En 2012, igual, todo para la guerra - Luis Javier Valero

En 2012, igual, todo para la guerra

Luis Javier Valero
Analista político | 21-09-2011 | 21:47




A pesar de todas las prevenciones, lanzadas prácticamente desde todos los ángulos, de casi todas las fuerzas sociales y políticas existentes en el país, convencida la clase política de que no hay otra estrategia, lo presupuestado para el próximo año será más, mucho más de lo mismo en el combate al crimen organizado.

Según la propuesta de Felipe Calderón, para 2012 se contempla un gasto de 147 mil millones de pesos para las dependencias de seguridad pública (PGR, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Nacional) y severas disminuciones en el ámbito del desarrollo social.

Ello, pese a que todos los indicadores denotan el fracaso de tal estrategia y que se ha llevado al país a condiciones, en algunas zonas, a niveles verdaderamente insoportables. De acuerdo con una investigación auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desde 2006 “se ha incrementado 68 por ciento el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública” al pasar de los 30 mil elementos hasta los 51 mil que se calcula estarán desplegados a fines de este año. (Nota de El Universal, El Diario, 17/IX/11).

El estudio da cuenta del abrumador incremento de militares en activo, o retirados, incorporados a los puestos de mando de las agrupaciones policiacas, ya sean estatales o municipales –en 14 entidades el responsable de seguridad está en ese caso– y el 36 por ciento de los jefes de la policía municipal de los 50 municipios con más homicidios en el país tienen mandos militares, amén de que los cinco municipios con más homicidios –Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana– “tienen como titular a un militar en retiro, sin que esto repercuta directamente en la disminución de las ejecuciones registradas en esos lugares”.

Más aún, y este es un indicador extremadamente preocupante, señala que de los 10 estados más afectados por la violencia del narcotráfico en la primera mitad de 2010, la mayoría tiene índices de desarrollo humano superiores al del país en su conjunto. “Más aún, casi todos cuentan con un número considerable de oficiales de policía por población –similar al de Estados Unidos–, lo cual indica que el problema no es la ausencia de control territorial por parte del Estado, como se argumenta en círculos oficiales, sino el secuestro de las instituciones policiales y judiciales por parte del crimen organizado, sea a través de la corrupción o la coerción”.

Frente a esa realidad, el Gobierno federal insiste en aumentar para el próximo año el 11 por ciento en seguridad –147 mil millones de pesos– que sumados a los ejercidos hasta este año suman casi los 600 mil millones de pesos (La Jornada en línea, 21/IX/11).

El nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sostuvo en el curso de su comparecencia en la Cámara de Diputados, que en el actual sexenio el gasto en seguridad pública se ha incrementado en más de 100 por ciento; el de inversión física 140 por ciento; el de combate a la pobreza 60 por ciento, el de educación 23 por ciento y el de salud y seguridad social 35. Más claro no podía ser.

Bueno, pues pese a esa fortuna gastada en combatir al crimen organizado, casi una cuarta parte de la población adulta –24 por ciento, 17 millones 800 habitantes– fue víctima de un delito en 2010, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI, bajo la asesoría metodológica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (Nota de Juan A. Zúñiga, La Jornada, 20/IX/11).

No son los únicos datos –a la mano– que demuestran fehacientemente la inutilidad de la estrategia gubernamental. En Juárez se quintuplicó “la muerte de personas de entre 20 y 24 años de edad”, al incrementarse en 407 por ciento de 2007 a 2010. (Nota de Horacio Carrasco Soto, El Diario, 17/IX/11), lo que fue catalogado por especialistas en el tema de la juventud como un “exterminio” de los jóvenes de esa edad.

Para enfrentar esa realidad no hay nada nuevo en la propuesta de presupuesto, y por lo que se advierte, la mayoría de la Cámara de Diputados, es decir, el PRI, no parece estar mayormente interesada en cambiar, desde ahí, esta estrategia, lo peor es que tal estructura presupuestal se replicará en los estados. ¿No será suficiente con la experiencia de Juárez, y en general del estado de Chihuahua?