de drogas para ayudar a otros países a enfrentar “su” problema de demanda de drogas. Esto no les ayudó a prepararse ante la creciente y significativa demanda de drogas ilegales.
Para el integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el gobierno mexicano debería tener en cuenta que una fuerte presencia del Estado se alcanza no sólo a través de la persecución de los delitos, que sólo lleva a un sentimiento artificial de estabilidad. Lo que tendría que hacer, dice, es proveer servicios públicos, educación, nuevas oportunidades de empleo e incluso reorganizar las cargas fiscales. 
“Sólo la revitalización del contrato social va a cambiar la actual situación. Si no ocurre, habrá vacíos de poder que seguirán siendo llenados por organizaciones de delincuencia organizada nuevas o revitalizadas”, advierte.
México no tiene nada que perder si intenta nuevas estrategias, pero sí perdería mucho si mantiene la actual, que ha probado ser inefectiva en reducir la oferta de drogas y, más importante aún, en prevenir una explosión en el daño social asociado al narcotráfico

¡AMLO 2012!

PROCESO: Ley de Seguridad: Los chantajes del calderonismo Jesusa Cervantes

Ley de Seguridad: Los chantajes del calderonismo Jesusa Cervantes 

La diputación priista se dispone a aprobar esta semana reformas a la Ley de Seguridad Nacional que, propuestas por la Sedena, habían sido consideradas violatorias de las garantías individuales. Fuentes castrenses, del PRI y del Senado –cuya minuta están modificando los diputados– dieron a conocer la causa del viraje: El Poder Ejecutivo ha integrado “expedientes negros” de gobernadores priistas vinculados con “actividades ilícitas”, y varios generales advirtieron al nuevo dirigente del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército, dichos expedientes serían publicados...

Los diputados federales del PRI pretenden aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que da sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que otorga autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permite declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.
Luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.
El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Proceso, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer los llamados “expedientes negros” que está elaborando en contra de actuales gobernadores priistas por su presunta participación en actividades ilícitas. Proceso constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.
La minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional llegó el 28 de abril de 2010, pasó ocho meses en “la congeladora” y, para diciembre de 2010, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, concluyó, junto con la Sedena, un nuevo documento que el PRI no se decidió a respaldar. 
Al arribo de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI, el 4 de marzo pasado, los priistas reactivaron las negociaciones y entraron en contacto con altos mandos militares, entre ellos el general de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Sedena.
Pero no fue sino hasta el 6 de abril –de acuerdo con las fuentes castrenses– cuando Moreira tuvo una comida con algunos generales que veladamente le advirtieron las consecuencias de no aprobar la Ley de Seguridad Nacional: la publicación de los expedientes. 
Menos de una semana después, el 11 de abril, el encargado de llevar las negociaciones desde un inicio por parte del PRI, el diputado del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, llegó a la Secretaría de Gobernación con el nuevo documento de 81 cuartillas, según el cual el PRI avala sin corchete alguno cada una de las propuestas del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas.
No obstante, entre los negociadores se advirtió que a pesar de que el PRI avaló todas las demandas, no hay garantía de que “la amenaza de los expedientes” haya sido retirada.
El inicio

