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La guerra del narcotráfico en México se combate con armas de fuego EE.UU.
Por Benjamin Vozzo
NOTA ORIGINAL (INGLES)
Tags: juarez armas de fuego control de armas drogas violencia carteles benjamin vozzo
Hay mucho de la violencia armada en el norte de México - aunque es muy difícil comprar un arma en realidad existe. Benjamin Vozzo informa sobre los esfuerzos para frenar el flujo de armas a través de la frontera de los EE.UU.
Ciudad Juárez es una ciudad del norte de México que se encuentra a sólo tres millas del centro de El Paso en Texas. El año pasado, 3.111 civiles murieron en la violencia del narcotráfico impulsada en Ciudad Juárez. Ese es uno de cada 427 habitantes. Compare esto con el 2421 asesinatos de civiles que tuvieron lugar en todo Afganistán en 2010.
Después de llegar a la presidencia en 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón desató una ofensiva contra los capos de los cárteles de la droga conocida.
Desde entonces, se han reportado 43.000 de drogas relacionadas con la violencia las muertes en el país. Comisión Nacional de México sobre Derechos Humanos dice que un pueblo 5400 más están desaparecidos.
Mientras que la oferta y demanda de drogas a menudo están en el centro de atención, más atención ahora se está dando a la función de las armas en el juego de la violencia en México.
Es legal poseer un arma en México, sin embargo las leyes en torno a la obtención de armas son sumamente restrictivas. Sólo hay una tienda de armas en todo el país, y es supervisado por el ejército mexicano.
En 2009, la EE.UU. Oficina de Responsabilidad Gubernamental polémica afirmó que alrededor del 90 por ciento de las armas incautadas en México los crímenes violentos se remontaba a los Estados Unidos.
El EE.UU. Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ( ATF ) recientemente estimó que 20.504 de las 29.284 armas de fuego incautadas por las autoridades en México, en 2009-2010, había venido de la EE.UU. , poniendo la cifra más cercana al 70 por ciento.
Después de trabajar durante cuatro años como analista de seguridad en la frontera del estado de California, Sylvia Longmire es ahora un analista independiente que cubre las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas (DTO) y las cuestiones de violencia fronteriza. Ella cree que el debate en torno a la cifra exacta de armas de fuego de la EE.UU. está eclipsando el panorama más amplio.
"¿Realmente importa si se trata de un 60 por ciento de las armas, o el 30 por ciento de las armas, o 90 por ciento de las armas? El hecho es que es que hay armas que vienen de fuera de México en México, que están siendo utilizados para matar a la policía, están siendo utilizados para matar a otros criminales, y cada vez más hoy en día se están utilizando para matar a gente inocente. Ese es el gran punto que todo el mundo parece deslizarse sobre ", dice.
Puesto que una proporción considerable de estas armas se cree que provienen del norte de la frontera, los elementos de EE.UU. la política de armas han puesto en duda.
Pero la sugerencia de cambios en EE.UU. la legislación de armas de fuego se encenderá una fuerte oposición de grupos de presión pro-armas.
Lisa Guáqueta ha informado ampliamente sobre el tema. "La Segunda Enmienda de la Constitución ... da a los individuos en la EE.UU. el derecho a portar armas ", dijo en Nueva Matilda. "Y por lo que cualquier debate que se abre cualquier sugerencia de control por parte del gobierno federal sobre la posesión de armas o distribución de armas es muy complicado".
La ATF es responsable de investigar el tráfico de armas ilícitas en los Estados Unidos. De manera más general, que regula la venta, posesión y transporte de armas de fuego y municiones.
Debido a tantas armas de la EE.UU. de manera ilegal que fluye al sur de la frontera, las operaciones de la ATF objeto de un examen de todos los rincones.
"Ellos están recibiendo golpes por el lobby de las armas para tratar de restringir los derechos de la Segunda Enmienda, y están recibiendo golpes por la Casa Blanca y el gobierno federal por no hacer lo suficiente para detener el tráfico de armas", dice Longmire. "Debido a la naturaleza política del lobby de las armas, han sido extraordinariamente limitado en la forma de cumplir con su cometido".
Las leyes que la ATF tiene la obligación de cumplir con frecuencia se citan como un obstáculo para la lucha contra el flujo de armas hacia el sur.
El ATF está bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, que también supervisa el FBI y la Agencia Antidrogas ( DEA ). Hay 87 líneas de dirección del Congreso impuesto a la ATF , en comparación con 19 para el FBI y 10 de la DEA .
Longmire, dice una de estas restricciones legales directamente tenido un impacto en ella cuando trabajó como analista de seguridad en la frontera.
Trató de escribir la primera fusión del Estado informe de centro de tráfico de armas hacia el sur con sus colegas en centros de otros países del sur EE.UU. estados, pero fue bloqueado por la Enmienda Tiahrt .
Fue aprobada por el Congreso en 2004 bajo la administración Bush y significó que la ATF ya no era capaz de compartir los datos de seguimiento sobre el tráfico de armas con los analistas de inteligencia.
