1 de enero de 2011

PROCESO: CORUPCION DE LA CURIA Monseñor Monroy: una vida de escándalo impune

Monseñor Monroy: una vida de escándalo impune
Rodrigo Vera

Con el nombramiento de Enrique Glennie Graue como nuevo rector de la Basílica de Guadalupe para los próximos cinco años, Diego Monroy deja el santuario inmerso en escándalos por su proclividad a los negocios; algunos lo acusan incluso de simonía y de entregar al magnate Carlos Slim la Plaza Mariana. El cronista guadalupano Horacio Sentíes dice que ahora el principal misterio de la Basílica no es la aparición de la Virgen, sino la desaparición de las enormes sumas de dinero que deja su culto.



Tras 10 años de realizar multimillonarios negocios con el culto guadalupano –al grado de que terminó aliándose con el empresario Carlos Slim–, monseñor Diego Monroy Ponce renunció a la rectoría de la Basílica de Guadalupe sin haber rendido cuentas sobre el manejo que hizo del más importante y rico santuario mariano a nivel internacional.

Su salida se dio a conocer el miércoles 22 de diciembre. En su lugar se nombró al sacerdote Enrique Glennie Graue, que estaba a cargo de la VI Vicaría de la Arquidiócesis de México. Los cambios los hizo el superior jerárquico de ambos, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México y quien finalmente decide el rumbo del santuario.

Horacio Sentíes, cronista de la Villa de Guadalupe, comenta al respecto:

“El pueblo de México tiene todo el derecho a saber cómo administró Diego Monroy las cuantiosas riquezas que entran al santuario, cómo manejó los donativos y limosnas que le aportó el mismo pueblo. Sin embargo, protegido por el cardenal Rivera, Monroy se va sin rendir cuentas, lavándose las manos como Pilatos. Sus negocios siempre los realizó en lo oscurito, como se dice coloquialmente.”

Agrega que el periodo de Monroy –de 2000 a 2010– se caracterizó no por lo religioso, sino por el sesgo “empresarial y de negocios” que le dio a la Basílica de Guadalupe.

“A Monroy el aspecto devocional y religioso no le importó. Todo fue hacer negocio tras negocio a expensas del culto guadalupano. Durante años estuvo recaudando donativos entre los fieles para construir la Plaza Mariana. También estuvo vendiendo por adelantado los nichos que supuestamente habrá en ese lugar. Pero jamás nos informó cuánto dinero logró juntar ni dónde está actualmente. Ese dinero de los mexicanos simplemente se esfumó.

“Monroy terminó aliándose nada menos que con Carlos Slim para realizar ese ambicioso proyecto empresarial. Ahora, Slim ya está construyendo esa plaza en lo que será la ampliación del atrio de la Basílica. De inmediato se nota que será un desarrollo para hacer negocios.”

–Pero Slim ha dicho que donará la construcción de ese centro religioso-comercial…

–No creo que Slim sea tan espléndido como para donar una obra tan costosa. ¡Por favor! ¡Que no nos salgan con cuentos! En ese tipo de obras siempre hay arreglos por debajo de la mesa. Tratan de engañarnos poniendo a Slim como el gran benefactor guadalupano. Nos han engañado tantas veces que ya no les creemos. ¿Cuánto invertirá Slim ahí? ¿Cuánto reclamará por su inversión? Lo ignoramos.

Cronista de La Villa durante más de 30 años, autor de los libros La Villa de Guadalupe, historia, estampas y leyendas, y La Villa de Guadalupe, crónica centenaria, entre otros, Sentíes señala que ni siquiera se ha dicho cuál es el proyecto arquitectónico con el que se está levantando la Plaza Mariana:

“Se han manejado como cuatro proyectos arquitectónicos distintos. Primero nos dijeron que la diseñó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Luego que fue el arquitecto Javier Sordo Madaleno. Ahora se dice que Slim impuso a su propio arquitecto. Total que no sabemos nada. Todo es pura confusión.”

–¿El sucesor de Monroy está obligado a informar?

–Sí, como nuevo rector del santuario, el padre Glennie tiene, por lo menos, la obligación moral de decirnos dónde quedaron los donativos de los fieles para construir la Plaza Mariana, a cuánto ascienden, cuánto costará la construcción, qué acuerdos se tomaron con Slim… todo eso. ¡Caray!, hasta las sirvientas informan cuánto dinero se gastan al hacer el mandado.

Nombramiento por “dedazo”



Sentíes repara en que Glennie ni siquiera pertenecía al cabildo de la Basílica de Guadalupe, por lo que no conoce las necesidades del santuario. “Es una persona totalmente externa. Su designación fue una medida unilateral tomada por el cardenal Rivera”, dice.

En efecto, apenas el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, Rivera designó a tres nuevos miembros del cabildo, entre ellos Glennie, de quien de inmediato se dijo que sería el sucesor de Monroy, cuyo segundo quinquenio al frente del santuario concluía el último de diciembre.

Por dedazo del cardenal, Glennie se impuso sobre los restantes 15 miembros del cabildo, todos con derecho a suceder a Monroy, a quien el cardenal pudo haber reelegido para un tercer quinquenio. Pero no lo hizo, aparentemente por instrucciones del Papa Benedicto XVI enviadas a través de su nuncio apostólico en México, Christophe Pierre.

Ese mismo día 12, Pierre se reunió con el cardenal y los miembros del cabildo. Juntos concelebraron incluso la misa del mediodía. Fuentes confidenciales señalaron que el Vaticano rechazó a Monroy debido a sus escándalos de corrupción, ventilados puntualmente por Proceso. Monroy era un cartucho quemado. El cardenal tuvo que sustituirlo por Glennie, otro de sus incondicionales, pero del que espera mayor cautela.

Eso sí, por conveniencia común se acordó cuidarle las espaldas a Monroy… y seguir manteniendo en secreto los múltiples negocios que venía manejando y heredó a su sucesor.

A través de un comunicado emitido el 22 de diciembre, el cardenal dio a conocer los cambios y le agradeció su labor a Monroy:

“El cardenal Norberto Rivera Carrera hace pública su profunda gratitud a monseñor Diego Monroy por su absoluta entrega y dedicación al servicio de la Basílica de Guadalupe, quien durante 10 años acogió cordialmente incontables peregrinaciones provenientes de México y de varios países.

“Su amor por la Virgen de Guadalupe quedó de manifiesto en distintas y continuas acciones, así como su preocupación por los millones de fieles que han acudido al santuario.”

Y a Glennie –quien fue rector del Seminario Mayor de México y párroco del templo de Santo Domingo–, el cardenal le deseó que “el Señor y la Virgen de Guadalupe iluminen su nueva encomienda”.

Así, Rivera Carrera dio por concluida la rectoría de Monroy, marcada por negocios ilícitos, acuerdos secretos, acelerado enriquecimiento personal y hasta sospechas por el asesinato de un miembro del cabildo que denunció sus corruptelas ante el Vaticano.

Por ejemplo, en un contrato “secreto” efectuado el 31 de marzo de 2002, Monroy vendió en “exclusividad” los “derechos de propiedad” de la imagen guadalupana a la trasnacional Viotran, con sede en Orlando, Florida. Con ello, esta empresa estadunidense era la única que podía explotar la imagen. Por la venta del copyright Monroy recibió 12.5 millones de dólares (Proceso 1321).

Sin embargo, esta venta fue calificada de “ilegal” por los especialistas en derechos de autor, quienes argumentaban que la imagen guadalupana, aparte de su carácter religioso, es un símbolo nacional de “dominio público” que no puede venderse en exclusividad con fines lucrativos, como lo hizo Monroy, avalado por el cardenal Rivera.

Especialistas en derecho canónico señalaban que Monroy estaba cometiendo delito flagrante de “simonía” por mercantilizar esa importante imagen de culto. Le correspondía como castigo –decían– la suspensión de su ministerio sacerdotal. Pero no se procedió contra él.

Un cúmulo de irregularidades



En abril de 2003, el entonces jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, le regaló a la Basílica un área de casi 30 mil metros cuadrados para que en ella se ampliara el actual atrio. Diego Monroy anunció que ahí construiría la llamada Plaza Mariana, el complejo religioso-comercial más ambicioso del país.

De inmediato, Monroy empezó a pedir donativos, principalmente entre los fieles guadalupanos de México y de Estados Unidos, con el fin de financiar la construcción de la obra. Abrió dos cuentas bancarias para recolectar el dinero.

También empezó a vender por adelantado los 115 mil nichos que, se dice, tendrá la Plaza Mariana, los cuales generarán ingresos por alrededor de 5 mil millones de pesos.

Por si fuera poco, Monroy lanzó una tarjeta telefónica en Estados Unidos con la imagen de la guadalupana, en colaboración con la empresa Starcom, que vende tarjetas de prepago en ese país y Canadá. Los ejecutivos de la empresa revelaron que 25% de las ganancias se iba a los bolsillos de Monroy, para que construyera la Plaza Mariana (Proceso 1592).

Cuando los usuarios introducían la “tarjeta guadalupana” en un teléfono público, se escuchaba una bendición con la voz grabada de Monroy. “Grabé 32 mensajes distintos. Son mensajes de aliento, de esperanza”, explicaba éste.

Así, por éstos y otros medios, Monroy juntó durante años millonarias sumas de dinero para financiar la obra, que sin embargo no se empezaba a levantar. En 2009, el gobierno capitalino comenzó a presionar a Monroy para que iniciara la construcción y le advirtió que de no hacerlo podría quitarle el terreno donado por López Obrador.

Fue hasta 2010 –siete años después de recibir la donación– cuando el Grupo Carso, de Carlos Slim, empezó la edificación de la Plaza Mariana. El 31 de agosto de ese año, el magnate anunció que la obra sería un regalo de la Fundación Carlos Slim:

“Va a ser una plaza y la vamos a donar; vamos a construirla a cuenta de la Fundación”, aseguró Slim.

El costo de la obra se calcula en 900 millones de pesos. Si realmente la regala Slim, ¿qué se hará entonces con el dinero recaudado por Monroy entre los fieles? ¿A cuánto asciende su monto? ¿Dónde está? Nunca se ha explicado.

Sin embargo, desde hace varios años algunos líderes de comerciantes de La Villa, entre ellos Jesús Badillo, dirigente de la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata, habían advertido que Slim estaba metido en el proyecto desde su inicio, sólo que hasta ahora el empresario dio la cara abiertamente.

En lo que toca a las irregularidades cometidas por Monroy durante su rectorado, éstas eran reportadas con todo detalle al Vaticano por uno de los mismos canónigos de la Basílica de Guadalupe, monseñor Jesús Guízar Villanueva, sobrino de San Rafael Guízar y Valencia.

En sus reportes confidenciales al Papa Benedicto XVI –cuyas copias tiene este semanario–, Guízar Villanueva se quejaba de que Monroy había convertido al santuario en una jugosa “empresa” alejada de sus fines pastorales.

Hablaba del “afán desmedido por el dinero” que tenía el rector, quien logró acumular “riquezas inexplicables”, entre ellas lujosas residencias en la Ciudad de México y Michoacán, su estado natal.

También lamentaba que Monroy hubiera impuesto como tesorero del santuario a su “querido”, el “laico Héctor Bustamente”, con quien solía realizar viajes de placer por todo el mundo o encabezar afiebradas orgías en el propio santuario.

El canónigo Guízar Villanueva pedía en sus informes al Vaticano: “no que se me crea, sino que se me oiga y se investigue a fondo”. Solicitaba una “auditoría” o una “visita canónica” al santuario.

Guízar estaba esperando respuesta papal cuando, sorpresivamente, fue encontrado golpeado y bañado en sangre en su dormitorio, en enero pasado. Murió en el hospital. Sus familiares sospechan que se trató de un homicidio (Proceso 1769).