El 6 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró “la guerra” al narcotráfico y el día 7 envió al Ejército a combatirlo en Michoacán, a partir de lo cual la presencia del sector castrense se ha ido extendiendo a todo el país. 
El 8 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que autoriza al Ejército y a la Marina a “auxiliar” en el combate al crimen organizado.
Luego, el l9 de marzo de 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, demandó una ley que dé seguridad nacional y no una legislación que sólo otorgue al Ejército el papel de policía. 
Al año siguiente, el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes.
Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas “rehízo” con las fuerzas castrenses la minuta del Senado, el PRI detuvo cualquier negociación. Proceso dio a conocer en diversos números lo que el Ejército demandaba (ediciones 1747, 1748, 1771 y 1795).
Poco antes de concluir su periodo al frente del PRI, Beatriz Paredes Rangel reactivó las pláticas con los militares. El 21 de febrero de 2011, Navarrete Prida sostuvo un encuentro con el subsecretario de la Sedena, general de división Carlos Demetrio Gaytán, algunos elementos de la Marina y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Julián Hernández. Por parte del PRI participó Claudia Ruiz Massieu.
La intervención del funcionario de Gobernación se produjo luego de que Navarrete exigió seriedad en el tema y que acudiera “alguien que tuviera capacidad de decisión”, según revelaron fuentes de la Cámara de Diputados.
Al día siguiente, el 22 de febrero, Navarrete Prida y el subcoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, acordaron impulsar un documento para que la minuta fuera “dictaminada” por una sola comisión y no por las cinco en que se encuentra (Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos), con el fin de agilizar su discusión en el pleno.
En paralelo, a la Sedena llegaron versiones de que el PRI, “molesto porque el apoyo de las fuerzas castrenses al gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico se había traducido en respaldo electoral de la ciudadanía al PAN”, según revelaron fuentes castrenses, habría elaborado un documento en donde se solicitaría el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República por haber incurrido en posibles violaciones a los derechos humanos.
Enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley. (Proceso dio detalles del encuentro en su número 1795.)
Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye el próximo 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar.
La amenaza

A uno de los grupos políticos fuertes dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, revelaron fuentes de ese partido. 
Luego de que, el 4 de marzo, Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del PRI, su primera decisión fue intensificar las negociaciones con el sector castrense, pero a las pláticas, que se realizaban en la Secretaría de Gobernación y no en la Cámara de Diputados, dejaron de asistir tanto el priista Navarrete Prida como la Sedena debido a que Gobernación destituyó a su subsecretario de Enlace. Sólo los asesores de cada una de las partes leía y releía el documento de la Sedena y las observaciones de los priistas, sin llegar a nada.
El 14 de marzo, día en que se nombró al nuevo subsecretario de Enlace, Rubén Fernández Aceves –quien fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, los principales representantes del PRI, Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz y un par de generales de la Sedena intensificaron su presencia en las negociaciones.
Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, dijo en entrevista que a partir de ese día el camino se facilitó y que incluso Francisco Blake Mora participó en varios encuentros.
Ya el 17 de marzo la estrategia del gobierno federal para lograr la aprobación de la nueva ley habría sido modificada, según las fuentes castrenses y los propios priistas. A oídos del grupo negociador del PRI llegó de nuevo la versión sobre los expedientes inculpatorios, sólo que en esa ocasión la amenaza fue más contundente:
“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI.
A pesar de ello, el grupo de técnicos de la Sedena y del PRI se volvió a reunir en Gobernación. Curiosamente, el 23 de marzo, allegados a la negociación comentaron que “ya se desatoró y sólo estamos en algunas definiciones”. Y no fue otra cosa que el ver cómo conciliaban las observaciones que el PRI hacía a varias de las propuestas de la Sedena, en el sentido de que aceptarlas generaría grandes “debates políticos”.
El miércoles 6 de abril, un general comentó a Proceso que la nueva ley “pasaría” sólo si ocurriera algo extraordinario. ¿Cómo qué podría ser?, se le preguntó, a lo que respondió con una ligera sonrisa: “Las elecciones del Estado de México, ¿no?”, sin agregar nada más.
Ese mismo 6 de abril, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, participó en una comida con algunos “altos mandos” de la Sedena para discutir la reforma. Al término del encuentro, uno de los generales –se pidió no dar a conocer su nombre– dejó caer una hoja con el membrete de la Sedena donde se hacía un análisis de la presencia del narcotráfico en algunos estados del país bajo la complacencia de gobiernos priistas. Además, dejaron entrever que se contaba con toda la información al respecto.
Fuentes de la Sedena consultadas por Proceso revelaron que la confección de los “expedientes negros” sí está en curso; comentaron que la Sedena ofrece datos que ella tiene sobre el tema, que la PGR elabora los documentos y que algunos funcionarios del Poder Judicial “ayudan a sustentarlos”.
Coincidentemente, al día siguiente de la comida entre Moreira y generales de la Sedena, Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con Felipe Calderón, y un día después el gobernador del Estado de México desayunó con el secretario particular del presidente de la República, Roberto Gil Zuarth.
Previamente, el 31 de marzo, representantes de la ONU recomendaron al gobierno mexicano que el Ejército se retire de las calles en su lucha contra el narcotráfico, debido a que las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado. En 2006 contabilizaban 182 y para 2008 ya sumaban mil 230.
En respuesta, el gobierno federal, a través de Fernando Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo el 2 de abril que el Ejército seguirá en las calles; luego, el propio Calderón advirtió el 8 de abril que así será como “apoyo temporal y subsidiario”.
De manera desconcertante y contrario a su discurso beligerante contra el PAN-gobierno, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, apoyó el 11 de abril a Calderón al declarar: “Sería un error regresar al Ejército a los cuarteles en este momento. Sin embargo, considero que sí es necesario revisar la estrategia de algunos puntos que están fallando”.
En sintonía con las expresiones de Moreira, el encargado de conducir las negociaciones por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida, arribó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ese mismo día; se reunió con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Fernando Zamora Castro, y un par de generales de la Sedena para no sólo anunciarles que no habría más trabas de su partido a las peticiones del sector castrense, sino que además les entregaba “el predictamen” de 81 cuartillas sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.
Esto significaba que en dicho documento no sólo se incluían los artículos reformados, sino que en 45 cuartillas se hacía toda la justificación de los cambios y se asentaba el impacto presupuestario.
El PRI se doblega

Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas elaboró junto con el sector castrense los cambios a la minuta del Senado, el PRI se dio a la tarea de impulsar, en febrero de 2011, una nueva propuesta de reforma en donde “encorchetó varios de los cambios” propuestos e incluso señaló cuáles serían “intransitables”.
En la elaboración de la propuesta participaron, además de Alfonso Navarrete Prida, la diputada Claudia Ruiz Massieu, y antes, en un primer tramo, los senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell.
La minuta del Senado aprobada el 23 de abril de 2010 contenía aspectos como el que los militares fueran juzgados por la justicia civil cuando violentaran los derechos humanos o incurrieran en abusos; que las concentraciones de tipo laboral, social o político no fueran consideradas amenazas a la seguridad nacional; que la declaratoria de afectación (momento en que se acepta la participación del sector castrense) fuera emitida por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; pero además no definía los “obstáculos” como aquellos que atentan contra la seguridad nacional, no permitía establecer retenes ni tampoco hacer declaratorias de estado de excepción, entre otras cosas.
Antes de que dicha minuta se aprobara en el Senado, el general secretario Guillermo Galván Galván convocó el 7 de abril en el Salón de Usos Múltiples en la Sedena a los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ahí les solicitó:
“Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder para detener durante 24 horas a los presuntos culpables y someterlos a interrogación; potestad para tomar las huellas dactilares de quienes aprehenda; intervenir comunicaciones; rastrear o hackear páginas en internet; poder disolver concentraciones de vehículos (como las ocurridas en abril de 2010 en Tamaulipas y Nuevo León); que se puedan declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”, revelaron a Proceso asistentes a ese encuentro.
Nada de ello se incluía en la iniciativa que el Ejecutivo había enviado al Senado; sin embargo, cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, el Ejército continuó su labor de cabildeo. 
En octubre de 2010, la Sedena invitó a los mismos legisladores a una demostración del poder de armamento del crimen organizado y les habló de nuevo de lo que los militares deseaban incluir en la minuta del Senado que ya estaba en manos de los diputados.
Proceso informó de lo que molestaba al Ejército de la minuta del Senado por considerar que ciertos aspectos eran anticonstitucionales y porque los altos mandos militares no querían estar supeditados a las órdenes de las policías en el combate al narcotráfico. También se dieron a conocer los 10 puntos que pretendían incluir.
Justamente sobre estos puntos el PRI hizo observaciones. Por ejemplo, el aspecto más importante era que la Sedena planteaba que una vez declarada la afectación, “a juicio del Ejecutivo Federal”, se establecieran “medidas extraordinarias”. Aquí el PRI advertía que básicamente se estaba hablando, “de manera encubierta”, de un “estado de excepción”, y señalaba que incluir ese punto generaría una “alta politización”.
Otra observación que hizo el PRI se refería a la pretensión de que el Ejecutivo solicitara la intervención de los militares y utilizara “todos los recursos” de que dispusiera cuando lo considerara necesario y en tanto se hacía la declaratoria de afectación. Aunque aquí el PRI consideró “correcta” la atribución, señaló que para que ello ocurriera debían establecerse las causas urgentes y las circunstancias que ameritaran la intervención, pues “de otra forma se puede convertir en una acción sumamente peligrosa”. Por lo tanto, pidió que hubiera un marco “de control” para esas medidas.
El PRI fue claro al considerar que, desde “el punto de vista político, es de extrema sensibilidad y temor el aprobar un artículo como éste”.
Sobre las facultades de intervención de comunicaciones privadas que pidió la Sedena, el PRI sostuvo que es de “notoria improcedencia como está planteado, pues no tiene facultades constitucionales, sólo si es autoridad designada como responsable”. En todo caso, a una medida de ese tipo debía dársele temporalidad, con las causas que la justifiquen.
Y en cuanto a las “operaciones encubiertas” que pueden realizar los mandos castrenses, el PRI planteó que pueden ser un “peligro”, pues podrían darse en forma unilateral, sin autorización del titular de la Sedena. Además de que no se aclara cuáles son las “operaciones encubiertas”, señaló, este punto implica una “alta politización”. 
Finalmente, “el predictamen” que el PRI entregó a Gobernación el 11 de abril, y que no se distribuyó entre todos los partidos políticos sino hasta el día 22, no incluye los cambios y observaciones que había aportado el PRI. Sólo presenta todo lo que la Sedena propuso y que fue registrado en un documento dado a conocer a los diputados federales en octubre de 2010, así como a Humberto Moreira, en abril de este año, cuando visitó las instalaciones de la Sedena.
El vicecoordinador legislativo del PAN, Alberto Pérez Cuevas, comenta que la Cámara de Diputados espera aprobar el documento el martes 26 de abril para que así lo puedan procesar hasta el día 30, fecha en que concluye el presente periodo de sesiones. 
En entrevista telefónica, el senador del PRI Jesús Murillo Karam manifestó que la premisa de los cambios que ellos aprobaron fue que sirviesen “para garantizar a la ciudadanía el respeto a sus garantías y derechos humanos”, y aclaró que se “tuvo cuidado para que el accionar de las Fuerzas Armadas fuera del conocimiento del Congreso de la Unión y sobre lo que dice la Constitución”.
“Nos interesa que el prestigio del Ejército se mantenga y que su intervención sea regulada”, expresó.
–¿Aprobarán los cambios de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma?
–Si viene similar, es posible. Pero si se cambió todo, tendremos que analizar la modificación.
El diputado del PVEM, Pablo Escudero, planteó que los cambios son inaceptables, pero que si el PRI y el PAN los mayoritean “creo que el Senado no los verá con buenos ojos”. 
Finalmente, por el PRD, la diputada Teresa Incháustegui dijo que la propuesta de reforma es inaceptable y que incluía todo lo que los generales habían pedido a los diputados. “Lejos de que las relaciones cívico-militares caminen a favor de la transición democrática, esto va en contrasentido”, sentenció.

