RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS: Tragamonedas y otras maquinitas

Tragamonedas y otras maquinitas:

Unas 70 mil máquinas tragamonedas -expresamente prohibidas por el artículo
9 del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos- operan en
farmacias, tiendas de abarrotes y estanquillos de las zonas marginadas y
semirurales de las grandes ciudades del país. Gente muy pobre es la que
alimenta este multimillonario negocio ilegal controlado desde hace 25 años
por una familia de mexicanos de origen judío.

Son máquinas traídas de Taiwán cuyo costo no supera los 2 mil pesos. Se les
inserta cualquier tipo de moneda en espera de que las devuelva
multiplicadas. Con la expectativa de obtener el premio, vi el fin de semana
pasado a un anciano de San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, repetir la jugada
unas 10 veces. Se le fueron así los cien pesos que traía. Cabizbajo se fue
del changarrito que recibe a lo largo del día a decenas de jugadores
miserables.

A negocios como el referido no les cuesta ni la máquina ni la instalación.
Al contrario, quien se las coloca les ofrece y da 10% de lo que caiga en la
tragamonedas. Quienes las instalan saben que tardarán en dar con ellas
cualquiera de los 44 inspectores que tiene la Dirección de Juegos y Sorteos
de la Secretaría de Gobernación (Segob) para todo el país. Cuando eso
ocurra no le importará perder los 2 mil pesos que costó la máquina. Y se
embolsó muchísimo más de lo que le costó y en un par de meses tendrá otra
nuevamente trabajando.

Miles de máquinas de ese tipo puede usted encontrar en la Central de Abasto
de la ciudad de México o en la estación El Toreo, por sólo citar dos
ejemplos.

Las casas de juego con apuestas autorizadas por la Segob mediante el
permiso correspondiente tampoco pueden operar máquinas tragamonedas ni las
que premian habilidades y destrezas, categoría esta última a la que se
recurría para justificar su uso antes del 17 de septiembre de 2004, fecha
en que el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, expidió el
reglamento, hoy vigente, que lo prohíbe expresamente. (Hay en este caso una
salvedad poco conocida, ya que antes de la expedición del referido
reglamento la empresa Cesta Punta Deportes, del permisionario José María
Guardia, recibió del Poder Judicial Federal una sentencia que autoriza a
operar máquinas de habilidad y destreza, lo que lo convierte en el único
que en este momento puede operarlas, ya que ninguna ley es retroactiva y si
la Segob lo impide podría caer en desacato a un mandamiento judicial).

Entre lo que sí autoriza el reglamento de marras está el sorteo de números
operado electrónicamente, que básicamente sería el famoso bingo. Pero en
esto se ha encontrado una ambigüedad legal que fue ampliamente explotada
por el hoy investigado exdirector de Juegos y Sorteos, Roberto Correa
Méndez, quien determinó -y por tanto autorizó- que ahí bien podrían caber
las máquinas de ruleta, black jack o 21, dados, póker y otros juegos de
azar instaladas en las casas de apuesta autorizadas.

De manera que Correa Méndez no sólo prohijó la expedición de licencias
falsificadas -como aquí y en otros medios se ha denunciado-, sino que
aprovechando una laguna legal inundó a los casinos de las famosas
maquinitas; 53 muertos después y en medio del escándalo de corrupción
provocado por el incendio del casino Royale de Monterrey, la Segob envió
hace tres días un escrito a las empresas que producen, distribuyen y
rentan; 90% de las que operan en México son rentadas a empresas como
International Game Technology (IGT), Konami Inc., Grupo Amusgo
(representante de la mexicana Alfasreet), Bally Tecvhnology, Zitro,
Aristrocrat Technology, Global Draw y Multimedia Games (también mexicana).
A ellas les notifica que dichas máquinas no están permitidas y les pide que
las retiren del mercado.

Difícilmente las soltarán esas empresas, menos aún sabedoras que es posible
permitir su aprobación mediante amparos, mismos que, sin embargo, son
revisados con lupa según un acuerdo alcanzado recientemente entre la Segob
y el Consejo de la Judicatura Federal. Ayer, por cierto, fueron suspendidos
el juez de distrito Luis Armando Jerazano Treviño y su secretario Gerardo
Tiscareño Mercado, por haber otorgado amparos que beneficiaron
indebidamente a casas de juego de Monterrey y su zona conurbada.

INSTANTÁNEA

CAPO. Saúl Soliz Soliz, detenido ayer por el Ejército como presunto jefe de
la organización criminal Los Caballeros Templarios, de Michoacán, fue
candidato a diputado federal por el Partido Verde en las elecciones de
2009.

(rrodriguezangular@hotmail.com)

(Twitter: @RaulRodríguezC).

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