Centroamérica también militariza la seguridad pública
José Reveles
Lunes, 5 de diciembre de 2011
Gobiernos del área imitan el modelo de Calderón; otorgan poderes extraordinarios a las fuerzas armadas.
No están entrenadas para proteger a civiles: CIDH.
Se contradicen normas internacionales: CEJIL.
Se están cumpliendo esta semana cinco años de que inició un proceso de militarización de la seguridad pública y de la lucha contra la delincuencia organizada en México. De la manera en que lo hizo el gobierno de Felipe Calderón, ahora El Salvador, Honduras y Guatemala -regímenes del llamado Triángulo Norte de América Central- otorgan poderes extraordinarios a las fuerzas armadas.
"Esto contradice disposiciones internacionales", declaró el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), pues la delincuencia amenaza a la seguridad "ciudadana", pero no a la seguridad "nacional" de estos países. Y ahora, con este pretexto, se están afianzando políticas represivas en El Salvador, Honduras y Guatemala.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos -recordó el CEJIL- ha expresado en su jurisprudencia que los Estados deben "limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar a un objetivo bélico, pero no a la protección y control de civiles".
Hay un serio peligro en que a los soldados hondureños se les permitirá realizar allanamientos y capturas cuando el Poder Ejecutivo decrete un Estado de emergencia en determinadas regiones por motivos de seguridad, según legislación que se aprobará en días próximos como respuesta a los índices de criminalidad y violencia que cada día se disparan en ese país, recuerda Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
En tanto, el CEJIL hizo ver que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre Seguridad Ciudadana, ya advertía que, por muy grave que sea, "es indudable que la criminalidad ordinaria no constituye una amenaza militar contra la soberanía del Estado que pueda justificar la participación de militares" en acciones para sofocarla.
Visión castrense
Además de los cambios en las leyes hondureñas para facilitar la injerencia de militares en tareas de seguridad pública, en El Salvador se confirmó la vigencia de una visión castrense de la seguridad al ser designado un militar retirado como ministro de Justicia y Seguridad Pública.
En realidad, el gobierno de El Salvador ha involucrado a las fuerzas militares en tareas de seguridad desde 2009 y ha ido prorrogando esa intervención cada año.
Por lo que hace a Guatemala, el presidente electo es un general retirado: Otto Pérez Molina, quien anunció que empleará a las fuerzas de elite del ejército de su país -los violentos kaibiles- para combatir el narcotráfico y delitos asociados. Baste recordar que son precisamente exkaibiles a quienes se les ha señalado como entrenadores y partícipes en los grupos de sicarios más violentos en México, tanto en el cártel de Los Zetas como en el de Sinaloa y algunos con La Familia Michoacana.
Los resultados de un enfoque militarista contra la inseguridad han mostrado su fracaso de manera palmaria: "Esto lo demuestra el caso mexicano", afirma el CEJIL, pese a lo cual -con aval y patrocinio de Estados Unidos- ahora se implantan ese tipo de política en varios países centroamericanos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional muestra su oposición tajante a las políticas de militarización: "Estas medidas han resultado ineficaces para combatir la inseguridad ciudadana, como lo demuestra el caso mexicano".
Agrega que habría que tomar medidas que aborden la problemática de inseguridad ciudadana desde una perspectiva integral, pero en el marco del respeto a los derechos humanos y a la vigencia de un verdadero Estado de derecho.
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