¡AMLO 2012!

PROCESO: Lo negro de la nueva procuradora Ricardo Ravelo

Lo negro de la nueva procuradora Ricardo Ravelo 

La ratificación de Marisela Morales como titular de la Procuraduría General de la República por parte del Senado ignoró la historia de dislates y pifias de la funcionaria durante su paso por el Ministerio Público Federal y la SIEDO. Deficiencias en la integración de expedientes, manipulación de testigos protegidos, la orquestación del vergonzante michoacanazo, entre otros, son sólo algunos de los signos ominosos respecto de lo que puede esperarle a una institución en permanente estado de podredumbre en un país en llamas...

Pese a que su carrera profesional está marcada por fracasos y no obstante haber sido señalada por manipular el programa de testigos protegidos, Marisela Morales Ibáñez llegó a la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que se convirtió en la primera mujer en ocupar la titularidad de esa institución creada hace poco más de un siglo.
Y si bien se le critica por los fracasos judiciales durante su gestión como agente del Ministerio Público federal, en particular por emprender investigaciones sin pruebas y por el desaseo con el que solía integrar las averiguaciones previas, Morales Ibáñez es ahora el tercer elemento nombrado como titular de la dependencia durante la administración calderonista. 
De acuerdo con el abogado postulado Enrique Acosta Fragoso, el nombramiento de Marisela Morales como procuradora sólo puede explicarse por tres razones: por su estrecha relación con el Ejército, por el reconocimiento que le otorgaron en Estados Unidos por su valentía y, lo más importante: porque es una pieza que le garantiza a Calderón la utilización de la PGR como instrumento de persecución política con miras a 2012, como ocurrió con los alcaldes de Michoacán que fueron encarcelados.
En opinión de Acosta, Marisela Morales no podrá con el encargo, pues, afirma, la dependencia está muy dañada por vicios ancestrales como la corrupción, la infiltración del narcotráfico y la ineficacia. “Es como un cambio de esposa para seguir en el mismo infierno”, dice.
–¿Cuáles son las fallas que usted observa en la PGR y en particular en este sexenio? 
–Con Calderón la PGR es un desastre, como todo su gobierno y como todo el país. El procurador no tiene participación en la lucha contra la delincuencia. Se convirtió en un instrumento legitimador de las acciones que ordenan el presidente y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. 