Fueron estos antecedentes de Monroy los que –según fuentes confidenciales– influyeron para que ya no fuera reelegido rector por tercera ocasión.

Ahora, alejado de esa responsabilidad, Monroy planea abrir un museo de “nacimientos” navideños en su residencia de Quiroga, en Michoacán.

“La casa donde yo nací la quiero donar a mi pueblo para que sea una casa de cultura. Quiero darla para que albergue este museo”, dijo Monroy en una entrevista difundida el pasado 22 de diciembre en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame).

Y explicó que ha logrado juntar una colección de mil 600 nacimientos de distintos países, que datan del siglo XIII a la fecha.

Entusiasmado con su excéntrico hobbie, Monroy habló de las figuritas de cera, barro, hoja de lata, cobre y otros materiales con las que suele adornar sus primorosos “nacimientos”. Sobre todo le gustan las figuritas del señor San José: “Yo me imagino a San José como el más guapo de Nazaret”, dijo. Y habló sobre uno de sus nacimientos preferidos: se compone de 400 figuras de cera que representan los pasajes más relevantes de la Biblia.

“Los nacimientos siempre tienen un valor catequético. Presentarlos al público mueve a la reflexión”, explicó Monroy, quien para nada abordó el espinoso tema del dinero que recaudó y no se sabe dónde está.

Para Horacio Sentíes, el cronista de La Villa, Monroy es sólo el último encargado del santuario que logró enriquecerse con el culto a la Virgen del Tepeyac, que cada año jala alrededor de 20 millones de peregrinos a la Basílica:

“Muchos de los antecesores de Monroy han hecho lo mismo, sin tener que rendir cuentas a nadie. Yo siempre he dicho que el principal misterio de la Basílica no es la aparición de la Virgen, sino la desaparición de las enormes sumas de dinero que deja su culto”, dice el cronista.

–¿El nuevo rector podrá impulsar un cambio drástico en ese sentido?

–No, no lo creo. Glennie le dará continuidad a los negocios que le heredó Monroy. Será el rector de la continuidad. Finalmente, el cardenal Rivera sigue estando detrás de ambos. Y nos esperan más sorpresas cuando empiece a funcionar la Plaza Mariana.¡AMLO 2012!

PROCESO: Un país doblegado, un gobierno débil, un presidente estresado J. Jesús Esquivel

Un país doblegado, un gobierno débil, un presidente estresado
J. Jesús Esquivel

Con una economía tambaleante, con el narcotráfico golpeado pero vivo y en acción, con los asesinatos, ejecuciones y levantones de civiles inocentes encima –los daños colaterales de los que nadie se hace responsable–, Felipe Calderón se adentra, en declive, en su quinto año de gobierno, con el contexto inevitable de los retos electorales que esperan a su partido en 2011. Y el de por sí dramático panorama lo completan las revelaciones hechas mediante los memorándums que ha dado a conocer el sitio de WikiLeaks a través de los cuales los diplomáticos de Estados Unidos desnudan al presidente mexicano y a sus principales colaboradores como débiles, inseguros, doblegados…



WASHINGTON.- Estados Unidos desconfía de Felipe Calderón, de las Fuerzas Armadas de México, de los funcionarios federales y de todas las policías del país, según se desprende de 17 cables de la diplomacia estadunidense referidos a este país y que difundió el sitio de internet WikiLeaks.

Los cables –que WikiLeaks ofreció a los diarios The New York Times y El País, donde en parte fueron publicados– hacen evidente el poder que ejercen en México las agencias de inteligencia de Washington y la alarma del gobierno estadunidense por la corrupción que ha generado el narcotráfico.

Los despachos secretos y clasificados que la embajada de Estados Unidos en México envió al Departamento de Estado (y viceversa) muestran a un Washington dispuesto a respaldar a Calderón en la lucha contra el narcotráfico, pero a cambio de extender en el país sus redes de espionaje, aprovechando la incapacidad del gobierno mexicano.

Las 52 páginas de los 17 despachos diplomáticos de Estados Unidos sobre México que WikiLeaks había liberado hasta el cierre de esta edición muestran a un gobierno calderonista doblegado ante Washington debido a su incapacidad y a las fallas tácticas en su guerra contra el narcotráfico.

Los documentos confirman lo que ha revelado Proceso y que ha pretendido desmentir el gobierno de Calderón: que los golpes más fuertes a los cárteles del narcotráfico se produjeron gracias a la información de los servicios de inteligencia del Pentágono, de la DEA y de la CIA.

Esas instancias de Washington operan en México coordinadas sobre todo con la Secretaría de Marina, pues Estados Unidos desconfía del Ejército y de las corporaciones policiacas federal, estatales y municipales, las cuales, señalan los cables, han sido corrompidas por el narcotráfico.

Pese a las aclaraciones y a los intentos del gobierno de Barack Obama de minimizar el efecto negativo de la difusión de esos cables en la relación bilateral, el golpe a Calderón ya está dado y Los Pinos y la Casa Blanca iniciaron sendas campañas de control de daños.

A continuación Proceso transcribe los fragmentos más importantes de los 17 cables secretos desclasificados por WikiLeaks.

Calderón, “bajo estrés”



El cable 124636 –enviado por la oficina de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a la embajada en México el 4 de diciembre de 2009 y clasificado como “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”– señala:

“Estamos interesados en actualizar nuestro análisis sobre el liderazgo del presidente Calderón para tener mejor informados a los legisladores de Estados Unidos. Referencias anteriores han indicado que Calderón y su gobierno están actualmente bajo un gran estrés debido a la guerra contra las drogas, el colapso económico y la derrota de su partido en las elecciones de medio periodo. Pese a los informes recientes seguimos interesados en saber cómo estos acontecimientos están afectando su personalidad y estilo de gobernar y cómo ese estilo afecta el funcionamiento del gobierno; especialmente a la luz de los cambios recientes en el gabinete (…) Le daremos la bienvenida a cualquier información que se nos pueda proveer por medio de las siguientes preguntas:

“A) ¿Cómo reacciona el presidente Calderón a los puntos de vista que difieren de los de él? ¿Le gusta debatir con la gente que no está de acuerdo con él? ¿Prefiere escuchar sus opiniones, pensar sobre éstas y darles una respuesta? ¿Está rodeado de personas que tienen una variedad de opiniones o prefiere a aquellos que a todo le responden ‘sí señor’?

“B) ¿Cómo describiría usted el estilo de gobernar de Calderón, como el de un hombre de ideas o como el de un gerente que gusta de manejar todo? ¿Cuáles son los efectos de su estilo de gobernar en aquellas personas que trabajan para él?

“C) ¿Cómo describiría usted la personalidad de Calderón? ¿Qué valores, creencias y comportamientos considera Calderón más valiosos y qué cualidades son las que respeta más en otras personas: lealtad, respeto, honestidad, etcétera?

“D) ¿Cuáles son los planes de Calderón para el resto de su mandato?

Seguridad y economía



El cable 4787 fue enviado el 17 de julio de 2009 de la oficina de Clinton a la embajada en México, con la clasificación de “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”:

“El equipo de seguridad y el económico del gobierno del presidente Calderón continúan atrayendo la atención de Washington al más alto nivel… por lo que nos gustaría que respondieran a las siguientes preguntas sobre la evolución de la dinámica del equipo de seguridad y el económico:

“A) ¿Cuál es la dinámica entre los integrantes del equipo de seguridad? ¿Qué tan bueno es el trabajo conjunto entre los principales miembros del equipo de seguridad (Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, general Guillermo Galván, almirante Francisco Saynez, Fernando Gómez Mont y Jorge Tello Peón)? La actualización de los detalles sobre la dinámica de trabajo sería particularmente de utilidad, incluyendo las amistades notables, alianzas, rivalidades y sospechas.

“B) ¿Con cuánta frecuencia se reúne el equipo de seguridad? ¿Hay alguien que haya emergido como el líder o coordinador más connotado? ¿Quiénes son los principales arquitectos de las operaciones antinarcóticos del gobierno? ¿En la planeación de las operaciones de seguridad quién, además de Calderón, tiene la última palabra?

“C) ¿Cuál es el estado de ánimo entre los miembros del equipo de seguridad? ¿Están optimistas sobre el estatus de la actual estrategia contra las drogas? ¿Piensan que se puede ganar la lucha? ¿Hay desacuerdos significativos sobre la actual estrategia? (…) ¿Cuál sería el funcionamiento del equipo para crear una estrategia? ¿Cómo le hacen para recuperarse cuando el equipo sufre una derrota?

“D) ¿Cuál es la dinámica actual dentro el equipo económico? ¿Quiénes son los principales arquitectos de la actual estrategia económica? ¿Qué tan posible es la salida de alguno de los integrantes de este equipo en el futuro cercano?”

Estado de excepción



El tercer cable clasificado como “secreto” fue enviado al Departamento de Estado el 28 de octubre de 2009 por John Feeley, encargado de asuntos diplomáticos de la embajada en México:

“El secretario de la Defensa (Sedena), Guillermo Galván Galván, abordó recientemente la posibilidad de invocar el artículo 29 de la Constitución para declarar estado de excepción en ciertas áreas del país, que proveerían más bases sólidas y legales para el papel militar en la lucha nacional contra los narcóticos. El secretario de Gobernación Gómez Mont, de manera alternativa, ofreció un punto de vista diferente citando un fallo de la Suprema Corte como un precedente suficiente para dar las bases legales a los militares (…)

“Nuestro análisis sugiere que los beneficios legales de invocar un estado de excepción son inciertos y que los costos políticos podrían ser altos. Aunque no puede ser descontada en un futuro cercano la posibilidad de dicho tipo de declaración, el gobierno de México está lejos de considerarse definido en torno a la eficacia o necesidad de un movimiento inmediato en esa dirección.

“Gómez Mont dijo a funcionarios de Estados Unidos durante la reunión del 19 de octubre que la invocación del artículo 29 sería ‘altamente polémica’ y socavaría su inmediata necesidad.

“El costo de declarar estado de excepción en lugares como Ciudad Juárez podría ser alto y casi con certeza podría provocar un aumento en el escrutinio internacional y nacional de la comunidad de derechos humanos. Sin embargo, una negativa del Congreso a la invocación del artículo 29 podría ser vista como un rechazo público a la estrategia antinarcóticos de Calderón.”

“Tips” de inteligencia



El cable “secreto” 3061, enviado al Departamento de Estado por el embajador Carlos Pascual el 23 de octubre de 2010, dice:

“Dennis Blair, el director nacional de Inteligencia, se reunió unos 40 minutos con el presidente Calderón el 19 de octubre en el Palacio Nacional. La plática se centró en la cooperación e intercambio de información de inteligencia y en la integración de operaciones entre funcionarios mexicanos y estadunidenses. Calderón también hizo amplios comentarios sobre los acontecimientos políticos en América Latina y sobre el papel de Estados Unidos.

“El centro de la conversación fue que México debe continuar mejorando su coordinación y capacidad de respuesta entre sus fuerzas de seguridad para actuar de manera efectiva sobre tips de inteligencia sin importar la fuente, incluidos los canales internos de inteligencia mexicanos.

“La Policía Federal mexicana sigue manteniendo sus bases de operación en la Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa es más descentralizada, pero aún tiene que definir una plataforma de cooperación con la Policía Federal. Cuando se realizan operativos en áreas rurales de terrenos inhóspitos, la complejidad de movimientos de grupos grandes de seguridad en un corto lapso regularmente se traduce en la fuga de individuos contra quienes se realizan los operativos. Calderón dijo (que) esta situación lo pone ‘muy triste’ y que la considera ‘un gran error’ de parte de ellos (las fuerzas de seguridad).

