Los mexicanos están a favor que las autoridades detengan a ciudadanos que difundan hechos violentos sin confirmar, a través de redes sociales, según dio a conocer la más reciente encuesta de Parametría.
A propósito del crecimiento de las redes sociales en internet, Parametría investigó la opinión de los ciudadanos, así como su uso y conocimiento de las comunidades virtuales y observó que menos de un tercio de los encuestados utiliza alguna red social.
Según datos obtenidos por la encuestadora, 6 de cada 10 mexicanos que utilizan internet son usuarios de alguna red social, y de acuerdo a la empresa ComScore, en nuestro país el 90% de los internautas usa redes sociales, lo que stá por encima del promedio mundial de 76%.
Otro dato que se desprende de la encuesta es que 6 de cada 10 usuarios de redes sociales dijeron conocer las políticas de privacidad de la comunidad virtual a la que pertenecen.
El 25 de agosto pasado, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez, difundieron en sus respectivas cuentas de Twitter y Facebook supuestos ataques en el puerto de Veracruz. Dos días después fueron detenidos bajo los cargos de terrorismo y sabotaje y posteriormente encarcelados. Casi un mes después, el 21 de septiembre, ambos salieron de prisión, luego del desistimiento de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Cuatro de cada diez mexicanos se enteraron de la detención de Bravo y Martínez.
Además de conocer el hecho, la mayoría de los mexicanos lo respalda (60%). Son apenas 20% quienes se oponen a la detención, mientras que el 14% no se manifiesta ni a favor ni en contra.
Tras el incidente, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, mandó al congreso del estado una iniciativa de ley que, aprobada días después, crea en el Código Penal estatal el delito de perturbación del orden público. La modificación establece sanciones –de uno a cuatro años de prisión y multas de quinientos a mil días de salario- para las personas que divulguen información falsa, que perturbe o pueda dañar el orden público
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de inconstitucionalidad por la ley, al considerar que vulnera la libertad de expresión consagrada en la Constitución.
Además de la CNDH, otras organizaciones, como Artículo 19, e investigadores, se han manifestado contra la disposición. A pesar de ello, la mayoría de los encuestados respalda el ejercicio de acción penal contra las personas que difundan hechos violentos que no sean ciertos, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional en Vivienda de Parametría.
Como espacio natural de difusión, las redes sociales también funcionan para informar sobre la violencia en el país. Aunque pequeño, resulta significativo el número: uno de cada diez usuarios de redes sociales ha informado de hechos violentos a través de comunidades virtuales.
Incluso, algunos gobiernos estatales y municipales usan las redes sociales (principalmente Twitter) para informar de hechos violentos.
Esto, tal vez, debido al desconocimiento de las redes sociales, nuevas en México, y a las que pocos tienen acceso. En comparación con otras regiones del mundo, América Latina es el penúltimo lugar en participación en redes sociales.
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