MONERO MANRIQUE
"¡AMLO 2012!
13 de marzo de 2011
ATAUD: En casa del Herrero, candidatos de palo.
En casa del Herrero, candidatos de palo.: "
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Team Up Cartón, Arte: El Deme Granados y el Ataúd, texto: el relajo de país que tenemos
Bebés robados en España a manos de curas católicos
Bebés robados: ".
Escrito extraído del sumario del Juez Garzón, redactado por un sacerdote partipante en el mercado de bebés habido en España durante el franquismo.
Según se desprende de la carta, el bebé fue robado de la Casa Cuna, donde había parido la madre, para darlo o venderlo a otra familia, a la que el cura explica minuciosamente los trámites y papeleos que deben hacer para que todo parezca legal.
Hasta le década de los 70, cientos o miles de niños fueron robados en Casas Cunas u hospitales españoles, con la colaboración de autoridades, sacerdotes, médicos, matronas y enfermeras, ante la más absoluta impunidad.
El aluvión de denuncias de los últimos días ha obligado a la Justicia a investigar este mercado, aunque el tiempo transcurrido y la destrucción de mucha documentación hará difícil su desarrollo.
Fuente
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¡AMLO 2012!
Escrito extraído del sumario del Juez Garzón, redactado por un sacerdote partipante en el mercado de bebés habido en España durante el franquismo.
Según se desprende de la carta, el bebé fue robado de la Casa Cuna, donde había parido la madre, para darlo o venderlo a otra familia, a la que el cura explica minuciosamente los trámites y papeleos que deben hacer para que todo parezca legal.
Hasta le década de los 70, cientos o miles de niños fueron robados en Casas Cunas u hospitales españoles, con la colaboración de autoridades, sacerdotes, médicos, matronas y enfermeras, ante la más absoluta impunidad.
El aluvión de denuncias de los últimos días ha obligado a la Justicia a investigar este mercado, aunque el tiempo transcurrido y la destrucción de mucha documentación hará difícil su desarrollo.
Fuente
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¡AMLO 2012!
ESTE LUNES 14 DE MARZO LÓPEZ OBRADOR EN XALAPA
ESTE LUNES 14 DE MARZO LÓPEZ OBRADOR EN XALAPA: "
(foto: AMLO en su reciente visita a Jalisco)
(foto: AMLO en su última visita a Coatepec, Ver.)
EL CAMBIO ESTA EN TI Y EN MI....EL SENDERO DE VERACRUZ, ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.http://elsenderodeveracruz.blogspot.com/
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¡AMLO 2012!
(foto: AMLO en su reciente visita a Jalisco)
(foto: AMLO en su última visita a Coatepec, Ver.)El movimiento de regeneración nacional (MORENA) en Xalapa, en coordinación con brigadas del movimiento lópez-obradorista y la casa del movimiento de esta misma ciudad, invitan a todos los integrantes y simpatizantes a ASISTIR Y DIFUNDIR:
QUE EL PRÓXIMO LUNES 14 DE MARZO TENEMOS REUNIÓN CON ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LA CITA ES EL SALÓN SOCIAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ESCUELA NORMAL UBICADO EN AV. JALAPA ESQ. ERNESTO ORTIZ MEDINA, CERCA DE BOMBEROS, A LAS 10:00 A.M. LOS ESPERAMOS, NO FALTEN.
¡AMLO 2012!
REPRUEBA DI COSTANZO REFORMA FISCAL DEL PRI
REPRUEBA DI COSTANZO REFORMA FISCAL DEL PRI: "• No garantiza la equidad en el Sistema Tributario mexicano.
• La disminución del 3% al IVA, un engaño a los consumidores.
• El aumento de la tasa del ISR al 35%, convertiría al Sistema Tributario mexicano en el más costoso del mundo.
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¡AMLO 2012!
• La disminución del 3% al IVA, un engaño a los consumidores.
• El aumento de la tasa del ISR al 35%, convertiría al Sistema Tributario mexicano en el más costoso del mundo.
El diputado del Partido del Trabajo, Mario Di Costanzo, reprobó la Reforma Fiscal presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones, ya que por una parte la disminución del IVA es un engaño a los consumidores, y por otra, no garantiza que el sistema tributario recobre la equidad.
El legislador petista señaló que dicha reforma persiste en la idea de no gravar a los grandes contribuyentes, es una reforma fiscal que perdona y permite que las grandes empresas continúen eludiendo una cantidad muy importante de impuestos, lo cual es inequitativo para el sistema tributario mexicano.
Asimismo, indicó que con esta reforma se pretende engañar a los consumidores ya que realmente no existe ninguna disminución en el Impuesto al Valor Agregado, dado que los consumidores van a continuar pagando una tasa del 16 por ciento, además de que permitirá que se graven una parte muy importante de los alimentos y las medicinas.
“Ellos dicen que se disminuye al 13 por ciento la tasa del IVA, porque se va a establecer un mecanismo muy complicado para que el gobierno devuelva el 3 por ciento, el cual será aplicado a las cuentas de depósito o las cuentas de banco que tengan las personas; esto quiere decir que para que devuelvan ese 3 por ciento de IVA, que aparentemente sería la disminución, el contribuyente debe de tener en primer lugar una cuenta de banco, con lo costoso que son las comisiones bancarias hoy en día lo más probable es que ese 3 por ciento que le van a devolver al consumidor lo termine pagando en comisiones bancarias”.
Di Costanzo explicó que con esta medida se castiga a la población más pobre del país, y añadió que si el IVA es un impuesto de complicada administración en México, el hecho de que Hacienda deposite al consumidor ese tres por ciento, sería más costoso en su administración y poco confiable, ya que el consumidor tendrá que pagar una comisión bancaria.
Por otra parte, si bien es cierto que la propuesta del PRI establece una disminución de la tasa del Impuesto Sobre la Renta de manera paulatina para aquellos contribuyentes de menores ingresos, también es cierto que a los contribuyentes de clase media se les incrementará la tasa de 30 a 35 por ciento.
“Esta propuesta convierte al Sistema Tributario mexicano en uno de los más costosos, ya que la mayoría de los países del mundo la tasa del ISR máxima anda alrededor del 30 por ciento, al subir la tasa al 35 por ciento estaríamos perdiendo competitividad en materia tributaria respecto a otros países”, indicó.
Di Costanzo indicó que lo que requiere el sistema tributario mexicano es restituir la equidad tributaria y que todos paguen impuestos, lo cual solamente se puede lograr derogando aquellos regímenes que permiten que las grandes empresas eludan impuestos.
“Una prueba de esto es que en el 2010 del total del ISR ascendió aproximadamente a 650 mil millones de pesos, más de la mitad o poco más de la mitad es aportado por asalariados, es decir, entre el 48 y el 51 por ciento; y únicamente las grandes empresas o las personas morales contribuyeron a penas con el 39 por ciento, esto refleja la inequidad del sistema tributario mexicano, pero además muestra que la baja recaudación proviene fundamentalmente por esos regímenes que permiten a las grandes empresas eludir impuestos”.
El diputado recordó que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una reforma fiscal que consiste en eliminar de la ley aquellos regímenes que permiten que las grandes empresas no paguen impuestos. Esto permitiría en primer lugar aumentar la recaudación, ya que se estima que con la derogación de estos regímenes fiscales la recaudación adicional que se obtendría sería entre 300 y 350 mil millones de pesos, lo cual duplica el monto de lo que se alcanzaría con la reforma de Manlio Fabio Beltrones, ya que habla de 1.5 y 2 puntos del PIB, es decir, aproximadamente de 200 mil millones.
Di Costanzo puntualizó que los diputados integrantes del Movimiento Regeneración Nacional no están dispuestos a incrementar y aplicar la tasa del IVA a alimentos y medicinas. “No obstante que la propuesta del PRI establece una canasta básica muy pequeña -12 productos-, el poder adquisitivo de la gente ha caído muchísimo y cualquier movimiento, cualquier incremento de impuestos a los alimentos tendrán un impacto mayor al poder adquisitivo de los mexicanos”, finalizó.
¡AMLO 2012!
BURLA A MÉXICO: EJERCITO, ESTADO MAYOR Y PFP PARA CUIDAR A LA COYOTA FERNANDEZ DE CEBALLOS
En comilona blindada, festeja Fernández de Cevallos cumpleaños 70: "
Verónica Espinosa
Jerécuaro, Gto., 12 de marzo (apro).- Tres meses después de reaparecer luego de su prolongado secuestro, Diego Fernández de Cevallos recibió al presidente Felipe Calderón, funcionarios federales, gobernadores y sus hijos en la ex Hacienda La Barranca para festejar su cumpleaños número 70.
El excandidato presidencial del PAN se rodeó de amigos, empresarios, socios y políticos de primer nivel, en un convivio fuertemente resguardado por el Estado Mayor Presidencial, elementos del Ejército y de la Policía Federal.
Por lo menos cuatro camiones de soldados llegaron a las afueras de la exhacienda, localizada a unos 25 kilómetros de la capital queretana (aunque en territorio del sur de Guanajuato) para vigilar el paso de los vehículos con los invitados, en su mayoría escoltados, así como del helipuerto que fue habilitado en una loma cercana.
Reporteros y fotógrafos debieron permanecer alejados, frente a la extensa propiedad del 'Jefe' Diego, un rancho ganadero con dos represas, amplios jardines y un edificio del siglo XVIII que tiene un templo dedicado a la virgen de la Purísima, donde se celebró una misa dedicada al festejado antes de la comida.
Posteriormente, en uno de los jardines, rodeado de un pequeño lago con cascadas, palmeras y otros árboles, ya estaban las mesas dispuestas para unos 150 invitados que acompañaron al abogado panista, comieron, brindaron en su honor y disfrutaron de varias horas de música de marimba.
El presidente Calderón arribó al lugar poco antes de las tres de la tarde. Los helicópteros que lo transportan no hicieron tierra en el helipuerto adonde llegaron otros funcionarios como el secretario de Salud, José Ángel Cordova Villalobos o el gobernador de Querétaro José Calzada, sino en un extenso llano al interior de la propiedad de Fernández de Cevallos, tras los altos muros de piedra.
Mientras que por tierra llegaron los Loyola Vera (el actual secretario de gobierno Roberto, hermano del exgobernador Ignacio Loyola), el empresario zacatecano Antonio Ruiz; Juan Arturo Torreslanda, empresario de la plaza de toros de Juriquilla, entre los que fue posible ver detrás del marcaje de los soldados y guardias vestidos de civil, y de las vallas que se colocaron casi a pie de carretera.
En el estacionamiento adjunto estaban ubicadas las camionetas blindadas, los autos Jaguar y Mustang edición especial y los numerosos escoltas que debieron esperar afuera.
Uno de los primeros invitados en retirarse fue el gobernador de Querétaro, José Calzada, quien viajó en 'El Queretano', helicóptero oficial del estado y se fue unos minutos después de que llegó el presidente Calderón.
Fernández de Cevallos llegará a los 70 años el miércoles 16. El 14 de mayo se cumplirá un año de su secuestro, sin que hasta la fecha las autoridades federales hayan capturado o identificado a sus plagiarios, y con una presunta investigación abierta en torno a la cual reina el más absoluto silencio.
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¡AMLO 2012!
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| ¡ Qué ternura ! |
Jerécuaro, Gto., 12 de marzo (apro).- Tres meses después de reaparecer luego de su prolongado secuestro, Diego Fernández de Cevallos recibió al presidente Felipe Calderón, funcionarios federales, gobernadores y sus hijos en la ex Hacienda La Barranca para festejar su cumpleaños número 70.
El excandidato presidencial del PAN se rodeó de amigos, empresarios, socios y políticos de primer nivel, en un convivio fuertemente resguardado por el Estado Mayor Presidencial, elementos del Ejército y de la Policía Federal.
Por lo menos cuatro camiones de soldados llegaron a las afueras de la exhacienda, localizada a unos 25 kilómetros de la capital queretana (aunque en territorio del sur de Guanajuato) para vigilar el paso de los vehículos con los invitados, en su mayoría escoltados, así como del helipuerto que fue habilitado en una loma cercana.
Reporteros y fotógrafos debieron permanecer alejados, frente a la extensa propiedad del 'Jefe' Diego, un rancho ganadero con dos represas, amplios jardines y un edificio del siglo XVIII que tiene un templo dedicado a la virgen de la Purísima, donde se celebró una misa dedicada al festejado antes de la comida.
Posteriormente, en uno de los jardines, rodeado de un pequeño lago con cascadas, palmeras y otros árboles, ya estaban las mesas dispuestas para unos 150 invitados que acompañaron al abogado panista, comieron, brindaron en su honor y disfrutaron de varias horas de música de marimba.
El presidente Calderón arribó al lugar poco antes de las tres de la tarde. Los helicópteros que lo transportan no hicieron tierra en el helipuerto adonde llegaron otros funcionarios como el secretario de Salud, José Ángel Cordova Villalobos o el gobernador de Querétaro José Calzada, sino en un extenso llano al interior de la propiedad de Fernández de Cevallos, tras los altos muros de piedra.
Mientras que por tierra llegaron los Loyola Vera (el actual secretario de gobierno Roberto, hermano del exgobernador Ignacio Loyola), el empresario zacatecano Antonio Ruiz; Juan Arturo Torreslanda, empresario de la plaza de toros de Juriquilla, entre los que fue posible ver detrás del marcaje de los soldados y guardias vestidos de civil, y de las vallas que se colocaron casi a pie de carretera.
En el estacionamiento adjunto estaban ubicadas las camionetas blindadas, los autos Jaguar y Mustang edición especial y los numerosos escoltas que debieron esperar afuera.
Uno de los primeros invitados en retirarse fue el gobernador de Querétaro, José Calzada, quien viajó en 'El Queretano', helicóptero oficial del estado y se fue unos minutos después de que llegó el presidente Calderón.
Fernández de Cevallos llegará a los 70 años el miércoles 16. El 14 de mayo se cumplirá un año de su secuestro, sin que hasta la fecha las autoridades federales hayan capturado o identificado a sus plagiarios, y con una presunta investigación abierta en torno a la cual reina el más absoluto silencio.
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INEPTOS DE LA PGR LANZAN TIBIAS ACUSACIONES POR ;RÁPIDO Y FURIOSO" Y QUEDAR COMO UNOS TORPES QUE NO TIENEN CONFIANZA DE WASHINGTON
La Jornada: Niega PGR haber sido informada en enero sobre Rápido y furioso
Niega PGR haber sido informada en enero sobre Rápido y furioso
Se nos avisó de la detención de traficantes de armas, pero no del operativo, asegura el subprocurador Lara Rivera
Señala que ya se investiga el caso "para que se haga justicia"
Foto
El gobierno mexicano nunca dio el visto bueno para un operativo que incluyera bajo cualquier modalidad un tráfico de armas, aun de manera controlada, aseguró el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera. En la imagen, armas entregadas por ciudadanos en Monterrey durante una campaña de seguridad en febrero pasadoFoto Reuters
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 13 de marzo de 2011, p. 5
En enero pasado integrantes de la Procuraduría General de la República fueron informados que autoridades del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) habían detenido en Phoenix a unos traficantes de armas, pero los mexicanos nunca fueron informados que estaba en marcha la operación Rápido y furioso, afirmó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Alberto Lara Rivera.
Según el funcionario, quien ofreció respuesta a algunos cuestionamientos por parte de reporteros, el gobierno mexicano nunca dio el visto bueno para un operativo que incluyera bajo cualquier modalidad un tráfico de armas, aun de manera controlada.
En tanto, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional indicaron que autoridades nacionales rechazaron la propuesta de representantes del ATF que en días pasados ofrecieron trabajar de manera conjunta para localizar en México a los traficantes involucrados en Rápido y furioso, pero condicionaron esas acciones a que sus agentes realizaran acciones en territorio nacional y estuvieran armados.
Los entrevistados resaltaron que las autoridades mexicanas han mantenido su postura de negar el ingreso a territorio mexicano de agentes estadunidenses armados para que realicen investigaciones de manera directa, aludiendo a que existen los mecanismos de intercambio de información y cooperación binacional en los que se establecen las condiciones en que los elementos de las corporaciones de cada nación deberán comportarse en territorio extranjero.
En tanto, el subprocurador jurídico de la PGR afirmó que desde el primer momento en que la prensa de Estados Unidos (CBS News) dio a conocer la llamada operación Rápido y furioso, “reaccionamos y nos pusimos en contacto con nuestras contrapartes en Phoenix para preguntarles sobre esta circunstancia, y se nos negó que este operativo incluyese este tipo de trasiego de armas”.