“Blair dijo que el ingrediente del éxito es generar confianza entre la comunidad para que dé tips contra traficantes de drogas. Para lograr eso la gente necesita sentirse segura y debe creer que la policía puede mantener la seguridad pública. Y esto también significa que la información de inteligencia debe usarse rápido, de forma efectiva y responsable.

“Blair preguntó a Calderón acerca de su perspectiva en torno al desarrollo político de la región, y cómo Estados Unidos podría continuar incrementando su efectividad diplomática. Calderón enfatizó que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra activo en todos lados, incluido México. Se extendió en sus comentarios hasta subrayar que él cree que Chávez financió la oposición del PRD durante la campaña presidencial de hace casi cuatro años.”

Ciudades clave



El cable 2882, “confidencial”, fue enviado por Pascual al Departamento de Estado el 5 de octubre de 2009:

“En una cena ofrecida por la PGR (Procuraduría General de la República) a una delegación de funcionarios del Departamento de Justicia, Tello Peón, el coordinador nacional de Seguridad, y el subsecretario de Gobernación (Gerónimo) Gutiérrez Fernández, dijeron a la delegación de funcionarios visitantes que les gustaría explorar con seriedad la concentración de los esfuerzos conjuntos en dos o tres ciudades clave para revertir la actual ola de violencia e inestabilidad y para demostrar éxito en la lucha contra las organizaciones del tráfico de drogas en los próximos 18 meses.

“Ellos (Tello Peón y Gutiérrez Fernández) sugirieron comenzar en Ciudad Juárez, Tijuana y otra ciudad con una célula conjunta de planeación, para revisar qué recursos se podrían utilizar de manera colectiva.

“Gutiérrez Fernández lamentó el temor (…) que forma parte de la sociedad contemporánea de México, donde la gente que vive en Yucatán, con niveles de seguridad al estilo europeo, tiene miedo de la inestabilidad que hay en algunas ciudades. Expresó una preocupación real por el riesgo de “perder” ciertas regiones. (La situación) está perjudicando la reputación internacional de México, causando daño a las inversiones extranjeras y generando un sentido de impotencia gubernamental, dijo Gutiérrez.

“Consideró que, para comenzar, necesitamos un buen análisis conjunto sobre los grupos criminales que hacen explícitas sus vulnerabilidades… Tello Peón sugirió la formación de una célula de planeación integrada con expertos de cada lado que se concentren en algunos programas específicos para los próximos dos años.”

Derechos humanos



El 9 de septiembre de 2009, el embajador Pascual envió al Departamento de Estado el cable 2676, “confidencial”:

“El 7 de septiembre, funcionarios de la embajada (estadunidense) se reunieron con oficiales de la Sedena para discutir el inicio de un diálogo sobre derechos humanos que nos permitiera entender los procesos legales en el sistema de justicia militar mexicano y aclarar preguntas específicas con respecto a denuncias sobre violaciones. El general Jaime López Portillo, el oficial de más alto rango en materia de derechos humanos dentro de la Sedena, encabezó a la delegación mexicana, que incluyó a un director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Pese a que de manera anticipada, por medio de oficiales de la Sedena y canales de la SRE, nosotros entregamos una lista específica sobre varios casos que involucran denuncias sobre violaciones de derechos humanos, y que nuestra reunión había sido coordinada con un mes de anticipación a través de la Oficina de Protocolo de la Sedena, López Portillo no recibió nuestras preguntas antes de que se realizara la reunión.

“Esto no era una señal de la disposición de la Sedena a discutir los casos, sino que, al contrario, reflejó la falta de experiencia e involucramiento en el tópico de derechos humanos y las de alguna forma rígidas reglas con que opera la Sedena para transmitir información sobre la burocracia.”

Récord de homicidios



El 23 de enero de 2009, la embajada en México envió al Departamento de Estado el cable 193, clasificado como “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”:

“2008 estableció un nuevo récord de homicidios relacionados con el crimen organizado, al registrarse más de 6 mil asesinatos.

 “(…) En 2008 cambió la naturaleza de la violencia generada por los cárteles: la violencia del crimen organizado se caracterizó por un significativo incremento de la brutalidad, un desdén por el potencial de los daños colaterales y una mayor frecuencia de ataques a soldados y policías. Las organizaciones del tráfico de drogas de México orquestaron con más frecuencia actos de violencia para enviar mensajes de intimidación a las fuerzas de seguridad, al público y a los políticos.

“Decapitaciones y la prominente colocación en lugares públicos de cuerpos desmembrados, relativamente raros hace dos años, son ahora un común denominador en todo el país.

 “(…) Aun cuando los cárteles todavía no han lanzado ataques directos contra personal o agentes del gobierno de Estados Unidos (en México), han demostrado poca reticencia para atacar a algunos de nuestros más confiables aliados dentro de las agencias mexicanas de aplicación de la ley.

“Desde 2007 han sido asesinados 10 agentes mexicanos, contactos cercanos de la DEA, siete de los cuales eran integrantes de Unidades Especiales que habían sido sometidas a escrutinio.

“De manera similar, en los últimos dos años han sido asesinados 51 contactos del FBI.

“Más de 60 de los mejores agentes de México en los que depositamos nuestra confianza y con quienes colaboramos en investigaciones sensibles, compartimos información de inteligencia (…) han sido asesinados por los cárteles.

“(…) La amenaza al personal de Estados Unidos podría aumentar si la violencia sigue incrementándose y si más funcionarios gubernamentales y líderes políticos son blancos de ataques. Una reacción que podría incitar a los cárteles a realizar esto sería que percibieran sus pérdidas como consecuencia del respaldo del gobierno de Estados Unidos al de México.

“Seguiremos monitoreando las amenazas potenciales y permaneceremos alertas a la información que sugiera que los traficantes de droga consideran de manera creciente que la mano de Estados Unidos es la responsable de sus pérdidas.”



Fallas de inteligencia



El cable 3195, enviado el 10 de noviembre de 2009 al Departamento de Estado por el embajador Pascual, está clasificado como “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”:

“La estrategia de seguridad del presidente Calderón carece de un efectivo aparato de inteligencia para producir información de alta calidad y para realizar operaciones específicas. Funcionarios de la embajada que trabajan con el gobierno de México reportan que está fracturado el uso de estrategias y de información de inteligencia táctica en parte porque confían mucho en el respaldo de Estados Unidos.

“El gobierno de México enfrenta varios retos institucionales para desarrollar de manera más efectiva, analizar y utilizar la información de inteligencia.

“Uno de los aspectos más críticos es la falta de confianza entre y dentro de las instituciones del gobierno de México. Funcionarios de la embajada (estadunidense) reportan que, por ejemplo, la Sedena tiene bien establecidas unidades de inteligencia que desarrollan operaciones contra jefes de los cárteles. En general ellos no comparten información o análisis con las fuerzas que han sido desplazadas a los lugares para la lucha antinarcóticos, como Ciudad Juárez.

“A nivel local las fuerzas de la Sedena desplazadas a las plazas calientes raramente desarrollan o utilizan información de inteligencia táctica. De hecho no cuentan con cuerpos profesionales de inteligencia para recolectar información, operan virtualmente a ciegas excepto cuando reciben tips anónimos. Tomando en cuenta la divulgación el año pasado de casos de corrupción de alto nivel, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son objeto de sospechas similares a las que padece la Sedena.

“Funcionarios de la embajada destacan de manera particular la dificultad de construir una efectiva estructura de inteligencia en la frontera norte de México (…) La rivalidad entre el procurador general de la República (Eduardo) Medina Mora (recientemente reemplazado por Arturo Chávez Chávez) y Genaro García Luna, de la SSP, minimiza dramáticamente la cooperación e intercambio de información entre las dos agencias.

“Los miedos a la corrupción están bien fundamentados, tomando en cuenta el número de operaciones que han sido suspendidas o que han fracasado por la fuga de información.

“Galván Galván, el secretario de la Defensa, en una reunión reciente con funcionarios de Estados Unidos expresó poco interés en robustecer la cooperación con otras agencias, por las luchas internas y la desconfianza en las instituciones del gobierno de México.

“Expertos de la embajada dicen que las autoridades mexicanas con más regularidad se apoyan en los tips que les proporcionan las agencias estadunidenses y las organizaciones de inteligencia, y que muchas de las capturas de figuras importantes de los cárteles de la droga se realizaron con asistencia de Estados Unidos (…)”

La caída de Beltrán Leyva



El cable 3573, clasificado como “secreto”, lo envió el embajador Pascual al Departamento de Estado el 17 de diciembre de 2009:

“Las fuerzas de la Secretaría de Marina (Semar) de México, respondiendo y actuando ante información proporcionada por Estados Unidos, en una operación realizada el 16 de diciembre mataron a Arturo Beltrán Leyva, la baja al más alto nivel de una figura de un cártel bajo el gobierno de Calderón. La operación es una victoria clara para el gobierno mexicano y un ejemplo de la excelente cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“La unidad que realizó la operación recibió entrenamiento amplio por parte de Estados Unidos. La muerte de Arturo Beltrán Leyva no resuelve el problema de las drogas de México, pero esperamos que genere un momentum necesario para lograr avances sustantivos contra las organizaciones del tráfico de drogas.

“Funcionarios de las agencias de aplicación de la ley en la embajada (estadunidense) dijeron que la operación de arresto contra Arturo Beltrán Leyva comenzó una semana antes de su muerte, cuando la embajada proporcionó a la Semar información detallada sobre su ubicación.

“La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado una capacidad de respuesta rápida a información de inteligencia. Su éxito pone al Ejército (Sedena) en una posición difícil para explicar por qué ha sido reacio a actuar sobre información de inteligencia buena y a realizar operaciones contra objetivos de alto nivel.

“Las agencias de inteligencia de Estados Unidos originalmente entregaron la información a Sedena (sobre Arturo Beltrán Leyva), cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo que representa para la institución una importante victoria en la lucha contra los narcóticos.

“La Sedena proporcionó apoyo a la Semar durante la lucha contra las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva, pero sólo puede tomar un poco de crédito del éxito de la operación. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, también se puede contar como un perdedor neto en el operativo contra Arturo Beltrán Leyva. La SSP considera que son su responsabilidad los blancos (líderes) de la organización de los Beltrán Leyva, y García Luna ya ha dicho en privado que esta operación debió haber sido suya.”

Grupo Bilateral



El cable 83, enviado al Departamento de Estado el 29 de enero de 2010 por la embajada, tiene clasificación de “secreto” y dice:

“La inauguración del Grupo Bilateral de Trabajo sobre Defensa (DBWG, por sus siglas en inglés), el 1 de febrero, se dará en un momento clave de nuestros esfuerzos para profundizar la relación bilateral y para apoyar los primeros pasos del Ejército de México hacia su modernización.

“El DBWG puede ayudar a garantizar que el gobierno de México se mantenga concentrado en hacer todo tipo de actualizaciones institucionales, incluida una mayor atención a los derechos humanos y la ampliación de la participación regional para fortalecer la lucha inmediata contra el crimen organizado y su efectividad, para que su posición militar vaya acorde con el siglo XXI y sea una de las democracias líderes en la región.

“Este año ayudaremos a México a institucionalizar sus capacidades civiles para la aplicación de la ley, reduciendo la fase en que el Ejército deba realizar funciones que tradicionalmente corresponden a la policía.

“La corrupción gubernamental está expandida (…) entre los líderes de las agencias de aplicación de la ley y sus subalternos.

“El reto que enfrentarán en la DBWG es convencerlos de que la modernización y no la retirada son la clave para seguir adelante, y que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la modernización (…)

“La Sedena carece de autoridad para realizar arrestos y es incapaz de procesar información y evidencias para ser utilizadas en casos judiciales.

