La revolución egipcia ha entrado en una fase crítica. A sólo una semana del inicio de las elecciones parlamentarias, la violencia vuelve a hervir en El Cairo y el Gobierno interino, abrumado por la brutalidad policial y por el creciente número de muertos, ha presentado su dimisión al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El futuro del país está en suspenso.
Los manifestantes exigen a los militares, en el poder desde que en febrero dimitió el presidente Hosni Mubarak, que vuelvan a los cuarteles y cedan paso a un Gobierno civil libre de tutelas. Soldados y policías ejercen una represión durísima en la plaza de Tahrir y sus alrededores, con decenas de muertos.
El mariscal Mohamed Tantaui, jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y en la práctica dictador de Egipto, mantiene la convocatoria electoral para el próximo lunes. Desde la caída de Mubarak, Tantaui ha actuado como un dictador militar clásico, con el único objetivo aparente de convertir al Ejército en un poder intocable y con capacidad de veto sobre cualquier futura administración civil.
El Gobierno técnico nombrado por los militares ha demostrado ser un títere. El gabinete aceptó que Tantaui conservara prácticamente intacta la policía política de Mubarak, tras un simple cambio de denominación; aceptó que se mantuvieran los juicios militares contra civiles (más de 12.000 desde febrero); aceptó que la tortura siguiera siendo práctica habitual; y aceptó que la policía cargara desde el sábado de forma salvaje contra los manifestantes en la plaza de Tahrir.
Tantaui y la cúpula militar intentaron pactar una transición limitada con los Hermanos Musulmanes, islamistas más o menos moderados, que cuentan con el partido más grande y organizado del país y son quienes más posibilidades tienen de ganar las elecciones.
La coordinación entre el Ejército y los islamistas moderados (en comparación con el extremismo religioso de los salafistas) permitió marginar a los protagonistas de la revolución de febrero, jóvenes y profesionales que aspiraban a vivir en una democracia laica y representativa.
Desde febrero hasta hoy, el desencanto y la ira se han extendido entre la ciudadanía egipcia. La economía y la seguridad pública se han deteriorado y la perspectiva de un futuro democrático se ha oscurecido.
La “protección constitucional” que ofrece el Ejército consiste, en realidad, en un rechazo a reconocer la plena soberanía del nuevo Parlamento. Los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas quieren detentar la opción de veto sobre cualquier artículo de la futura Constitución que no les parezca apropiado y quieren decidir su propio presupuesto, manteniéndolo en secreto. Los Hermanos Musulmanes y la gran mayoría de las fuerzas políticas consideran inaceptables esas exigencias.
Esa es la situación que ha desembocado en las protestas iniciadas el pasado viernes. En principio, los islamistas optaron por mantenerse al margen. Pero la brutalidad policial y el rápido crecimiento del número de víctimas han llevado a todos los partidos reformistas, Hermanos Musulmanes incluidos, a bendecir la nueva revuelta de Tahrir.
Como en el 25 de enero y en las jornadas posteriores, los muertos y heridos constituyen la convocatoria más potente. Las víctimas del sábado atraen hacia Tahrir una multitud cada más numerosa e indignada que se resiste a que su 'primavera' no sirva para nada.
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