México, paraíso de trasnacionales del soborno
Ana Lilia Pérez
La administración federal favorece a empresas multinacionales a las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó por prácticas corruptas, particularmente cohechos, mediante contratos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Marina y Pronósticos Deportivos, entre otras
En el banquillo de los acusados, ante las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y de la Comisión de Valores, decenas de altos ejecutivos de renombradas compañías trasnacionales se han declarado culpables de prácticas licenciosas para obtener millonarios contratos de servicios y obra pública; evadir impuestos o trámites aduanales; leyes a modo o cualquier privilegio para sus negocios; por haber regalado inmuebles, automóviles, yates, viajes; entregar fajos, bolsas y hasta vehículos repletos de dinero en efectivo; consentir a funcionarios públicos con sus tarjetas de crédito, guardaropa, lunas de miel; y por “entretenimiento inapropiado”.
El pago de sobornos se realiza por diversas vías, desde la convencional entrega directa de manojos de dinero en efectivo, la triangulación de capital a cuentas bancarias en el extranjero hasta estrategias más elaboradas como la creación ex profeso de compañías puente que facturan éstos como si fuesen “consultorías”, “asesorías” o “gastos de operación”. O también la creación de fideicomisos o supuestos fondos o cajas de ahorro.
Más allá de la implicación moral de las pericias corruptoras, generalmente los montos que las compañías pagan en sobornos los costean con sobreprecios en sus contrataciones gubernamentales, de manera que, al final, del erario salen los pagos ilegales.
En tal condición, el gobierno de Estados Unidos ha obtenido confesiones de éstas prácticas de compañías como Pride, Noble, ABB Group, Siemens, Eni, SPA, Kellogg Brown & Root, General Electric, Goldman Sachs Group, entre otras. A todas se les impuso multas millonarias e intereses que ingresaron a las arcas públicas de ese país.
En contraste, la administración de Calderón continuó transfiriendo millones de pesos del erario a dichas compañías, vía contratos gubernamentales, a pesar de que algunas confesaron que sus prácticas disolutas tuvieron como epicentro a México.
Las indagatorias
Las investigaciones sobre la corrupción que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos invocan al Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a las compañías estadunidenses ofrecer pagarles a los funcionarios de los gobiernos extranjeros o empleados de las compañías estatales, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva; otorgarles regalos, viajes, comisiones o cualquier oferta en efectivo o también no monetaria.
Todas las empresas estadunidenses, incluso las extranjeras que cotizan en el mercado de valores de ese país, están obligadas a cumplir con los mandatos del Acta así como otras leyes antisoborno como la Ley Sarbanes-Oxley, en cualquier punto del mundo donde operen.
Después del escándalo del gigante energético Enron, que puso al descubierto las fraudulentas prácticas contables de la trasnacional para maquillar un capital que la colocaba como la número siete de Estados Unidos, apoyada en la estafa por su empresa auditora –el renombrado despacho Arthur Andersen–, el Departamento de Justicia abrió investigaciones a 120 empresas, muchas de las cuales todavía continúan en integración. Pero los resultados de las indagatorias hasta hoy concluidas son alarmantes: consorcios que oficialmente promueven códigos de ética, y que se dicen socialmente responsables, están envueltos en burdas prácticas de soborno hasta en los países más pobres.
Cuando las autoridades estadunidenses anunciaron las investigaciones, algunas empresas llamaron voluntariamente a este Departamento para confesar sus “pecados”. Detrás de esto había una intensión clara de obtener indulgencia y “negociar” sus penas, ello ante la advertencia pública que hizo el jefe del Departamento de Justicia asignado a la coordinación de las investigaciones, Mark Mendelsohn, en el sentido de que “si los llamamos antes de que nos llamen, no querrían estar en ese lugar”.
Así, corporaciones que promueven un prestigio e imagen corporativa revelaron insólitas tretas contables para ocultar sus ilegales pagos. Otras, que estaban bajo investigación, sus directivos tuvieron la audacia de pretender maquillar sus informes para engañar a la Comisión de Valores y al FBI.
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