Ante los señalamientos de que se permitió el ingreso ilegal de armas a México, explicó que "la PGR habrá de realizar todas las funciones en el ámbito de sus atribuciones legales para que se haga justicia en este caso, nosotros ya hemos empezado la investigación, tanto la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, a mi cargo, como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, para que en el momento en que nosotros identifiquemos que se cometió algún delito en territorio nacional, lo persigamos y lo vamos a sancionar".
LEER MAS
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/13/index.php?section=politica&article=005n1pol
Movimiento por la IV República: Si se reparte mal el botín, hay motín: AMLO sobre Telmex vs televisoras
Movimiento por la IV República: Si se reparte mal el botín, hay motín: AMLO sobre Telmex vs televisoras
Si se reparte mal el botín, hay motín: AMLO sobre Telmex vs televisoras
Para el ex candidato presidencial, esta oligarquía no tiene llenadera y se pelea el reparto de los jugosos negocios hechos al amparo del poder público y a costa del pueblo, en este caso, los consumidores.
Claudio Bañuelos, corresponsal
Publicado: 13/03/2011 14:17
Aguascalientes, Ags. El ex candidato presidencial en 2006 por el extinto Frente Amplio Progresista, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el enfrentamiento entre las televisoras y Teléfonos de México (Telmex) al señalar que "se cumple el dicho de que cuando se reparte mal el botín hay motín; esta oligarquía y este grupo minoritario rapaz no tiene llenadera y se están peleando entre ellos por el reparto del pastel, por el reparto de los jugosos negocios que se hacen al amparo del poder público y a costa del pueblo de México, en este caso a costa de los consumidores".
López Obrador quien visitó la entidad para sostener una reunión con los comités del Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena), comentó previamente que "en este caso se trata de los dos grandes monopolios: el las televisoras y el de la telefonía, son iguales; ahora se están gritando unos a otros de que son monopolios, pero lo cierto es que los son pues llevan a cabo prácticas monópolicas prohibidas por la Constitución".
"En el caso de teléfonos ya sabemos que es Slim el que domina y en el de la televisión, Azcárraga; entonces nosotros proponemos que ante la ausencia de autoridad no haya monopolios, que haya competencia, porque nadie sabe donde está metido Calderón en este tema. Nosotros queremos que haya competencia con 10, 20 o 30 canales ya que no hay impedimento técnico ello, y que si Azcárraga y Salinas Pliego quieren participar en el negocio de la telefonía, lo puedan hacer, que se abra el mercado para beneficiar a los consumidores, porque los monopolios sólo sangran la economía".
Por otro lado, aseguró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional ya se fusionaron para ir como una sola fuerza política para las elecciones en el estado de México y para el 2012.
"Esto no lo sabe la gente ni los militantes del PRD ni del PAN, pero tengo información de que ya llegaron a un acuerdo la dirigencia nacional del PRD y Calderón en Los Pinos, para que vayan juntos. Por eso pintamos raya, por eso pedí licencia en el PRD porque no estoy de acuerdo con eso", dijo.
En entrevista colectiva señaló que ambas fuerzas políticas "ya se volvieron un sólo partido, tengo pruebas de que la dirigencia del PRD está empatada con Calderón que representa al PAN, por eso hace falta un cambio. Sentimos que el PRI y el PAN son lo mismo porque los dueños de la mafia en el poder son dueños de éstos partidos y como ya no sirve el PAN ni les sirve Calderón, le están apostando a Enrique Peña Nieto".
http://gobiernolegitimobj.blogspot.com/2011/03/si-se-reparte-mal-el-botin-hay-motin.html?spref=fb
ENTREVISTA A COMPAÑEROS DEL COMITÉ MORENA EN REGIÓN LAGUNERA DURANGO EN EL PROGRAMA "OLLA DE GRILLOS"
La entrevista se realizo el dia 12 de marzo a las 11 am:
LINK DIRECTO: http://www.divshare.com/download/launch/14294314-41b
¡AMLO 2012!
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PROCESO: Bomba de tiempo en Ensenada Ricardo Ravelo
Bomba de tiempo en Ensenada
Ricardo Ravelo
Sempra es una empresa gasera que nunca ha obtenido permisos para trabajar en Estados Unidos ni en Baja California. Pero en la actualidad opera una gran planta de gas natural licuado en el municipio de Ensenada y exporta su producto al estado de California. La empresa sigue funcionando gracias a los apoyos de algunos políticos panistas –que incluso neutralizaron una clausura legal– y al tráfico de influencias iniciado por Eugenio Elorduy, exgobernador bajacaliforniano. Lo peor es, señalan especialistas, el riesgo real y latente de una catástrofe de grandes proporciones.
ENSENADA, BC.- Su operación fue rechazada en Estados Unidos y no tiene permiso para trabajar en Baja California, pero la regasificadora Sempra Energy sigue funcionando aquí gracias al tráfico de influencias, a sus vínculos con políticos panistas y al presunto pago de sobornos a las autoridades federales.
Y la empresa opera pese a que se han documentado sus deficientes medidas de seguridad, lo que conlleva el riesgo de que en sus instalaciones ocurra una explosión o una fuga que, a su vez, cause una intoxicación masiva.
En 2003, luego de que en Estados Unidos la compañía fue rechazada por ser considerada un riesgo, los principales impulsores del Consorcio Costa Azul –operador de Sempra Energy–, entre ellos Donald Sefinger, Gerardo Guanero Push y Ricardo Moreno Tapia, establecieron contacto con el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther, quien les consiguió los permisos para trabajar en Baja California.
Informes de la consultora estadunidense Interior INC revelan que Elorduy Walther combinaba los negocios con la política y se enriqueció en su etapa como gobernador cuando sus hijos y sus amigos cercanos se relacionaron con el negocio del gas. El arranque de las operaciones de Sempra fue la oportunidad de Elorduy para hacer negocios con otros empresarios ligados a la política y al ramo gasero.
Según el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, y el abogado Enrique Acosta, Elorduy pidió a los dueños de Sempra que Gastón Luken Garza, actual diputado federal panista, construyera el gasoducto que va de la zona de Bajamar (donde están las instalaciones de la gasera) a California.
Luego el estado construyó el Bulevar 2000, una autopista bajo la cual pasa toda la red de ductos que mantiene en riesgo constante a pobladores de al menos tres demarcaciones: Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana.
Los intereses de la familia Elorduy crecieron en Sempra. La hija del exgobernador, Érika Elorduy Blackaller, aparece como propietaria de las empresas CMI de México Internacional, Seguridad del Norte de Mexicali y Wyman Gordon de México, todas vinculadas con la gasera y que se encargan de la explotación y transmisión de gas a Estados Unidos, donde está la mayoría de sus clientes.
Según denuncias del ayuntamiento de Ensenada, otro personaje clave en la obtención de permisos y compras de terrenos para Sempra, y vinculado con Gastón Luken Aguilar (padre de Gastón Luken Garza), es el empresario Francisco Molina Robles, asociado a las empresas Distribuidora de Gas Natural de Coahuila, Acueducto Baja Norte y Acueducto Ensenada. Éstas participan también en la conducción de gas.
Bernardo Padilla, secretario de Gobierno en la administración de Elorduy, y Benito Reyes, quien fue secretario particular del entonces gobernador, son ahora funcionarios de la gasera.
En la ilegalidad
El 12 de agosto de 2003 Sempra obtuvo un permiso –expediente Sempra/U32/1/03, oficio 00583/Vlll/03– de uso de suelo y construcción que firmó el entonces alcalde de Ensenada, Antonio Catalán Sosa. De acuerdo con la autoridad actual del municipio, el permiso no fue avalado por el cabildo, por lo que es ilegal.
La planta –con una capacidad de almacenaje de 320 mil metros cúbicos de gas y cuya producción se envía a Estados Unidos– levantó sus instalaciones en el kilómetro 80 de la carretera Tijuana-Ensenada –donde un terreno de una hectárea puede costar hasta 200 mil dólares–, una zona de explotación turística, no industrial.
No es todo: para construir lo que se conoce como zona de amortiguamiento, Sempra se interesó en un terreno de 100 hectáreas cuya propiedad estaba en disputa. Según Enrique Acosta, abogado de Ramón Sánchez Ritchie, quien se asume como legítimo propietario del terreno, a su cliente le giraron una orden de aprehensión por presunto despojo, y de esa manera los dueños de la gasera le compraron el terreno a otra persona: Elodia Gómez Castañón.
Pero según Acosta, la operación de compra-venta del terreno se hizo cuando la señora Gómez tenía dos años de haber fallecido. Y afirma que si bien su cliente demostró ser el dueño del terreno, éste no ha podido cerrar la operación y tuvo que irse a Estados Unidos debido a los acosos y amenazas que recibió de los dueños de Sempra.
Dentro del abanico de irregularidades detectadas a Sempra, las autoridades de Ensenada también encontraron que, a pesar de que la empresa procesa y vende gas a compañías de Estados Unidos, en México está registrada en el Servicio de Administración Tributaria como maquiladora de plásticos.
La polémica clausura
El presidente municipal de Ensenada, el priista Enrique Pelayo, dice a Proceso que luego de revisar la documentación que ampara las operaciones de Sempra en el municipio, se detectó que la autorización que se le otorgó en 2003 es ilegal.
Explica: “Fue una autorización que no está avalada por el cabildo (...); el entonces presidente municipal, Antonio Catalán (panista fallecido el 4 de enero de 2008), otorgó la autorización en forma unilateral, sin que la empresa justificara el giro de su negocio, los riesgos y las medidas de seguridad indispensables para establecerse.
“Hallamos que el proyecto gasero viola el reglamento de uso de suelo, pues la zona donde se instaló es (...) turística y no industrial. Además no tiene plan de riesgo. Su operación afectó ya a muchas empresas comercializadoras de terrenos: sus ventas han caído (...) pues nadie quiere comprar para construir una vivienda cerca de una bomba de tiempo.”
El alcalde incluso menciona un presunto soborno pagado a funcionarios federales del sector energético.
Con base en las irregularidades detectadas, las autoridades municipales encontraron fundamentos legales para cerrar Sempra Energy. El pasado 11 de febrero, Enrique Pelayo ordenó a la Policía Municipal clausurar las operaciones de la compañía gasera.
Para ello se organizó un operativo que encabezó el general Florencio Cuevas Salgado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien con decenas de agentes fue a las instalaciones de Sempra y notificó a sus directivos que la empresa estaba clausurada. Acto seguido se colocaron sellos en todas las puertas y áreas de acceso.
Dos horas después estalló el conflicto. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, telefoneó a Cuevas Salgado y le ordenó que retirara a los policías de la empresa.
–Yo sólo recibo órdenes del presidente municipal –respondió Cuevas.
Blake llamó entonces al general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Zona Militar, quien atendió la orden. Él y el secretario de Gobierno del estado, Cuauhtémoc Cardona, retiraron a los policías municipales, rompieron los sellos y reactivaron las operaciones de Sempra alegando que el ayuntamiento de Ensenada no tiene facultades para efectuar la clausura.
El pasado 24 de febrero, el caso Sempra confrontó a diputados panistas y priistas en el Congreso federal, cuando los segundos presentaron un punto de acuerdo para apoyar la clausura de Sempra, el cual fue boicoteado por los panistas –que no votaron y se retiraron de la sesión–, en particular por el diputado Luken Garza, quien defendió a la empresa.
Sin embargo, el pasado martes 1 el punto de acuerdo fue votado en San Lázaro, con la oposición panista.
En sus puntos medulares la resolución apoyó la clausura de la compañía, emitió un extrañamiento al gobernador de Baja California para que respete la autonomía del municipio, se pidió a Felipe Calderón que no use al Ejército como fuerza para este caso y se le pidió al Congreso estatal que siga investigando los riesgos ecológicos que generan las operaciones de la gasera.
Los riesgos de Sempra
A un lado de la carretera Tijuana-Ensenada hay dos enormes tanques de almacenamiento que en cualquier momento podrían explotar debido a que la zona donde fueron construidos es sísmica y la empresa Sempra carece de un plan para prevenir una catástrofe, según establece un estudio elaborado por expertos de la consultora ambiental Servicios Integrales en Capacitación Ambiental (Sicap).
El análisis –copia del cual tiene Proceso– advierte que el terreno donde se asienta la planta tiene fallas y fracturas que aumentan el riesgo para las ciudades colindantes (Ensenada, Tijuana y Rosarito), ya que “el fallamiento se presenta en la zona y confiere a ésta un carácter de riesgo inducido por la inestabilidad estructural que puede expresarse en su momento de diferentes maneras, como sismos, deslizamientos y derrumbes”.
De acuerdo con el estudio de impacto ambiental y los análisis realizados por el ayuntamiento de Ensenada, la operación de Sempra “está propiciando un desequilibrio ecológico: la destrucción de las especies de flora y fauna marinas.
“En sus procesos productivos, Energía Costa Azul está empleando diariamente millones de litros de agua de mar y regresándolos al océano contaminados con salmueras, cloro y a una mayor temperatura, lo que para nada preserva ni restaura el equilibrio ecológico…”
El riesgo de una explosión no está descartado. Dice el estudio: “En caso de incendio y posterior explosión, la conformación del triángulo de fuego se tiene que tomar en cuenta de manera muy significativa, en primer lugar por los volúmenes de GNL (gas natural licuado) almacenados, del orden de 150 mil a 200 mil metros cúbicos.
“Para la conformación del triángulo de fuego falta una chispa que desencadene el incendio, la cual se puede generar por cualquier fricción de metales, estática, generación de calor por esfuerzo de metales, corto eléctrico durante sismos (muy frecuentes en esta zona), rayos, expansión de nube de derrame de GNL a una distancia suficiente para que exista una chispa.”
El estudio advierte que este tipo de gas es más denso por su estado de temperatura ambiente, lo que quiere decir “que no se dispersará por la atmósfera; en cambio, correrá por la superficie del suelo y en cualquier momento puede tocar una superficie caliente y elevar la temperatura hasta en más de 200 grados.
“En caso de prenderse el gas, éste arderá o se propagará el fuego hasta llegar al tanque, el cual podría arder y posteriormente explotar.”
A lo largo de casi 100 páginas del estudio sobre los riesgos que representa la operación de Sempra Energy para Baja California, se hace hincapié en otros colapsos que pueden ocurrir:
“La empresa presenta riesgo de explosión en grado 8. Según la jerarquización de riesgos, esto significa que dentro de los próximos 20 años sucederá un siniestro que, por las estadísticas de derrames a nivel mundial, podría ser letal o fatal para vidas humanas y construcciones dentro de un radio de dos kilómetros.
“No se descartan quemaduras de segundo grado y daño estructural en casas en un radio de 2.7 kilómetros y ruptura de vidrios en casas, así como lastimaduras en oídos y cuerpo a cuatro kilómetros de distancia. Los predios que se encuentran dentro de estos radios de afectación, que tengan uso habitacional o turístico, o que tengan personal laborando, están expuestos a estos riesgos.
“La explosión de un solo tanque traerá como consecuencia la explosión del tanque adjunto; el efecto no es directamente acumulativo de afectación, pero sí se crearán al menos dos efectos iguales de la onda de choque y bola de fuego uno tras otro, y por tanto los efectos ya descritos para un tanque sobre el entorno sucederán dos veces con diferencia de segundos. Las personas que habiten cerca de la planta morirían inmediatamente en caso de una explosión.”
Hasta ahora, y pese a la clausura ordenada por las autoridades de Ensenada, la empresa Sempra Energy no ha presentado la documentación que avala la seguridad de sus operaciones.
Según el alcalde Enrique Pelayo, en el expediente de la empresa “ni siquiera pudimos encontrar el mapa de la red de ductos, los cuales atraviesan tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana), cuyos habitantes pueden estar asentados sobre una bomba de tiempo”.
Aún más: el pasado martes 8, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció que ya realiza una inspección en la planta de Sempra para verificar si cumple con los estándares de seguridad e impacto ambiental.
Esta revisión –la primera que se le hace– es consecuencia de las denuncias que hizo Rodolfo Michelón, excontralor de la trasnacional, quien dijo que la planta opera al margen de la ley.
Ya desde 2004 Greenpeace denunció que la planta de gas natural licuado de Costa Azul representaba un grave riesgo para la población de Ensenada y el ecosistema de la región por su alto nivel de explosividad.
¡AMLO 2012!
