En el siglo XXI, Puerto Rico atraviesa por una etapa de grandes y graves interrogantes. El modelo económico que sirvió de plataforma para incorporar a un sector de la población en la movilidad social ascendente evidencia graves problemas estructurales y aquellos que no fueron incorporados en el crecimiento dependiente, hoy reclaman por distintos medios, su entrada al mundo prometido. A partir de 1975, uno de los mecanismos utilizados por el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de turno en Puerto Rico para contener las demandas y necesidades de los más vulnerables, fue la extensión de los programas de ayuda para la pobreza desarrollados en la metrópoli. Estos condensan una política social elaborada en Estados Unidos inicialmente desde una perspectiva liberal, que con el paso del tiempo fue ajustándose cada vez más a las demandas conservadoras y alejándose de la visión que le dio origen.
Los programas asistenciales han tenido un fuerte impacto y representan el establecimiento de políticas sociales diseñadas en Estados Unidos bajo el programa del Nuevo Trato del Presidente Roosevelt. Estas políticas fueron transferidas a Puerto Rico, siempre de manera incompleta, sin permitir que los puertorriqueños diseñaran su política social acorde a sus necesidades. El resultado es que el gobierno de Puerto Rico se convirtió en un depositario y administrador de fondos federales destinados a reducir las tensiones que conllevan los altos niveles de desigualdad, desempleo y pobreza que se mantienen en la estructura colonial. El enfoque prevaleciente en el Estado utiliza los recursos económicos distribuidos entre los más necesitados para sostener políticas asistenciales que en muy poco contribuyen a eliminar las causas de la pobreza. En su lugar, generan una fuerte relación de dependencia del gobierno de Puerto Rico con los Estados Unidos para obtener fondos que le permitan mantener el orden dentro del caos generado por una estructura profundamente desigual.
De igual forma, se produce una relación de dependencia de los puertorriqueños con el gobierno local y el norteamericano. Su vida cotidiana está intervenida constantemente por las reglas y decisiones tomadas en Estados Unidos. Desde un punto de vista económico, los fondos destinados al PAN y a otros programas federales, representan millones de dólares que ingresan anualmente en la economía de Puerto Rico, sin ser producidos en ella y constituyen una indemnización y una prebenda o tributo para distintos sectores.
Para los grupos sociales más vulnerables, los fondos federales asistenciales representan la posibilidad de escapar al hambre que muchos recuerdan claramente, pero no la capacidad de salir de la pobreza. La oportunidad para salir de la pobreza es estructural y esa generalmente no está accesible a través de la asistencia social. Se pueden obtener viviendas subsidiadas en los residenciales, becas de estudio o recursos para los sistemas educativos y de salud, pero la calidad y las condiciones que hagan posible el cambio a unas condiciones liberadoras de la pobreza y el acceso al trabajo, no están incluidas en el paquete de la asistencia. Esta apenas indemniza por los costos del enclave colonial. En cambio, atado al asistencialismo, viene el cobro del tributo pagado con lealtad y el miedo omnipresente a los federales. Los fondos exigen el apoyo incondicional al orden/desorden, que no permiten planificar el futuro acorde a las necesidades del país. Se tienen alimentos, pero apenas se produce el 10% de los que se consume. Barriga llena de alimentos muchas veces poco nutritivos, pero el corazón no está contento. Muchas personas se mueren de obesas, pero no tienen la paz y calidad de vida necesarias. El tributo es la dependencia y el estancamiento socioeconómico, que impide salir del deterioro social que a muchos destruye, pero con el que hay pánico a romper. El miedo y la incapacidad de pensar y proyectar el futuro es parte de la dependencia.
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