El caso “Mussoliniano” de las Asociaciones Público-Privadas (APP)
LA PRIVATIZACION DEL ESTADO COMIENZA POR LA PRIVATIZACION DE LA SALUD
Por Morpheo Regio*
2 de Noviembre de 2010
En un proceso que estuvo viciado de origen, en sesión del pleno de la Cámara de Diputados del martes 26 de Octubre, nuevamente el duopolio legislativo PRI-PAN demostró con creces a servicio de quien está, ya que aprobó por mayoría el dictamen presentado en nombre del diputado del Partido Verde Pablo Escudero (quien dicho sea de paso es testaferro y yerno del senador Beltrones) que reforma el Artículo 91 de la Ley del Seguro Social, para lo cual el IMSS se verá obligado a entregar vales de medicinas a los derechohabientes, para que en caso de que el Instituto no cuente con ellas, aquellos las puedan adquirir en los establecimientos privados (farmacias, cadenas comerciales, súper, etc.), por supuesto cargándole dicho costo financiero a la Institución.
A dicha modificación, se le popularizó con el nombre de “Ley Simi”, ya que hace referencia a la colusión de legisladores con el empresario Víctor González Torres dueño de las farmacias “El Doctor Simi” y con los fabricantes y distribuidores de medicinas que se verán beneficiados con dicha disposición.
Más allá de tan claro y a la vez burdo intento de privatización de una función esencial de la Seguridad Social, como lo es el abastecimiento de medicinas para sus derechohabientes, y sobre todo porque dicha ley va en contra del principio de socialización de la medicina pública, lo que está motivando diversos y variados análisis, es que de esta forma se están introduciendo nuevos esquemas de operación para proporcionar los servicios que por obligación constitucional le corresponden al Estado, y que ahora, mediante la forma de Asociaciones Público Privadas le son asignados a particulares.
Las Asociaciones Público Privadas (APP) no son otra cosa sino la asignación de concesiones a la iniciativa privada para que se apodere de la infraestructura y la operación de la misma, así como de los proyectos y servicios que según el artículo 25 y 28 le corresponden exclusivamente al Estado, principalmente los que tienen que ver con dotar de los medios necesarios para el desenvolvimiento social y la dinámica productiva, en donde es necesario para ello la construcción de infraestructura carretera, energética e inmobiliaria, etc.
Para dar un ejemplo, en México ya existen varios proyectos que operan bajo la figura de las Asociaciones Público Privadas y uno de los más emblemáticos y recientes (y también ineficiente), es el llamado “Viaducto Bicentenario” que se localiza en el Estado de México.
Operado por la trasnacional española OHL, el “Viaducto Bicentenario” (como solemnemente se le denominó a dicho adefesio) ha sido señalado de incurrir en abusos, ya que para poder transitar por dicha vía, se tiene que abonar el equivalente a mínimo 7 viajes en el sistema de prepago, de lo contrario ni siquiera se permite el acceso a los usuarios. Es decir, ni siquiera se les permite el libre tránsito por esa vía sino hay un pago por adelantado de por medio. [1]
Bajo el esquema de las Asociaciones Público Privadas también se han concesionado la construcción de diversas carreteras y autopistas como la autopista Arriaga Ocozocuautla en Chiapas; el libramiento norponiente de la autopista Monterrey-Saltillo, y la modernización de la carretera Irapuato-La Piedad, por mencionar algunas.
Es en el sector energético, en donde el esquema de las Asociaciones Público Privadas ha penetrado con mayor profundidad. En su artículo “Una Ley para desmantelar al Estado” (Revista PROCESO 1773) el periodista Jenaro Villamil, menciona algunos de los proyectos energéticos creados a partir de la figura de las APP. “Las plantas hidroeléctricas El Gallo, Chilatán y Trojes, en Guerrero, Jalisco y Michoacán; la construcción e instalación de seis líneas subterráneas de distribución en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas; la perforación y equipamiento de 20 pozos en el campo geotérmico de Cerro Prieto y el proyecto de cogeneración eléctrica en el Complejo Procesador de Gas Nuevo PEMEX, a 38 kilómetros de Villahermosa”.
Como podemos ver, la utilización del esquema de las APP no ha sido exclusiva para los gobiernos panistas (quienes tienen una mayor inclinación por el desmantelamiento del Estado en aras del engordamiento de bolsillos privados), sino que en ello convergen gobiernos priístas y perredistas por igual, bailando al son que les toquen los mercaderes quienes se benefician de estos contratos y concesiones. Incluso cabe decir, que en los Estados Unidos, uno de los gobernadores que promueven de manera más activa la implementación de esquemas de Asociaciones Público Privadas, es el gobernador de California Arnold Schwarzenegger.
Para hacer legal (que no legítimo) este atraco, Felipe Calderón envió al Congreso la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas, la cual ya fue aprobada en el Senado y se espera sea también aprobada en la Cámara de Diputados.
A decir del senador priísta Francisco Labastida Ochoa, esta ley representa “uno de los proyectos mas desmanteladores que ha visto en sus 48 años en el servicio público”. Si bien la declaración del senador Labastida es alarmante, lo es más la actitud asumida por algunos de sus correligionarios, como Eloy Cantú Segovia senador por Nuevo León, quien fue un entusiasta impulsor de dicha iniciativa.