Ricardo Ravelo
Sempra es una empresa gasera que nunca ha obtenido permisos para trabajar en Estados Unidos ni en Baja California. Pero en la actualidad opera una gran planta de gas natural licuado en el municipio de Ensenada y exporta su producto al estado de California. La empresa sigue funcionando gracias a los apoyos de algunos políticos panistas –que incluso neutralizaron una clausura legal– y al tráfico de influencias iniciado por Eugenio Elorduy, exgobernador bajacaliforniano. Lo peor es, señalan especialistas, el riesgo real y latente de una catástrofe de grandes proporciones.
ENSENADA, BC.- Su operación fue rechazada en Estados Unidos y no tiene permiso para trabajar en Baja California, pero la regasificadora Sempra Energy sigue funcionando aquí gracias al tráfico de influencias, a sus vínculos con políticos panistas y al presunto pago de sobornos a las autoridades federales.
Y la empresa opera pese a que se han documentado sus deficientes medidas de seguridad, lo que conlleva el riesgo de que en sus instalaciones ocurra una explosión o una fuga que, a su vez, cause una intoxicación masiva.
En 2003, luego de que en Estados Unidos la compañía fue rechazada por ser considerada un riesgo, los principales impulsores del Consorcio Costa Azul –operador de Sempra Energy–, entre ellos Donald Sefinger, Gerardo Guanero Push y Ricardo Moreno Tapia, establecieron contacto con el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther, quien les consiguió los permisos para trabajar en Baja California.
Informes de la consultora estadunidense Interior INC revelan que Elorduy Walther combinaba los negocios con la política y se enriqueció en su etapa como gobernador cuando sus hijos y sus amigos cercanos se relacionaron con el negocio del gas. El arranque de las operaciones de Sempra fue la oportunidad de Elorduy para hacer negocios con otros empresarios ligados a la política y al ramo gasero.
Según el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, y el abogado Enrique Acosta, Elorduy pidió a los dueños de Sempra que Gastón Luken Garza, actual diputado federal panista, construyera el gasoducto que va de la zona de Bajamar (donde están las instalaciones de la gasera) a California.
Luego el estado construyó el Bulevar 2000, una autopista bajo la cual pasa toda la red de ductos que mantiene en riesgo constante a pobladores de al menos tres demarcaciones: Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana.
Los intereses de la familia Elorduy crecieron en Sempra. La hija del exgobernador, Érika Elorduy Blackaller, aparece como propietaria de las empresas CMI de México Internacional, Seguridad del Norte de Mexicali y Wyman Gordon de México, todas vinculadas con la gasera y que se encargan de la explotación y transmisión de gas a Estados Unidos, donde está la mayoría de sus clientes.
Según denuncias del ayuntamiento de Ensenada, otro personaje clave en la obtención de permisos y compras de terrenos para Sempra, y vinculado con Gastón Luken Aguilar (padre de Gastón Luken Garza), es el empresario Francisco Molina Robles, asociado a las empresas Distribuidora de Gas Natural de Coahuila, Acueducto Baja Norte y Acueducto Ensenada. Éstas participan también en la conducción de gas.
Bernardo Padilla, secretario de Gobierno en la administración de Elorduy, y Benito Reyes, quien fue secretario particular del entonces gobernador, son ahora funcionarios de la gasera.
En la ilegalidad
El 12 de agosto de 2003 Sempra obtuvo un permiso –expediente Sempra/U32/1/03, oficio 00583/Vlll/03– de uso de suelo y construcción que firmó el entonces alcalde de Ensenada, Antonio Catalán Sosa. De acuerdo con la autoridad actual del municipio, el permiso no fue avalado por el cabildo, por lo que es ilegal.
La planta –con una capacidad de almacenaje de 320 mil metros cúbicos de gas y cuya producción se envía a Estados Unidos– levantó sus instalaciones en el kilómetro 80 de la carretera Tijuana-Ensenada –donde un terreno de una hectárea puede costar hasta 200 mil dólares–, una zona de explotación turística, no industrial.
No es todo: para construir lo que se conoce como zona de amortiguamiento, Sempra se interesó en un terreno de 100 hectáreas cuya propiedad estaba en disputa. Según Enrique Acosta, abogado de Ramón Sánchez Ritchie, quien se asume como legítimo propietario del terreno, a su cliente le giraron una orden de aprehensión por presunto despojo, y de esa manera los dueños de la gasera le compraron el terreno a otra persona: Elodia Gómez Castañón.
Pero según Acosta, la operación de compra-venta del terreno se hizo cuando la señora Gómez tenía dos años de haber fallecido. Y afirma que si bien su cliente demostró ser el dueño del terreno, éste no ha podido cerrar la operación y tuvo que irse a Estados Unidos debido a los acosos y amenazas que recibió de los dueños de Sempra.
Dentro del abanico de irregularidades detectadas a Sempra, las autoridades de Ensenada también encontraron que, a pesar de que la empresa procesa y vende gas a compañías de Estados Unidos, en México está registrada en el Servicio de Administración Tributaria como maquiladora de plásticos.
La polémica clausura
El presidente municipal de Ensenada, el priista Enrique Pelayo, dice a Proceso que luego de revisar la documentación que ampara las operaciones de Sempra en el municipio, se detectó que la autorización que se le otorgó en 2003 es ilegal.
Explica: “Fue una autorización que no está avalada por el cabildo (...); el entonces presidente municipal, Antonio Catalán (panista fallecido el 4 de enero de 2008), otorgó la autorización en forma unilateral, sin que la empresa justificara el giro de su negocio, los riesgos y las medidas de seguridad indispensables para establecerse.
“Hallamos que el proyecto gasero viola el reglamento de uso de suelo, pues la zona donde se instaló es (...) turística y no industrial. Además no tiene plan de riesgo. Su operación afectó ya a muchas empresas comercializadoras de terrenos: sus ventas han caído (...) pues nadie quiere comprar para construir una vivienda cerca de una bomba de tiempo.”
El alcalde incluso menciona un presunto soborno pagado a funcionarios federales del sector energético.
Con base en las irregularidades detectadas, las autoridades municipales encontraron fundamentos legales para cerrar Sempra Energy. El pasado 11 de febrero, Enrique Pelayo ordenó a la Policía Municipal clausurar las operaciones de la compañía gasera.
Para ello se organizó un operativo que encabezó el general Florencio Cuevas Salgado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien con decenas de agentes fue a las instalaciones de Sempra y notificó a sus directivos que la empresa estaba clausurada. Acto seguido se colocaron sellos en todas las puertas y áreas de acceso.
Dos horas después estalló el conflicto. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, telefoneó a Cuevas Salgado y le ordenó que retirara a los policías de la empresa.
–Yo sólo recibo órdenes del presidente municipal –respondió Cuevas.
Blake llamó entonces al general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Zona Militar, quien atendió la orden. Él y el secretario de Gobierno del estado, Cuauhtémoc Cardona, retiraron a los policías municipales, rompieron los sellos y reactivaron las operaciones de Sempra alegando que el ayuntamiento de Ensenada no tiene facultades para efectuar la clausura.
El pasado 24 de febrero, el caso Sempra confrontó a diputados panistas y priistas en el Congreso federal, cuando los segundos presentaron un punto de acuerdo para apoyar la clausura de Sempra, el cual fue boicoteado por los panistas –que no votaron y se retiraron de la sesión–, en particular por el diputado Luken Garza, quien defendió a la empresa.
Sin embargo, el pasado martes 1 el punto de acuerdo fue votado en San Lázaro, con la oposición panista.
En sus puntos medulares la resolución apoyó la clausura de la compañía, emitió un extrañamiento al gobernador de Baja California para que respete la autonomía del municipio, se pidió a Felipe Calderón que no use al Ejército como fuerza para este caso y se le pidió al Congreso estatal que siga investigando los riesgos ecológicos que generan las operaciones de la gasera.
Los riesgos de Sempra
A un lado de la carretera Tijuana-Ensenada hay dos enormes tanques de almacenamiento que en cualquier momento podrían explotar debido a que la zona donde fueron construidos es sísmica y la empresa Sempra carece de un plan para prevenir una catástrofe, según establece un estudio elaborado por expertos de la consultora ambiental Servicios Integrales en Capacitación Ambiental (Sicap).
El análisis –copia del cual tiene Proceso– advierte que el terreno donde se asienta la planta tiene fallas y fracturas que aumentan el riesgo para las ciudades colindantes (Ensenada, Tijuana y Rosarito), ya que “el fallamiento se presenta en la zona y confiere a ésta un carácter de riesgo inducido por la inestabilidad estructural que puede expresarse en su momento de diferentes maneras, como sismos, deslizamientos y derrumbes”.
De acuerdo con el estudio de impacto ambiental y los análisis realizados por el ayuntamiento de Ensenada, la operación de Sempra “está propiciando un desequilibrio ecológico: la destrucción de las especies de flora y fauna marinas.
“En sus procesos productivos, Energía Costa Azul está empleando diariamente millones de litros de agua de mar y regresándolos al océano contaminados con salmueras, cloro y a una mayor temperatura, lo que para nada preserva ni restaura el equilibrio ecológico…”
El riesgo de una explosión no está descartado. Dice el estudio: “En caso de incendio y posterior explosión, la conformación del triángulo de fuego se tiene que tomar en cuenta de manera muy significativa, en primer lugar por los volúmenes de GNL (gas natural licuado) almacenados, del orden de 150 mil a 200 mil metros cúbicos.
“Para la conformación del triángulo de fuego falta una chispa que desencadene el incendio, la cual se puede generar por cualquier fricción de metales, estática, generación de calor por esfuerzo de metales, corto eléctrico durante sismos (muy frecuentes en esta zona), rayos, expansión de nube de derrame de GNL a una distancia suficiente para que exista una chispa.”
El estudio advierte que este tipo de gas es más denso por su estado de temperatura ambiente, lo que quiere decir “que no se dispersará por la atmósfera; en cambio, correrá por la superficie del suelo y en cualquier momento puede tocar una superficie caliente y elevar la temperatura hasta en más de 200 grados.
“En caso de prenderse el gas, éste arderá o se propagará el fuego hasta llegar al tanque, el cual podría arder y posteriormente explotar.”
A lo largo de casi 100 páginas del estudio sobre los riesgos que representa la operación de Sempra Energy para Baja California, se hace hincapié en otros colapsos que pueden ocurrir:
“La empresa presenta riesgo de explosión en grado 8. Según la jerarquización de riesgos, esto significa que dentro de los próximos 20 años sucederá un siniestro que, por las estadísticas de derrames a nivel mundial, podría ser letal o fatal para vidas humanas y construcciones dentro de un radio de dos kilómetros.
“No se descartan quemaduras de segundo grado y daño estructural en casas en un radio de 2.7 kilómetros y ruptura de vidrios en casas, así como lastimaduras en oídos y cuerpo a cuatro kilómetros de distancia. Los predios que se encuentran dentro de estos radios de afectación, que tengan uso habitacional o turístico, o que tengan personal laborando, están expuestos a estos riesgos.
“La explosión de un solo tanque traerá como consecuencia la explosión del tanque adjunto; el efecto no es directamente acumulativo de afectación, pero sí se crearán al menos dos efectos iguales de la onda de choque y bola de fuego uno tras otro, y por tanto los efectos ya descritos para un tanque sobre el entorno sucederán dos veces con diferencia de segundos. Las personas que habiten cerca de la planta morirían inmediatamente en caso de una explosión.”
Hasta ahora, y pese a la clausura ordenada por las autoridades de Ensenada, la empresa Sempra Energy no ha presentado la documentación que avala la seguridad de sus operaciones.
Según el alcalde Enrique Pelayo, en el expediente de la empresa “ni siquiera pudimos encontrar el mapa de la red de ductos, los cuales atraviesan tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana), cuyos habitantes pueden estar asentados sobre una bomba de tiempo”.
Aún más: el pasado martes 8, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció que ya realiza una inspección en la planta de Sempra para verificar si cumple con los estándares de seguridad e impacto ambiental.
Esta revisión –la primera que se le hace– es consecuencia de las denuncias que hizo Rodolfo Michelón, excontralor de la trasnacional, quien dijo que la planta opera al margen de la ley.
Ya desde 2004 Greenpeace denunció que la planta de gas natural licuado de Costa Azul representaba un grave riesgo para la población de Ensenada y el ecosistema de la región por su alto nivel de explosividad.
¡AMLO 2012!
PROCESO: “Con el Ejército llegó la tortura” Patricia Dávila //CIUDAD JUAREZ
“Con el Ejército llegó la tortura”
Patricia Dávila
Desde el exilio, dos defensoras juarenses de los derechos humanos, ambas amenazadas de muerte, hablan para Proceso: “En Ciudad Juárez la lucha del Estado contra las activistas nunca había sido tan intensa como en los últimos tres años, cuando empezó la militarización. Con el Ejército llegó la tortura. El pretexto del narcotráfico le ha servido al gobierno para amedrentar y asesinar a activistas sociales y de derechos humanos. Más de 20 han muerto”.
Habla Cipriana Jurado, perseguida por denunciar la desaparición de personas a manos del Ejército. Dice estar segura de que el gobierno de César Duarte mantiene una campaña de desprestigio en su contra. El pasado 3 de enero asesinaron a su compañera activista Josefina Reyes. Acaba de solicitar asilo político a Estados Unidos.
“No pensaba pedir asilo político, pero estando fuera del país me entero de que matan a Rubén Reyes, hermano de Josefina, la activista asesinada en enero del año pasado.
“Después hostigaron a Lidia Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; luego mataron a Marisela y a Susana Chávez. Antes asesinaron a Paz Rodríguez, a su esposa y a su hijo, defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes. Siguió Flor Alicia Gómez, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y Benjamín Le Barón.”
Se le pregunta si piensa que esos asesinatos son una cacería contra los activistas.
Responde: “¡Claro que sí! La situación contra los líderes sociales se ha agravado en esta administración. Es contra los activistas, sobre todo contra las mujeres. El gobernador César Duarte está peor que José Reyes Baeza. Está el asesinato de Marisela Escobedo afuera del Palacio de Gobierno. También iniciaron una campaña mediática en mi contra por haber pedido la renuncia del fiscal de la zona norte, Jorge González Nicolás”.
El domingo 6, Cipriana Jurado publicó una carta en el portal de internet MexicoRojo en la que dice que ni González Nicolás ni su equipo han dado buenos resultados en la Subprocuraduría. Dos días después la Fiscalía inició una campaña en su contra: en una carta publicada por otro portal, La Polaka, Lourdes Armendáriz Macías defiende al fiscal y acusa a Cipriana de explotar sexualmente a trabajadoras de las maquilas.
Afirma que cuando la detuvo el Ejército llevaba droga y obtuvo su libertad gracias al chantaje político de los perredistas. La llama “ignorante”, “vulgar” “cobarde”. También dice que los familiares de Josefina Reyes huyeron como “delincuentes que delatan a sus prójimos”.
–¿Duarte está enterado del hostigamiento de que es víctima?
–Por supuesto. Los amigos cercanos de Duarte y de González Nicolás son los que escriben esas cartas en mi contra. Esta carta es un desprestigio muy fuerte, porque todo es una mentira.
–¿Quieren acabar con el activismo o con Cipriana?
–Con el activismo social. Creen que amenazando y desprestigiando el movimiento se va a acabar en Ciudad Juárez. Pueden acabar con Cipriana, con Marisela, con Josefina o con Malú, pero hay más jóvenes que quieren justicia.
–¿Responsabiliza al gobierno del asesinato de Marisela Escobedo?
–Y del homicidio de Josefina Reyes y de sus hermanos y su cuñada… Ella fue amenazada varias veces por el Ejército y lo denunciamos en su tiempo. Pina y Marisela estaban amenazadas, el gobierno lo sabía. Son responsables por omisión o por complicidad.
–Si regresa a México, ¿qué le pasaría?
–Lo mismo que a mis compañeras.
–¿La matan?
–Sí. Durante 20 años que he sido luchadora social, he sido una piedra en el zapato, pero desde que Calderón declaró esta guerra los activistas tuvimos más problemas. Nunca había sido tan dura la lucha del Estado contra nosotras como en los últimos tres años. Calderón ha sido irresponsable en sostener una guerra en la que no detiene a los delincuentes ni a los lavadólares ni a los narcopolíticos. Y sólo matan gente en las colonias pobres.
El próximo miércoles 16 Cipriana tendrá la primera entrevista con el juez de migración, previa al juicio para que el gobierno de Estados Unidos le conceda asilo político.