Nombramiento cuestionado

El abogado afirma que otro vicio que no se puede erradicar es que la PGR sigue siendo una concesión para Diego Fernández de Cevallos y José Antonio Lozano Gracia. Ellos manejan a la dependencia a su antojo.
Por su parte, el abogado Elisur Arteaga, exdefensor de Andrés Manuel López Obrador durante el juicio de desafuero que el excandidato presidencial enfrentó el sexenio pasado, afirma que los senadores se burlaron del presidente al ratificar el nombramiento de Marisela Morales.
–¿Por qué?
–Ellos saben que no va a funcionar como procuradora, pero no le quieren obstaculizar nada al presidente, a quien ya nadie toma en cuenta. La PGR está hundida en sus problemas y veo con tristeza la falta de competencia de muchos funcionarios de esa dependencia.
“Para empezar, la señora Marisela Morales es muy mal vista en nuestro foro, no es considerada una jurista relevante y se le critica por tantos fracasos, como el famoso michoacanazo. Es aberrante que se le haya nombrado. Eso habla sin duda de la ceguera presidencial o de que a este hombre (Felipe Calderón), que ya lo perdió todo en su gobierno, tampoco le interese el país”.
–¿Cuáles son las fallas que usted observa en la PGR? –se le pregunta.
–Hay mucha incapacidad, improvisación, falta de interés en las investigaciones para perseguir los delitos. También impera la corrupción y dudo mucho que en lo que resta del sexenio se puedan corregir esos problemas. Duele decirlo, pero la designación de la señora Marisela Morales como procuradora general de la República no es bienvenida.
El nombramiento de Morales Ibáñez ocurrió en medio de la más cruenta violencia que azota al país por los desatinos de las autoridades federales en su lucha contra la delincuencia organizada.
Después de exponer su proyecto ante el Senado y de comprometerse a no utilizar la PGR como instrumento de persecución política –vicio que arrastra la institución desde hace algunos años–, los legisladores la ratificaron, aun cuando formó parte del equipo de su predecesor, Arturo Chávez Chávez, quien dejó la procuraduría el pasado 31 de marzo, luego de un año y medio de infructuosa gestión.
Semanas antes de que se convirtiera en procuradora, el pasado 13 de marzo Morales Ibáñez recibió en Estados Unidos el premio Mujer con Valor 2011. Los últimos reconocimientos no ocultan su historia y nexos con hombres del poder controvertidos, como su mentor Mariano Herrán Salvatti, quien hoy purga una condena por peculado, enriquecimiento ilícito y presuntas ligas con el narcotráfico.
Morales Ibáñez inició su carrera como defensora de oficio y sus tareas en materia de procuración de justicia datan de la década de los noventa, periodo en el que Herrán Salvatti era subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Sus tropiezos como funcionaria del Ministerio Público federal datan de esa época. En el sexenio de Ernesto Zedillo, como auxiliar de distintos subprocuradores federales, Morales Ibáñez estuvo involucrada en las maniobras para incriminar a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, peculado y desvío de los recursos de la llamada “partida secreta” para enriquecerse de manera ilícita.
Durante el segundo tramo de la administración zedillista, la PGR realizó una intensa labor para demostrar que los más de 105 millones de dólares que Raúl Salinas depositó en Suiza con nombres falsos provenían del narcotráfico o del desvío de la partida secreta. No tuvo éxito.
Después de varios años de juicio, ninguna de las acusaciones contra Raúl Salinas prosperó. El inculpado fue absuelto de todos los cargos, incluido el de su presunta participación en la planeación del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu. Ya en libertad, Raúl recuperó incluso la fortuna que la PGR le incautó de sus cuentas en bancos suizos durante su cautiverio. 
Y aunque Morales Ibáñez no estuvo al frente de esas investigaciones, sí fungió como “colaboradora” importante en la integración de los expedientes criminales contra Raúl Salinas.