A la iniciativa se le hicieron algunas modificaciones del proyecto original presentado por Calderón, pero fueron cosméticas e irrelevantes, lo que significa que dicha iniciativa continúa representando un serio y peligroso proyecto privatizador que busca acabar con el Estado, de la forma en que lo conocemos, dejándolo como un mero instrumento al servicio de intereses privados y en detrimento de los intereses públicos.
No obstante que los gobiernos tecnócratas desde el de Salinas hasta el actual, han hecho todo lo posible por privatizar las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos, hasta el momento no había habido iniciativa tan feroz en ese sentido como la presentada por el actual gobierno de Felipe Calderón; por lo tanto vale la pena establecer un pequeño repaso histórico de manera que nos permita entender el origen y objetivos de la aplicación de dichas doctrinas.
Si bien el esquema de asociaciones público-privadas tiene su implementación moderna en el Reino Unido a principios de la década de los noventas, cabe señalar que su antecedente histórico se encuentra en la Italia fascista y la Alemania nazi de Il Duce Benito Mussolini y de Adolf Hitler, respectivamente en los años 20´s y 30s del siglo pasado.
El nombre más apropiado de dicho esquema fascista es el de “Corporativismo”. Es decir, la fusión de los grandes negocios con el gran gobierno, descrito por Mussolini como la “fundación del fascismo”. El autollamado “corporativismo” como el practicado por Mussolini y reverenciado por algunos no pocos intelectuales y hacedores de políticas públicas, consiste básicamente, en la idea de que el Estado vino antes que el individuo. Mussolini escribió que “La concepción de vida fascista, hace hincapié en la importancia del Estado y acepta al individuo solo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado”. Por tanto, la esencia del fascismo, es que el gobierno debería de ser el amo y no el instrumento al servicio del pueblo.
Con esta doctrina como base, fue que el gobierno de Mussolini se comprometió con la iniciativa privada de Italia en aquellos años para implementar y extender la política “corporativista”, de la cual los esquemas de Asociaciones Público Privadas eran una parte esencial.
En los años 20´s y 30´s el periodo de Il Duce, fue caracterizado por la más extrema privatización de puentes, puertos, desarrollos inmobiliarios, y todo tipo de obras públicas lo que constituyó un totalitarismo económico impuesto a sangre y fuego por la dictadura.
Contrario a lo que pensáramos, todo ello le hizo acreedor de halagos y reconocimientos de parte de algunos de los personajes y gobiernos del momento; por ejemplo el ex embajador de los Estados Unidos del gobierno de Hoover en Italia, Richard Washburn Child, escribió en el prefacio de la autobiografía de Mussolini de 1928 “Podría ser acertadamente pronosticable que ningún hombre vaya a exhibir las dimensiones de grandeza permanentes equiparadas a Mussolini”. También hubo algunos otros personajes de mucho más renombre, como el ex primer ministro Winston Churchill quien escribió en 1927 que “Si yo hubiese sido un italiano estoy seguro que hubiera estado completamente con usted”. Por si fuera poco, la revista TIME le dio fama internacional al dictador, ya que muestra en su portada del 6 de Agosto de 1923 una fotografía de él joven y bien vestido. [2]
Cabe señalar que dicho sistema de premios y reconocimientos se mantiene vigente en la actualidad. [3]
Así pues, debemos considerar que los riesgos de que se implemente el esquema de asociaciones público-privadas son muchos y muy graves. Es México, un ejemplo fehaciente en donde dichos esquemas de tal asociación han sido muy perniciosos, no han funcionado, y han dejado un quebranto en las finanzas públicas, el cual luego se le carga al ciudadano en la forma de los ahora célebres “rescates”.
Recordemos el caso lamentable del rescate carretero que llevó a cabo el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997. Después de la quiebra de los concesionarios privados, el 22 de Agosto de 1997 el gobierno anunció que fue puesto junto un fondo de rescate por $7.5 MMDP, en orden de re-nacionalizar 23 autopistas privatizadas y 2 puentes los cuales fueron puestos “de pié” nuevamente. Esto era alrededor de la mitad de las 43 autopistas privatizadas y nueve puentes de peaje construidos entre 1987 y 1994, los cuales, con gran pompa y fanfarrias, el gobierno había autorizado para dar en concesiones como parte del fraudulento programa privatizador años atrás.
O sea que nosotros, el pueblo, somos quienes pagamos hasta tres veces el costo de lo que debería de ser un servicio público como lo es la utilización de infraestructura, ya que primero es el Estado, quien con dinero de nuestros impuestos, asigna los contratos y las concesiones y una vez construido el paso a desnivel, el circuito carretero, la autopista, el puente, etc. tenemos que pagar por la utilización de los mismos y si quiebran, como suele suceder, adivinen quien tiene que rescatarlas y con dinero de quienes.
Las privatizaciones enmarcadas dentro del esquema de las Asociaciones público-privadas son solo un ejemplo, de los muchos que existen, y que han sido denunciados como parte de los errores suicidas a que nos llevó la adopción radical de credo neoliberal.
Por lo mismo los riesgos que implican la aprobación de la Ley de Asociaciones Público privadas están a la vista de todos.
¡Basta ya de imposiciones “mussolinianas” en donde sólo somos espectadores de nuestra propia destrucción!
En caso de aprobarse la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas, que en estos momentos se encuentra en la Cámara de Diputados, podemos vaticinar que quienes paguemos los platos rotos de la entrega del Estado a particulares volveremos a ser, como siempre, nosotros los mexicanos de a pie.
*El autor es alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM).
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