“Misiones conjuntas de análisis (de información de inteligencia), una en Tijuana y San Diego, y otra en Ciudad Juárez y El Paso, fueron diseñadas para expandir nuestros esfuerzos bilaterales y abordar una debilidad (…): el disfuncional bajo nivel de colaboración entre el Ejército Mexicano y las autoridades civiles a lo largo de la frontera.

“Nuestros lazos con los militares (mexicanos) nunca habían estado tan unidos en términos no sólo de transferencia de equipo y entrenamiento, sino en todo tipo de intercambio de información de inteligencia que esencialmente está haciendo la diferencia contra el crimen organizado.”

El papel de los militares



El undécimo cable desclasificado por WikiLeaks –el 3077, enviado el 26 de octubre de 2010 al Departamento de Estado por la embajada y clasificado como “secreto”– señala:

“El director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, se reunió con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, el 19 de octubre, en la víspera de un encuentro con el presidente Calderón y miembros de su gabinete de seguridad. La mayor parte de la plática se concentró en el papel de los militares en la lucha contra el narcotráfico (…)

“Galván claramente está buscando cooperación del gobierno de Estados Unidos para fortalecer la capacidad de su institución en el combate a las organizaciones del tráfico de drogas, pero tratando de mantener las acciones militares dentro de sus propios canales, en lugar de ampliar la colaboración con la comunidad de las agencias de aplicación de la ley de México.

“La Sedena corre el riesgo de perder su prestigio público y de ser criticada sobre asuntos de derechos humanos si se extiende su papel en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo él (Galván Galván) espera que el Ejército mantenga su actual mandato los próximos siete o 10 años. Galván sugirió que incrementar la asistencia de Estados Unidos en información de inteligencia podría reducir ese periodo.

“Galván indicó que está interesado en establecer los más altos niveles de cooperación con Estados Unidos (…) y hacer a su institución responsable de capturar blancos de alto nivel, incluyendo a dos miembros de Los Zetas y al jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

“Él dijo que la Sedena está implementando una operación, la cual consta de tres etapas, específicamente para atrapar al Chapo. La primera etapa, que ellos han concluido, es establecer una fuerza física en el área de sus operaciones para recolectar información de inteligencia.

“Hizo notar que han encontrado 10 o 15 lugares por donde él (El Chapo) se mueve, pero que El Chapo comanda una amplia red de apoyo constituida por informantes y que tiene un cinturón de seguridad de hasta 300 hombres que dificultan el lanzamiento de operativos para su captura. La segunda fase consiste en desplazar un círculo de soldados dentro de las áreas donde opera, la cual Galván espera iniciar pronto. La tercera etapa es su captura.”

Monterrey y “Los Zetas”



El cable 066, clasificado “para uso oficial”, fue enviado al Departamento de Estado por el consulado en Monterrey el 28 de febrero de 2010:

“Entrada la noche del 27 de febrero, hombres encapuchados lanzaron ataques con granadas contra cinco oficinas policiacas municipales dentro del área metropolitana de Monterrey.

“Fuentes policiacas reportaron que los policías que estaban presentes durante los ataques huyeron de sus puestos. Ahora está claro que la lucha que se libra entre el cártel del Golfo y Los Zetas ha alcanzando a Monterrey.

“Tomando en cuenta la profunda penetración de Los Zetas en las fuerzas policiales de las municipalidades donde se perpetraron los ataques, una explicación más clara de éstos fue un mensaje que envió el cártel del Golfo a la policía para que se desista de su apoyo a Los Zetas y para que cambie de bando.

“Información desclasificada reporta que el líder de Los Zetas, Miguel Heriberto Lazcano Lazcano, se cree que está escondido en Monterrey y que estaba planeando una ofensiva contra el cártel del Golfo en Tamaulipas. Esta información está acompañada de reportes provenientes de otras fuentes y de miembros del Grupo de Trabajo de la Aplicación de la Ley, que sostiene que Saltillo, Coahuila, podría ser considerado un refugio para Los Zetas.”

El fracaso de Cancún



El cable 141, “confidencial”, enviado por la embajada al Departamento de Estado el 26 de febrero de 2010, afirma:

“Fracasó de manera dramática el ambicioso plan del gobierno de México de usar su presidencia de la cumbre del Grupo de Río (realizada en Cancún del 22 al 23 de febrero) para crear un foro más operacional para la cooperación regional.

“La Cumbre de Unidad Latinoamericana celebrada en la turística ciudad de Cancún fue pobremente concebida, manejada de manera inadecuada y mal ejecutada.

“La Declaración de Cancún presenta una larga lista de asuntos pendientes sin especificar ningún detalle de cómo operarían para traducirlos en acciones internacionales efectivas…”

Frontera sur



El 25 de enero de 2010, la embajada envió al Departamento de Estado el cable 77, clasificado como “confidencial”:

“Desafortunadamente nuestras visitas a tres puntos transfronterizos entre Guatemala y México, en Chiapas, revelaron que ninguno de los dos países trabaja con seriedad para aplicar las leyes y detener el tráfico de armas.

“Los funcionarios fronterizos hicieron un intento por ilustrar un cruce fronterizo seguro, pero en sus explicaciones resaltaron serias inconsistencias de procedimiento que minimizan un control efectivo. Mientras los agentes fronterizos inspeccionan a 100% de los individuos y autos que cruzan legalmente el puente, la información recogida se guarda en un centro de datos local que no está conectado a un centro de datos federal o internacional con información sobre criminales.

“Esta conferencia subrayó la debilidad de los controles en la frontera sur de México, que está contribuyendo al problema de la migración indocumentada y al tráfico de armas y drogas.”

Relaciones con Venezuela



El cable 3178, “secreto”, fue enviado el 27 de octubre de 2008 por la embajada al Departamento de Estado:

“Desde que asumió el poder, el presidente Felipe Calderón ha intentado reparar las relaciones con Venezuela, y la Cancillería ha dicho que lentamente están logrando avances. Sin embargo, persisten varios puntos de fricción, como la falta de un embajador de Venezuela en la Ciudad de México, sospechas sobre actividades extraoficiales de diplomáticos venezolanos en México y la expropiación de bienes mexicanos por parte del gobierno venezolano, que ha evitado y probablemente continuará evitando que exista una relación verdaderamente cálida.

“México no ofrece el tipo de terreno fértil para el activismo bolivariano, como ocurre en otros países del hemisferio. La desconfianza sobre el intervencionismo extranjero y las lecciones aprendidas en las elecciones presidenciales de 2006 probablemente evitarán que el movimiento bolivariano tenga un impacto significativo en el escenario político y social mexicano.

“Como Venezuela, México también está buscando establecer su liderazgo en la región, particularmente en Centroamérica.”

La opinión española



El cable 059 fue enviado al Departamento de Estado por la embajada de Estados Unidos en España el 16 de enero de 2009. Clasificado como “confidencial”:

“La secretaria de Estado para Iberoamérica del gobierno español, Trinidad Jiménez, el 8 de enero ofreció un almuerzo en honor de Tom Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos.

“Jiménez agradeció a Estados Unidos por centrar su atención en la frontera entre México y Guatemala… La funcionaria española sugirió a Shannon que España y Estados Unidos deberían verse –lo mismo que México y Brasil– como aliados más que rivales.”

Aznar y Colombia



El 9 de mayo de 2008, la embajada en España envió al Departamento de Estado el cable 518, “confidencial”:

“Del 30 de abril al 1 de mayo el subsecretario Tom Shannon visitó Madrid y se reunió con el secretario general de la Presidencia, Bernardino León, y con el expresidente del gobierno español José María Aznar.

“Aznar le enfatizó a Shannon la importancia de Colombia y México, y urgió a Estados Unidos a mantener un fuerte respaldo a esos países.

“Aznar mencionó que habló con el presidente Felipe Calderón antes de la Cumbre de Nueva Orléans y que Calderón le expresó su preocupación por la reducción del apoyo del Congreso estadunidense para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Iniciativa Mérida.

“Aznar dijo que Colombia y México son países clave en la región. Dijo que Estados Unidos y España deberían trabajar juntos para lograr que México sea más activo en la región. Aunque reconoció que el involucramiento de Brasil es positivo, éste necesita ser complementado por una mayor participación de México.”
¡AMLO 2012!

PROCESO: WIKILEAKS Un “tsunami informativo” Jenaro Villamil

Un “tsunami informativo”
Jenaro Villamil

Fascinación e interés mundiales produjeron este año las espectaculares y bien sincronizadas filtraciones del sitio de internet WikiLeaks.

En abril de 2010 se conoció un video grabado en 2007 donde se ve a soldados estadunidenses asesinar al reportero Namir Noor Eldeen, de la agencia Reuters, y a 10 personas más en Irak; el 25 de julio se divulgaron 92 mil documentos sobre la guerra de Afganistán entre 2004 y 2009; el 22 de octubre se realizó “la mayor filtración de información clasificada en la historia” –como la llamó la BBC– con 391 mil 831 documentos del Pentágono en torno a la guerra de Irak (Irak War Logs) y el 28 de noviembre se difundió parte de los 251 mil 187 cables secretos que enviaron las embajadas estadunidenses al Departamento de Estado (el llamado Cablegate).

A pesar de que hasta ahora sólo se conoce de 3 a 4% de estos últimos documentos –según declaró Julian Assange a la televisora Al Jazeera–, es claro que con esta fuga de información WikiLeaks se convirtió en el tema central de todas las redacciones y en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Barack Obama, en especial para su secretaria de Estado, Hillary Clinton. La visión que tiene del mundo el gran imperio quedó desnuda y fue reproducida en todos los medios.

“Un término en sí mismo”



La fascinación por WikiLeaks es creciente. En menos de tres meses ese nombre ha tenido 102 millones de menciones en el buscador de Google. El Global Language Monitor, organismo estadunidense que vigila y clasifica el uso de las palabras inglesas en el mundo, estableció hace unas semanas que el vocablo wikileaks “ha cumplido con los criterios de alcance, profundidad y palabra para ser considerado un término en sí mismo”.

El fundador del sitio, Julian Assange, detenido el 7 de diciembre pasado, se convirtió en un personaje digno de una novela de Stieg Larsson: mezcla de hacker vengador, activista y sex symbol posmoderno.

El tsunami informativo generado por WikiLeaks es explicable. Sus filtraciones actualizaron dos de las grandes obsesiones de la era de la información, de su tecnología y de las redes sociales de internet: la develación de los secretos del poder y los límites a la intimidad.

Nadie ha dicho si lo expresado en los cables divulgados constituye “la verdad” de los hechos, pero ni siquiera el Departamento de Estado se atreve a negar la autenticidad de este intercambio de opiniones, espionaje y chismografía con el que se entreteje la política exterior de Estados Unidos.

La filtración no acreditó la veracidad, sino principalmente la vulnerabilidad de los “secretos” estadunidenses (primero los del Pentágono y luego los del Departamento de Estado). El Cablegate tiene muchos ingredientes de talk-show: el chisme y las infidencias propias de estos programas de la neotelevisión. Con sentido común extremo, Lula afirmó que el problema no es WikiLeaks, sino el Departamento de Estado, que permite e incluso pide que circule ese tipo de correspondencia oficial entre los embajadores de la máxima potencia mundial.

Más allá de las impresiones y deducciones de los diplomáticos estadunidenses, los cables también documentan el engaño sistemático en que los gobiernos occidentales, con la venia de Estados Unidos o sin ella, mantienen a sus ciudadanos, como dijo Javier Moreno, director de El País, uno de los cinco grandes periódicos que publicaron el contenido de los cables:

“El interés global concitado por los papeles de WikiLeaks se explica principalmente por una razón muy simple, pero al mismo tiempo muy poderosa: porque revelan de forma exhaustiva, como seguramente no había sucedido jamás, hasta qué grado las clases políticas en las democracias avanzadas de Occidente han estado engañando a sus ciudadanos” (El País, 19 de diciembre de 2010, página 6).