En el sexenio de Vicente Fox, Morales Ibáñez trabajó muy de cerca con María de la Luz Lima Malvido, quien fungió como subprocuradora general de Coordinación y Desarrollo de la PGR, y llegó a ser brazo derecho del procurador Rafael Macedo de la Concha, con quien trabó una estrecha relación; incluso fungió como enlace entre la procuraduría y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Era ella la que daba seguimiento a los procesos penales contra militares acusados de delincuencia organizada en juzgados federales y militares.

Los descalabros 

Un año antes de que concluyera la gestión de Fox, Macedo dejó la PGR; Morales Ibáñez se mantuvo en la institución como responsable del área de tráfico de menores, indocumentados y órganos.
De 2000 a 2008 se manejó con discreción. Quienes la conocieron en ese periodo aseguran que era una funcionaria modesta, sin inclinación por los lujos y las excentricidades. Pero cambió radicalmente a partir de 2008, tras ser nombrada titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). 
En esa época se desató el escándalo por las denuncias sobre la infiltración por parte de los cárteles de la droga precisamente en la SIEDO. Estados Unidos inició la Operación limpieza, una amplia investigación sólo comparable con el llamado Maxiproceso, realizado en los noventa contra el cártel de Juárez. Las pesquisas derivaron en el encarcelamiento de varios funcionarios de la SIEDO, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, quien precedió a Morales en el cargo.
A partir de declaraciones de testigos protegidos, muchos de ellos excolaboradores de varios cárteles de la droga, las autoridades detectaron que la organización de los hermanos Beltrán Leyva pagaba hasta medio millón de dólares a Ramírez Mandujano y a una decena de funcionarios a cambio de información sobre operativos, órdenes de aprehensión y extradiciones de varios miembros del grupo criminal.
Esa red incluía a militares asignados a la SIEDO, así como a agentes de Interpol y policías federales mexicanos adscritos a la embajada de Estados Unidos en México. Esos funcionarios tenían reuniones periódicas con los capos para entregarles documentación relevante; a cambio recibían maletines repletos de dólares, que llegaban hasta las oficinas centrales de la PGR, según las investigaciones.
Como titular de la SIEDO, a Morales Ibáñez le tocó robustecer las investigaciones y emprender el saneamiento de la institución. Poco tiempo después, la Operación limpieza empezó a tambalearse por los descalabros legales. Hoy, varios de los exfuncionarios acusados de tener ligas con el narcotráfico están a punto de recobrar su libertad.
A ella también se le encomendó la integración del expediente de Vicente Carrillo Leyva, detenido en abril de 2010 cuando realizaba sus ejercicios de rutina en un parque del sur de la Ciudad de México. Otra versión sostiene que la captura no fue en ese lugar, sino en uno de los lujosos departamentos del hijo del extinto capo Amado Carrillo.
Carrillo Leyva decía que era empresario y se identificaba como Alejandro Peralta Álvarez. La SIEDO lo acusó de desempeñar funciones directivas en el cártel de Juárez, así como de ocultamiento y blanqueo de recursos ilícitos y de lavado de dólares en negocios de su tío Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, identificado por las autoridades como el jefe del cártel de Juárez.
La embajada de Estados Unidos en México se congratuló por la caída de Carrillo Leyva, al que consideraba “el número dos” del cártel de Juárez. Ocho meses después de su captura, en diciembre de 2010, un tribunal de alzada absolvió a Carrillo Leyva de los cargos por delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero, los delitos más fuertes que pesaban en su contra.
Sin embargo, cuando estaba a punto de abandonar la prisión por falta de pruebas, la PGR solicitó la reaprehensión de Carrillo Leyva, esta vez para arraigarlo y acusarlo de uso de arma prohibida. En 1989 su padre, Amado Carrillo, purgó una condena de tres años acusado de un delito similar.

