Tras el elevado endeudamiento que dejó la administración de Humberto
Moreira, la Auditoría Superior del Estado pidió al Congreso de Coahuila
modificar el artículo 9 de la Ley de Deuda, con el fin de limitar la
adquisición de créditos con plazos de hasta un año sin autorización del
legislativo.
En su Informe Ejecutivo, incluido en el Informe de Resultados de la Cuenta
Pública 2010, el organismo advierte que la posibilidad de que el estado y
los municipios puedan hacerse de préstamos bancarios sin la intervención
del Poder Legislativo, impide vigilar que los créditos se utilicen en
inversión pública, como lo establece la propia Ley de Deuda.
"El hecho de que se contraten empréstitos o créditos sin la previa
autorización del Congreso bajo el amparo de los requisitos establecidos por
el Artículo 9 de la citada Ley de Deuda Pública, constituye una limitante
significativa para que esa Soberanía conozca sobre el destino de dichos
empréstitos o créditos", señala el documento emitido la noche del
miércoles.
"Es decir, al privarse al Congreso del estado de la potestad de
autorizarlos, se desvirtúa el propósito de su contratación, pues no se
tiene la certeza y seguridad de que el destino sea precisamente una
inversión pública productiva".
El viernes se publicó que, a pesar de que en reiteradas ocasiones el ahora
ex líder nacional del PRI, Humberto Moreira, había asegurado que la
megadeuda de Coahuila -actualmente de casi 36 mil millones de pesos- se
originó hasta después de que él dejó la Gubernatura, a principios de este
año, la Auditoría Superior del Estado evidenció lo contrario.
IRREGULARIDADES DESDE 2008
Desde 2008, Moreira fue ocultando, a través de irregularidades, los créditos con los que iba endeudando al estado que desde este viernes gobierna su hermano Rubén.
De esta manera se concretó el llamado "moreirazo", al disparar hasta en 19
mil 270 por ciento la deuda estatal a través de prácticas que incluyeron
falseo de documentos y manipulación de información.
El pasado 6 de agosto, el Congreso de Coahuila aprobó la nueva Ley de Deuda
Pública. El Artículo 9 autoriza a las entidades públicas a contratar
créditos sin el aval del Poder Legislativo, siempre y cuando el plazo no
sea mayor de un año.
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría del Estado
detectó 10 contratos de crédito a corto plazo por un monto de 11 mil 28.5
millones de pesos.
El Informe Ejecutivo de la Auditoría recomienda hacer la modificación del
Artículo 9, de tal modo que, cuando se contrate un préstamo, se informe al
Congreso del estado, que es donde se representa a la ciudadanía, ya que al
final serán los contribuyentes los encargados de pagar.
En entrevista, el Auditor Armando Plata Sandoval señaló que esta facultad
afecta principalmente a los municipios, donde se ha detectado un alto
endeudamiento que pone en riesgo el equilibrio presupuestal.
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