PROCESO: “Con el Ejército llegó la tortura” Patricia Dávila //CIUDAD JUAREZ

“Con el Ejército llegó la tortura”
Patricia Dávila

Desde el exilio, dos defensoras juarenses de los derechos humanos, ambas amenazadas de muerte, hablan para Proceso: “En Ciudad Juárez la lucha del Estado contra las activistas nunca había sido tan intensa como en los últimos tres años, cuando empezó la militarización. Con el Ejército llegó la tortura. El pretexto del narcotráfico le ha servido al gobierno para amedrentar y asesinar a activistas sociales y de derechos humanos. Más de 20 han muerto”.
Habla Cipriana Jurado, perseguida por denunciar la desaparición de personas a manos del Ejército. Dice estar segura de que el gobierno de César Duarte mantiene una campaña de desprestigio en su contra. El pasado 3 de enero asesinaron a su compañera activista Josefina Reyes. Acaba de solicitar asilo político a Estados Unidos.
“No pensaba pedir asilo político, pero estando fuera del país me entero de que matan a Rubén Reyes, hermano de Josefina, la activista asesinada en enero del año pasado.
“Después hostigaron a Lidia Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; luego mataron a Marisela y a Susana Chávez. Antes asesinaron a Paz Rodríguez, a su esposa y a su hijo, defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes. Siguió Flor Alicia Gómez, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y Benjamín Le Barón.”
Se le pregunta si piensa que esos asesinatos son una cacería contra los activistas.
Responde: “¡Claro que sí! La situación contra los líderes sociales se ha agravado en esta administración. Es contra los activistas, sobre todo contra las mujeres. El gobernador César Duarte está peor que José Reyes Baeza. Está el asesinato de Marisela Escobedo afuera del Palacio de Gobierno. También iniciaron una campaña mediática en mi contra por haber pedido la renuncia del fiscal de la zona norte, Jorge González Nicolás”.
El domingo 6, Cipriana Jurado publicó una carta en el portal de internet MexicoRojo en la que dice que ni González Nicolás ni su equipo han dado buenos resultados en la Subprocuraduría. Dos días después la Fiscalía inició una campaña en su contra: en una carta publicada por otro portal, La Polaka, Lourdes Armendáriz Macías defiende al fiscal y acusa a Cipriana de explotar sexualmente a trabajadoras de las maquilas.
Afirma que cuando la detuvo el Ejército llevaba droga y obtuvo su libertad gracias al chantaje político de los perredistas. La llama “ignorante”, “vulgar” “cobarde”. También dice que los familiares de Josefina Reyes huyeron como “delincuentes que delatan a sus prójimos”.
–¿Duarte está enterado del hostigamiento de que es víctima?
–Por supuesto. Los amigos cercanos de Duarte y de González Nicolás son los que escriben esas cartas en mi contra. Esta carta es un desprestigio muy fuerte, porque todo es una mentira.
–¿Quieren acabar con el activismo o con Cipriana?
–Con el activismo social. Creen que amenazando y desprestigiando el movimiento se va a acabar en Ciudad Juárez. Pueden acabar con Cipriana, con Marisela, con Josefina o con Malú, pero hay más jóvenes que quieren justicia.
–¿Responsabiliza al gobierno del asesinato de Marisela Escobedo?
–Y del homicidio de Josefina Reyes y de sus hermanos y su cuñada… Ella fue amenazada varias veces por el Ejército y lo denunciamos en su tiempo. Pina y Marisela estaban amenazadas, el gobierno lo sabía. Son responsables por omisión o por complicidad.
–Si regresa a México, ¿qué le pasaría?
–Lo mismo que a mis compañeras.
–¿La matan?
–Sí. Durante 20 años que he sido luchadora social, he sido una piedra en el zapato, pero desde que Calderón declaró esta guerra los activistas tuvimos más problemas. Nunca había sido tan dura la lucha del Estado contra nosotras como en los últimos tres años. Calderón ha sido irresponsable en sostener una guerra en la que no detiene a los delincuentes ni a los lavadólares ni a los narcopolíticos. Y sólo matan gente en las colonias pobres.
El próximo miércoles 16 Cipriana tendrá la primera entrevista con el juez de migración, previa al juicio para que el gobierno de Estados Unidos le conceda asilo político.

