Recuperación… palabras huecas
El Diario | 03-12-2011 | 22:08
Varios indicadores muestran que a Ciudad Juárez no le está yendo bien. La semana cerró con una información que estruja: casi medio millón de personas sobreviven aquí con 2 mil 114 pesos al mes (o menos) es decir con apenas 70 pesos al día.
El dato contenido en un reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ubica al municipio de Juárez entre los diez más pobres del país, por la cantidad de personas en esa condición.
A la par, el más reciente reporte del INEGI reveló que el estado de Chihuahua se ubicó en el sótano (lugar 31 de 32) respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto con 1.5 por ciento, apenas arriba de Campeche que registró un decremento del 4.6 por ciento.
El viernes un comparativo realizado por El Diario arrojó que durante los cinco años del gobierno de Felipe Calderón, aquí se perdieron 53 mil 684 empleos, cifra correspondiente al 14 por ciento de las plazas laborales que se tenían al arrancar diciembre del 2006.
Mientras que en esta frontera se perdieron esos empleos, a nivel nacional se presentó un superávit del 13 por ciento, es decir se abrieron un millón 76 mil plazas en el mismo periodo. México ganó, Juárez perdió.
Aunque en menor proporción que en el comparativo nacional, a Juárez también le fue mal en el escenario estatal, ya que los números de Chihuahua muestran un déficit de apenas 2.1 por ciento, el equivalente a 14 mil 134 plazas perdidas.
Ni siquiera el programa especial de intervención gubernamental “Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad”, que se supone atacaría desde la base social y económica el problema de inseguridad impactó positivamente en la generación de empleo.
Desde su implementación en mayo del 2010 a octubre del 2011 la ciudad presenta una pérdida de mil 249 empleos.
Tampoco en las prometidas grandes obras de infraestructura urbana y social el programa especial ha impactado significativamente en la reactivación económica de la ciudad y de hecho la estrategia se observa agotada para el 2012, el último año del sexenio calderonista.
Por si ello no fuera suficiente, la administración de Felipe Calderón falló en el cumplimiento de su Plan Nacional de Infraestructura y por lo tanto no se hicieron en la región las obras que se supone formaban parte de una serie de medida contracíclicas que buscaban impactar en la reactivación económica.
El sexenio entró a la recta final y hasta ahora no se cuentan con los presupuestos y proyectos ejecutivos para el libramiento de las vías del tren en la zona de Jerónimo-Santa Teresa, la conexión de la carretera de Jerónimo a Guadalupe Distrito Bravos, el puente internacional a Tornillo, y una espuela de ferrocarril en el área de Samalayuca.
Un descalabro más para Juárez lo constituyó la eliminación de la partida por mil millones de pesos que el Gobierno del Estado incluyó en su propuesta de paquete de inversión directa cuando cabildeó por los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEP 2012).
Hacienda no la tomó en cuenta y ni los diputados federales, asumiendo su potestad para modificar y aprobar los presupuestos, pudieron hacer algo para incluir esa partida especial, a pesar de que ambas instancias tenían esa deuda con Juárez. En el 2011 se consideró en el papel pero nunca se hizo efectiva.
Dentro de esa partida estaban 200 millones de pesos para rescate de espacios públicos y la misma cifra en incentivos para pequeñas y medianas empresas, más otros 200 millones para un programa de rescate económico que no está especificado. También se pensó en los jóvenes en situación de riesgo con un programa de 175 millones de pesos en opciones productivas y educativas, 150 millones para otro proyecto de cohesión social, así como 75 millones para atender adiciones.
El tema de los presupuestos que se definen precisamente entre noviembre y diciembre de cada año, presentó en los días recientes otro indicador de la forma en que se ha contraído la economía local: para el 2012, el Gobierno Municipal tiene un techo presupuestal de 2 mil 804 millones de pesos, apenas un 1.8 por ciento más que el ejercido en 2011 pero muy lejos de los 3 mil 200 millones que se alcanzaron antes de que la recesión arrancará aquí en el 2008 de la mano de la crisis de inseguridad.
