| SOBREAVISONulidad electoral |
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22 Oct. 11
Se tiene por nulidad a la torpeza, ineptitud, incapacidad, derogación, cancelación, invalidación, revocación, ignorancia, abolición, inu- tilidad, anulación. Y, por lo visto, con ese sello quisieran estampar la elección presidencial varios protagonistas de ese concurso fundamental.
Justo cuando los partidos políticos dan muestra de enorme fragilidad, cuando las autoridades electorales no acaban de consolidarse y cuando el crimen amenaza la estabilidad, varios protagonistas de la liza electoral se empeñan en restarle legitimidad o en mandar la señal de la futilidad del voto ciudadano.
Ese despropósito puede tenerse, quizá, como un recurso de los competidores para disminuir las posibilidades de sus respectivos adversarios o para pretender mostrar que, aun cuando el concurso se efectúe, la suerte está echada en favor de este o aquel precandidato. Empero, desacreditar de antemano la elección puede terminar por llevar precisamente a ese resultado y, entonces, hundir al país en una crisis superior a la prevaleciente.
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Con la mano en la cintura, el presidente Felipe Calderón denuncia la tentación de parte del priismo por restablecer tratos y pactos con el crimen para encontrar el entendimiento de antes y salir de la espiral de la violencia.
Como si en el panismo no existiera esa idea -¿qué ha pasado en Morelos con los gobiernos panistas de Sergio Estrada Cajigal o de Marco Antonio Adame?, o ¿qué no es manifiesta y expresa la propuesta del panista Vicente Fox de "dialogar" con el crimen-, la ligereza del pronunciamiento del administrador Calderón dio por resultado la primera queja formal ante el Instituto Federal Electoral.
Más pronto que inmediatamente, el representante del partido tricolor, Sebastián Lerdo de Tejada, interpuso el recurso denunciando la violación de la imparcialidad, la pretensión presidencial de beneficiar a los aspirantes panistas, la actuación del mandatario como militante partidista y, obviamente, destacando cómo Felipe Calderón reincide en una conducta que ya antes sancionó el órgano electoral.
Hay quienes aseguran que el presidente Calderón tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de expresar cuanto quiera en relación con el proceso electoral, pero ello no es cierto.
El presidente de la República no es ni debe ser un ciudadano cualquiera, es o debería ser y conducirse como el jefe de un Estado, inserto en una delicada circunstancia: una guerra contra el crimen que, desde hace años, sangra brutalmente al país.
Lo cierto en todo caso es que Felipe Calderón ha provocado el primer conflicto formal en el proceso electoral y ha colocado a los consejeros electorales en un predicamento: si lo amonestan, la investidura del jefe de Estado saldrá lastimada; si no lo amonestan, la imparcialidad de los consejeros electorales resultará dañada. Como
sea, en su origen el proceso tiene ya su primera mancha. Desde Vicente Fox, se supo del daño que provoca al país la intervención presidencial en las contiendas electorales y el propio Felipe Calderón incurrió en esa práctica el año pasado. Hoy, de nuevo, se tropieza con la misma piedra.
Se entiende el afán de la administración calderonista de cargar los dados no a favor de su partido -por cuanto las pobres posibilidades que tiene-, pero sí en contra del partido tricolor. El punto es si, en medio de la terrible circunstancia por la que atraviesa el país, el jefe de Estado puede conducirse como militante y tomar como ariete para golpear a sus adversarios la relación entre la política y el crimen.
Amonestación o no de por medio, asombra que sea el presidente de la República quien abra la puerta al peligro de incorporar al crimen organizado en la elección. ¿No es insensato?
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Como si su triunfo fuera un destino inexorable, el priista Enrique Peña ha perdido todo pudor para mostrarse no como un precandidato con posibilidad de ganar la Presidencia de la República, sino como el socio benefactor de los grupos de interés de su predilección y como el principal promotor de vicios que enorme daño han causado al desarrollo de la democracia nacional.
Impulsa y mantiene en la dirigencia de su partido al hombre más emblemático de la impunidad política: Humberto Moreira. Rehabilita y reactiva a ex gobernadores que, quizá, en vez de estar en la escena política, deberían ocupar algún camerino en Almoloya. Rescata del arcón de lo ridículo viejas prácticas con toques de modernidad: el destape en red nacional, el "chayote" mediático como "producto integrado" de la comunicación mercantil, la burla a la ley como infomercial. Aboga de mil y un maneras no para frenar cualquier intento de ensanchar la participación política ciudadana y establecer mayores controles sobre el poder, sino para reponer los resortes agotados de un presidencialismo exacerbado.
En el colmo de la obsesión de presentarse como el precandidato triunfador, que a la postre probablemente constituya la causa de su derrota, Enrique Peña se erigió esta semana en el libertador de las televisoras. Nomás faltó que proclamara: ¡No a la infamia de sujetarlas a una supuesta doble tributación! ¡No a la esclavitud de verse apresadas por los grilletes de la legislación electoral! ¡No a la imparcialidad y equidad de su participación en el proceso electoral!
Si, hace seis años, Andrés Manuel López Obrador hizo suyo el lema de "primero los pobres", Enrique Peña lo compone para enarbolar la bandera de "primero los cuates".
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Los mecanismos de selección de candidatos adoptados por el panismo integraron, sin querer, el mapa de la descomposición política del país.
El panismo concluyó que, por razones de inseguridad pública, corrupción o canibalismo político -por lo visto, también hay tribus en el panismo-, el dedazo es el método por exce-
lencia para determinar quién debe intentar ocupar una curul. ¡En la mitad del país se rehabilitó el dedazo! Sin embargo, esos vicios que impiden elegir candidatos panistas a diputado no obstan para ir a una elección cerrada y designar al candidato presidencial. Esa maroma, ni en los mejores circos se intenta.
Con esa decisión, el panismo hizo sin querer la radiografía del estado que guarda la democracia en el país, después de casi 12 años de haberla administrado. Y, con ello, en vez de animar el concurso electoral, lo desanima.
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Se da por supuesta la posibilidad de que el crimen pretenda descarrilar el proceso electoral, asombra que a ella aporten su granito de arena quienes deberían asegurar su encarrilamiento.
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