Denuncias incómodas
El jueves 10, Marisela Ortiz, una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue alertada de una manta con amenazas que apareció en la secundaria 60 de Ciudad Juárez, donde trabajaba:
“Si querías seguir apoyando a la pinche culera de la licenciada Malú, maestrita de mierda Marisela Ortiz, vamos a chingarnos a tu familia empezando por tu hijo El Chapulín del Rowe, que ya lo tenemos en la lista”, decía. Horas después Marisela se fue a Estados Unidos con todo y su familia.
Un mensaje igual había sido colgado frente a la secundaria 15 de la misma ciudad, donde estudian los hijos de María Luisa García Andrade, directora jurídica de aquella organización: “No entendiste, nosotros (te) vamos a enseñar a callarte el ocico Malú García Andrade, sabemos que estás fuera, querías saber de qué se trata, serás la responsable de que nos chinguemos a tu familia, pronto tendrás noticias nuestras”.
Ambos mensajes estaban firmados por “el JL”, líder de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.
Pero María Luisa, Malú, había salido de la ciudad desde febrero, cuando un grupo armado incendió su casa.
El pasado 6 de enero García Andrade presentó una denuncia en la Subprocuraduría de Justicia de Juárez contra una red de trata de personas y tráfico de menores que desde 2008 opera en esa ciudad.
Días antes, cuando María Luisa solicitaba a Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), resultados de la investigación sobre una denuncia interpuesta hace tres años, ésta acusó a Marisela Ortiz de amenazar a otra activista. Se le exigieron pruebas que la fiscal no aportó.
“Este es un antecedente extraño: después de que hay una acusación insolente por parte de la titular de la Fevimtra aparecen las mantas. No me gustan las coincidencias de este tipo.
“Aquí en Chihuahua el gobierno se ha visto copado por organizaciones de derechos humanos desde el asesinato de Marisela Escobedo, y ahora me da la impresión de que están desatando una guerra contra los activistas”, dice a Proceso Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Zona Norte, quien también ha sufrido amenazas.
En entrevista con Proceso, Marisela Ortiz trata de explicar el significado de las mantas: “El 6 de enero, Malú puso una denuncia en la Subprocuraduría Zona Norte, en Ciudad Juárez, sobre una red de trata de personas, de prostitución infantil asentada en esta ciudad pero que pudiera ser nacional. Por seguridad fuimos muy discretas, incluso sólo se mencionan unos tres nombres. Esto sólo lo conoce la mamá de una de las chicas desaparecidas, quien acudió con Malú a presentar la denuncia”.
Afirma que la red de trata y prostitución empezó a trabajar en Juárez al mismo tiempo que se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua:
“La mayoría de las chicas que han desaparecido son, en promedio, de 17 años de edad. Este fenómeno de las desapariciones se da desde los noventa, pero de este corte tendrá unos tres años. A partir de 2008 es cuando empiezan las desapariciones en el centro de la ciudad, de chicas con rasgos similares, que fueron a pedir trabajo y después no se supo más de ellas. Esta investigación de Malú integra a más de 20 jovencitas desaparecidas, sin pretender que esa cifra sea la real.”
Aclara: “Ésta puede ser la causa que molestó a alguien, aunque por otra parte han sido asesinadas muchas defensoras de derechos humanos en los últimos años; incluso el ataque también pudo deberse a que mi compañera apoyaba a la familia Reyes Salazar, en el campamento que tenían frente a la Fiscalía Zona Norte, para exigir la localización de los hermanos Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de la esposa de este último, los tres levantados por un comando el pasado 7 de febrero.
“El 17 de febrero, cuando Malú García estaba en ese plantón, un grupo armado incendió su casa.”
Marisela ha sido amenazada o acosada desde 2001. Sobre todo, afirma, durante la gestión de Patricio Martínez, quien le suspendía su cheque como maestra u ordenaba descuentos salariales por cada entrevista que daba a la prensa: “Fueron muchas cosas las que vivimos mi familia y yo. En 2004, a punta de pistola me bajaron de mi vehículo y me dijeron que ‘era momento de callar’. Alejé a mis hijos del país durante dos años”.
Sin embargo lo fuerte de las amenazas, reconoce, empezó en 2008.
–¿Quieren acabar con los activistas o con usted y Malú?
–Leí un escrito de la periodista Diana Washington que señala que en México existe la intención de terminar con el activismo en el norte del país. Y dos días después me topo con esta situación... me alarmó porque se habla de que este año habrá más asesinatos de alto impacto: asesinatos masivos de jóvenes y la intención de terminar con las activistas sea cual sea la situación que defiendan. ¡Estoy estupefacta! No puedo pensar que esto venga de parte del gobierno.
Gustavo de la Rosa afirma: “Siento que hay un clima adverso contra los defensores de derechos humanos. Las amenazas hacia Marisela Ortiz son preocupantes. Estoy reuniendo información que me permita ver si la agresión viene de alguna autoridad, ya que dos días antes la titular de la Fevimtra hizo señalamientos graves en su contra. Marisela me pidió que investigara porque sintió que la fiscal la estaba agrediendo.
“También es cierto que en Chihuahua el gobierno nos está viendo muy mal a los defensores. Ahí está el desprestigio al que están sometiendo a Cipriana Jurado. Las cosas se nos van a complicar con la llegada de Julián Leyzaola Pérez como director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Él fue jefe de la policía en Tijuana y cuenta con un largo historial de violaciones a los derechos humanos.”
¡AMLO 2012!
Patricia Dávila
Desde el exilio, dos defensoras juarenses de los derechos humanos, ambas amenazadas de muerte, hablan para Proceso: “En Ciudad Juárez la lucha del Estado contra las activistas nunca había sido tan intensa como en los últimos tres años, cuando empezó la militarización. Con el Ejército llegó la tortura. El pretexto del narcotráfico le ha servido al gobierno para amedrentar y asesinar a activistas sociales y de derechos humanos. Más de 20 han muerto”.
Habla Cipriana Jurado, perseguida por denunciar la desaparición de personas a manos del Ejército. Dice estar segura de que el gobierno de César Duarte mantiene una campaña de desprestigio en su contra. El pasado 3 de enero asesinaron a su compañera activista Josefina Reyes. Acaba de solicitar asilo político a Estados Unidos.
“No pensaba pedir asilo político, pero estando fuera del país me entero de que matan a Rubén Reyes, hermano de Josefina, la activista asesinada en enero del año pasado.
“Después hostigaron a Lidia Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; luego mataron a Marisela y a Susana Chávez. Antes asesinaron a Paz Rodríguez, a su esposa y a su hijo, defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes. Siguió Flor Alicia Gómez, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y Benjamín Le Barón.”
Se le pregunta si piensa que esos asesinatos son una cacería contra los activistas.
Responde: “¡Claro que sí! La situación contra los líderes sociales se ha agravado en esta administración. Es contra los activistas, sobre todo contra las mujeres. El gobernador César Duarte está peor que José Reyes Baeza. Está el asesinato de Marisela Escobedo afuera del Palacio de Gobierno. También iniciaron una campaña mediática en mi contra por haber pedido la renuncia del fiscal de la zona norte, Jorge González Nicolás”.
El domingo 6, Cipriana Jurado publicó una carta en el portal de internet MexicoRojo en la que dice que ni González Nicolás ni su equipo han dado buenos resultados en la Subprocuraduría. Dos días después la Fiscalía inició una campaña en su contra: en una carta publicada por otro portal, La Polaka, Lourdes Armendáriz Macías defiende al fiscal y acusa a Cipriana de explotar sexualmente a trabajadoras de las maquilas.
Afirma que cuando la detuvo el Ejército llevaba droga y obtuvo su libertad gracias al chantaje político de los perredistas. La llama “ignorante”, “vulgar” “cobarde”. También dice que los familiares de Josefina Reyes huyeron como “delincuentes que delatan a sus prójimos”.
–¿Duarte está enterado del hostigamiento de que es víctima?
–Por supuesto. Los amigos cercanos de Duarte y de González Nicolás son los que escriben esas cartas en mi contra. Esta carta es un desprestigio muy fuerte, porque todo es una mentira.
–¿Quieren acabar con el activismo o con Cipriana?
–Con el activismo social. Creen que amenazando y desprestigiando el movimiento se va a acabar en Ciudad Juárez. Pueden acabar con Cipriana, con Marisela, con Josefina o con Malú, pero hay más jóvenes que quieren justicia.
–¿Responsabiliza al gobierno del asesinato de Marisela Escobedo?
–Y del homicidio de Josefina Reyes y de sus hermanos y su cuñada… Ella fue amenazada varias veces por el Ejército y lo denunciamos en su tiempo. Pina y Marisela estaban amenazadas, el gobierno lo sabía. Son responsables por omisión o por complicidad.
–Si regresa a México, ¿qué le pasaría?
–Lo mismo que a mis compañeras.
–¿La matan?
–Sí. Durante 20 años que he sido luchadora social, he sido una piedra en el zapato, pero desde que Calderón declaró esta guerra los activistas tuvimos más problemas. Nunca había sido tan dura la lucha del Estado contra nosotras como en los últimos tres años. Calderón ha sido irresponsable en sostener una guerra en la que no detiene a los delincuentes ni a los lavadólares ni a los narcopolíticos. Y sólo matan gente en las colonias pobres.
El próximo miércoles 16 Cipriana tendrá la primera entrevista con el juez de migración, previa al juicio para que el gobierno de Estados Unidos le conceda asilo político.
Denuncias incómodas
El jueves 10, Marisela Ortiz, una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue alertada de una manta con amenazas que apareció en la secundaria 60 de Ciudad Juárez, donde trabajaba:
“Si querías seguir apoyando a la pinche culera de la licenciada Malú, maestrita de mierda Marisela Ortiz, vamos a chingarnos a tu familia empezando por tu hijo El Chapulín del Rowe, que ya lo tenemos en la lista”, decía. Horas después Marisela se fue a Estados Unidos con todo y su familia.
Un mensaje igual había sido colgado frente a la secundaria 15 de la misma ciudad, donde estudian los hijos de María Luisa García Andrade, directora jurídica de aquella organización: “No entendiste, nosotros (te) vamos a enseñar a callarte el ocico Malú García Andrade, sabemos que estás fuera, querías saber de qué se trata, serás la responsable de que nos chinguemos a tu familia, pronto tendrás noticias nuestras”.
Ambos mensajes estaban firmados por “el JL”, líder de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.
Pero María Luisa, Malú, había salido de la ciudad desde febrero, cuando un grupo armado incendió su casa.
El pasado 6 de enero García Andrade presentó una denuncia en la Subprocuraduría de Justicia de Juárez contra una red de trata de personas y tráfico de menores que desde 2008 opera en esa ciudad.
Días antes, cuando María Luisa solicitaba a Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), resultados de la investigación sobre una denuncia interpuesta hace tres años, ésta acusó a Marisela Ortiz de amenazar a otra activista. Se le exigieron pruebas que la fiscal no aportó.
“Este es un antecedente extraño: después de que hay una acusación insolente por parte de la titular de la Fevimtra aparecen las mantas. No me gustan las coincidencias de este tipo.
“Aquí en Chihuahua el gobierno se ha visto copado por organizaciones de derechos humanos desde el asesinato de Marisela Escobedo, y ahora me da la impresión de que están desatando una guerra contra los activistas”, dice a Proceso Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Zona Norte, quien también ha sufrido amenazas.
En entrevista con Proceso, Marisela Ortiz trata de explicar el significado de las mantas: “El 6 de enero, Malú puso una denuncia en la Subprocuraduría Zona Norte, en Ciudad Juárez, sobre una red de trata de personas, de prostitución infantil asentada en esta ciudad pero que pudiera ser nacional. Por seguridad fuimos muy discretas, incluso sólo se mencionan unos tres nombres. Esto sólo lo conoce la mamá de una de las chicas desaparecidas, quien acudió con Malú a presentar la denuncia”.
Afirma que la red de trata y prostitución empezó a trabajar en Juárez al mismo tiempo que se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua:
“La mayoría de las chicas que han desaparecido son, en promedio, de 17 años de edad. Este fenómeno de las desapariciones se da desde los noventa, pero de este corte tendrá unos tres años. A partir de 2008 es cuando empiezan las desapariciones en el centro de la ciudad, de chicas con rasgos similares, que fueron a pedir trabajo y después no se supo más de ellas. Esta investigación de Malú integra a más de 20 jovencitas desaparecidas, sin pretender que esa cifra sea la real.”
Aclara: “Ésta puede ser la causa que molestó a alguien, aunque por otra parte han sido asesinadas muchas defensoras de derechos humanos en los últimos años; incluso el ataque también pudo deberse a que mi compañera apoyaba a la familia Reyes Salazar, en el campamento que tenían frente a la Fiscalía Zona Norte, para exigir la localización de los hermanos Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de la esposa de este último, los tres levantados por un comando el pasado 7 de febrero.
“El 17 de febrero, cuando Malú García estaba en ese plantón, un grupo armado incendió su casa.”
Marisela ha sido amenazada o acosada desde 2001. Sobre todo, afirma, durante la gestión de Patricio Martínez, quien le suspendía su cheque como maestra u ordenaba descuentos salariales por cada entrevista que daba a la prensa: “Fueron muchas cosas las que vivimos mi familia y yo. En 2004, a punta de pistola me bajaron de mi vehículo y me dijeron que ‘era momento de callar’. Alejé a mis hijos del país durante dos años”.
Sin embargo lo fuerte de las amenazas, reconoce, empezó en 2008.
–¿Quieren acabar con los activistas o con usted y Malú?
–Leí un escrito de la periodista Diana Washington que señala que en México existe la intención de terminar con el activismo en el norte del país. Y dos días después me topo con esta situación... me alarmó porque se habla de que este año habrá más asesinatos de alto impacto: asesinatos masivos de jóvenes y la intención de terminar con las activistas sea cual sea la situación que defiendan. ¡Estoy estupefacta! No puedo pensar que esto venga de parte del gobierno.
Gustavo de la Rosa afirma: “Siento que hay un clima adverso contra los defensores de derechos humanos. Las amenazas hacia Marisela Ortiz son preocupantes. Estoy reuniendo información que me permita ver si la agresión viene de alguna autoridad, ya que dos días antes la titular de la Fevimtra hizo señalamientos graves en su contra. Marisela me pidió que investigara porque sintió que la fiscal la estaba agrediendo.
“También es cierto que en Chihuahua el gobierno nos está viendo muy mal a los defensores. Ahí está el desprestigio al que están sometiendo a Cipriana Jurado. Las cosas se nos van a complicar con la llegada de Julián Leyzaola Pérez como director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Él fue jefe de la policía en Tijuana y cuenta con un largo historial de violaciones a los derechos humanos.”
¡AMLO 2012!
Las aduanas, coladera para las armas Jesusa Cervantes //CONTROLADAS TOTALMENTE POR PANISTAS
Las aduanas, coladera para las armas
Jesusa Cervantes
Una comisión de diputados federales pretendió estudiar a fondo la situación aduanera de México y proponer su mejoramiento... pero no pudo avanzar. Se pisaron “muchos callos”, dice el presidente del equipo de legisladores que acometió la tarea; “hubo coordinación para impedirnos trabajar y hubo presiones”. El problema es que por ahí entran, además de mercancías ilegales y drogas, las armas que hacen crecer la violencia en el país. Otro integrante de la comisión sentencia: “Las aduanas son un cochinero”.
Hace poco más de un año, tras escuchar a funcionarios de la Defensa hablar de la situación de violencia en el país y de oír que los que “meten las drogas son los mismos que meten las armas”, el diputado perredista Héctor Hugo Hernández Rodríguez propuso crear una comisión especial en la Cámara de Diputados que revisara la operación de las aduanas mexicanas.
La comisión se formó y empezó a trabajar. Su plan era visitar las 49 aduanas del país, ver cómo funcionan y hacer las modificaciones pertinentes. Pero “las presiones” recibidas a lo largo del año de trabajo obligaron a los legisladores a meter freno y conformarse con proponer reformas a la ley aduanera.
En entrevista con Proceso, Hernández Rodríguez, presidente de la comisión especial, acepta que al revisar sorpresivamente la operación aduanera “se pisan callos… y laceras muchos intereses”; revela que las autoridades de aduanas se manejan en “un esquema muy cerrado” y hubo “condiciones adversas en una sincronía perfecta” para impedirle a los legisladores hacer su trabajo.
Héctor Hugo Hernández evita profundizar sobre lo detectado en las aduanas, pero en documentos de la comisión –que Proceso pudo consultar– se establece que entran armas ilegalmente al país a un ritmo de una por minuto lo que, según el análisis de los legisladores, deriva en mayor “inseguridad y criminalidad”. Se dice además que “58% del mercado de prendas para vestir es abastecido por los canales ilegales”.