Como históricamente ha ocurrido, la mayor parte de esos recursos serán absorbidos por el gasto corriente de la administración (nómina, servicios y gastos operativos) dejando escaso margen al gasto social y a la obra pública.
En el plano estatal, los presupuestos están apenas en medio del debate y como primer paso la administración entregó al Congreso del Estado un proyecto de Ley de Ingresos (que a su vez define el techo a gastar) por poco más de 45 mil millones de pesos.
La mayor parte de los recursos se integra por las participaciones y aportaciones federales (81 por ciento) mientras que el 19 por ciento provendrán de los contribuyentes, con el pago de derechos e impuestos.
Ahí es donde los juarense no sólo deberán absorber un incremento en los derechos vehiculares, también el pago de la renovación de las placas metálicas y una más alta contribución para la verificación vehicular.
Sin considerar el esquema de subsidios y descuentos por pronto pago (vigentes sólo los tres primeros meses del año), en lugar de desembolsar 890 pesos (el engomado aquí se cubrió a 90 pesos durante el 2011), el pago con los tres conceptos alcanzará en el 2012 los 1500 pesos.
Los ajustes en esos conceptos se aplicarán este año para compensar en parte el hueco de entre 500 y 600 millones que dejó la eliminación del cobro del impuesto a la tenencia vehicular.
Esta misma semana se formalizó el anunció de que a partir del 2012 se aplicará un incremento del 10 por ciento al servicio del agua potable, el cual se suma a incrementos más fuertes en los tres últimos años y a mayores consumos facturados, lo que implica que gran cantidad de usuarios han duplicado su pago mensual en ese lapso de tiempo.
En su justificación del alza, la JMAS señaló que además de que ha disminuido la captación de recursos por el crecimiento en la cartera vencida (por el desempleo más usuarios han dejado de pagar y otros incluso han abandonado sus viviendas), la descentralizada debe enfrentar un incremento en los insumos como la gasolina, el cloro, el acero, el cobre y la tubería PVC.
Luego del anuncio de la JMAS, la Asociación Mexicana de Tortilleros Río Bravo notificó que aplicaría un aumento de 3 pesos al kilo de tortilla que se vende en los negocios de barrio, lo que implica un alza de entre el 23 y el 27 por ciento (dependiendo de si se vendía el kilo a 11 o a 13 pesos).
Otro golpe al ciudadano es el incremento a la gasolina que durante el año acumuló un 10 por ciento al pasar de 8.76 a 9.64 pesos por litro.
En medio de una espiral inflacionaria que ha pegado fuerte en el precio de los alimentos, los juarenses sufren porque su salario –si es que todavía gozan de él y no han sido afectados por el desempleo– alcanza a cubrir cada vez menos sus necesidades en otros rubros como la educación, la salud y la vivienda digna.
Lo peor es que los especialistas vaticinan un aumento al salario mínimo de apenas el 3 por ciento, lejos de los incrementos que se han aplicado ya a los servicios, impuestos y mercancías, y a los ajustes que todavía se presentarán en el 2012.
¿Cómo le harán ese medio millón de juarenses que aquí ganan poco más de un salario mínimo para hacerle frente a la escalada de aumentos?
Cuando las carencias adquieren nivel de drama en el seno de miles de hogares, no hay espacio para la insensibilidad de funcionarios o empresarios que aplican incrementos desproporcionados al costo de los servicios o las mercancías. Tampoco hay cabida para el dispendio de los recursos públicos o la sordera gubernamental hacia las voces que exigen un esquema especial que permita la recuperación económica de la ciudad antes que la frustración y la desesperación de los ciudadanos aticen la hoguera de una criminalidad que todavía no se apaga.
Es hora que en verdad se apuntale el restablecimiento de las estructuras financieras y los apoyos para Juárez dejen de ser mera retórica. Suenan huecas las palabras cuando se habla de recuperación de la paz y los espacios públicos mientras el ciudadano común obtiene ingresos que no le alcanza ni para comer.
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