Más de 70 sindicatos y 36 organizaciones sociales como los electricistas,
mineros, maestros, de la industria automotriz y del transporte, acordaron
un "frente amplio" contra una reforma laboral que afecte las conquistas de
los trabajadores así como para luchar por la recuperación salarial, la
defensa de la educación pública y la soberanía energética.
Las agrupaciones que se reunieron durante dos días, acordaron realizar
alianzas con otros sectores, como campesinos, estudiantes, grupos de
usuarios de servicios; trabajadores informales y no organizados, para
lograr los referidos objetivos y establecieron participar en las
movilizaciones del 20 de noviembre próximo junto a la Asamblea Nacional de
Mexicanos Indignados.
Durante el encuentro enmarcado en la quinta Conferencia Sindical Nacional
impulsado por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical
(CILAS), en el que participaron representantes de organizaciones como la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), también estuvieron de organizaciones
internacionales como la Central Sindical de las Américas (CSA), la
Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM) y del Centro
de Solidaridad AFL-CIO.
Se acordó impulsar campañas en contra de fenómenos que se viven en el medio
laboral como los sindicatos de protección, la tercerización y el carácter
antisindical del gobierno, que se manifiesta en ataques a la libertad
sindical, al tiempo de pugnar porque se combata a las redes de corrupción y
complicidad entre las autoridades laborales y los patrones.
Para ello, se pusieron de acuerdo para consolidar estrategias concretas de
unidad que permita llevar a cabo acciones reales y coordinadas de
solidaridad con movimientos en lucha o de enfrentamiento conjunto a
políticas lesivas.
Se enfatizó en la problemática de las y los jóvenes, principales afectados
por la crisis y la política económica. Se dijo que los sindicatos deben
acercarse a ese sector y plantearles objetivos comunes de lucha.
Hubo el compromiso de mantener acciones de rechazo a la reforma laboral,
exigir la abrogación de las leyes del ISSSTE y del IMSS que afectan las
pensiones; exigir aumento salarial de emergencia, suprimir el trabajo
infantil en México y demandar la ratificación de México del Convenio 98 de
la Organización Internacional del Trabajo.
Acordaron poner en marcha acciones de solidaridad con los mineros de Taxco,
Cananea y Sombrerete; con el sindicato auténtico de la empresa Honda -que
han sido víctimas de constante represión y despidos injustificados-, con la
sección 187 del Sindicato de Telefonistas, correspondiente al call center
Atento; con el magisterio democrático, con trabajadores de la industria
textil de Puebla y empleados del municipio de San Luis Potosí, entre otros.
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