Las armas
La comisión propuesta en octubre de 2009 empezó a trabajar en febrero de 2010. Según el diagnóstico presentado ese mes por el presidente de la comisión:
“En el sector de aduanas existe un problema que urge evaluar y solucionar con el propósito de evitar una situación de mayor vulnerabilidad para la economía y la salud de la República. Me refiero específicamente al libre tránsito de mercancías ilícitas, armas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas que año con año ingresan al país por las garitas, puertos y aeropuertos sin control suficiente de las autoridades aduanales.
“También es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública, generado por el tráfico y comercialización de armas, con el consiguiente aumento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción. Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Un problema que aviva la violencia de la delincuencia organizada.”
En el documento de la comisión Programa anual de trabajo se precisa que en “2007 el Sistema de Administración Tributaria –del que depende la Administración General de Aduanas– reconoció que la percepción sobre corrupción en las 49 aduanas de la República Mexicana aumentó 5% y reconoció sobornos y amenazas de la delincuencia organizada a los agentes aduanales”.
Además de establecer la “falta de un diseño institucional”, el documento destaca que las aduanas no han estado a la altura de las necesidades del país en tiempos de la globalización y que aunque se habían mantenido en “un nivel controlable”, en los últimos 20 años se volvieron verdaderos problemas para la economía del país y la seguridad nacional.
“El tráfico ilegal de mercancías, de armas y sustancias ilícitas (...) ha puesto de manifiesto la porosidad y permisividad con la que operan las aduanas en el país, que terminan afectando la seguridad nacional.”
El documento establece que el contrabando de mercancías lleva al trabajo informal que, a su vez, “es canal distributivo de mercancías de origen ilícito introducidas al mercado, aun por grandes empresas, inclusive trasnacionales, que de esta manera evaden impuestos.
“Estas actividades, cuando son realizadas por organizaciones criminales, devienen en tráfico de drogas, armas, residuos tóxicos y especies protegidas y en prácticas como el contrabando, el encubrimiento, el soborno, el tráfico de personas y el lavado de dinero, violentando con ello el estado de derecho.”
Destaca que las ganancias de todos estos actos son “exorbitantes” y “que sólo pueden ser entendidas por la corrupción o la incompetencia de funcionarios y por la falta de equipamiento tecnológico para su combate”.
Según el documento, en 2006 y 2007 las aduanas sólo decomisaron 2% de las armas ilegales que ingresaron al país, es decir 900, mientras que en esos años y en 2008, en allanamientos o enfrentamientos, fuerzas policiacas decomisaron 38 mil 404.
Las rutas
Con base en documentos de la PGR y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, la comisión especial estableció que entre 40 y 60% de las armas vienen de Estados Unidos y que hay cuatro rutas de tráfico en el país.
El texto del CESOP precisa: “Junto al mercado de los estupefacientes ha proliferado la industria de las armas. En Estados Unidos existen 40 grandes empresas fabricantes e importadoras, las cuales comercializan aproximadamente 3 millones de armas. Esa actividad representa un negocio de más de 30 mil millones de dólares al año para la economía estadunidense”.
En seguida destaca que de acuerdo con la PGR, en la frontera sur de Estados Unidos hay más de 100 mil permisionarios que venden armas en negocios constituidos o a través de las ferias del ramo.
“Ello provoca que la mayoría de las armas utilizadas por los grupos delictivos en México (entre 40 y 60%) provenga de Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Interna del gobierno estadunidense, 40% de las armas introducidas a México cae en manos de traficantes de drogas.”
Los documentos de la PGR en los que se basó la comisión fueron elaborados en 2008 y 2009, cuando Eduardo Medina Mora era procurador; desde la llegada de Arturo Chávez Chávez no ha habido más informes sobre la introducción ilegal de armas a México.
En esos documentos se aclara que la introducción se da en pequeñas cantidades, en lo que se llama “operación hormiga”, y que las rutas del trasiego son cuatro: Pacífico, centro, golfo y sur.
Entre los principales puntos de internación están Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado y Nogales, de donde las armas llegan a Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
Otro punto de internación es Ciudad Juárez, que sigue la ruta a Chihuahua, Durango, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
La tercera ruta, la del golfo, tiene puntos de entrada en las ciudades fronterizas de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, y sus destinos son Monterrey, Veracruz, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez.
Hay una cuarta ruta, la del sur, cuya entrada es Balancán, Tabasco, de donde las armas pasan a Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Oaxaca.
El documento del CESOP cita al senador priista por Baja California Fernando Castro, quien señaló que “diariamente se introducen al país 2 mil armas de grueso calibre”, y añade que ello implica un acumulado anual de 730 mil armas, “lo cual rebasa con mucho la capacidad de registro, aseguramiento y detención de las autoridades mexicanas”.
El documento hace notar que durante su campaña electoral, el presidente estadunidense Barack Obama se comprometió a “hacer un esfuerzo serio para interrumpir el tráfico de armas y el lavado de dinero que desde Estados Unidos provee a los cárteles mexicanos con armas y fondos”.
Menciona que en enero de 2008 la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) puso en marcha el Proyecto Corredor de Armas (Gunrunner), con el que se asignaron 35 agentes nuevos y 15 investigadores de campo a lo largo de la frontera con México. Esta área es donde se llevó a cabo la operación Fast and furious, que propició la entrada ilegal de casi 2 mil armas de Estados Unidos a México.
Respecto de los informes de la PGR usados por la comisión especial, esa dependencia y la Sedena, con “la asistencia jurídica de autoridades de justicia de Estados Unidos”, revelan que la forma de operar “de los traficantes de armas es comprarlas a ciudadanos americanos o residentes legales a cambio de una cantidad de dinero”.
“Así los traficantes median entre el interesado y el vendedor autorizado de armas para introducirlas a nuestro país, tanto por los 19 cruces de pasos formales que existen (es decir las aduanas) como por los incontables cruces informales a lo largo de los 3 mil 152 kilómetros de frontera común.”
Destaca por ejemplo que en Chihuahua hay cuatro aduanas y “300 brechas que cruzan la frontera entre Ojinaga y Ciudad Juárez”.
Y mientras la PGR sostiene que las armas pasan escondidas en autos –en las llantas de refacción, respaldos de los asientos, oquedades en las carrocerías– la comisión confirmó que las aduanas (pese a tener equipo para medir y pesar los vehículos al momento del cruce justamente para detectar si traen contrabando oculto en su estructura) nunca han detectado nada. Por lo menos no lo informó a los legisladores que hicieron los recorridos.
En los documentos de la PGR destaca la importancia del trabajo de la ATF en la detección del tráfico de armas para los cárteles mexicanos y pone como ejemplo la detención en 2008 de Víctor Varela, quien declaró que “se dedicaba a abastecer de armas a la organización criminal de los Carrillo Fuentes”.
Se aclara también que “las organizaciones que se dedican al narcotráfico no controlan el contrabando de armas de fuego; su red de distribución contacta a personas que compran armas”. En la frontera de Estados Unidos con México hay al menos 12 mil armerías.
Para todos los gustos
El costo de las armas en el mercado negro va de 800 a 2 mil dólares. La mayoría son de origen estadunidense y las marcas más usadas son Colt, Marlin, Bushmaster, Beretta, Raven, Remington, Smith & Wesson, Browning, Mossberg y Jennings. De Austria llega la Glock; de Rumania, la Romarm Cugir, y de China, la Norinco.
De 2006 a 2009 se han incautado fusiles de asalto, cartuchos, municiones y granadas. La mayoría de las armas largas se han confiscado en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua, en tanto que las granadas en Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa y Nuevo León.
Según el reporte de la PGR, por el aseguramiento de armas con más “versatilidad, potencialidad lesiva, alcance, penetración y volumen de fuego”, el cártel del Golfo y Los Zetas son las organizaciones más violentas.
“Destacan los cohetes antitanque de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37 mm. Aditamentos lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación, fusiles Barrett calibre .50, así como armas de fuego de nueva generación, como la subametralladora belga FN Herstal calibre 5.7x28 mm, conocida como ‘five-seven’ o ‘matapolicías’, que por su munición subsónica, trazadora y de penetración puede traspasar los blindajes de kevlar o crisat.”
La PGR considera al cártel de los Arellano Félix como usuario de armas de fuego “convencionales”: se les han decomisado en menor proporción “algunos fusiles Barrett, lanzacohetes y subametralladoras FN Herstal 5.7”.
Al cártel del Pacífico la PGR le ha decomisado armas cortas y fusiles de asalto con características convencionales y excepcionalmente lanzagranadas y granadas de .37 milímetros.
Bajo presión
De acuerdo con el reporte especial de la Secretaría de la Defensa (Sedena) que Proceso dio a conocer (número 1791), entre otros elementos para acabar con el crimen organizado se necesita modernizar las 49 aduanas del país. Esa era la pretensión de la comisión especial, pero las presiones que recibió alejaron cada vez más ese objetivo.
Hernández Rodríguez recuerda que al inicio de los trabajos “descubrimos que en Puerta México (un programa para detectar contrabando) no había cámaras; o sea, no había rayos gamma en algunas aduanas”.
Se hicieron recorridos en 18 de las 49 aduanas: “Estábamos haciendo un diagnóstico en sitio, pero las aduanas son un esquema muy cerrado… y las propias autoridades generaban condiciones adversas en un asunto de sincronía perfecta”, detalla.
Revela que se detectaron irregularidades y se denunciaron “algunas cosas”, las cuales no detalló por tratarse de documentos confidenciales.
Acepta que durante este primer año se han recibido presiones –que prefiere no especificar– y sucedieron, dijo, “porque se tocan callos… hablar del tema de aduanas es más complicado de lo que creemos”.
Dijo que en los recorridos se constató que “sí pasan cosas” y recuerda por ejemplo que en la aduana de Talismán, Chiapas, hay incluso una tirolesa a un costado del puente: es un cable que viene de Guatemala a México y por ahí “avientan la mercancía, a un costado del puente de la aduana”, o se puede ver en el Suchiate cómo los lancheros pasan mercancía “todos los días y nadie pone orden”.
Sostiene que el tráfico de armas ha sumido al país en una violencia insostenible e intolerable: “Esto pasa por las aduanas y del otro lado está el asunto de las drogas, que es una red de complicidades en todos los niveles”. Comenta que los diputados han ido al campo, a las aduanas, “el asunto es que hay intereses en todos los niveles, en todos los sectores… es muy complicado”.
El asunto de las armas, añade, es grave porque pasan por Ciudad Juárez, por Talismán, “por donde quieras”, y eso arma a la delincuencia generando la violencia que hoy estamos viviendo.
El trabajo de la comisión tenía como finalidad hacer una reingeniería de las aduanas, “pero tuvimos 20 mil trabas”. Un ejemplo es lo que se relata en los documentos de la comisión, donde el diputado Héctor Pedroza Jiménez dice que al acudir a la del aeropuerto de la Ciudad de México “no se nos permitió entrar… ¿Qué esconden que no se nos permitió el ingreso? Quieren retrasar nuestro trabajo porque las aduanas son una corrupción total, un cochinero”
¡AMLO 2012!
Jesusa Cervantes
Una comisión de diputados federales pretendió estudiar a fondo la situación aduanera de México y proponer su mejoramiento... pero no pudo avanzar. Se pisaron “muchos callos”, dice el presidente del equipo de legisladores que acometió la tarea; “hubo coordinación para impedirnos trabajar y hubo presiones”. El problema es que por ahí entran, además de mercancías ilegales y drogas, las armas que hacen crecer la violencia en el país. Otro integrante de la comisión sentencia: “Las aduanas son un cochinero”.
Hace poco más de un año, tras escuchar a funcionarios de la Defensa hablar de la situación de violencia en el país y de oír que los que “meten las drogas son los mismos que meten las armas”, el diputado perredista Héctor Hugo Hernández Rodríguez propuso crear una comisión especial en la Cámara de Diputados que revisara la operación de las aduanas mexicanas.
La comisión se formó y empezó a trabajar. Su plan era visitar las 49 aduanas del país, ver cómo funcionan y hacer las modificaciones pertinentes. Pero “las presiones” recibidas a lo largo del año de trabajo obligaron a los legisladores a meter freno y conformarse con proponer reformas a la ley aduanera.
En entrevista con Proceso, Hernández Rodríguez, presidente de la comisión especial, acepta que al revisar sorpresivamente la operación aduanera “se pisan callos… y laceras muchos intereses”; revela que las autoridades de aduanas se manejan en “un esquema muy cerrado” y hubo “condiciones adversas en una sincronía perfecta” para impedirle a los legisladores hacer su trabajo.
Héctor Hugo Hernández evita profundizar sobre lo detectado en las aduanas, pero en documentos de la comisión –que Proceso pudo consultar– se establece que entran armas ilegalmente al país a un ritmo de una por minuto lo que, según el análisis de los legisladores, deriva en mayor “inseguridad y criminalidad”. Se dice además que “58% del mercado de prendas para vestir es abastecido por los canales ilegales”.
Las armas
La comisión propuesta en octubre de 2009 empezó a trabajar en febrero de 2010. Según el diagnóstico presentado ese mes por el presidente de la comisión:
“En el sector de aduanas existe un problema que urge evaluar y solucionar con el propósito de evitar una situación de mayor vulnerabilidad para la economía y la salud de la República. Me refiero específicamente al libre tránsito de mercancías ilícitas, armas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas que año con año ingresan al país por las garitas, puertos y aeropuertos sin control suficiente de las autoridades aduanales.
“También es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública, generado por el tráfico y comercialización de armas, con el consiguiente aumento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción. Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Un problema que aviva la violencia de la delincuencia organizada.”
En el documento de la comisión Programa anual de trabajo se precisa que en “2007 el Sistema de Administración Tributaria –del que depende la Administración General de Aduanas– reconoció que la percepción sobre corrupción en las 49 aduanas de la República Mexicana aumentó 5% y reconoció sobornos y amenazas de la delincuencia organizada a los agentes aduanales”.
Además de establecer la “falta de un diseño institucional”, el documento destaca que las aduanas no han estado a la altura de las necesidades del país en tiempos de la globalización y que aunque se habían mantenido en “un nivel controlable”, en los últimos 20 años se volvieron verdaderos problemas para la economía del país y la seguridad nacional.
“El tráfico ilegal de mercancías, de armas y sustancias ilícitas (...) ha puesto de manifiesto la porosidad y permisividad con la que operan las aduanas en el país, que terminan afectando la seguridad nacional.”
El documento establece que el contrabando de mercancías lleva al trabajo informal que, a su vez, “es canal distributivo de mercancías de origen ilícito introducidas al mercado, aun por grandes empresas, inclusive trasnacionales, que de esta manera evaden impuestos.
“Estas actividades, cuando son realizadas por organizaciones criminales, devienen en tráfico de drogas, armas, residuos tóxicos y especies protegidas y en prácticas como el contrabando, el encubrimiento, el soborno, el tráfico de personas y el lavado de dinero, violentando con ello el estado de derecho.”
Destaca que las ganancias de todos estos actos son “exorbitantes” y “que sólo pueden ser entendidas por la corrupción o la incompetencia de funcionarios y por la falta de equipamiento tecnológico para su combate”.
Según el documento, en 2006 y 2007 las aduanas sólo decomisaron 2% de las armas ilegales que ingresaron al país, es decir 900, mientras que en esos años y en 2008, en allanamientos o enfrentamientos, fuerzas policiacas decomisaron 38 mil 404.
Las rutas
Con base en documentos de la PGR y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, la comisión especial estableció que entre 40 y 60% de las armas vienen de Estados Unidos y que hay cuatro rutas de tráfico en el país.
El texto del CESOP precisa: “Junto al mercado de los estupefacientes ha proliferado la industria de las armas. En Estados Unidos existen 40 grandes empresas fabricantes e importadoras, las cuales comercializan aproximadamente 3 millones de armas. Esa actividad representa un negocio de más de 30 mil millones de dólares al año para la economía estadunidense”.
En seguida destaca que de acuerdo con la PGR, en la frontera sur de Estados Unidos hay más de 100 mil permisionarios que venden armas en negocios constituidos o a través de las ferias del ramo.
“Ello provoca que la mayoría de las armas utilizadas por los grupos delictivos en México (entre 40 y 60%) provenga de Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Interna del gobierno estadunidense, 40% de las armas introducidas a México cae en manos de traficantes de drogas.”
