Fabiola Martínez
Publicado: 21/11/2011 10:03
México, DF. Asuntos “VIP”, gestorías privadas, “tramitadores profesionales” y coyotes son algunas diligencias que prevalecen en el Instituto Nacional de Migración (INM) para regularizar extranjeros o permitir su entrada legal.
“De manera repentina, volvió a sonar el teléfono. Insistieron en que contestáramos la llamada a quien dijo ser la gestora Lilian Leyva, quien, de manera grosera, manifestó estar en el INM hablando en ese momento con el licenciado Armando Porras Palomino (director de Atención a Trámites), ya que al parecer no teníamos por qué hacer la verificación a la mencionada empresa porque era un asunto ya hablado con el delegado (José Alfredo Labastida Cuadra)”, reportaron agentes federales, comisionados a la visita de verificación a Tomeguin SA de CV, “gestora” de formas migratorias para extranjeros.
En el reporte, en atención al oficio 1565/2011, agentes encabezados por Miguel Islas Galarza reportan al subdelegado regional de control migratorio del INM-DF, José Luis Galván, los pormenores de la visita realizada el 20 de septiembre pasado a la empresa, ubicada en Providencia 1132, en la colonia Del Valle.
Señalan que en el inmueble de tres niveles y planta baja –destinado para uso habitacional y de oficinas– se les informó que no se encontraba el representante de Tomeguin porque en ese momento estaba en el INM, con el licenciado Porras Palomino.
“Acto seguido sonó el teléfono; nos indicaron que quería hablar con nosotros quien dijo ser la representante legal, manifestando que no se presentaría al citatorio de espera que se le había dejado con anterioridad, ya que le habían indicado que ese asunto ya estaba hablado con el delegado y (por lo tanto) no teníamos por qué haber ido. De manera repentina…”, prosigue el texto citado, cuya copia tiene este diario.
El asunto relacionado con el expediente ECO 268/2011, de la misma empresa Tomeguin, fue denunciado y documentado por trabajadores del INM “cesados” el pasado 14 de octubre, quienes presentaron el expediente en referencia como muestra de las prácticas que persisten en el instituto.
“Lo que antes era una excepción –otorgar atención especial a alguna dependencia o algún particular– ahora se ha convertido en pretexto para violar la ley. No es raro que el licenciado Porras nos indicara: ‘Ese trámite sí procede, derivado de una interpretación distinta (de la norma). Fírmalo’”, indicaron.
Los despedidos forman parte del grupo de 121 servidores públicos dados de baja el mes pasado como parte del “fortalecimiento institucional” del organismo.
La mitad de los adscritos a las oficinas e instalaciones del INM en la capital del país denunciaron una serie de irregularidades tanto en el momento del despido como por lo que consideran fue la verdadera causa de su remoción: obstaculizar o no estar de acuerdo con actos de corrupción cometidos por sus superiores o por negarse a firmar autorizaciones migratorias para extranjeros sin contar con los requisitos que exige la ley.
“¿Las razones? (del despido). No las sé, no me las dieron a conocer. ¿Será que mandé inspeccionar una de las inexistentes empresas de la señora Lilian Leyva, protegida del licenciado Porras?”, dijo Ricardo Cortés Ontiveros, quien hasta el 14 de octubre fue subdirector de atención a trámites “F”.
La Jornada solicitó al INM su respuesta a las denuncias citadas; por escrito, respondió: “Tomando en consideración la naturaleza de los cargos que ocupan los servidores públicos adscritos al INM, y en estricto apego a lo establecido por la ley que regula las relaciones de trabajo en el gobierno federal, los ex trabajadores de esta institución fueron notificados del término de efectos de su nombramiento por su superior jerárquico, en su lugar de adscripción y dentro de su jornada de labores”.
La versión de los despedidos es muy distinta. Afirman que los llevaron con engaños a la sala de juntas del delegado regional, como consta en la carta que se les entregó el 13 de octubre, esto es, un día antes de los “ceses” (así lo definió el propio delegado Labastida frente a los 14 trabajadores citados) y de que la Secretaría de Gobernación diera cuenta de los hechos en un boletín de prensa.
En la carta firmada por Rafael Ernesto Rocha Martínez, encargado de la subdirección administrativa, entregada a quienes horas después serían removidos, se lee: “Derivado del nuevo ingreso de la Ley de Migración, que tiene por objetivo la actualización y modernización de la normatividad migratoria nacional, hacemos de su conocimiento que la Dirección de Capacitación lo ha programado para que tome el curso denominado Actualizaciones de la nueva ley de migración.
“Este curso está programado para este 14 de octubre del presente año de las 13 a las 15 horas en la sala de juntas del delegado regional. Este curso es de carácter obligatorio, por lo que es indispensable contar con su presencia”.
Al respecto, el INM respondió: “No obstante lo anterior, es de mencionar que si bien es cierto se había invitado a algunos servidores públicos de la citada delegación regional en el DF a participar en un curso sobre la Nueva Ley de Migración, a celebrarse los días 14 y 17 de octubre de 2011; el mismo fue cancelado, con la aclaración de que el lugar en donde fueron convocados fue en la sala de juntas de la delegación regional del DF”.
En una entrevista con este diario (23/05/11), el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, reconoció la existencia de casos de corrupción y aseguró que el instituto se hallaba ante su “última oportunidad” de cambiar; de lo contrario, dijo, habría qué pensar en otra opción gubernamental para atender la operación de la política migratoria.
Subrayó que habría rotación de personal y despido de por lo menos 350 trabajadores, de una plantilla de 5 mil, entre muchas otras acciones.
Los despedidos que decidieron hacer pública su inconformidad indicaron: “Es un hecho que por una u otra razón les resultamos a nuestros superiores funcionarios incómodos y, por supuesto, sabemos que les interesa desocupar plazas para dárselas a sus incondicionales”, coincidieron Ricardo Cortés Ontiveros, subdirector de área, y Samuel Mejía Leonhardt, subdirector de atención a trámites, ambos con tres años y medio de antigüedad.
Además, Daniel Ramírez Ziga, jefe del departamento de prórrogas y refrendos, con 2.6 años en el INM; Rosa Isela Pineda Pérez, jefa de departamento de atención a trámites F, y Saúl Martínez Farfán, también jefe del departamento de atención a trámites, con tres años de antigüedad.
Precisaron que, igual que otros de sus compañeros, promueven una demanda por acto de autoridad no fundado ni motivado. “Esperamos (que en Gobernación) dejen las simulaciones y verdaderamente combatan la corrupción”, dijo Cortés Oropeza, quien también es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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