Programa vulnerado

La lista de fracasos de Morales Ibáñez en la SIEDO no termina ahí. Un caso relevante es la acusación contra Boris del Valle Alonso, un ciudadano cubano-mexicano que asesoró a Gregorio Greg Sánchez en materia de seguridad durante su gestión como alcalde de Cancún, Quintana Roo. 
Al igual que el perredista Greg Sánchez, quien hoy está preso por el delito de delincuencia organizada, a Del Valle se le acusó de tráfico de indocumentados y de tener presuntas ligas en ese negocio con integrantes de Los Zetas en la península de Yucatán. 
Elementos del Ejército capturaron al cubano-mexicano el 5 de marzo de 2009 en Cancún. Fue arraigado y consignado en mayo de ese año. El día 7 de ese mes, la PGR informó que estaba formalmente preso.
Durante el proceso, testigos protegidos acusaron a Del Valle de tener estrechos vínculos con Los Zetas para introducir cubanos a Estados Unidos vía México. Luego de dos años de encarcelamiento, el 11 de enero último, el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tepic, Nayarit, absolvió a Del Valle de los cargos y ordenó su libertad inmediata.
La PGR trató de evitar el revés. Solicitó una nueva orden de aprehensión contra Del Valle y lo mantuvo en arraigo durante 40 días para probar los presuntos delitos que cometió. Vencido el plazo y ante la falta de evidencias, la dependencia solicitó una ampliación del arraigo, pero le fue negada y Del Valle quedó en libertad.
Otro descalabro de Morales Ibáñez que alcanzó niveles de escándalo fue la detención de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, acusados de hacer estallar granadas en los festejos del 15 de septiembre de 2008 en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán.
A los tres se les indició como autores de aquel suceso que los medios electrónicos calificaron de “ataque narcoterrorista”.
Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008, los acusados declararon que habían sido levantados en una casa de Apatzingán y que presuntos policías federales los sometieron a torturas físicas y psicológicas (uno perdió un ojo, otro un testículo y al tercero le fracturaron las costillas) durante varios días.
El propósito, señalaron, era obligarlos a declararse culpables de los atentados y de ser integrantes de Los Zetas. No obstante esas irregularidades, los acusados siguen en prisión.
A su paso por la SIEDO, Morales Ibáñez vulneró el programa de testigos protegidos, que data de 1996, cuando se aprobó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Declaraciones falsas, incriminaciones enderezadas contra personas que no conocen y ejecuciones de testigos por descuidos en su seguridad son algunos de los vicios que enturbiaron ese esquema.
El ejemplo más notable del fracaso del programa fue la acusación que, con base en testigos protegidos, realizó la SIEDO a mediados de 2009 contra 35 presidentes municipales de Michoacán y otros funcionarios policiacos y del Ministerio Público federal y del fuero común por presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular con Los Zetas y La Familia Michoacana.
Después de ese golpe mediático, que puso en evidencia el caso más escandaloso de narcopolítica en el país, todos los presidentes municipales fueron liberados por tribunales de alzada debido a la falta de pruebas; es decir, los expedientes estaban mal integrados.
El miércoles 13 recobró su libertad el último de los alcaldes michoacanos presos: Armando Medina Torres, presidente municipal de Mújica. Fue detenido el 3 de septiembre de 2009, cuando despachaba en su oficina del palacio municipal.
