‘Quinta parte de la entidad está en manos extranjeras’
Alejandro Salmón Aguilera
El Diario/Corresponsal | 09-12-2011 | 00:06
Chihuahua— Una quinta parte del territorio del estado de Chihuahua está en manos de empresas trasnacionales, principalmente canadienses, debido a las concesiones casi gratuitas que les ha otorgado el Gobierno Federal desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, denunció el abogado Francisco López Bárcenas, especialista en derecho indígena.
De visita en Chihuahua para presentar su libro “El Mineral o la vida”, en el cual da cuenta de toda la pérdida de soberanía que sufrió el país por las concesiones mineras, Bárcenas denunció que, a nivel nacional, la “pérdida” de territorio equivale a casi el 30 por ciento por concesiones a empresas mineras canadienses, en su mayoría.
Referente al Estado de Chihuahua, informó que 5 millones 407 mil 005 hectáreas, que representan el 21.85 por ciento del territorio del estado, está en manos de extranjeros.
La mayoría de estas concesiones se han otorgado en los municipios de la Sierra Tarahumara, como Urique, Chinipas, Moris, Maguarichi, Batopilas, Guachochi, Morelos, Temoris, Uruachi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera, Ocampo y Temosachi.
Al ser cuestionado del por qué esos municipios son, precisamente, los más pobres de la entidad, según la medición que hiciera el Consejo Estatal de Población, Francisco López Bárcenas expuso que se debe a que las condiciones en las que opera la minería después de las reformas aprobadas en el año 2003 “son peores que en la época colonial”.
“En la época de la Nueva España existía lo que se llamaba la “Quinta real”, es decir, que la quinta parte del mineral extraído se iba para la Corona Española; pero en la actualidad no existe ningún impuesto, derecho o pago alguno que grave la extracción de metales”, añadió el especialista.
En ese sentido, comentó que el pago que hacen las empresas trasnacionales casi irrisorio, pues van desde los 5 hasta los 111 pesos por hectárea, y ese dinero lo pueden deducir de sus impuestos.
El daño no termina en la poca aportación que hacen a la hacienda pública, sino en los perjuicios ambientales que están ocasionando, agregó.
“Aquí en Chihuahua, en la mina de Huisopa, ya tuvimos un problema grave por el derrame en una batea donde se hacían los proceso de lixiviación”, comentó.
La solución de fondo es reformar el TLCAN en su capítulo referente a la minería, pero si eso no es posible, se puede establecer una reforma federal para obligar a las mineras a que paguen un impuesto calculado en función de la cantidad de material extraído, tal como existe en los países de donde son originarias.
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