Otro ángulo de interés es la confirmación de que WikiLeaks forma parte de una tendencia iniciada desde mediados de esta década con Facebook, Twitter, YouTube, Weblog y otros sitios interactivos, que a la vez inauguran una nueva etapa y cierran un ciclo.

Lejos de suplantar el periodismo tradicional de medios impresos o electrónicos, WikiLeaks lo potencia. Nunca como ahora se reclama una auténtica labor de ensamblaje, de contexto y de mayor investigación sobre todas y cada una de las pistas que aportó este año el sitio de leak (fuga, goteo, filtración).

Esta es la labor pendiente, sostienen tanto los escépticos como los seguidores del fenómeno. Por otra parte, se cierra la era del Watergate y los “papeles del Pentágono” divulgados en 1971 por Daniel Elisberg –ahora firme defensor de WikiLeaks–; es decir, termina la época del escándalo político generado por la información documental y oral que depende de una “garganta profunda” o de fuentes personales y confidenciales que compartían los secretos y la intimidad del poder. Es la hora de la divulgación masiva de documentos que merecen relectura y cotejo de datos.

WikiLeaks y las variables que se crearán a partir de ahora no suplantan la labor periodística pero sí la facilitan y aportan muchas pistas. Incluso pueden ser generadoras de contrainformación. No borrarán la frivolidad predominante en las redes sociales más consultadas, como Facebook y sus 500 millones de usuarios en todo el mundo, pero abren nuevas posibilidades de autogestión informativa.

“Big Brother” al revés



El semiólogo italiano Umberto Eco afirmó hace dos semanas que lo sucedido con WikiLeaks es la contraparte del Big Brother orwelliano: así como los ciudadanos se han sentido vulnerables ante el poder invasor, ahora éste queda desnudo ante la propia incapacidad de guardar sus secretos.

“Ahora que se ha demostrado que ni siquiera las criptas de los secretos del poder pueden escapar al control de un hacker, la relación de control deja de ser unidireccional y se convierte en circular. El poder controla a cada ciudadano, pero cada ciudadano, al menos el hacker –elegido como vengador del ciudadano–, puede conocer todos los secretos del poder”, advierte Eco.

Y elabora una síntesis de su tesis sobre la tecnología y la modernidad: “Yo había tenido ocasión de escribir antes que la tecnología avanza como un cangrejo, es decir, hacia atrás. Un siglo después que el telégrafo sin hilos revolucionara las comunicaciones, internet ha restablecido un telégrafo con hilos (telefónicos)… No tiene pues nada de sorprendente que la política y las técnicas de comunicación vuelvan a los viejos carruajes”.

¿Esto nos volverá una sociedad mejor informada, hará que el periodismo vuelva a florecer a través de las redes sociales? La pregunta está en el aire. Parafraseando a Umberto Eco, en este tema existen también apocalípticos e integrados, optimistas en exceso y cautelosos de la vieja guardia.

Isaac Rosa escribió en el diario catalán Público que “la web 2.0 ha dejado de ser cosa de frikis. Ahora bien, de ahí a convertirse en un poder va mucho”. Cauteloso, advirtió: “WikiLeaks se topó con la prensa tradicional y sus filtros, pero también con la persecución a Assange, nada virtual. En cuanto a las acciones tipo Anonymous, son muy llamativas pero aún hay mucha diferencia entre tumbar la web a ese gobierno, y lo mismo vale para empresas o bancos” (Público, 27 de diciembre de 2010).

No será la tecnología en sí misma la que resuelva los dilemas planteados. Tampoco serán los periodistas y menos los grandes imperios mediáticos que han sido gestores y “filtradores” de la filtración misma.

El punto está en las audiencias de las propias redes sociales, en los lectores de los periódicos que han replicado esta información y reclaman más detalles y contexto; en la deliberación que se ha provocado, de una forma mucho más vertiginosa y globalizada que las grandes transmisiones de televisión abierta.

La era de la imagen, centro del poder de la televisión, está cediendo paso a la era que recupera los viejos telegramas, divulgados de manera simultánea a través de internet, y de los audios y videos que ya no son propiedad de las cadenas televisivas, sino de los propios usuarios.

WikiLeaks, en buena medida, obligará a una alfabetización informática y a una recuperación de los métodos periodísticos tradicionales, con el agregado importante de la convergencia o el triple play.

Censura y contracensura en internet



El desafío planteado por WikiLeaks también abre las compuertas para la creación de nuevos modelos de censura y autocensura en internet, pero también de antídotos.

Lo más sintomático frente al tsunami informativo ha sido la pretensión del gobierno de Estados Unidos –y del establishment financiero que se siente amenazado– de frenar con persecución judicial y con la acción coercitiva en internet un modelo que por definición es horizontal, autogestivo y fuera de los modelos de control tradicionales.

La gestión del escándalo ha sido torpe y ha arrasado el prestigio de algunos sitios que decidieron cerrar el acceso a las cuentas de WikiLeaks, como PayPal y Amazon. Frente a estos hechos Assange ha señalado: “Nuestra principal defensa no es la ley, sino la tecnología”. Y en este punto está lo más atrayente del tsunami informativo: ¿cómo frenar o censurar un modelo basado justamente en su capacidad de reinvención?

Frente a 2011, el simple anuncio de que la siguiente ola de filtraciones de WikiLeaks está relacionada con una gran institución financiera estadunidense ha puesto a remojar las barbas del Bank of America, Citigroup y otros protagonistas de la crisis global detonada en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers.

¡AMLO 2012!

PROCESO: CASO MARISELA Una puñalada a la justicia Marcela Turati

Una puñalada a la justicia
Marcela Turati

El asesinato de la señora Marisela Escobedo –quien durante dos años exigió cárcel para el asesino de su hija Rubí– a las puertas del Palacio de Gobierno exhibió las fallas del nuevo sistema de justicia penal promovido por el gobierno de Estados Unidos, que tiene a Chihuahua como su laboratorio y punta de lanza para después aplicarlo en el resto del país. El crimen también dejó al descubierto que, si bien el modelo se acerca a los criterios jurisdiccionales del primer mundo, nunca dejó de arrastrar los peores vicios del pasado.



Chihuahua, Chih.- El manoteo político por controlar los efectos de la muerte de Escobedo y la búsqueda de culpables podrían dinamitar el modelo de justicia que sustituye el proceso tradicional, que desahogaba todo por escrito y a discreción, por uno oral y público, que se basa en la presunción de inocencia, que sustituye las confesiones por evidencias científicas, y privilegia la solución alternativa a los conflictos para desahogar los tribunales y las cárceles.

“El caso de Marisela puso a prueba al sistema penal y lo reprobó exactamente donde todos los abogados de experiencia decíamos que iba a reprobar: si el imputado se niega a confesar ante el juez y el Ministerio Público (MP) no presenta pruebas científicas muy sólidas para establecer su responsabilidad”, dice a Proceso el abogado Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

A Escobedo el nuevo sistema no le fue favorable: aunque ella hizo todas las investigaciones para llevar a juicio a Sergio Barraza, el asesino confeso de Rubí, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid Jurado lo absolvieron porque consideraron que el MP y los peritos de la procuraduría no probaron la culpabilidad del acusado, así que lo liberaron, y cuando Escobedo se inconformó, un tribunal de magistrados anuló el fallo anterior y condenó al homicida a 50 años de cárcel cuando él ya había huido; y aunque la señora volvió a localizarlo, la policía no fue capaz de reaprehenderlo.

Un sicario asesinó a Escobedo la noche del 16 de diciembre frente a la casa de gobierno, donde acampaba pidiendo el encarcelamiento de Barraza. Las cámaras de seguridad captaron el crimen. Cuando se difundió el video en los noticieros nacionales, el gobernador César Duarte anunció que exigiría la destitución de los jueces que ocho meses antes absolvieron al culpable: de inmediato, el Supremo Tribunal de Justicia los separó de su cargo, el presidente del Congreso anunció su desafuero para que se les castigara penalmente, y el presidente de la CEDH presentó una demanda de juicio político en su contra. En el vendaval, otros políticos anunciaron que acabarían con el fuero de los jueces y les reducirían el salario.

El Heraldo de Chihuahua publicó que los tres habían “reprobado” su examen de admisión para ser jueces orales, pero habían sido contratados mediante influencias políticas.

La Federación Mexicana de Colegios de Abogados reaccionó mediante un desplegado abierto que cuestionó la invasión de poderes por parte del gobernador: “(Fue) evidente lo que todo mundo sabe: el sometimiento de los poderes Judicial y Legislativo al poder Ejecutivo (…) ¿De aquí en adelante todo juez o magistrado que dicte un auto de libertad o una sentencia absolutoria, será suspendido, desaforado y sujeto a proceso penal?”

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), coadyuvante en el caso de Rubí, consideró el asesinato como un “crimen de Estado” y señaló que debe sancionarse a todos los eslabones del sistema: policías, agentes del MP, peritos y jueces responsables.

Por su parte, cuatro jueces de tribunales orales entrevistados por este semanario se dijeron preocupados.

“Si los jueces, a partir de los elementos que se les da en el juicio, consideran que no se ha demostrado la culpabilidad y absuelven, y se considera que está mal su fallo, entonces debemos concluir que los jueces deben condenar a todos. Y si esa es la conclusión, entonces prescindamos de los jueces”, opinó el juez Carlos Martínez García, quien recalcó que aún cuando un juzgador emita una sentencia cuestionable, hay una instancia superior que puede corregir el fallo.

Con 18 años de experiencia, Martínez señala que si se reduce “la ya de por sí disminuida autonomía judicial” algunos jueces dejarán de absolver a inocentes para no enfrentar consecuencias similares, y el ciudadano de a pie pagará las consecuencias porque si es acusado será siempre condenado.



Chihuahua, el modelo



El nuevo sistema inició en la capital del estado de Chihuahua en enero de 2007 y en Juárez un año después, lo que convirtió a la entidad en la primera del país que adopta este modelo para todos los delitos, imprudenciales y dolosos.

El modelo fue publicitado como el remedio a todos los males: gracias a las técnicas de mediación entre partes pocos asuntos se convertirían en demandas penales; aliviarían la saturación en las prisiones al ser pobladas tan sólo con criminales peligrosos; policías con licenciatura  investigarían los delitos con métodos científicos y ya no patrullarían sin rumbo; existiría un cuerpo de defensores de oficio independientes de la procuraduría; los juicios serían orales y a la vista de todos; habría casos que concluirían en 10 días y los imputados de delitos no graves atenderían sus juicios en libertad y no en prisión preventiva.

Poco a poco, según sus impulsores, se extinguirá la figura del policía que tortura a inocentes en mazmorras y a punta de tehuacanazos los obliga a declararse culpables; la confesión dejaría de ser la madre de todas la pruebas; desaparecerían las pilas de expedientes polvosos acumulados por años en los juzgados, los años de espera para una sentencia y los “usted disculpe” a quienes eran mantenidos en la cárcel por error.

La reforma se convirtió en el sello de gobierno del exmandatario chihuahuense José Reyes Baeza, quien tuvo en Patricia Rodríguez, abogada como él, su principal impulsora desde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El gobierno estadunidense, a través de la organización Proderecho, financió la capacitación de los nuevos agentes del sistema, quienes tuvieron maestros ingleses, costarricenses, argentinos y chilenos. El gobierno construyó nuevas instalaciones y creó un laboratorio científico para analizar todo tipo de evidencias y destinó mil 600 millones de pesos para la reforma.

Sin embargo, la presentación en sociedad de la nueva justicia coincidió con la peor etapa de inseguridad, que convirtió a Chihuahua en el estado puntero nacional de homicidios y a Juárez en la ciudad más violenta del mundo.