Los documentos de la PGR en los que se basó la comisión fueron elaborados en 2008 y 2009, cuando Eduardo Medina Mora era procurador; desde la llegada de Arturo Chávez Chávez no ha habido más informes sobre la introducción ilegal de armas a México.
En esos documentos se aclara que la introducción se da en pequeñas cantidades, en lo que se llama “operación hormiga”, y que las rutas del trasiego son cuatro: Pacífico, centro, golfo y sur.
Entre los principales puntos de internación están Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado y Nogales, de donde las armas llegan a Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
Otro punto de internación es Ciudad Juárez, que sigue la ruta a Chihuahua, Durango, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
La tercera ruta, la del golfo, tiene puntos de entrada en las ciudades fronterizas de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, y sus destinos son Monterrey, Veracruz, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez.
Hay una cuarta ruta, la del sur, cuya entrada es Balancán, Tabasco, de donde las armas pasan a Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Oaxaca.
El documento del CESOP cita al senador priista por Baja California Fernando Castro, quien señaló que “diariamente se introducen al país 2 mil armas de grueso calibre”, y añade que ello implica un acumulado anual de 730 mil armas, “lo cual rebasa con mucho la capacidad de registro, aseguramiento y detención de las autoridades mexicanas”.
El documento hace notar que durante su campaña electoral, el presidente estadunidense Barack Obama se comprometió a “hacer un esfuerzo serio para interrumpir el tráfico de armas y el lavado de dinero que desde Estados Unidos provee a los cárteles mexicanos con armas y fondos”.
Menciona que en enero de 2008 la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) puso en marcha el Proyecto Corredor de Armas (Gunrunner), con el que se asignaron 35 agentes nuevos y 15 investigadores de campo a lo largo de la frontera con México. Esta área es donde se llevó a cabo la operación Fast and furious, que propició la entrada ilegal de casi 2 mil armas de Estados Unidos a México.
Respecto de los informes de la PGR usados por la comisión especial, esa dependencia y la Sedena, con “la asistencia jurídica de autoridades de justicia de Estados Unidos”, revelan que la forma de operar “de los traficantes de armas es comprarlas a ciudadanos americanos o residentes legales a cambio de una cantidad de dinero”.
“Así los traficantes median entre el interesado y el vendedor autorizado de armas para introducirlas a nuestro país, tanto por los 19 cruces de pasos formales que existen (es decir las aduanas) como por los incontables cruces informales a lo largo de los 3 mil 152 kilómetros de frontera común.”
Destaca por ejemplo que en Chihuahua hay cuatro aduanas y “300 brechas que cruzan la frontera entre Ojinaga y Ciudad Juárez”.
Y mientras la PGR sostiene que las armas pasan escondidas en autos –en las llantas de refacción, respaldos de los asientos, oquedades en las carrocerías– la comisión confirmó que las aduanas (pese a tener equipo para medir y pesar los vehículos al momento del cruce justamente para detectar si traen contrabando oculto en su estructura) nunca han detectado nada. Por lo menos no lo informó a los legisladores que hicieron los recorridos.
En los documentos de la PGR destaca la importancia del trabajo de la ATF en la detección del tráfico de armas para los cárteles mexicanos y pone como ejemplo la detención en 2008 de Víctor Varela, quien declaró que “se dedicaba a abastecer de armas a la organización criminal de los Carrillo Fuentes”.
Se aclara también que “las organizaciones que se dedican al narcotráfico no controlan el contrabando de armas de fuego; su red de distribución contacta a personas que compran armas”. En la frontera de Estados Unidos con México hay al menos 12 mil armerías.
Para todos los gustos
El costo de las armas en el mercado negro va de 800 a 2 mil dólares. La mayoría son de origen estadunidense y las marcas más usadas son Colt, Marlin, Bushmaster, Beretta, Raven, Remington, Smith & Wesson, Browning, Mossberg y Jennings. De Austria llega la Glock; de Rumania, la Romarm Cugir, y de China, la Norinco.
De 2006 a 2009 se han incautado fusiles de asalto, cartuchos, municiones y granadas. La mayoría de las armas largas se han confiscado en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua, en tanto que las granadas en Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa y Nuevo León.
Según el reporte de la PGR, por el aseguramiento de armas con más “versatilidad, potencialidad lesiva, alcance, penetración y volumen de fuego”, el cártel del Golfo y Los Zetas son las organizaciones más violentas.
“Destacan los cohetes antitanque de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37 mm. Aditamentos lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación, fusiles Barrett calibre .50, así como armas de fuego de nueva generación, como la subametralladora belga FN Herstal calibre 5.7x28 mm, conocida como ‘five-seven’ o ‘matapolicías’, que por su munición subsónica, trazadora y de penetración puede traspasar los blindajes de kevlar o crisat.”
La PGR considera al cártel de los Arellano Félix como usuario de armas de fuego “convencionales”: se les han decomisado en menor proporción “algunos fusiles Barrett, lanzacohetes y subametralladoras FN Herstal 5.7”.
Al cártel del Pacífico la PGR le ha decomisado armas cortas y fusiles de asalto con características convencionales y excepcionalmente lanzagranadas y granadas de .37 milímetros.
Bajo presión
De acuerdo con el reporte especial de la Secretaría de la Defensa (Sedena) que Proceso dio a conocer (número 1791), entre otros elementos para acabar con el crimen organizado se necesita modernizar las 49 aduanas del país. Esa era la pretensión de la comisión especial, pero las presiones que recibió alejaron cada vez más ese objetivo.
Hernández Rodríguez recuerda que al inicio de los trabajos “descubrimos que en Puerta México (un programa para detectar contrabando) no había cámaras; o sea, no había rayos gamma en algunas aduanas”.
Se hicieron recorridos en 18 de las 49 aduanas: “Estábamos haciendo un diagnóstico en sitio, pero las aduanas son un esquema muy cerrado… y las propias autoridades generaban condiciones adversas en un asunto de sincronía perfecta”, detalla.
Revela que se detectaron irregularidades y se denunciaron “algunas cosas”, las cuales no detalló por tratarse de documentos confidenciales.
Acepta que durante este primer año se han recibido presiones –que prefiere no especificar– y sucedieron, dijo, “porque se tocan callos… hablar del tema de aduanas es más complicado de lo que creemos”.
Dijo que en los recorridos se constató que “sí pasan cosas” y recuerda por ejemplo que en la aduana de Talismán, Chiapas, hay incluso una tirolesa a un costado del puente: es un cable que viene de Guatemala a México y por ahí “avientan la mercancía, a un costado del puente de la aduana”, o se puede ver en el Suchiate cómo los lancheros pasan mercancía “todos los días y nadie pone orden”.
Sostiene que el tráfico de armas ha sumido al país en una violencia insostenible e intolerable: “Esto pasa por las aduanas y del otro lado está el asunto de las drogas, que es una red de complicidades en todos los niveles”. Comenta que los diputados han ido al campo, a las aduanas, “el asunto es que hay intereses en todos los niveles, en todos los sectores… es muy complicado”.
El asunto de las armas, añade, es grave porque pasan por Ciudad Juárez, por Talismán, “por donde quieras”, y eso arma a la delincuencia generando la violencia que hoy estamos viviendo.
El trabajo de la comisión tenía como finalidad hacer una reingeniería de las aduanas, “pero tuvimos 20 mil trabas”. Un ejemplo es lo que se relata en los documentos de la comisión, donde el diputado Héctor Pedroza Jiménez dice que al acudir a la del aeropuerto de la Ciudad de México “no se nos permitió entrar… ¿Qué esconden que no se nos permitió el ingreso? Quieren retrasar nuestro trabajo porque las aduanas son una corrupción total, un cochinero”
¡AMLO 2012!
PROCESO: Historia de un fracaso vergonzoso John Solomon, David Heath y Gordon Witkin
Historia de un fracaso vergonzoso
John Solomon, David Heath y Gordon Witkin
El jueves 3, mientras se reunían en Washington los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón, The Center for Public Integrity (CPI), una organización no partidista y sin fines de lucro, publicó un reportaje que revela detalles de la operación Rápido y furioso, mediante la cual se permitió e incluso alentó la libre venta de armas de fuego, a sabiendas de que éstas caerían en manos de narcotraficantes mexicanos. La operación, sujeta a investigación en Estados Unidos, ha provocado una guerra de declaraciones entre ambos países. Con autorización del CPI, Proceso reproduce párrafos sustanciales del reportaje.
Con la esperanza de someter a juicio a un mayor número de capos mexicanos del narcotráfico, fiscales federales y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) dejaron que cientos de armas fueran adquiridas y retenidas por presuntos testaferros, con la intención de que pudieran cruzar la frontera e inclusive ser utilizadas en acciones criminales para poder construir el caso judicial, según revelan documentos y entrevistas.
De acuerdo con memorandos internos de la agencia, la decisión –parte de una operación con sede en Phoenix bajo el nombre codificado de Rápido y furioso– se enfrentó a fuertes objeciones de agentes de primera línea, quienes tenían temor de que se estuviera permitiendo que armas como AK-47 cayeran en manos de capos del narcotráfico y contrabandistas. Efectivamente, muy pronto llegaron referencias de las armas vinculadas con actividades criminales.
John Dodson, uno de los agentes objetores, de 39 años, advirtió al Centro para la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés) que esas armas “van a aparecer por decenios en crímenes cometidos en ambos lados de la frontera”. En entrevista, Dodson dijo que “con el número de armas que dejamos ir, nunca sabremos cuántas personas fueron asesinadas, violadas, asaltadas… no hay nada que podamos hacer para recuperarlas. Están perdidas”.
Después de que sus preocupaciones fueran desechadas por sus supervisores, e inicialmente ignoradas por el Departamento de Justicia, Dodson llevó sus dudas al Comité Judicial del Senado como denunciante interno.
Charles Grassley, el senador republicano de más alto nivel dentro de ese comité y quien encabeza una investigación de las acciones de la ATF, dijo que es momento de “dar un paso atrás” y examinar esta política. Dos de las armas involucradas en esta dudosa operación aparecieron en la escena donde fue asesinado un agente estadunidense.
Cambio de estrategia
Dodson dijo al CPI que él y varios de sus colegas querían interceptar algunas de estas armas, pero que sus objeciones fueron repetidamente descalificadas por los supervisores de ATF. Éstos les indicaron que simplemente registraran las adquisiciones dudosas en una base de datos, las etiquetaran como “sospechosas” y monitorearan a los presuntos contrabandistas de armas hasta que se reunieran evidencias de sus conexiones con los jefes del narcotráfico mexicano.
Las tácticas empleadas en la operación Rápido y furioso fueron parte de un proceso de cambio en la dirección estratégica de la investigación sobre armas de fuego, explicaron al CPI agentes de la ATF.
Mark Chait, director adjunto de la ATF a cargo de las operaciones sobre el terreno, dijo al CPI que él personalmente decidió cambiar la estrategia en septiembre de 2010, después de años de inútiles esfuerzos por interceptar armas de contrabandistas de poca monta, con escasa esperanza de desmantelar organizaciones importantes del narcotráfico en México. El enfoque previo de la agencia sobre los intermediarios o testaferros fue criticado el otoño pasado en un reporte del inspector general del Departamento de Justicia acerca de los operativos de la ATF en la frontera, conocido como Project Gunrunner.
Chait consideró que ésta no era una política errónea. “Creo que tenemos una buena estrategia que, pienso, necesita ser revisada. Precisamente ahora le estamos echando un ojo, para ver si requiere ser ajustada de alguna manera”, dijo.
La investigación sobre Rápido y furioso se inició en octubre de 2009, 11 meses antes del cambio oficial de política de Chait.
Con la bendición directa de las oficinas centrales de ATF en Washington y la supervisión de la oficina de la Procuraduría de Estados Unidos en Phoenix, una fuerza especial de ataque de ATF, conocida como Grupo VII, obtuvo autorización para permitir que armerías con licencia federal continuaran vendiendo armas a intermediarios ya vinculados con una presunta operación mexicana de contrabando de armamento.
Agentes de la ATF le dijeron al CPI que durante los 15 meses que duró la operación, su agencia permitió que alrededor de mil 765 armas de fuego pasaran de las armerías a los intermediarios que se consideraba que eran cómplices del circuito de contrabando de armas. Otras 233 armas fueron compradas por sospechosos antes de que se iniciara la operación de ATF, elevando su número a mil 998.
De todas éstas, 797 fueron recuperadas después de usadas en actividades criminales en ambos lados de la frontera –incluyendo 195 dentro de territorio mexicano–, informaron los agentes al CPI.
Los riesgos
El riesgo de que las armas acabaran siendo utilizadas en crímenes era ampliamente comprendido, según demuestran los memorandos.
Un sumario del caso enviado a las oficinas centrales de ATF daba cuenta de “armas recuperadas en la República Mexicana o cerca de la frontera entre Estados Unidos y México”.
“La ATF no sólo intenta asegurar el caso (judicial) contra varios individuos por adquisición y/o tráfico de armas de fuego sin licencia, sino más específicamente lograr la conexión mayor con los cárteles mexicanos que trafican drogas y que obtienen estas armas con el propósito de tener el mejor caso posible y obtener los cargos más severos cuando llegue el momento de llevarlos a juicio”, indica el memorándum.
Dodson relató que sus supervisores parecían satisfechos cuando alguna de las armas que habían dejado “perderse” reaparecía en algún crimen en México. Estaban “eufóricos cada vez que se recuperaba un arma en ese país”, porque según ellos “probaba el nexo de que estábamos tratando con un grupo de verdaderos narcotraficantes”.
Pero la investigación se alargó durante 15 meses, en parte porque – según muestran los documentos– el Departamento de Justicia se tardó en autorizar escuchas telefónicas y realizar juicios.
Memorandos internos de la agencia revelan que los supervisores de ATF estaban frustrados por la tardanza, pero permitieron que los intermediarios y presuntos traficantes de armas siguieran moviendo cargamentos, inclusive de cientos de armas al mes.
Un memorándum del jefe de la fuerza de ataque dirigido al Departamento de Justicia, fechado el 2 de abril de 2010, reveló que la ATF observó cómo sujetos identificados como sospechosos adquirieron en Estados Unidos 359 armas, tan sólo en marzo de 2010. El sumario del caso enviado a las oficinas centrales de ATF en el verano de ese año indicaba una cifra más numerosa.
Anotaciones en los archivos del caso revisados por el CPI muestran que la ATF recibió varios reportes de “indicios” de armas que habían dejado pasar a manos de intermediarios y que reaparecían asociadas a hechos criminales en México o en el lado estadunidense de la frontera.
Dodson, quien dijo al CPI que esperaba ser despedido por hacer las denuncias, aseguró que cuatro de los siete agentes de la fuerza de ataque tenían serias reservas sobre lo que se les ordenaba hacer. Los otros tres, admitió, apoyaban la estrategia. El mayor temor de Dodson era que algunas de estas armas pudieran llegar a ser utilizadas contra los encargados de aplicar la ley.
Su temor pronto se hizo realidad…
La muerte de Terry
En mayo de 2010, un agente fronterizo de Protección y Aduanas enfrentó a una banda armada del lado estadunidense de la frontera. Los sospechosos huyeron, pero algunas de las armas que abandonaron en su huída fueron identificadas como armas adquiridas por uno de los sospechosos a quien la operación Rápido y furioso daba seguimiento, dijo Dodson.
“Esta puede ser una política bien intencionada, pero cuando tienes a agentes sobre el terreno cuestionándose por meses qué está pasando, y a un agente de la Patrulla Fronteriza que ha sido asesinado, entonces es momento de detenerse y analizar si la política no ha resultado mal”, comentó Grassley al CPI.
En una declaración del jueves 3, la ATF afirmó que ninguna de las armas recuperadas en la escena del crimen parece ser la que mató a Terry, y que tal vez simplemente fueron abandonadas por los criminales. “Hasta este momento no tenemos conocimiento de ninguna evidencia forense que relacione estas armas con el homicidio”, aseguró la agencia.
El senador dijo que su comité se entrevistó con numerosos agentes de la ATF, incluido Dodson, quienes se presentaron para manifestar sus preocupaciones sobre la operación y el potencial peligro del enfoque de la agencia.
Dodson contó que después de que los supervisores rechazaron las preocupaciones de los agentes, presentó tanto por internet como por teléfono una denuncia interna al inspector general de Justicia, pero nunca fue contactado. Entonces se acercó a Grassley, manteniendo siempre al tanto de su actividad como denunciante a su actual supervisor en una fuerza de tareas antiterrorista. Al final, y después de que el senador intervino, el inspector general contactó a Dodson.
