PROCESO: En este país no hay culpables… LUCIANO CAMPOS GARZA

En este país no hay culpables…
LUCIANO CAMPOS GARZA
27 DE AGOSTO DE 2011 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO, LA GUERRA DE CALDERÓN
MONTERREY, NL.- El ataque al Casino Royale en esta ciudad, que provocó la muerte de 52 personas, demostró que la corrupción abona el terreno para el accionar de las bandas criminales. Además, el desorden que impera en la instalación de esos lugares y la imposibilidad de los municipios para cerrarlos ha creado en la sociedad la sospecha de que se trata de centros de lavado de dinero.
Ahora el problema alcanzó niveles de tragedia con el crimen cometido por un comando el jueves 25 a las 3:48 de la tarde en ese centro de apuestas que funcionaba por “la complicidad de autoridades encabezadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (TCA) del estado, afirmó Fernando Larrazábal Bretón, alcalde de Monterrey.
El panista Larrazábal es uno de los funcionarios que alegó inocencia momentos después de ocurrido éste, el peor atentado terrorista contra la población civil en la historia reciente de México.
En una exhibición de autoridades contrapunteándose públicamente, en medio del dolor generado por el ataque de la delincuencia organizada, el alcalde fue refutado al aire en una televisora local por la presidenta del TCA, Juana María Treviño Torres, quien responsabilizó al ayuntamiento al señalar que la tragedia fue provocada por Protección Civil municipal, cuyo personal debió revisar que hubiera puertas de emergencia (no las había).
En medio del drama, Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador priista de Nuevo León, habló en televisión para decir que no era momento de buscar responsables, y en defensa de Treviño Torres señaló que, en todo caso, el peso de la tragedia podía caer en Protección Civil de Monterrey.
No ha sido mencionado el nombre del grupo delictivo al que pertenecen los homicidas, por los que el gobierno federal ofrece una recompensa de 30 millones de pesos.
En respuesta a la tragedia, el jueves por la noche llegó a Monterrey el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y al día siguiente Felipe Calderón. Colocaron una corona de guirnaldas en memoria de los caídos y el presidente decretó tres días de duelo nacional. Por la tarde del viernes 26, el Ejército efectuó operativos en varios casinos del área metropolitana.
Mientras los familiares buscan a sus muertos en el servicio forense del estado, sigue el problema de la proliferación de giros negros abiertos en Monterrey contra la voluntad del municipio.

Corrupción criminal

Un video de una cámara de seguridad en el exterior del centro de apuestas muestra al comando que llega en cuatro vehículos: un Minicooper blanco con franjas negras, una camioneta negra, una camioneta Equinox gris y otro sedán gris.
Entre ocho y nueve sicarios actuaron en 2 minutos y 30 segundos: de uno de sus vehículos bajaron recipientes que contenían un líquido inflamable e incendiaron una de las entradas del casino en cuyo interior había unas 300 personas entre clientes y trabajadores. El fuego dejó atrapadas a cientos de personas.
Algunas escaparon por la puerta principal antes de que el incendio se extendiera y cancelara también esta posibilidad. Otras, ante el estruendo de las explosiones, fueron a la planta superior o se encerraron en baños u oficinas, donde murieron asfixiadas y carbonizadas. Había una puerta lateral que parecía salida de emergencia, pero no había forma de pasar por ahí.
Contra lo que dicen algunos testimonios, la procuraduría estatal sostiene que no hay evidencia de que hubiera disparos dentro del casino.
A las seis de la tarde, rescatistas de Protección Civil del estado y del municipio comenzaron a sacar cadáveres. El edificio humeante complicaba la labor. Retroexcavadoras que hacían trabajos de vialidad en un área cercana fueron llevadas al edificio para que abrieran boquetes en las paredes por las que el humo salió y a través de los cuales pudieron entrar los bomberos para sacar más cuerpos que fueron enviados al anfiteatro del Hospital Universitario.
Conforme avanzaban los trabajos de recuperación de cadáveres se extrañaba en el lugar la presencia de las autoridades. Ningún funcionario se presentó, sino hasta las nueve de la noche, cuando llegó el procurador estatal Adrián de la Garza Santos, quien dio la información preliminar.
En el transcurso de la tarde, Larrazábal convocó a una conferencia de prensa para comenzar el reparto de culpas. Ahí se enlazó con las televisoras locales para presentar documentos con los que demostraba que el 4 de mayo había ordenado clausurar el Casino Royale por unos trabajos de ampliación que no tenían permiso municipal.
Treviño Torres interrumpió la transmisión para aclarar que los propietarios del casino promovieron un juicio de nulidad para impedir que el lugar fuera cerrado y se les concedió la suspensión el 31 de mayo, pues nada les impedía remodelar el lugar.
Larrazábal señaló que los magistrados fueron engañados pues los empresarios querían agregarle 568 metros cuadrados de construcción al lugar que ocupa un área de 17 mil 423 metros, haciéndoles creer que estaban remozando. Señaló el alcalde que el 8 de junio solicitó al magistrado José Alfonso Solís Navarro que acudiera a hacer una inspección física, pero éste se negó.
La magistrada le contestó que la actuación de su colega fue dentro de la ley: “El Tribunal no abre casinos. Sólo califica, en este caso, lo que la autoridad estatal o municipal presente como actos o resoluciones apegadas a derecho; en este caso el municipio, en apariencia, actuaba de manera ilegal porque, al menos cuando se presenta la demanda, tenemos la versión de quien presenta el juicio en el sentido de que se trataba de remodelación”.
La funcionaria recordó que el Casino Royale operaba con autorización del municipio y de la Secretaría de Gobernación.
Al final del debate Larrazábal acusó directamente de la tragedia a los magistrados del TCA y a la Secretaría de Gobernación por entregar de manera desordenada permisos para la apertura de casinos. “A la Secretaría de Gobernación le hemos enviado dos exhortos por petición del cabildo y no han venido a Nuevo León a revisar los casinos”.
Treviño señaló como responsable a la Dirección de Protección Civil del municipio por no haber revisado las instalaciones del casino: “Si estos negocios están en juicio de amparo, Protección Civil debe hacer su chamba y estar checando estos negocios donde hay concentración de público”.
El gobernador Medina también apareció en televisión para anunciar que la investigación será atraída por la Procuraduría General de la República y que la estatal será coadyuvante. Pidió la intervención de Gobernación para que revise los permisos de operación de los casinos.
“Espero que se resuelva de una vez por todas en este país el otorgamiento de permisos para casinos. Hay un desorden legal. Se otorgan permisos del gobierno federal que luego tienen que ser aceptados por los cabildos, lo que deja con lagunas legales el procedimiento, y luego nos enfocamos en denuncias y procedimientos en un tribunal y otro.”
Sin embargo apuntó la responsabilidad hacia la autoridad municipal: “Entiendo que es Protección Civil de los municipios, por tratarse de un permiso municipal”.
Al finalizar el día se contaban 52 muertos, de los cuales 42 eran mujeres. Del total de cadáveres el viernes en la tarde 46 habían sido identificados. Los seis restantes, carbonizados, requerían un análisis mayor.
El viernes 26 por la mañana Blake Mora encontró en los periódicos locales una solicitud del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, para que se cierren definitivamente dos casinos que están clausurados de manera temporal en su municipio: el Alegro y el Sport Zone. También le pidió que se oponga al otorgamiento de permiso para la apertura de un establecimiento proyectado y aún sin nombre.
El funcionario federal no respondió.