Con tantos homicidios y delincuencia desbordada, el nuevo sistema de justicia no redujo los índices de impunidad y en investigación de delitos. En consecuencia, la gente percibió que el nuevo procedimiento favorece a los criminales y se criticó al garantismo del nuevo sistema, que privilegia la presunción de inocencia, y a los juicios con el acusado en libertad.

“Lo que estamos viviendo tiene su origen desde la misma implantación del nuevo sistema que, aunque es bueno, siempre representó un capital político, siempre sujeto a golpeteos; y en las campañas pasadas fue bandera de los candidatos del PRI y del PAN que tomaron el clamor social de hartazgo hacia la impunidad. Aparentemente hay un rompimiento en el PRI entre el gobierno anterior y esta administración, y como el nuevo sistema representa un emblema de Reyes Baeza se le comenzó a criticar. Y tristemente, a raíz de la muerte de la señora, el sistema se convirtió en rehén de la política, y esta persecución puede influir en las decisiones de los jueces con tal de no ser perseguidos”, opina otro juez, que pidió el anonimato.

Para este hombre, hubo otras fallas de inicio: no se explicó correctamente a la ciudadanía en qué consistiría el nuevo sistema, se crearon expectativas que sobrepasaban su verdadero alcance, se vinculó al juicio oral con el combate a la impunidad (“aunque la impunidad depende de la persecución del delito y no de su aspecto procesal”, dice uno de los juzgadores) y se capacitó insuficientemente a la policía investigadora.

Otro juez, que también pidió el anonimato, señaló que el ataque del Congreso del estado a los “privilegios” de los jueces es errado, ya que recibir un buen salario y tener fuero es una garantía de imparcialidad, “para evitar corrupción y para tener la tranquilidad de que no se sufrirán las consecuencias por aplicar la ley”.

Coinciden en que si la ley está mal, hay que cambiarla pero no culpar de ella a sus operadores. Señalan, sin embargo, que el código penal ha sufrido en cuatro años tantos remiendos por parte de los legisladores (al menos 113 al Código Penal) que el sistema cada vez se parece más al antiguo, con más causales de prisión preventiva, con más garantías hacia quien se dice la víctima, con más recovecos para subsanar las fallas investigativas del MP. “Es cada vez más inquisitorial”, opinó otro juez.

Estos jueces son capacitadores en otros estados de la República donde se implementará el nuevo sistema. Al Poder Judicial de Chihuahua se le considera el alumno más avanzado.



Caso Rubí, prueba de fuego



Las quejas y los ajustes comenzaron desde el estreno del sistema.

Los policías municipales de Chihuahua se decían desalentados por este nuevo procedimiento que presume la inocencia de los acusados y se quejaban de que la justicia era como una puerta giratoria: en cuanto atrapaban a un maleante los jueces lo liberaban. Por su parte, las víctimas se desesperaban al ver que el imputado enfrentaba su proceso en libertad y la ciudadanía veía que la inseguridad, en vez de disminuir, aumentaba.

Un operador del nuevo sistema comenta que siempre hubo tironeos entre la procuraduría y el tribunal: como los agentes del MP no integraban bien las pruebas, los jueces liberaban incluso a los criminales cuya captura el gobierno había mostrado como trofeo. Lo mismo ocurrió cuando el Ejército y la Policía Federal comenzaron a operar en el estado sin conocimiento previo de técnicas de investigación: si los detenidos llegaban torturados y la única prueba era su confesión, salían libres.

Se dieron varios casos de detenidos presentados a los medios como multihomicidas, a quienes a la hora del juicio el fiscal sólo culpó de posesión de armas por falta de elementos. Un caso que destapó El Diario de Juárez fue el de las 36 personas a las que el gobierno presentó a los medios como los perpetradores de 900 homicidios, a quienes, ante los tribunales, presentaron cargos por 63 asesinatos y únicamente contra 14 de ellos. En los medios chihuahuenses también se publicaron casos en los que delincuentes quedaron libres porque el MP ni siquiera se presentó al juicio.

En ese contexto de cuatro años de hartazgo de la ciudadanía por la inseguridad y la violencia transcurrió el juicio a Sergio Barraza, pareja sentimental de la adolescente Rubí Frayre Escobedo. Para deshacerse de ella, la asesinó a golpes, metió su cuerpo en un tambo, le prendió fuego y luego lo tiró en un chiquero. Barraza confesó el crimen a su padrastro, a un amigo y a dos policías; incluso indicó dónde arrojó el cadáver. Su abogado pidió un juicio abreviado: se declararía culpable a cambio de reducirle la pena a 20 años de cárcel, pero aparentemente la señora Escobedo rehusó porque quería la pena máxima para él.

Sin embargo, el día del juicio ante el tribunal oral Barraza se abstuvo de declarar. A criterio de los jueces, los peritos no presentaron evidencia científica para establecer que él era el asesino y cómo la había matado. Como el nuevo sistema desestima las confesiones que no se hacen ante el juez, el imputado fue absuelto. El acusado pidió perdón a la madre, pero los jueces, en vez de dejarlo continuar, exigieron guardar silencio. 

Después ocurrió lo que ya se conoce.

En la repartición de culpas no sólo salen mal parados los jueces, también los policías investigadores.

La Federación Mexicana de Colegios de Abogados, en su desplegado, también cuestionó: “¿Reconocen la ineficacia de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, al no haber logrado detener a Sergio Barraza Bocanegra cuando se libró la orden de reaprehensión? (…) ¿Reconocen que en la selección de un gran número de operadores (jueces, defensores, coordinadores y ministerios públicos) del Nuevo Sistema de Justicia Penal imperó el amiguismo y el favoritismo?”

Al respecto, el visitador De la Rosa opina: “El Departamento de Estado de Estados Unidos envió enormes cantidades para capacitar a los jueces y los defensores, pero no fue significativo el dinero para los ministerios públicos, los operadores activos del sistema. Esta policía no está mentalizada para búsqueda de evidencias, sólo de culpables. El 95% de las evidencias están basadas en confesiones y no en consecución de pruebas científicas”.

Otro que pasó la factura de la delincuencia a la PGJE fue el expresidente municipal de Juárez, Reyes Ferriz, que a cuatro días de terminar su mandato se quejó de que si bien la policía municipal aprehendió en flagrancia a 10 mil delincuentes, más de 9 mil 500 quedaron en libertad porque no se les enjuiciaba (Proceso 1771).

Aunque en lo que va del año Juárez superó los 3 mil homicidios dolosos, según información de El Diario, sólo 12 agentes del MP y 33 elementos de la Policía Estatal Investigadora se encargan de las indagatorias. El mismo periódico averiguó que muchas veces los agentes del MP no llegaban a las audiencias por falta de personal y de vehículos.

“Lo recomendable es que cada agente procese 20 homicidios al año, pero en Juárez cada elemento procesa 300. ¿Cómo pueden hacerle para reunir pruebas? Según el nuevo sistema, debe dedicarse a investigar un caso de 72 a 96 horas, y aclararlo. Con los niveles de violencia les están dando como ocho horas para que rindan resultados. Por eso tenemos una tasa del 96% de impunidad”, dice De la Rosa.

Se sabe que faltan muchos MP y policías ministeriales, pero hay pocos aspirantes a esas plazas por los asesinatos y los bajos salarios.



Garantismo vs. cadena perpetua



Desde su campaña para gobernador, César Duarte anunció que revisaría “el garantismo” porque promueve la impunidad y promovió la pena vitalicia a secuestradores, multihomicidas y extorsionadores. Cuando la sociedad todavía no se reponía de la noticia del asesinato de la señora Escobedo a las puertas del palacio, un juez dictó la primera condena de por vida a un secuestrador de 18 años perteneciente a la banda de La Muñeca.

El gobernador se mostró complacido. Uno de los jueces, que pidió el anonimato, cuestiona si el endurecimiento de penas no se convertirá en una bomba de tiempo:

“La cadena perpetua sólo formará una olla de presión en las prisiones. ¿Qué va a generar esto? ¿Más motines? ¿Qué pasa con un animalito acorralado? Si se retiran las esperanzas de reinsertarse a la sociedad y la oportunidad de salir, buscará trabajos más fuertes dentro, hará todo para salir, y en el paquete vamos todos. La inseguridad no se combate con penas más severas ni con más gente en la cárcel, sino con mejores oportunidades y con acceso al empleo bien pagado.”

De por sí, el King’s College de Londres ubica a México como el sexto lugar mundial en el total de gente encarcelada (con 227 mil 21 presos) y con su capacidad penitenciaria excedida en 33%. Para algunos es el momento de decidir si se dará marcha atrás al nuevo sistema. Para otros es necesario reforzarlo.

“Es el momento donde el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los legisladores y gobernadores deben sentarse y decidir si van a seguir con el nuevo sistema de justicia, cuánto nos va a costar o qué cambios le harán al viejo para acercarnos a la oralidad, y si puede México acercarse al nuevo sistema o nada más simular que se hacen juicios orales. ¿Hay dinero para hacer funcionar el sistema?”, plantea De la Rosa.

En contraparte, un juez cuestiona: “¿Dónde va a quedar esta reforma integral si se le golpea políticamente? ¿Queremos volver a la confesión bajo tortura a la antigüita? ¿Al sigilo de la privacidad del juez que resuelve en su oficina? ¿Queremos jueces a modo? ¿O le apostamos por mejorar todo el sistema?

¡AMLO 2012!

PROCESO: Monumento al lavado de dinero (MÉXICO PARAÍSO FISCAL)

Monumento al lavado de dinero
Jesusa Cervantes

Analistas consultados por Proceso aseguran que la economía nacional está llena de recursos provenientes de actividades ilícitas y los sistemas financieros parecen diseñados especialmente para blanquear capitales. Por ello ven con desconfianza el programa federal cetes-directo, sobre todo porque, arguyen, permite a cualquier ciudadano comprar bonos gubernamentales a muy bajo precio para robustecer el gasto público. Edgardo Buscaglia, experto en asuntos de narcotráfico, considera que el programa anunciado por el presidente Felipe Calderón equivale a levantar un monumento al lavado de “dinero criminal”.



La creación del programa federal cetes-directo –que permite la compra de bonos gubernamentales desde 100 pesos– prendió los focos rojos entre analistas que lo ven como una “ventana” para el lavado de dinero, pues el nuevo instrumento de deuda autorizado por Felipe Calderón no impide que se mezclen el dinero criminal y el de procedencia lícita.

Al darlo a conocer el pasado 26 de noviembre, Calderón expuso que el programa “nos va a permitir abrirle las puertas a todas las personas (pues) a través de una página de internet cualquier mexicana, cualquier mexicano, puede ahorrar, puede invertir cantidades que eran impensables, desde 100 pesos y de manera fácil y confiable”.

De acuerdo con el nuevo esquema, los interesados en comprar Certificados de Tesorería (Cetes) por internet sólo deben presentar su Registro Federal de Causantes, así como su Clave Única de Registro de Población y la firma electrónica que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Hasta el momento el gobierno no ha dicho si hay reglas para cerrar el paso al posible blanqueo de capitales ni tampoco al uso discrecional de los recursos obtenidos por la venta de los bonos, con los que se pretende financiar “la estructura de gasto público”.

Esta forma de allegarse dinero –que funciona en países como Estados Unidos e Italia– llama la atención del investigador y analista del crimen organizado Edgardo Buscaglia, quien afirma: “La economía mexicana está inundada de dinero criminal”; el país, dice, tiene “un sistema diseñado para que se lave capital”.

Entrevistado por Proceso, el especialista comenta que el objetivo de la delincuencia organizada es legalizar su dinero, asegurarse de que las divisas que obtienen en sus negocios se “oficialicen”.

–¿El programa cetes-directo puede prestarse al lavado?