A los agentes que estaban en desacuerdo con la estrategia los supervisores de la ATF les dijeron: “si vas a hacer un omelette, antes tienes que batir algunos huevos”, recordó Dodson. “Esa era la actitud y yo entendí que, sin importar en qué tipo de crímenes pudieran involucrarse estas armas, esos eran los huevos y eran aceptables”.
Memorandos internos de la agencia muestran que los supervisores desestimaron las objeciones de los agentes del Grupo VII de la fuerza de ataque, insistiendo en que el costo para obtener la autorización de desplegar una red de escuchas telefónicas y, finalmente, llegar hasta un grupo importante de traficantes de armas o drogas en México, bien ameritaba los riesgos. Había inclusive comentarios interpretados por los agentes como amenazas veladas de que podían perder sus empleos si no se alineaban.
“Este es un momento en el que todos necesitamos jalar hacia el mismo lado, no hacia lados diferentes”, escribió en marzo de 2010 David J. Voth, supervisor del Grupo VII, a su equipo de ataque, y reconocía que “un cisma podría estarse desarrollando dentro del grupo”.
“Percepción de urgencia”
La operación, sin embargo, resultó ser todo menos rápida y furiosa.
Hacia la primavera de 2010, conforme crecía el número de armas que la AFT dejaba pasar, Voth hizo un llamado de cierta “urgencia” al Departamento de Justicia.
En un correo electrónico enviado el 2 de abril de 2010 a sus supervisores y a un fiscal federal adjunto en Phoenix, el supervisor del Grupo VII escribió: “no hay presión, pero tal vez sí una creciente percepción de urgencia”. Asimismo, hacía notar que marzo de 2010 había sido el mes más mortífero en cinco años en México, y también arrojaba reportes de algunos de los movimientos más grandes de armas dentro de la operación.
Nueve meses más tarde, Rápido y furioso finalmente arrojó algunos frutos.
El 25 de enero de 2011 –15 meses después de que la operación fue lanzada y uno después de la muerte del agente estadunidense en la frontera–, Jaime Ávila, el primer sospechoso mencionado por la fuerza de ataque en los archivos del caso fue acusado junto con 19 presuntos cómplices en Arizona. La acusación de 53 cargos incluía 35 por hacer declaraciones falsas en relación con la adquisición de armas de fuego. Ávila se declaró inocente.
Los registros del caso muestran que supervisores de la ATF y abogados de la oficina de la procuraduría federal se reunieron con algunos comerciantes de armas para discutir su “papel” en la operación, en una ocasión por lo menos, en una fecha tan lejana como diciembre de 2009.
Las preocupaciones sobre la estrategia de la ATF se extendieron inclusive más allá de su oficina en Phoenix.
La oficina del senador Grassley dijo que reunió evidencias y testimonios de que Darren Gil, el entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, también objetó la estrategia de Rápido y furioso. Le preocupaba que pudiera ser vista por el gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, como una medida equivocada que sólo armaría a los capos del narcotráfico para provocar más violencia.
El agregado, reveló Grassley, hizo llegar sus objeciones hasta las oficinas centrales de la ATF, pero se le informó que los supervisores de la agencia ya estaban al tanto de la operación. Gil fue finalmente removido de su cargo y se retiró del servicio activo. Se planea que quien lo suceda sea William Newell, el agente especial a cargo en Phoenix durante la operación, dijeron funcionarios de la ATF.
¡AMLO 2012!
John Solomon, David Heath y Gordon Witkin
El jueves 3, mientras se reunían en Washington los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón, The Center for Public Integrity (CPI), una organización no partidista y sin fines de lucro, publicó un reportaje que revela detalles de la operación Rápido y furioso, mediante la cual se permitió e incluso alentó la libre venta de armas de fuego, a sabiendas de que éstas caerían en manos de narcotraficantes mexicanos. La operación, sujeta a investigación en Estados Unidos, ha provocado una guerra de declaraciones entre ambos países. Con autorización del CPI, Proceso reproduce párrafos sustanciales del reportaje.
Con la esperanza de someter a juicio a un mayor número de capos mexicanos del narcotráfico, fiscales federales y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) dejaron que cientos de armas fueran adquiridas y retenidas por presuntos testaferros, con la intención de que pudieran cruzar la frontera e inclusive ser utilizadas en acciones criminales para poder construir el caso judicial, según revelan documentos y entrevistas.
De acuerdo con memorandos internos de la agencia, la decisión –parte de una operación con sede en Phoenix bajo el nombre codificado de Rápido y furioso– se enfrentó a fuertes objeciones de agentes de primera línea, quienes tenían temor de que se estuviera permitiendo que armas como AK-47 cayeran en manos de capos del narcotráfico y contrabandistas. Efectivamente, muy pronto llegaron referencias de las armas vinculadas con actividades criminales.
John Dodson, uno de los agentes objetores, de 39 años, advirtió al Centro para la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés) que esas armas “van a aparecer por decenios en crímenes cometidos en ambos lados de la frontera”. En entrevista, Dodson dijo que “con el número de armas que dejamos ir, nunca sabremos cuántas personas fueron asesinadas, violadas, asaltadas… no hay nada que podamos hacer para recuperarlas. Están perdidas”.
Después de que sus preocupaciones fueran desechadas por sus supervisores, e inicialmente ignoradas por el Departamento de Justicia, Dodson llevó sus dudas al Comité Judicial del Senado como denunciante interno.
Charles Grassley, el senador republicano de más alto nivel dentro de ese comité y quien encabeza una investigación de las acciones de la ATF, dijo que es momento de “dar un paso atrás” y examinar esta política. Dos de las armas involucradas en esta dudosa operación aparecieron en la escena donde fue asesinado un agente estadunidense.
Cambio de estrategia
Dodson dijo al CPI que él y varios de sus colegas querían interceptar algunas de estas armas, pero que sus objeciones fueron repetidamente descalificadas por los supervisores de ATF. Éstos les indicaron que simplemente registraran las adquisiciones dudosas en una base de datos, las etiquetaran como “sospechosas” y monitorearan a los presuntos contrabandistas de armas hasta que se reunieran evidencias de sus conexiones con los jefes del narcotráfico mexicano.
Las tácticas empleadas en la operación Rápido y furioso fueron parte de un proceso de cambio en la dirección estratégica de la investigación sobre armas de fuego, explicaron al CPI agentes de la ATF.
Mark Chait, director adjunto de la ATF a cargo de las operaciones sobre el terreno, dijo al CPI que él personalmente decidió cambiar la estrategia en septiembre de 2010, después de años de inútiles esfuerzos por interceptar armas de contrabandistas de poca monta, con escasa esperanza de desmantelar organizaciones importantes del narcotráfico en México. El enfoque previo de la agencia sobre los intermediarios o testaferros fue criticado el otoño pasado en un reporte del inspector general del Departamento de Justicia acerca de los operativos de la ATF en la frontera, conocido como Project Gunrunner.
Chait consideró que ésta no era una política errónea. “Creo que tenemos una buena estrategia que, pienso, necesita ser revisada. Precisamente ahora le estamos echando un ojo, para ver si requiere ser ajustada de alguna manera”, dijo.
La investigación sobre Rápido y furioso se inició en octubre de 2009, 11 meses antes del cambio oficial de política de Chait.
Con la bendición directa de las oficinas centrales de ATF en Washington y la supervisión de la oficina de la Procuraduría de Estados Unidos en Phoenix, una fuerza especial de ataque de ATF, conocida como Grupo VII, obtuvo autorización para permitir que armerías con licencia federal continuaran vendiendo armas a intermediarios ya vinculados con una presunta operación mexicana de contrabando de armamento.
Agentes de la ATF le dijeron al CPI que durante los 15 meses que duró la operación, su agencia permitió que alrededor de mil 765 armas de fuego pasaran de las armerías a los intermediarios que se consideraba que eran cómplices del circuito de contrabando de armas. Otras 233 armas fueron compradas por sospechosos antes de que se iniciara la operación de ATF, elevando su número a mil 998.
De todas éstas, 797 fueron recuperadas después de usadas en actividades criminales en ambos lados de la frontera –incluyendo 195 dentro de territorio mexicano–, informaron los agentes al CPI.
Los riesgos
El riesgo de que las armas acabaran siendo utilizadas en crímenes era ampliamente comprendido, según demuestran los memorandos.
Un sumario del caso enviado a las oficinas centrales de ATF daba cuenta de “armas recuperadas en la República Mexicana o cerca de la frontera entre Estados Unidos y México”.
“La ATF no sólo intenta asegurar el caso (judicial) contra varios individuos por adquisición y/o tráfico de armas de fuego sin licencia, sino más específicamente lograr la conexión mayor con los cárteles mexicanos que trafican drogas y que obtienen estas armas con el propósito de tener el mejor caso posible y obtener los cargos más severos cuando llegue el momento de llevarlos a juicio”, indica el memorándum.
Dodson relató que sus supervisores parecían satisfechos cuando alguna de las armas que habían dejado “perderse” reaparecía en algún crimen en México. Estaban “eufóricos cada vez que se recuperaba un arma en ese país”, porque según ellos “probaba el nexo de que estábamos tratando con un grupo de verdaderos narcotraficantes”.
Pero la investigación se alargó durante 15 meses, en parte porque – según muestran los documentos– el Departamento de Justicia se tardó en autorizar escuchas telefónicas y realizar juicios.
Memorandos internos de la agencia revelan que los supervisores de ATF estaban frustrados por la tardanza, pero permitieron que los intermediarios y presuntos traficantes de armas siguieran moviendo cargamentos, inclusive de cientos de armas al mes.
Un memorándum del jefe de la fuerza de ataque dirigido al Departamento de Justicia, fechado el 2 de abril de 2010, reveló que la ATF observó cómo sujetos identificados como sospechosos adquirieron en Estados Unidos 359 armas, tan sólo en marzo de 2010. El sumario del caso enviado a las oficinas centrales de ATF en el verano de ese año indicaba una cifra más numerosa.
Anotaciones en los archivos del caso revisados por el CPI muestran que la ATF recibió varios reportes de “indicios” de armas que habían dejado pasar a manos de intermediarios y que reaparecían asociadas a hechos criminales en México o en el lado estadunidense de la frontera.
Dodson, quien dijo al CPI que esperaba ser despedido por hacer las denuncias, aseguró que cuatro de los siete agentes de la fuerza de ataque tenían serias reservas sobre lo que se les ordenaba hacer. Los otros tres, admitió, apoyaban la estrategia. El mayor temor de Dodson era que algunas de estas armas pudieran llegar a ser utilizadas contra los encargados de aplicar la ley.
Su temor pronto se hizo realidad…
La muerte de Terry
En mayo de 2010, un agente fronterizo de Protección y Aduanas enfrentó a una banda armada del lado estadunidense de la frontera. Los sospechosos huyeron, pero algunas de las armas que abandonaron en su huída fueron identificadas como armas adquiridas por uno de los sospechosos a quien la operación Rápido y furioso daba seguimiento, dijo Dodson.
“Esta puede ser una política bien intencionada, pero cuando tienes a agentes sobre el terreno cuestionándose por meses qué está pasando, y a un agente de la Patrulla Fronteriza que ha sido asesinado, entonces es momento de detenerse y analizar si la política no ha resultado mal”, comentó Grassley al CPI.
En una declaración del jueves 3, la ATF afirmó que ninguna de las armas recuperadas en la escena del crimen parece ser la que mató a Terry, y que tal vez simplemente fueron abandonadas por los criminales. “Hasta este momento no tenemos conocimiento de ninguna evidencia forense que relacione estas armas con el homicidio”, aseguró la agencia.
El senador dijo que su comité se entrevistó con numerosos agentes de la ATF, incluido Dodson, quienes se presentaron para manifestar sus preocupaciones sobre la operación y el potencial peligro del enfoque de la agencia.
Dodson contó que después de que los supervisores rechazaron las preocupaciones de los agentes, presentó tanto por internet como por teléfono una denuncia interna al inspector general de Justicia, pero nunca fue contactado. Entonces se acercó a Grassley, manteniendo siempre al tanto de su actividad como denunciante a su actual supervisor en una fuerza de tareas antiterrorista. Al final, y después de que el senador intervino, el inspector general contactó a Dodson.
A los agentes que estaban en desacuerdo con la estrategia los supervisores de la ATF les dijeron: “si vas a hacer un omelette, antes tienes que batir algunos huevos”, recordó Dodson. “Esa era la actitud y yo entendí que, sin importar en qué tipo de crímenes pudieran involucrarse estas armas, esos eran los huevos y eran aceptables”.
Memorandos internos de la agencia muestran que los supervisores desestimaron las objeciones de los agentes del Grupo VII de la fuerza de ataque, insistiendo en que el costo para obtener la autorización de desplegar una red de escuchas telefónicas y, finalmente, llegar hasta un grupo importante de traficantes de armas o drogas en México, bien ameritaba los riesgos. Había inclusive comentarios interpretados por los agentes como amenazas veladas de que podían perder sus empleos si no se alineaban.
“Este es un momento en el que todos necesitamos jalar hacia el mismo lado, no hacia lados diferentes”, escribió en marzo de 2010 David J. Voth, supervisor del Grupo VII, a su equipo de ataque, y reconocía que “un cisma podría estarse desarrollando dentro del grupo”.
“Percepción de urgencia”
La operación, sin embargo, resultó ser todo menos rápida y furiosa.
Hacia la primavera de 2010, conforme crecía el número de armas que la AFT dejaba pasar, Voth hizo un llamado de cierta “urgencia” al Departamento de Justicia.
En un correo electrónico enviado el 2 de abril de 2010 a sus supervisores y a un fiscal federal adjunto en Phoenix, el supervisor del Grupo VII escribió: “no hay presión, pero tal vez sí una creciente percepción de urgencia”. Asimismo, hacía notar que marzo de 2010 había sido el mes más mortífero en cinco años en México, y también arrojaba reportes de algunos de los movimientos más grandes de armas dentro de la operación.
Nueve meses más tarde, Rápido y furioso finalmente arrojó algunos frutos.
El 25 de enero de 2011 –15 meses después de que la operación fue lanzada y uno después de la muerte del agente estadunidense en la frontera–, Jaime Ávila, el primer sospechoso mencionado por la fuerza de ataque en los archivos del caso fue acusado junto con 19 presuntos cómplices en Arizona. La acusación de 53 cargos incluía 35 por hacer declaraciones falsas en relación con la adquisición de armas de fuego. Ávila se declaró inocente.
Los registros del caso muestran que supervisores de la ATF y abogados de la oficina de la procuraduría federal se reunieron con algunos comerciantes de armas para discutir su “papel” en la operación, en una ocasión por lo menos, en una fecha tan lejana como diciembre de 2009.
Las preocupaciones sobre la estrategia de la ATF se extendieron inclusive más allá de su oficina en Phoenix.
La oficina del senador Grassley dijo que reunió evidencias y testimonios de que Darren Gil, el entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, también objetó la estrategia de Rápido y furioso. Le preocupaba que pudiera ser vista por el gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, como una medida equivocada que sólo armaría a los capos del narcotráfico para provocar más violencia.
El agregado, reveló Grassley, hizo llegar sus objeciones hasta las oficinas centrales de la ATF, pero se le informó que los supervisores de la agencia ya estaban al tanto de la operación. Gil fue finalmente removido de su cargo y se retiró del servicio activo. Se planea que quien lo suceda sea William Newell, el agente especial a cargo en Phoenix durante la operación, dijeron funcionarios de la ATF.
¡AMLO 2012!
PROCESO: Un enviado “rápido y furioso” Homero Campa
Un enviado “rápido y furioso”
Homero Campa
William Newell será el representante de la ATF en México y ya tiene el beneplácito del gobierno federal. El problema es que este personaje está implicado en el escándalo de Rápido y furioso (el operativo de trasiego de armas a México) del que se habría negado a informar a las autoridades mexicanas. Newell sustituirá a Darren Gil, quien fue removido del puesto a finales del año pasado y quien abogaba por informar de las acciones encubiertas.
A finales de enero, el gobierno de Barack Obama comunicó al de Felipe Calderón que había designado a William Newell agregado de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México.
El anuncio fue bien recibido por el gobierno mexicano: Newell se graduó en justicia criminal y estudios latinoamericanos, habla español con fluidez y, sobre todo, conoce el tema del tráfico de armas hacia México. Hasta antes de su nombramiento era el agente especial encargado de la ATF en Phoenix, Arizona, donde abundan las tiendas que venden armas a intermediarios de los cárteles mexicanos de la droga.
