23 de septiembre de 2011

Carmen Aristegui F. - Veracruz

Carmen Aristegui F.

 Veracruz


atraviesa hoy por una situación de tan extrema gravedad que da a pensar si tiene o no cabida la declaratoria de un estado de excepción. A raíz del cambio sexenal, la entidad ha caído en una espiral de violencia y confrontación que no tiene precedente. Un estado entregado a los Zetas, durante el sexenio de Fidel Herrera, según ha dicho su más grande adversario y excandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes, y algunas otras voces. Un estado en disputa al que han llegado otros que quieren para sí el control de esa plaza. Gente Nueva es quien firma los más variados mensajes intimidatorios contra Zetas y autoridades que los protegen. Veracruz es un lugar estratégico para el trasiego de cocaína a Europa y Estados Unidos. Se recibe, se envía, se trafica y se lava dinero con la connivencia -como siempre- de algún tipo de autoridad. Veracruz recuerda lo que ocurrió en Quintana Roo a mediados de los años noventa, historia criminal con implicaciones de autoridad que terminó con un exgobernador, Mario Villanueva, procesado y en la cárcel. Veremos si se repite la historia. Hoy Veracruz está cruzada por enfrentamientos entre Zetas, el Cártel de Sinaloa y otras derivaciones. La brutalidad de los asesinatos y la facilidad con que son exhibidos en vías públicas con propósitos ejemplarizantes -aun estando el estado literalmente tomado por fuerzas policiacas y militares- no solo estremece sino que revela el grado de incapacidad, inoperancia o complicidad de las fuerzas locales con los cárteles en disputa. Hace apenas unas horas y a pesar del descomunal dispositivo de seguridad que fue desplegado, para resguardar la integridad de procuradores y presidentes de tribunales en Boca del Río, y como un desafío más, criminales abandonaron siete cuerpos en ese municipio y en el puerto de la entidad. Tragedia y horror que debe sumarse a la dantesca matanza y exhibición siniestra de 35 cuerpos de hombres, mujeres y menores esparcidos en camionetas y pavimento en Boca del Río, ocurrido apenas el martes pasado, dispuestos lo cuerpos para poder ser vistos a unos cuantos cientos de metros de donde se realizaría tan poderosa cumbre, y al lado apenas del monumento turístico a los Voladores de Papantla. Si la mente criminal que planeó la escena lo hizo pensando en que esa noche se presentaría el Royal Tour con Felipe Calderón de guía de turistas, en la ciudad de Nueva York, estamos ya frente al mayor de los desafíos. Imposible saberlo. Dejémoslo en que cabe la coincidencia. Los 35 muertos "todos con antecedentes penales", remachaba el gobernador, cuando no habían sido siquiera identificados todos y como si eso justificara la barbarie, se suman, a su vez, a la fuga masiva de reos en tres cárceles de la entidad. Todo en una misma semana. Apenas días antes se escenificó una balacera que costó la vida a un funcionario y su hermano, frente de un restaurante, en el que departían empresarios. También en estos días la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad sufrió varios minutos de una tensa situación al pasar por Coatzacoalcos. Policías federales activaron protocolos ante la presencia de hombres armados, que después fueron identificados como parte de los retenes oficiales. La población ha caído en más de una ocasión en sicosis colectiva. La más grave e ilustrativa ocurrió el 25 de agosto -el mismo día de la tragedia masiva del Casino Royale en Monterrey. Sicosis que derivó en imputaciones por terrorismo en contra de dos tuiteros que reprodujeron informaciones, por fortuna falsas pero, también en ese contexto, creíbles. Un mes en la cárcel para, finalmente, ser liberados. Se pretendió modificar su status, después del escándalo, modificando el Código Penal para imputarles otra cosa, reducir el espectro de pena posible y liberarlos bajo fianza. Ante la encrucijada se optó por el desistimiento y quedaron libres y sin cargos. El asunto dejó herencia. Los legisladores sí aprobaron la llamada "Ley Duarte", es decir, la reforma al artículo 373 del Código Penal que sirve para sancionar a quien provoque "perturbaciones sociales" mediante cualquier medio, lo cual deja vulnerable a la población civil usuaria. Lo que les faltaba. Misterios Públicos http://misteriospublicos.blogspot.com

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