PROCESO: Manos libres para los mercenarios JUAN GASPARINI

Manos libres para los mercenarios
JUAN GASPARINI
13 DE AGOSTO DE 2011 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO, MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
GINEBRA.- Tras su fundación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas creó los grupos de expertos o “relatores especiales”, que se abocaron de inmediato a documentar las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo y a divulgar sus resultados.

La década pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en esa ciudad, mandató a cinco especialistas en la materia que trabajan de manera independiente para que representaran a todos los continentes.

Presidido por el español José Gómez del Prado, el grupo de especialistas lleva años investigando la utilización de mercenarios por empresas privadas y aun paraestatales, como Petróleos Mexicanos (Pemex), para que vigilen sus instalaciones. En febrero de 2007, el consejo dio a conocer un informe de ese grupo de trabajo “sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación” (Proceso 1655).

Entrevistado por este semanario sobre el caso México, Gómez del Prado responde que su grupo aún no consigue que las autoridades colaboren en esta lucha planetaria para frenar tan grave violación de derechos humanos.

Relata: “En 2008, tras haber recibido informaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en México por uniformados federales, estatales y municipales, presumiblemente asesorados por empresas militares privadas, el grupo de trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios envió una carta al gobierno mexicano. En ella explicamos que teníamos información en el sentido de que, en 2006, instructores de la empresa Global Risk Solutions Inc. presuntamente entrenaron a agentes federales en técnicas de tortura en León, Guanajuato”.

Indicamos también que teníamos información de que las actividades de la compañía estadunidense SY Coleman había generado una gran preocupación en México, dice el entrevistado.

La razón: en agosto de 2007 la firma (subsidiaria de L-3 Communications y especializada en seguridad) convocó a exmilitares estadunidenses para vigilar las instalaciones de Pemex en Veracruz.

En 2010, agrega, solicitamos al gobierno de Felipe Calderón su autorización para visitar el país a fin de evaluar de manera conjunta las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas; tampoco hubo respuesta.

–El caso de México no es el único. Da la impresión de que empresas nacionales y trasnacionales suelen utilizar mercenarios para esos fines. ¿Qué medidas propone la ONU para enfrentar el problema? –se le pregunta.

–Durante las décadas posteriores al derrumbe del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y la globalización de la economía, las acciones militares y de seguridad que antes eran atribuciones del Estado comenzaron a privatizarse.

“Hoy el sector privado asume funciones de seguridad y de carácter militar. Esta nueva industria es trasnacional y surgió literalmente con la privatización de la guerra en Afganistán e Iraq, en la cual los contratistas privados superaron en número al personal castrense.”

El nuevo perfil



José Luis Gómez del Prado dice que las empresas militares y de seguridad privadas son entes comerciales legalmente registrados y sus integrantes no pueden calificarse estrictamente como mercenarios. Por eso, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU propone que se establezca una regulación de las actividades de ese tipo de firmas.

–¿Cómo van los trabajos que encabeza el grupo que usted preside para evitar que los “nuevos mercenarios” se diseminen por el mundo?

–En 2010, tras muchas consultas con los Estados, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con académicos y con la sociedad, el grupo presentó al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU un proyecto de posible convención para regular y controlar las actividades de esas empresas.

“Enumeramos incluso los elementos que debe contener ese instrumento internacional. A partir de entonces se formó un grupo de trabajo intergubernamental abierto a los 193 Estados que constituyen la ONU para la elaboración de un marco de regulación.

“En mayo último, sesionó por primera vez ese grupo. Hasta el momento, el debate está abierto, aunque la mayoría de los países del grupo occidental donde se encuentra la industria de exportación de los servicios de seguridad se muestran intransigentes, pues son partidarios de una autorregulación de las empresas.”

–¿Cuál es su balance provisional sobre este asunto?

–A escala planetaria se está gestando una convicción de que una convención internacional obligaría a los Estados a prohibir la utilización de esos mercenarios en empresas de seguridad. El objetivo es insistir en que el uso de fuerza es monopolio legítimo de los Estados, preservando el respeto y protección de los derechos humanos, y en caso de que éstos sean vulnerados, instrumentar las medidas para resarcirlos.

“En forma paralela, el proyecto de convención insiste en que se determinen las funciones inherentes al Estado; además, está encaminado a promover la cooperación internacional entre los Estados sobre la expedición de licencias y la regulación de las actividades de esas compañías de seguridad privadas.

“Otro de sus objetivo es que los Estados establezcan y apliquen mecanismos de seguimiento de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, y de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. De ahí la importancia de que el proyecto sea aprobado.”

–En su larga trayectoria como experto independiente en la ONU usted ha podido documentar las tropelías de esas compañías de seguridad privadas y de sus mercenarios. ¿Qué pediría a los países para terminar con esa situación?

–El grupo de trabajo ha estudiado numerosos alegatos, incluidos algunos sobre ejecuciones sumarias. El caso más ilustrativo es la masacre, en 2007, en la plaza Nisour, en Bagdad, en la que murieron 17 personas y otras 20 resultaron heridas. Los autores fueron empleados de la firma estadunidense Blackwater.

“También ha habido actos de tortura, como el de los 72 ciudadanos iraquíes encarcelados en prisiones militares de su país. Ellos alegan haber sido torturados y sometidos a abusos físicos y mentales durante su detención, incluso presentaron 20 denuncias.

“A ellos deben añadirse las detenciones arbitrarias, así como el tráfico de personas, las enfermedades causadas por las actividades de esas empresas de seguridad que utilizan mercenarios, así como actos contra el derecho de los pueblos a la libre determinación, incluido el golpe de Estado fallido de 2004 en Guinea Ecuatorial.

Gómez del Prado recapitula: “En su ansia de lucro esas empresas someten a sus empleados a irregularidades laborales, como jornadas extenuantes, pago parcial de salarios, trato vejatorio y falta de atención a sus necesidades básicas, pues carecen de servicios médicos. Los empleados son víctimas de un capitalismo salvaje movido sólo por el lucro.

“A menudo, muchos de ellos son enviados a misiones peligrosas sin la protección adecuada. En 2004, por ejemplo, los contratistas de Blackwater enviados a la provincia iraquí de Fallujah murieron en una emboscada a manos de los insurgentes. Ese incidente cambió radicalmente el curso de la guerra de ocupación en ese país.”

¡AMLO 2012!