Pero Newell se vio implicado en el escándalo de la operación Rápido y furioso: fue uno de los responsables de aplicarla y se opuso a informar de ella a las autoridades mexicanas, según afirma Mike Vanderboegh, un “activista de la Segunda Enmienda y crítico de la ATF” que dice haberse dedicado durante 15 años a seguir las actividades de esa agencia.
El 3 de febrero, Vanderboegh envió una carta a Salvador de Lara, cónsul de México en Atlanta, en la que resume las características de dicha operación y señala que “era inevitable que una o más armas que transitaron al sur sin notificar a las autoridades pertinentes de su gobierno terminarían en manos de criminales”.
Vanderboegh dice que Newell ocultó los detalles de la operación a Darren Gil, entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, quien sin embargo se enteró por medio de otros agentes “de lo que estaba ocurriendo”, por lo que “tuvo una confrontación con Newell sobre si el gobierno mexicano debía ser notificado”.
Según Vanderboegh, “Newell insistió en que no habría ninguna notificación a las autoridades mexicanas”, por lo que Gil contactó a sus superiores en Washington, quienes respaldaron la posición de Newell.
“En una reunión que incluía a Lanny Breuer, asistente del procurador general para la División Criminal del Departamento de Justicia, al subdirector Kenneth Melson de la ATF y varios subordinados, se decidió mantener al gobierno de México en la oscuridad”, escribió Vanderboegh en su carta.
Señala que Gil “fue forzado a retirarse y así lo hizo el 31 de diciembre”.
Consultadas por este semanario, fuentes del gobierno de México confirmaron que Gil se marchó abruptamente del país en el verano pasado sin que la embajada de Estados Unidos ofreciera explicación alguna. Gil “ni siquiera se despidió”, dijo una de las fuentes.
Grilla interna
El pasado 23 de febrero, la cadena CBS informó que los individuos que mataron en diciembre pasado al agente de la patrulla fronteriza Brian Terry utilizaron un rifle de asalto adquirido en Arizona. Cuando los investigadores rastrearon el arma descubrieron que fue comprada en una tienda cuyos propietarios fueron “instados” por la ATF a vender a personas “sospechosas” de ser intermediarios de cárteles mexicanos de la droga. CBS fue el primer medio estadunidense con cobertura nacional en difundir el tema.
El 3 de marzo –cuando los presidentes Calderón y Obama se reunían en Washington–, CBS y la organización The Center for Public Integrity ofrecieron detalles del operativo Rápido y furioso… y se desató el escándalo.
Sin embargo la primera denuncia apareció a mediados de diciembre pasado en CleanUpATF.org, un portal en internet que, según sus creadores, es alimentado por “miembros de la comunidad de la ATF que intentan promover la restauración de la integridad, rendición de cuentas y responsabilidad de los líderes” de la agencia.
En ese portal, un “agente disidente” indignado por la muerte de Terry destapó las características del plan Gunrunner y de una de sus operaciones: Rápido y furioso.
El tema de Rápido y furioso fue retomado por otro portal, americanthinker.org, y por dos “activistas de la Segunda Enmienda”: David Codrea y Mike Vanderboegh, quienes lo difundieron en sus blogs: Sipsey Steet Irregulars.com y examiner.com
“Esta fue la primera mención del escándalo Rápido y furioso en los medios alternativos estadunidenses”, dice Vanderboegh en un correo electrónico enviado a este semanario. Cuenta que él y Codrea ayudaron a “agentes disidentes” a hacer contacto con los senadores Jeff Sessions, de Alabama, y Charles Grassley, de Iowa. Éste último, miembro del Comité de Justicia del Senado, encabeza las críticas contra la operación Rápido y furioso.
En general quienes participan en estos sitios en internet son ultraconservadores. De entrada se definen como patriotas y defienden el derecho a adquirir armas establecido en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
¿Por qué denuncian el proyecto Rápido y furioso? Según fuentes del gobierno mexicano, detrás de estas denuncias se encuentran grupos conservadores que desean debilitar a la ATF, que aboga por imponer mayores controles a la venta de armas.
Y sí. El jueves 10, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) envió una carta al Capitolio en la que dice que el reciente escándalo protagonizado por la ATF muestra que Estados Unidos no debe aplicar una nueva regla para obligar a las armerías de la frontera con México a reportar ventas múltiples de rifles de asalto.
Desde la lógica de la NRA, esta nueva regla “saturaría a la ATF todavía con más reportes de ventas legales al tiempo que impulsa a que los traficantes criminales se vuelvan aún más subterráneos”.
Aclaraciones
Destapado el escándalo, el presidente Felipe Calderón –quien públicamente se quejó del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, por los informes que éste envió a Washington y que posteriormente difundió WikiLeaks– guardó silencio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el sábado 5 un comunicado en el que dice que solicitó “información detallada” del operativo a las autoridades estadunidenses.
El jueves 10, durante una audiencia en el Subcomité de Apropiaciones del Senado estadunidense, el procurador general Eric Holder dijo que “la misión de la ATF es detener el flujo de armas hacia México”.
Y agregó: “Es cierto, ha habido preocupaciones. Tomo esos alegatos muy seriamente y es por eso que he solicitado al inspector general un informe al respecto. Dejar que las armas ‘caminen’ no es aceptable (…) Y he dejado esto en claro a los fiscales y a los agentes a cargo de la ATF”.
Ese día la embajada de Estados Unidos envío la versión estenográfica de lo dicho por Holder junto con “información adicional de fondo”.
La embajada sostiene que Rápido y furioso fue una de muchas operaciones contra el tráfico de armas llevada a cabo en territorio estadunidense. Fue una operación exitosa que desmanteló una banda de traficantes y llevó, entre otras cosas, a las acusaciones formales anunciadas el 25 de enero de 2011 en Phoenix, Arizona, contra 20 individuos que presuntamente traficaban armas de fuego de Estados Unidos a México”.
Y añade: “Oficiales estadunidenses de procuración de justicia mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando según se ponían en práctica las operaciones hasta el 25 de enero, cuando 19 de los 20 acusados fueron arrestados. Agentes mexicanos estuvieron presentes durante los arrestos del 25 de enero en Phoenix”.
Un día después –viernes 11–, la Procuraduría General de la República replicó: “El gobierno de México no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico de armas a territorio mexicano”. Y en referencia al operativo Rápido y furioso señaló que “la coordinación fue para el desahogo de diligencias sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a interrogatorios”.
Unas horas más tarde, la embajada de Estados Unidos envió a las redacciones de los medios mexicanos una “aclaración” en la que sostuvo que “no hay contradicción entre el comunicado del gobierno mexicano y la información proporcionada por Estados Unidos” respecto a la operación Rápido y furioso.
Reconoció que las “sesiones informativas que tuvieron lugar entre oficiales de la ley de Estados Unidos y de México se concentraron en operaciones en territorio estadunidense para desbaratar operaciones de tráfico de armas”.
Y añadió: “La supuesta transferencia de armas a territorio mexicano es, en estos momentos, sólo un alegato”.
Consultado por Proceso, un importante exfuncionario del gobierno de Estados Unidos que estuvo a cargo de estrategias internacionales de combate al crimen organizado, aseguró que cuando se lleva a cabo una operación encubierta en México “siempre hay un enlace” con el gobierno de este país.
Se trata dijo, de uno o más funcionarios que actúan como “canales de información” con el propósito de “coordinar la logística”.
–¿Este enlace es siempre un funcionario o funcionarios del gobierno de México? –se le pregunta.
–El gobierno mexicano siempre se ha destacado por la defensa pública de su soberanía y territorialidad. Y aun en las operaciones encubiertas que se han realizado con éxito –que han sido muchas, aunque no se hagan públicas–, siempre se cuida el detalle de informar a las autoridades sobre la extraterritorialidad de la operación. Sí, el enlace es siempre un funcionario del gobierno. (Con información de Jesús Esquivel.)
¡AMLO 2012!
Homero Campa
William Newell será el representante de la ATF en México y ya tiene el beneplácito del gobierno federal. El problema es que este personaje está implicado en el escándalo de Rápido y furioso (el operativo de trasiego de armas a México) del que se habría negado a informar a las autoridades mexicanas. Newell sustituirá a Darren Gil, quien fue removido del puesto a finales del año pasado y quien abogaba por informar de las acciones encubiertas.
A finales de enero, el gobierno de Barack Obama comunicó al de Felipe Calderón que había designado a William Newell agregado de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México.
El anuncio fue bien recibido por el gobierno mexicano: Newell se graduó en justicia criminal y estudios latinoamericanos, habla español con fluidez y, sobre todo, conoce el tema del tráfico de armas hacia México. Hasta antes de su nombramiento era el agente especial encargado de la ATF en Phoenix, Arizona, donde abundan las tiendas que venden armas a intermediarios de los cárteles mexicanos de la droga.
Pero Newell se vio implicado en el escándalo de la operación Rápido y furioso: fue uno de los responsables de aplicarla y se opuso a informar de ella a las autoridades mexicanas, según afirma Mike Vanderboegh, un “activista de la Segunda Enmienda y crítico de la ATF” que dice haberse dedicado durante 15 años a seguir las actividades de esa agencia.
El 3 de febrero, Vanderboegh envió una carta a Salvador de Lara, cónsul de México en Atlanta, en la que resume las características de dicha operación y señala que “era inevitable que una o más armas que transitaron al sur sin notificar a las autoridades pertinentes de su gobierno terminarían en manos de criminales”.
Vanderboegh dice que Newell ocultó los detalles de la operación a Darren Gil, entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, quien sin embargo se enteró por medio de otros agentes “de lo que estaba ocurriendo”, por lo que “tuvo una confrontación con Newell sobre si el gobierno mexicano debía ser notificado”.
Según Vanderboegh, “Newell insistió en que no habría ninguna notificación a las autoridades mexicanas”, por lo que Gil contactó a sus superiores en Washington, quienes respaldaron la posición de Newell.
“En una reunión que incluía a Lanny Breuer, asistente del procurador general para la División Criminal del Departamento de Justicia, al subdirector Kenneth Melson de la ATF y varios subordinados, se decidió mantener al gobierno de México en la oscuridad”, escribió Vanderboegh en su carta.
Señala que Gil “fue forzado a retirarse y así lo hizo el 31 de diciembre”.
Consultadas por este semanario, fuentes del gobierno de México confirmaron que Gil se marchó abruptamente del país en el verano pasado sin que la embajada de Estados Unidos ofreciera explicación alguna. Gil “ni siquiera se despidió”, dijo una de las fuentes.
Grilla interna
El pasado 23 de febrero, la cadena CBS informó que los individuos que mataron en diciembre pasado al agente de la patrulla fronteriza Brian Terry utilizaron un rifle de asalto adquirido en Arizona. Cuando los investigadores rastrearon el arma descubrieron que fue comprada en una tienda cuyos propietarios fueron “instados” por la ATF a vender a personas “sospechosas” de ser intermediarios de cárteles mexicanos de la droga. CBS fue el primer medio estadunidense con cobertura nacional en difundir el tema.
El 3 de marzo –cuando los presidentes Calderón y Obama se reunían en Washington–, CBS y la organización The Center for Public Integrity ofrecieron detalles del operativo Rápido y furioso… y se desató el escándalo.
Sin embargo la primera denuncia apareció a mediados de diciembre pasado en CleanUpATF.org, un portal en internet que, según sus creadores, es alimentado por “miembros de la comunidad de la ATF que intentan promover la restauración de la integridad, rendición de cuentas y responsabilidad de los líderes” de la agencia.
En ese portal, un “agente disidente” indignado por la muerte de Terry destapó las características del plan Gunrunner y de una de sus operaciones: Rápido y furioso.
El tema de Rápido y furioso fue retomado por otro portal, americanthinker.org, y por dos “activistas de la Segunda Enmienda”: David Codrea y Mike Vanderboegh, quienes lo difundieron en sus blogs: Sipsey Steet Irregulars.com y examiner.com
“Esta fue la primera mención del escándalo Rápido y furioso en los medios alternativos estadunidenses”, dice Vanderboegh en un correo electrónico enviado a este semanario. Cuenta que él y Codrea ayudaron a “agentes disidentes” a hacer contacto con los senadores Jeff Sessions, de Alabama, y Charles Grassley, de Iowa. Éste último, miembro del Comité de Justicia del Senado, encabeza las críticas contra la operación Rápido y furioso.
En general quienes participan en estos sitios en internet son ultraconservadores. De entrada se definen como patriotas y defienden el derecho a adquirir armas establecido en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
¿Por qué denuncian el proyecto Rápido y furioso? Según fuentes del gobierno mexicano, detrás de estas denuncias se encuentran grupos conservadores que desean debilitar a la ATF, que aboga por imponer mayores controles a la venta de armas.
Y sí. El jueves 10, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) envió una carta al Capitolio en la que dice que el reciente escándalo protagonizado por la ATF muestra que Estados Unidos no debe aplicar una nueva regla para obligar a las armerías de la frontera con México a reportar ventas múltiples de rifles de asalto.
Desde la lógica de la NRA, esta nueva regla “saturaría a la ATF todavía con más reportes de ventas legales al tiempo que impulsa a que los traficantes criminales se vuelvan aún más subterráneos”.
Aclaraciones
Destapado el escándalo, el presidente Felipe Calderón –quien públicamente se quejó del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, por los informes que éste envió a Washington y que posteriormente difundió WikiLeaks– guardó silencio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el sábado 5 un comunicado en el que dice que solicitó “información detallada” del operativo a las autoridades estadunidenses.
El jueves 10, durante una audiencia en el Subcomité de Apropiaciones del Senado estadunidense, el procurador general Eric Holder dijo que “la misión de la ATF es detener el flujo de armas hacia México”.
Y agregó: “Es cierto, ha habido preocupaciones. Tomo esos alegatos muy seriamente y es por eso que he solicitado al inspector general un informe al respecto. Dejar que las armas ‘caminen’ no es aceptable (…) Y he dejado esto en claro a los fiscales y a los agentes a cargo de la ATF”.
Ese día la embajada de Estados Unidos envío la versión estenográfica de lo dicho por Holder junto con “información adicional de fondo”.
La embajada sostiene que Rápido y furioso fue una de muchas operaciones contra el tráfico de armas llevada a cabo en territorio estadunidense. Fue una operación exitosa que desmanteló una banda de traficantes y llevó, entre otras cosas, a las acusaciones formales anunciadas el 25 de enero de 2011 en Phoenix, Arizona, contra 20 individuos que presuntamente traficaban armas de fuego de Estados Unidos a México”.
Y añade: “Oficiales estadunidenses de procuración de justicia mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando según se ponían en práctica las operaciones hasta el 25 de enero, cuando 19 de los 20 acusados fueron arrestados. Agentes mexicanos estuvieron presentes durante los arrestos del 25 de enero en Phoenix”.
Un día después –viernes 11–, la Procuraduría General de la República replicó: “El gobierno de México no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico de armas a territorio mexicano”. Y en referencia al operativo Rápido y furioso señaló que “la coordinación fue para el desahogo de diligencias sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a interrogatorios”.
Unas horas más tarde, la embajada de Estados Unidos envió a las redacciones de los medios mexicanos una “aclaración” en la que sostuvo que “no hay contradicción entre el comunicado del gobierno mexicano y la información proporcionada por Estados Unidos” respecto a la operación Rápido y furioso.
Reconoció que las “sesiones informativas que tuvieron lugar entre oficiales de la ley de Estados Unidos y de México se concentraron en operaciones en territorio estadunidense para desbaratar operaciones de tráfico de armas”.
Y añadió: “La supuesta transferencia de armas a territorio mexicano es, en estos momentos, sólo un alegato”.
Consultado por Proceso, un importante exfuncionario del gobierno de Estados Unidos que estuvo a cargo de estrategias internacionales de combate al crimen organizado, aseguró que cuando se lleva a cabo una operación encubierta en México “siempre hay un enlace” con el gobierno de este país.
Se trata dijo, de uno o más funcionarios que actúan como “canales de información” con el propósito de “coordinar la logística”.
–¿Este enlace es siempre un funcionario o funcionarios del gobierno de México? –se le pregunta.
–El gobierno mexicano siempre se ha destacado por la defensa pública de su soberanía y territorialidad. Y aun en las operaciones encubiertas que se han realizado con éxito –que han sido muchas, aunque no se hagan públicas–, siempre se cuida el detalle de informar a las autoridades sobre la extraterritorialidad de la operación. Sí, el enlace es siempre un funcionario del gobierno. (Con información de Jesús Esquivel.)
¡AMLO 2012!
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