De haber respetado la clausura municipal que hizo en mayo el alcalde Fernando Larrazabal, hoy unas 60 familias no estarían llorando la muerte de uno de sus miembros.
Apenas la semana pasada lo dijo a Reporte Indigo el munícipe:Gobernación y magistrados no cumplen con la ley y solapan a 12 casinos, solamente en el municipio de Monterrey.
Y existen términos y conceptos legales para que ambas instancias, Gobernación y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hayan respetado la clausura.
No se trata de interpretaciones legales, o de hoyos en la ley.
Por ello, además del crimen organizado, de los delincuentes que definitivamente iban con la orden de destruir el casino, hay culpables dentro de las autoridades de Gobernación y del Poder Judicial.
Porque a la amenaza que obligó a muchos clientes, la mayoría mujeres, a correr hacia el baño o a la parte trasera del local para resguardarse de los criminales armados, siguió el incendio provocado con una sustancia inflamable.
Fuego que ocasionó la tragedia y que no habría ocurrido si Gobernación y el magistrado de lo Contencioso Administrativo hubieran respetado la clausura municipal.
Este casino en particular, de la empresa CYMSA CORPORATION S.A. de C.V., que fue inaugurado durante la administración del alcalde Adalberto Madero, estuvo clausurado apenas hace tres meses, en mayo.
Y ni siquiera se necesita ser abogado para entender las faltas, por omisión o por corrupción, en que cayeron por un lado la secretaría de Gobernación y por el otro el magistrado de la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo.
Porque la ley Federal de Juegos y Sorteos establece que un casino no puede abrir sus puertas, aunque tenga permiso de Gobernación, sino cumple con varios requisitos.
Para abrir esas puertas, además de la autorización de Gobernación, se necesita el “oficio de inicio de operaciones” que expide esa misma secretaría.
Y para que esa dependencia entregue el oficio, debe comprobar que el casino tiene el uso del suelo municipal.
Reglamentación que el casino Royale no tiene, porque en mayo la secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Monterrey lo clausuró al percatarse de que estaba haciendo una ampliación de sus instalaciones sin el permiso municipal
¡AMLO 2012!
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