Carta de Neztaí Sandoval a Lozano Alarcón.
El Secretario Javier Lozano llama “ruines”, “ignorantes” y “oportunistas” a los 23,000 mexicanos que promovemos que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en nuestro país. Siguiendo el ejemplo de su jefe, Felipe Calderón, también amenaza con emprender acciones legales en nuestra contra.
Ambos funcionarios se pintan de cuerpo entero precisamente como el tipo de gobernantes autoritarios e intolerantes que suele investigar la CPI. Con estos lances y descalificaciones desde el poder en contra de ciudadanos y víctimas inocentes, se fortalece aún más la hipótesis de que el Presidente de la República y los integrantes de su gabinete efectivamente podrían ser responsables por la comisión de los crímenes más atroces de la humanidad.
Nuestro derecho de acceder a la justicia no depende de la voluntad de nadie y el actual Presidente de la República tiene que aprender a respetarlo. El actual amago gubernamental también va en contra de nuestra libertad de expresión y de acceso a la información.
Calderón debió tomar medidas para evitar los crímenes y torturas infligidos por las tropas a su mando. En la documentación que se presentó al Fiscal de la CPI se documentan 200 casos de tortura por miembros de las fuerzas armadas. El presidente nunca puso en vigor los protocolos de actuación que le solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ignoró olímpicamente a la Corte, cuando le señaló que esta ausencia “ponía en un estado de sensible vulnerabilidad los derechos de las personas”. Cientos de asesinatos en contra de civiles, cometidos por fuerzas militares (carentes de experiencia en tareas de seguridad pública) pudieron haberse evitado si el presidente hubiera escuchado al máximo tribunal del país.
También hemos señalado que se cometen crímenes de lesa humanidad particularmente porque desde hace años existe un patrón sistemático de agresión contra los migrantes centroamericanos que se recrudeció con la firma de la Iniciativa Mérida. Calderón tuvo conocimiento del secuestro, venta y esclavización de migrantes dado que altos funcionarios de su Gobierno estuvieron involucrados desde el comienzo de su mandato sin que a la fecha se hayan aplicado ningún tipo de sanción penal en contra de ellos.
La falta de tipificación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en México actualiza la competencia de la CPI. Nuestro marco legal no cuenta con las herramientas jurídicas para sancionar estos delitos y hoy más que nunca está claro que tampoco existe la voluntad política para llevar a cabo investigaciones independientes.
Ante este nuevo amago de Calderón y su gabinete en contra de la sociedad civil refrendamos nuestra convicción por agotar todas las vías pacíficas a nuestro alcance, confiamos en el Estado de Derecho y en la justicia internacional. El que nada debe nada teme, ¿podrá el presidente Calderón decir lo mismo?
Twitter: @Netzai_Sandoval
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