Denuncias incómodas

El jueves 10, Marisela Ortiz, una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue alertada de una manta con amenazas que apareció en la secundaria 60 de Ciudad Juárez, donde trabajaba:
“Si querías seguir apoyando a la pinche culera de la licenciada Malú, maestrita de mierda Marisela Ortiz, vamos a chingarnos a tu familia empezando por tu hijo El Chapulín del Rowe, que ya lo tenemos en la lista”, decía. Horas después Marisela se fue a Estados Unidos con todo y su familia.
Un mensaje igual había sido colgado frente a la secundaria 15 de la misma ciudad, donde estudian los hijos de María Luisa García Andrade, directora jurídica de aquella organización: “No entendiste, nosotros (te) vamos a enseñar a callarte el ocico Malú García Andrade, sabemos que estás fuera, querías saber de qué se trata, serás la responsable de que nos chinguemos a tu familia, pronto tendrás noticias nuestras”.
Ambos mensajes estaban firmados por “el JL”, líder de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.
Pero María Luisa, Malú, había salido de la ciudad desde febrero, cuando un grupo armado incendió su casa.
El pasado 6 de enero García Andrade presentó una denuncia en la Subprocuraduría de Justicia de Juárez contra una red de trata de personas y tráfico de menores que desde 2008 opera en esa ciudad.
Días antes, cuando María Luisa solicitaba a Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), resultados de la investigación sobre una denuncia interpuesta hace tres años, ésta acusó a Marisela Ortiz de amenazar a otra activista. Se le exigieron pruebas que la fiscal no aportó.
“Este es un antecedente extraño: después de que hay una acusación insolente por parte de la titular de la Fevimtra aparecen las mantas. No me gustan las coincidencias de este tipo.
“Aquí en Chihuahua el gobierno se ha visto copado por organizaciones de derechos humanos desde el asesinato de Marisela Escobedo, y ahora me da la impresión de que están desatando una guerra contra los activistas”, dice a Proceso Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Zona Norte, quien también ha sufrido amenazas.
En entrevista con Proceso, Marisela Ortiz trata de explicar el significado de las mantas: “El 6 de enero, Malú puso una denuncia en la Subprocuraduría Zona Norte, en Ciudad Juárez, sobre una red de trata de personas, de prostitución infantil asentada en esta ciudad pero que pudiera ser nacional. Por seguridad fuimos muy discretas, incluso sólo se mencionan unos tres nombres. Esto sólo lo conoce la mamá de una de las chicas desaparecidas, quien acudió con Malú a presentar la denuncia”.
Afirma que la red de trata y prostitución empezó a trabajar en Juárez al mismo tiempo que se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua:
“La mayoría de las chicas que han desaparecido son, en promedio, de 17 años de edad. Este fenómeno de las desapariciones se da desde los noventa, pero de este corte tendrá unos tres años. A partir de 2008 es cuando empiezan las desapariciones en el centro de la ciudad, de chicas con rasgos similares, que fueron a pedir trabajo y después no se supo más de ellas. Esta investigación de Malú integra a más de 20 jovencitas desaparecidas, sin pretender que esa cifra sea la real.”
Aclara: “Ésta puede ser la causa que molestó a alguien, aunque por otra parte han sido asesinadas muchas defensoras de derechos humanos en los últimos años; incluso el ataque también pudo deberse a que mi compañera apoyaba a la familia Reyes Salazar, en el campamento que tenían frente a la Fiscalía Zona Norte, para exigir la localización de los hermanos Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de la esposa de este último, los tres levantados por un comando el pasado 7 de febrero.
“El 17 de febrero, cuando Malú García estaba en ese plantón, un grupo armado incendió su casa.”
Marisela ha sido amenazada o acosada desde 2001. Sobre todo, afirma, durante la gestión de Patricio Martínez, quien le suspendía su cheque como maestra u ordenaba descuentos salariales por cada entrevista que daba a la prensa: “Fueron muchas cosas las que vivimos mi familia y yo. En 2004, a punta de pistola me bajaron de mi vehículo y me dijeron que ‘era momento de callar’. Alejé a mis hijos del país durante dos años”.
Sin embargo lo fuerte de las amenazas, reconoce, empezó en 2008.
–¿Quieren acabar con los activistas o con usted y Malú?
–Leí un escrito de la periodista Diana Washington que señala que en México existe la intención de terminar con el activismo en el norte del país. Y dos días después me topo con esta situación... me alarmó porque se habla de que este año habrá más asesinatos de alto impacto: asesinatos masivos de jóvenes y la intención de terminar con las activistas sea cual sea la situación que defiendan. ¡Estoy estupefacta! No puedo pensar que esto venga de parte del gobierno.
Gustavo de la Rosa afirma: “Siento que hay un clima adverso contra los defensores de derechos humanos. Las amenazas hacia Marisela Ortiz son preocupantes. Estoy reuniendo información que me permita ver si la agresión viene de alguna autoridad, ya que dos días antes la titular de la Fevimtra hizo señalamientos graves en su contra. Marisela me pidió que investigara porque sintió que la fiscal la estaba agrediendo.
“También es cierto que en Chihuahua el gobierno nos está viendo muy mal a los defensores. Ahí está el desprestigio al que están sometiendo a Cipriana Jurado. Las cosas se nos van a complicar con la llegada de Julián Leyzaola Pérez como director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Él fue jefe de la policía en Tijuana y cuenta con un largo historial de violaciones a los derechos humanos.”

¡AMLO 2012!