"Debido a la Enmienda Tiahrt, que no podían darnos la información que necesita para saber qué tipo de amenaza estaba allí, o cómo estaban las armas que fluyen de los estados del sur oeste de la frontera", dice. "Ellos sólo podían compartir con los investigadores que están llevando a cabo un caso activo penal contra alguien que tenía alguna relación con un arma que había sido usada en un crimen."
Dicha información habría sido útil a Colby Goodman, co-autor de un innovador 2010 informe en EE.UU. el tráfico de armas hacia México. Él dice que hubo un gran vacío en el conocimiento cuando él comenzó a investigar el tema.
"Tenemos una gran cantidad de armas de fuego que va de la EE.UU. a México y se utilizan se ... [en] una variedad de maneras muy brutal ", dice. "Se podría pensar que habría muchos más los investigadores que buscan en este tema, pero no había."
Goodman ha abordado el Congreso sobre cómo el Gobierno y la ATF puede frenar el tráfico ilícito de armas hacia México.
Él dice que es extremadamente difícil para la ATF para probar que alguien es un distribuidor de armas de fuego ilícitas en los Estados Unidos. " ATF tiene que probar que la persona que es ilegal hacerlo, ese es su negocio principal ... tiene que ser [su] principal fuente de ingresos ", dice.
Además, señala que la EE.UU. no tiene una ley específica que prohíbe el tráfico de armas de fuego.
"Hay un montón de sanciones débiles relacionados con los delitos en particular que ATF utiliza con más frecuencia ", dice. " ATF también está limitado por la cantidad de veces que formalmente puede entrar en una tienda de armas e investigar los libros. Ellos sólo pueden hacerlo una vez al año a menos que sea específicamente relacionados con una investigación criminal. "
Además de estas restricciones legales, un déficit de recursos y la financiación está siendo señalado como otro límite a la ATF capacidad 's para hacer frente al tráfico de armas.
El Washington Post informó el año pasado que el número de agentes que trabajan en la ATF ha permanecido básicamente igual desde 1972. Desde entonces, el número de FBI agentes casi se ha duplicado y la DEA se ha más que triplicado en tamaño. El ATF tiene actualmente sólo 600 inspectores para cubrir los distribuidores de armas de fuego 115,000 en los Estados Unidos.
Uno de sus principales retos es tratar de frenar la práctica de compra de paja, que se cree que es la principal táctica utilizada por organizaciones narcotraficantes para obtener armas de fuego dentro o desde los Estados Unidos.
En la mayoría de estos casos, los compradores de paja EE.UU. los ciudadanos que legalmente comprar un arma, y luego pasarlo a través de una cadena de manos hasta llegar a una organización de narcotráfico .
Rápido y Furioso operación fue un intento de la ATF para atrapar a los capos del tráfico ilícito de armas, permitiendo que 2.000 armas adquiridas por presuntos testaferros de caminar en las manos de los cárteles mexicanos de la droga. Decir que la operación fracasó es un eufemismo.
Las autoridades mexicanas dicen que las armas han sido vinculados a más de 179 escenas del crimen. Para empeorar las cosas, las armas de Rápido y Furioso fueron encontrados en la escena del crimen de EE.UU. agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry. El EE.UU. el mes pasado el Senado votó 99-0 a favor de terminar el programa.
Una serie de cuestiones al sur de la frontera están empeorando la situación. Longmire dice que hay un alto nivel de corrupción dentro de México que está obstaculizando los esfuerzos para mantener las armas fuera de las manos de las organizaciones narcotraficantes.
Desde 2006, los cárteles de la droga en México se han fragmentado y multiplicado para hacer más difícil para las fuerzas armadas para acabar con sus rutas de contrabando de drogas. Cuando los riesgos aumentan, también lo hace su desesperación.
Hay, sin embargo, ha sido algunos acontecimientos recientes que están buscando nuevas maneras de responder a la violencia en el norte de México.
La Iniciativa Mérida se verá más de los US $ 1,6 mil millones de asignados EE.UU. ayudas destinadas al policía local en el norte de los estados fronterizos mexicanos.
La administración Obama también ha aprobado recientemente una ley que requiere que los vendedores de armas en la EE.UU. que informe a la ATF cualquier compra de un rifle de asalto más de una por un individuo. Esta medida es muy controvertida, con los dueños de tienda de armas en el suroeste de los estados fronterizos desafío de las reformas en la corte federal.
A pesar de los esfuerzos concertados de ambos lados de la frontera, la violencia del narcotráfico en el norte de México no es vacilante.
En agosto de este año, los hombres armados irrumpieron en un casino en la ciudad de Monterrey, en un ataque incendiario que dejó 52 muertos - la mayoría de ellos mujeres inocentes, sin vínculos con organizaciones narcotraficantes. El cártel de Los Zetas fue el responsable.
Este año está en camino de ser uno de, si no el más mortífero en el registro de la violencia del narcotráfico en México. A partir de septiembre, ha habido más de 8.600 muertes violentas relacionadas con las drogas en todo el país.
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