De los detenidos, sólo Lorenzo Rosales Mendoza, exagente del Ministerio Público Federal en Apatzingán, aún no recupera su libertad. Lorenzo es hermano de Carlos Rosales, conocido como El Tísico, El Negro y Carlitos, antiguo socio de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe del cártel del Golfo.
Además de ser cuestionada por sus vínculos con Genaro García Luna, uno de los funcionarios más desacreditados del gabinete calderonista por sus desatinos al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Morales Ibáñez ha sido vapuleada por la utilización de los testigos protegidos con fines políticos.
En 2008, la PGR acusó al excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, de servir a los intereses del narcotráfico. Herrera se había confrontado con García Luna tras denunciar actos de corrupción en la SSP –compra de helicópteros sin licitación, asenso de policías sin carrera y protección a policías corruptos– y por acusarlo de proteger a algunos capos de la droga.
El exfuncionario fue acallado con una acusación proveniente de un testigo protegido conocido como Pitufo y cuyo nombre es José Salvador Quintanilla. Él aseguró que, por medio de otra persona, supo que Herrera Valles recibía pagos de Los Zetas. Ese señalamiento llevó a la prisión a Herrera.
La abogada Silvia Raquenel Villanueva asumió la defensa de Herrera Valles. Cuando revisó el expediente de su cliente detectó las irregularidades y denunció que el documento era “un cochinero”; que la integración de la averiguación previa era una “aberración jurídica”.
“La señora subprocuradora Marisela Morales, quien obedece órdenes de Genaro García Luna, aprovecha a los testigos protegidos falsos y mentirosos para acusar a las personas y todo esto tiene un fondo político”, dijo la abogada.
Tiempo después no sólo salió a flote la corrupción que trastocó al programa de testigos protegidos; también quedó exhibida la falta de seguridad de algunos testigos estelares. Varios de ellos incluso fueron ejecutados por capos de la droga al enterarse de que habían sido denunciados.
Es el caso de Enrique Bayardo del Villar, ejecutado el 1 de diciembre de 2009 en un Starbucks de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, Bayardo se había relacionado con el capo Ismael El Mayo Zambada García desde que era inspector de la División Antidrogas de la Policía Federal. Bayardo era uno de los hombres de mayor confianza de García Luna.
Tras ser detenido y luego de acogerse al programa de testigos protegidos, Bayardo declaró en contra de Zambada García; incluso dio pormenores sobre la red de protección que cobijaba las operaciones de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Un mes antes apareció muerto Jesús Zambada Reyes, sobrino del El Mayo, quien había sido capturado en 2008 en una calle de la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México. Jesús Zambada se acogió al programa de testigos y en sus declaraciones reveló detalles sobre los refugios utilizados por su tío.
Con base en sus declaraciones, agentes federales y personas de confianza de la subprocuradora Morales Ibáñez localizaron a Ismael Zambada, pero extrañamente no lo detuvieron. Tiempo después, Zambada Reyes apareció muerto. Y aunque la PGR informó que el detenido había intentado quitarse la vida en varias ocasiones, nunca le brindó la vigilancia adecuada. 

¡AMLO 2012!