–¡Claro que sí! Vender bonos no tiene nada de malo. El problema no esta ahí, sino en que los diques de contención para impedir que el dinero sucio se mezcle no están.



El SAT, ausente



Desde Afganistán, donde realiza una encomienda para la ONU para impedir la penetración del crimen organizado en el país asiático, Buscaglia advierte que en el caso de México el SAT, encargado de fiscalizar los movimientos financieros, “brilla por su ausencia”; lo mismo sucede con los fiscales electorales, a quienes corresponde impedir que las precampañas y campañas sean financiadas con dinero sucio. “En México –dice– no hay una política orquestada o dirigida a frenar estos dineros”.

Un ejemplo de lo ineficaz que es el SAT es el de la verificación de empresas constituidas ex profeso para lavar dinero o que fueron fundadas con recursos ilegales. Es el caso de al menos seis firmas de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos del cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dio cuenta de ello en un reporte fechado el 17 de mayo de 2007.

De acuerdo con Buscaglia, la delincuencia organizada “celebra cuando paga impuestos. ¡Y qué mejor manera de hacerlo y limpiar su dinero que en programas del gobierno federal!”.

El “dinero criminal”, como lo llama, no sólo es el que proviene de la venta de drogas, sino que incluye otros 22 delitos de los que se obtienen divisas que luego se invierten en la construcción de caminos o en la creación de zonas turísticas, de juegos o en el sector inmobiliario, entre otros.

“Para evitar esto –detalla– se requiere que México someta a las empresas a auditorías tributarias cuando se trata de compañías de alto riesgo, como las de los sectores que mencioné.”

Esos son los candados que imponen otros países para asegurarse de que “los dineros que hay en los bancos no provienen de fuentes sucias”. Y menciona que los primeros países que pusieron estos diques fueron Alemania e Italia, que cuentan con cuerpos policiacos especializados; lo que no hay en México.

“Cuando tienes abierto esto, cuando no tienes un proceso de contención donde recurres a las auditorías tributarias –que son frecuentes en los sectores de alto riesgo– y realizas rastreos patrimoniales preventivos acompañados de la policía especializada; cuando tienes abierto todo este sistema, como ocurre en México, la compra de bonos es el monumento a la oficialización de los dineros sucios”, expone.

El proceso de contención para que el “dinero criminal” no se mezcle con el lícito no se ha aplicado en México.

Expone: “El sistema está diseñado para lavar dinero y el presidente Calderón lo sabe muy bien. Yo lo desafió a hacerlo, a implementar este proceso de contención y le llevamos a un equipo de la guardia italiana para que realice las auditorías tributarias

“(Si lo hacemos de esa manera) vamos a llegar hasta las campañas electorales, a conglomerados de medios de difusión, a empresas de construcción, inmobiliarias o farmacéuticas. Es ahí donde hay que hacer el trabajo y a partir de estas auditorías tributarias, a través de estos rastreos patrimoniales preventivos, se evitará que se lave una enorme cantidad de dinero.”



La inquietud de los banqueros



Edgardo Buscaglia regresa a su tesis de que la economía mexicana “está inundada de dinero criminal” que no sólo financia campañas políticas, sino que participa en contrataciones públicas o, a través de empresas, compra bonos”.

Pero la participación de esas divisas en la economía mexicana no para ahí, sostiene, y suma los fideicomisos de los que, dice, “son una pachanga patrimonial para los grupos criminales… Y ahí entran también lo bonos”.

Con esto, el también asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, trata de explicar que lo que ocurre con la economía en México es mucho más que la filtración del dinero del narcotráfico, y que cuando habla de “dinero criminal”, se refiere al producto de los otros delitos tipificados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000.

Y los menciona: tráfico de seres humanos, tráfico ilícito de inmigrantes, explotación sexual, incluida la de menores, tráfico ilegal de armas, tráfico de mercancías robadas y otros bienes, así como corrupción y soborno, fraude, falsificación de dinero, piratería, homicidios, lesiones corporales graves, secuestro, extorsión, falsificación y uso indebido de información confidencial o privilegiada, manipulación del mercado y, por supuesto, tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

“La gente no tiene conciencia de cuán criminalizada está la economía formal mexicana. Todos estos delitos están financiando actividades de inversión importantes en sectores muy específicos; el narcotráfico es el menor de los problemas.

“Lo que pasa es que se quiere caricaturizar al narco cuando los empresarios corruptos, los políticos, los oligopolios –que no son empresarios como los europeos, sino mafiosos– hablan de libre mercado; nada de eso es cierto. Su libre mercado no tiene nada que ver con la realidad. Todo esto es dinero criminal”, sostiene Buscaglia.

Y reta a Calderón: si de verdad quiere atacar el lavado de dinero, arguye,  “que aplique las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de activos. Ahí te vas a dar cuenta de que los canales se van a bloquear, porque mientras por un lado el gobierno habla de atacar el lavado, por otro abre canales adicionales para facilitar el financiamiento del gasto público a través del dinero criminal”.

“México es un sistema diseñado para que se lave dinero… y luego se dedican a dar discursos todo el día para distraer a la población y la comunidad internacional; pero ésta se encuentra muy al tanto de lo que sucede.”

En la presentación del programa cetes-directo estuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB), Ignacio Deschamps. Buscaglia sostiene que en dicha agrupación están “inquietos” por el tema del lavado de capitales ya que “lo que les preocupa es que sus capitales estén mezclados con dinero criminal mediante operaciones bancarias.

“Están conscientes de esta situación por lo que están entrenando a su personal; incluso sus casas matrices han solicitado la asesoría de personal internacional y de la OCDE. Tienen claro que deben invertir dinero en este proceso. Hace 10 años se quejaban de tener que destinar capital para prevenir el lavado de dinero, pero ya han dejado de protestar. Ahora, si se ven involucrados, tienen fuertes sanciones civiles y penales y grandes multas.”

Buscaglia, quien recientemente asesoró a la AMB, que agrupa a los grandes bancos internacionales con presencia en el país, como Santander, Bancomer o Banamex, aclara que los grandes bancos están regulados y tratan de aplicar siempre las 49 recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero en sus sucursales, lo cual no sucede con las figuras del llamado sistema semibancario, que también opera en México y que es donde están las agrupaciones financieras dedicadas a apoyar el otorgamiento de créditos: las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y las sociedades financieras de objeto limitado (sofoles).

Ambas figuras, comenta, son “peligrosas en la medida en que no están sometidas a las 49 reglas del GAFI, no están sometidas a las auditorías”.

En México hay al menos 73 sofoles que se abrieron entre 1994 y 2006; de 2006 a 2009 se crearon mil 81 sofomes. De éstas, 100 son brazos de grandes compañías, 100 provienen del sector regulado y 881 son independientes.

El 1 de diciembre, el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, alertó sobre el peligro que corren sofoles y sofomes de ser utilizadas por el crimen organizado para el blanqueo de capital por la escasa regulación que tienen. La supervisión hacia estas figuras financieras, a diferencia de la de los grandes bancos internacionales, es laxa por considerarse que son entidades de crédito que no captan dinero del público y por lo tanto no ponen en riesgo a los ahorradores.

Sobre el tema, Adalberto Palma, presidente de la Unión de Instituciones Financiera Mexicanas (Unifim) admite que a sus agremiados les preocupa que sus instituciones sean utilizadas para el blanqueo de capitales.

A la unión pertenecen agrupaciones como Banco Azteca, Femsa o Coppel, que además de operar como pequeños bancos se dedican a la transferencia de dólares de Estados Unidos; incluso tienen entre sus agremiados a varias sofoles y sofomes.

De acuerdo con la Unifim, todos sus agremiados cuentan con regulación. La preocupación porque el blanqueo de capitales se infiltre en la organización es tal, que el pasado 26 de noviembre tuvieron un seminario de “prevención de lavado de dinero”.

Palma sostiene que el blanqueo “es un problema de ética y de procedimiento. Sin duda una institución grande tiene mayores posibilidades de controlar los problemas que se le puedan presentar, pero eso no los excluye”. También comenta, en defensa de sus agremiados, que “nadie está exento de la amenaza del lavado; las grandes instituciones tienen un sistema de control que puede disminuir el problema”.

Palma advierte que en el caso de las pequeñas instituciones –como las de la Unifim– “el hecho de que no tengan reglas de control las hace más vulnerables en términos de no entender los procedimientos del lavado de dinero.



Sistema semibancario



El 3 de junio de 2010 el informe Estados Unidos-México. Estudio binacional de bienes ilícitos estableció que entre 19 mil y 29 mil millones de dólares son lavados por los cárteles de la droga en México y que la mitad pasa por el sistema financiero del país.

Al respecto, Ignacio Deschamps reconoció los datos del informe pero aclaró que cuando ese capital llega al sistema bancario ya es “lícito”. Señala: “Lo que dice el estudio es que efectivamente termina en el sector financiero una parte que puede ser esa proporción, porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares. Las empresas lo pueden depositar legalmente en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”.

Para algunos diputados federales, el sistema semibancario (donde están sofoles y sofomes) ya forma parte de la intrincada red del lavado de dinero y ahora hay que sumar posiblemente el programa cetes-directo.

Entre quienes sostienen lo anterior está el diputado petista Mario di Costanzo, quien trabajó en la Secretaría de Hacienda de 1984 a 1996 y es autor del libro Lavado de dinero, la experiencia internacional y el caso de México. En entrevista con Proceso, el legislador afirma que en el país se vive una “narcoeconomía” y “por las venas del sistema financiero circula dinero del narcotráfico”.

“Con este programa, por la falta de reglas que eviten la compra de estos bonos gubernamentales por parte de gente ligada al narco, parece que el gobierno se quiere beneficiar de esa economía y subsidiarse abriendo sus arcas al lavado”, afirma Di Costanzo.

Considera que el sistema llamado “de pitufeo” (que consiste en fraccionar las transferencias bancarias depositando poco dinero en muchas cuentas, cuyos titulares giran cheques hacia una cuenta concentradora) lo puede aplicar el crimen organizado en el programa cetes-directo.

“Sería una operación hormiga que podría aplicarse en este programa utilizando, por ejemplo, a un ama de casa, pues no hay regla que lo impida ni sistema que pueda detectarlo. Al no haber reglas, considero que lo que pretende el gobierno con esto es apropiarse de una parte, de un cachito de lo que se está lavando en el país.”

¡AMLO 2012!

PROCESO: Números alegres... y mentirosos Carlos Acosta Córdova

Números alegres... y mentirosos
Carlos Acosta Córdova

Las cifras del gobierno federal sobre empleo y bienestar son triunfalistas, pero la realidad es otra y muy cruda. Datos del Inegi demuestran que los cientos de miles de empleos creados este año no son suficientes, permanentes ni bien remunerados; y el análisis más reciente del Coneval –hecho hace dos años, antes de que nos golpeara la crisis– revela que casi la mitad de la población tiene graves carencias en alimentación, educación y salud.



La “fuerte recuperación” de la economía y los “sólidos fundamentos macroeconómicos” que pregona el gobierno federal no alcanzaron a evitar, en el último tramo del año, un repunte del desempleo, la pérdida del poder de compra de los salarios y, en general, el aumento de la desigualdad y el recrudecimiento de los rezagos en México.

Apenas el miércoles 22 el Inegi dio a conocer la tasa de desempleo de noviembre: 5.28% de la Población Económicamente Activa (PEA). Dos y medio millones de personas sin trabajo y en el desamparo pues en el país no hay seguro de desempleo ni sistemas universales de salud o de seguridad social.

La tasa es más alta incluso que la de 5.26% del mismo mes de 2009, el año más severo de la crisis. Pero si en el índice anual el cambio es poco significativo, el mensual es mayor. Según el INEGI la tasa de desocupación en noviembre fue de 5.6% de la PEA, contra 5.45% en octubre.

Éstas son tasas promedio nacionales. Pero el desempleo pega distinto en cada entidad y región. Entre las 32 principales áreas urbanas del país el desempleo se alzó hasta 6.25% de la PEA (contra 6.17% de un año antes): es decir, en noviembre casi 1 millón 600 mil personas no tuvieron empleo en esas regiones.

Y en algunos estados la desocupación alcanzó niveles muy por arriba de la media nacional, por ejemplo: Tabasco, 8.25%; Tamaulipas, 8.07%; Sonora, 7.95%; Coahuila, 7.55%; Querétaro, 7.40%; Tlaxcala, 7.20%; Distrito Federal, 7.14%, y Estado de México, 6.92%.

A lo largo del año el gobierno puso en práctica una estrategia para publicitar cómo se han recuperado los empleos perdidos durante la crisis. Cada mes, o antes, los secretarios de Hacienda, del Trabajo y de Economía, y el director general del IMSS, llaman a conferencia de prensa para informar cuántos empleos formales, inscritos en el instituto, se han creado.

En la última, el pasado 1 de diciembre, se dijo que ya iban 962 mil nuevos empleos “con nombre y apellido” y que ya faltaba sólo un pasito para llegar al mítico número de 1 millón de empleos creados en un año.

Estos anuncios espectaculares, empero, siempre están descontextualizados, independientemente de lo positiva que sea cualquier cantidad de empleos creados. Siempre excluyen datos fundamentales.

Por ejemplo, que los empleos formales que anuncian sólo atañen a una parte de las necesidades. Los empleos inscritos en el IMSS, que casi suman 15 millones, representan apenas 30% de la PEA o 33% de la Población Ocupada (PO). Es decir, sólo una de cada tres personas con ocupación en el país tiene un trabajo formal, con prestaciones y seguridad social.

Tampoco se alude a los 13 millones de personas que trabajan en la informalidad o a los más de 5 millones que por tener un salario insuficiente buscan más horas o un segundo empleo. Todo según el Inegi.

Y menos hablan de la magra calidad de los empleos creados. Un análisis que Banamex hizo hace tres semanas, con datos de los 850 mil empleos creados entre enero y octubre de este año, es contundente:

“Otro elemento que da cuenta del deterioro de la calidad del empleo se refiere al bajo nivel de remuneración de los nuevos empleos. El 95% de la generación de empleos formales (cifras del IMSS) en el periodo enero-octubre se situó en los estratos salariales de hasta dos salarios mínimos. Ello evidentemente limita el crecimiento del salario base de cotización al IMSS”, afirma el estudio de Banamex.

Es decir que de las 850 mil personas que pudieron conseguir un empleo en ese lapso, cerca de 808 mil tienen un ingreso de entre menos de 55.77 pesos y 111. 54 pesos diarios: de menos de un mínimo hasta dos salarios mínimos.

Las estadísticas de ocupación y empleo del Inegi también revelan cómo el alza en el número de quienes reciben bajos salarios se ha correspondido con una baja en la cantidad de aquellos que tienen mejores ingresos.

En la última encuesta trimestral el instituto reportó 10 millones de personas con ingresos de más de uno y hasta dos salarios mínimos, y poco menos de 4 millones con ingresos de más de cinco salarios mínimos.

Las cifras eran distintas, por ejemplo, en el primer trimestre de 2007 (y se mantuvieron más o menos constantes hasta antes de la crisis): 9 millones con ingresos de más de uno y hasta dos mínimos y 5 millones con más de cinco mínimos. Hoy hay más personas que ganan menos y menos que ganan más.



Minisalarios



El buen manejo macroeconómico del que alardea el gobierno, que implica estabilidad en las finanzas públicas y un déficit fiscal bajo, llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) hace unos días a calificar a México como un “miembro platinum” del organismo, al que no dudará en otorgarle la línea de crédito precautorio solicitada por 73 mil millones de dólares a dos años, que es como una gran tarjeta de crédito que se usará sólo en caso de emergencia.

Ese crédito, más los 115 mil millones de dólares de reservas internacionales que tiene el Banco de México, más los fondos de estabilización de ingresos petroleros y las coberturas compradas para proteger el precio del crudo de exportación, forman lo que para el gobierno es un “formidable blindaje” –de más de 200 mil millones de dólares– de la economía.

Hay dinero para resistir un vendaval –o “choque externo” dice el gobierno– del tamaño que sea. No hay posibilidad ni para el catarrito que se intuía en 2008. Pero el buen manejo macroeconómico no basta para crear empleos suficientes y decorosos ni para darle a los trabajadores mexicanos un salario digno.

El gobierno tuvo que incurrir en el clásico sabadazo para que se diluyera la molestia por el anuncio del salario mínimo que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

El sábado 18 la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció un aumento de 4.1% al minisalario para 2011, lo que implica un incremento de dos pesos con 29 centavos diarios. El salario mínimo general promedio en el país pasará de 55.77 pesos que tuvo en 2010 a 58.06 en 2011. De mil 673 a mil 742 pesos mensuales: 69 pesos más.

El aumento es menor que el de 2.58 pesos que recibió el mínimo este año. Y se hizo así aun cuando las organizaciones cúpula empresariales pedían un aumento mayor para incentivar el consumo e impulsar el mercado interno. Estaban dispuestos a conceder un aumento de entre 6 y 8%.

Antes de que se anunciara el salario mínimo para 2011 el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas –que agrupa a directivos y analistas de grandes empresas y cuya opinión es reconocida por el gobierno y el Banco de México– sugirió que, ante la precarización de las condiciones laborales y la pérdida continua de poder adquisitivo, el ingreso mínimo de los mexicanos debía ser equivalente a cuatro salarios mínimos actuales.

Pero el gobierno no hizo caso justamente porque la contención salarial es uno de los mecanismos clave para el control de la inflación.

Y los salarios son precarios porque en su mayoría son pagados por micro y pequeños negocios. Según el Inegi, entre enero y septiembre de este año el aumento de la PO se debió en 52% a los micronegocios, 22.5% a pequeñas empresas y sólo 3.2% a medianas y grandes empresas. El resto fue obra del gobierno en sus distintos niveles.

De todos los precios en la economía los salarios fueron los que menor incremento tuvieron en el año. Todos los bienes y servicios aumentaron más que el salario. Cualquiera. Por ejemplo los combustibles: la gasolina Magna subió 12.74% (de 7.77 a 8.76 pesos por litro); la Premium 5.54% (de 9.57 a 10.10 pesos) y el diesel 11.8% (de 8.16 a 9.12 pesos por litro). El salario mínimo, 4.85% para 2010 y 4.1% para 2011.

Ante las críticas los funcionarios públicos responden que son pocas las personas que ganan un salario mínimo, que éste es más bien un indicador o una referencia para fijar multas o pagos de diversa índole.

Pero según la última encuesta del Inegi, al tercer trimestre de 2010 había 5.8 millones de personas con un ingreso de “hasta un salario mínimo”. Es decir, 13% de las personas con trabajo en todo el país ganaban al día 56 pesos o menos.

Si bien son resultado de problemas y fenómenos estructurales, los datos de empleo y salario mencionados sólo son un apunte de la coyuntura económica. Atrás de la carátula que muestra y pregona el gobierno –finanzas públicas sanas, estabilidad, control inflacionario, deuda baja y demás– y que felicita el FMI, está el país de la desigualdad sempiterna y de los rezagos sociales que son increíbles para una economía que está entre las 15 más grandes del mundo.

En su informe La pobreza multidimensional en México, 2008, el pasado noviembre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, órgano encargado de medir la pobreza, su incidencia, profundidad e intensidad y dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social) hizo algunas revelaciones dolorosas.

Dice, por ejemplo, que ese año –antes del punto más severo de la crisis– “47.2 millones de mexicanos y mexicanas eran pobres” (44.2% de la población) y que “tenían por lo menos una carencia social y un ingreso insuficiente para adquirir un conjunto de bienes alimentarios y no alimentarios considerados básicos”.

El informe agrega: “La población con carencias sociales se distribuía de la siguiente forma en 2008: 21.7% (23.16 millones de personas) presentaba rezago educativo; 40.7% (43.38 millones de personas) no tenía acceso a los servicios de salud; 64.7% (69 millones de personas) no tenía cobertura de seguridad social; 17.5% (18.62 millones) tenía carencia por calidad y espacios de vivienda; 18.9% (20.13 millones) no contaba con servicios básicos en la vivienda y 21.6% (23 millones de personas) presentaba carencias en su alimentación”.

Otros datos relevantes del informe del Coneval: personas en situación de pobreza multidimensional moderada: 33.7% de la población, equivalente a 36 millones de mexicanos. Personas en situación de pobreza multidimensional extrema: 10.5% de la población, 11.2 millones.

Más: población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo: 16.5% (17.7 millones de personas). Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar: 48.7% (52 millones de personas).



Declaraciones optimistas



El pasado 15 de diciembre, durante una conferencia de prensa en la que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, explicaba las medidas para el “fortalecimiento y el blindaje” de la economía, Proceso preguntó:

–El apoyo que va a dar el Fondo Monetario Internacional, la línea de crédito por 73 mil millones de dólares, es por un buen comportamiento, que no deja de ser un rostro bonito. Pero ¿qué hay detrás de esa carátula? Seguimos siendo un país con la mitad del país en pobreza, con una desigualdad social y una concentración del ingreso terribles. La OCDE nos acaba de dar otra llamada de atención: andamos muy mal en educación, con todo y que gastamos cada vez más en la materia; pero lo hacemos mal y no estamos formando capital humano competitivo.

Un exultante Ernesto Cordero respondió:

–(En relación con) que el Fondo Monetario le pintó un rostro muy bonito al país, a la economía mexicana, le agradezco el piropo y (quiero) decirle que (…) lo que está atrás de ese rostro bonito es un país de renta media que está haciendo un esfuerzo muy importante por salir adelante y que lamentablemente también tiene mucho por hacer.

“Pero también muchas veces se cae en muchos lugares comunes cuando se describe cuál es el cuerpo atrás de ese rostro bonito. Y es muy común escuchar y decir que tenemos a la mitad de la población en pobreza extrema, lo cual es falso. En México en pobreza extrema debe haber, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial –los mexicanos que viven con menos de un dólar con 25 centavos al día–, 8 millones de mexicanos, que siguen siendo muchos mexicanos, pero no es la mitad de la población.

“Cuando se habla (de) que la educación es terrible en México, yo creo que hay que ponderar que en México se ha alcanzado la cobertura total en educación básica y el nivel de educación que existe en México está por arriba del nivel en América Latina.

“Lamentablemente nos vamos mucho con las primeras planas y con alguna información que no recupera toda la riqueza de los análisis que se realizan; pero si se hiciera, se vería que México ha avanzado y, ciertamente (…), se encuentra no en la posición que nos gustaría con respecto a países de la OCDE, pero (…) se encuentra en lugares por arriba del promedio de América Latina, y por arriba de países que tradicionalmente consideramos que tienen una profunda cultura y una gran educación, como los países del Cono Sur.

“En términos de capital humano le diría que México genera 90 mil ingenieros al año, y gracias a eso México se ha vuelto una plataforma exportadora muy importante, por ejemplo en la industria aeroespacial. Por ejemplo, (quiero) decirle que de los teléfonos móviles que utilizamos hoy en día, México es el principal exportador (…). No quiero hacer los anuncios pero los de la frutita, la mitad de los teléfonos de la frutita (…) se hacen en México.

“Y eso no se podría hacer si no tuviéramos capital humano, si no tuviéramos mano de obra muy capacitada y si no tuviéramos una generación de mexicanos que cada vez están comiendo mejor, que están mejor, que están mejor educados y que tienen acceso a servicios de salud cada vez más importantes.”

¡AMLO 2012!