Protección oficial

Algunos de los establecimientos conocidos como giros negros operan en esta ciudad amparados por el TCA, integrado por tres magistrados que se han ocupado de permitir que 36 de estos negocios trabajen sin restricciones pese a la disposición municipal de clausurarlos.
José Adrián González Navarro, director jurídico del municipio, señala directamente a Juana María Treviño, presidenta, y a los dos magistrados de las salas ordinarias, Alfonso Solís Navarro y Aurora Gámez.
Monterrey enfrenta el mismo problema de San Pedro, donde el alcalde Mauricio Fernández ha acusado directamente a los mismos jueces de corruptos. En esta ciudad hay 12 casinos que operan contra la disposición municipal y gracias a los magistrados del TCA, dependiente del gobierno estatal.
Pero ahora el ayuntamiento debe enfrentar litigios fuera del estado, pues por lo menos un juez federal de Saltillo ya entregó amparos a casinos que el municipio ve como ilegales, una acción que el alcalde Larrazábal tacha por lo menos de sospechosa.
Larrazábal, quien estuvo en la reunión que el viernes 26 tuvieron el presidente Calderón y el gobernador Medina, dijo que los otros casinos que operan en la ilegalidad están en una situación de riesgo similar a la del Royale, pero que el ayuntamiento está imposibilitado para actuar.
“Hay 12 casinos de diferentes propietarios que no tienen ninguna licencia del gobierno de Monterrey y que pueden estar en un riesgo similar. Los contenciosos administrativos o el juez federal de Coahuila están impidiendo que el municipio pueda siquiera revisar sus procedimientos e instalaciones, con los amparos y suspensiones que están otorgando.”

Los magistrados, el nuevo problema

Además de tratar de controlar a los negocios que venden alcohol en la localidad, el municipio tiene que lidiar con los magistrados que, “indebidamente” –según señala González Navarro–, han otorgado suspensiones para que sigan trabajando.
Hay 23 negocios amparados, con juicios que se llevan en el TCA que les ha otorgado protección para que sigan operando. Otros expedientes son de 13 casinos que operan o están en construcción en esta capital, entre los que está el Royale.
El municipio no quiere que operen porque están fuera de la norma y son reiterativos violadores del horario. Pero los negocios siguen funcionando sin respetar límites, gracias a la protección del TCA, que se encarga de dirimir disputas entre el municipio o el estado contra particulares que se dicen afectados por acciones de esas instancias.
“El nudo burocrático que permite a los jueces dar una suspensión a los antros rebeldes se basa en el criterio arbitrario de los magistrados”, dice el funcionario, quien señala que una vez que el TCA otorga el amparo, el municipio está imposibilitado de actuar.
González Navarro pone un ejemplo hipotético, la construcción de un casino. El municipio la detecta y como no permitirá su apertura, decide clausurar la edificación. Ante esto el propietario pide y obtiene una suspensión en el TCA, que le notifica al ayuntamiento que debe darle el derecho de audiencia al propietario del inmueble.
El ayuntamiento le notifica al TCA que ya dio ese derecho de audiencia y que el dueño no pudo comprobar que tenía licencia para construir el casino porque el municipio no se la dio. Pese a todo el Tribunal le entrega la suspensión al quejoso.
Dice González: “Yo le pregunto al Contencioso ¿para qué me necesitas si no le di el permiso de construcción ni de cambio de uso de suelo para que se instale como casino, pero tú a través de suspensiones le das un derecho que nunca le di yo como municipio?”.
“El acto administrativo por el que inició el negocio es una licencia y si no tienes ésta, no tienes derecho y no puedes operar. ¿Por qué le das una suspensión? Esto recae en Alfonso Solís y Aurora Gámez, los dos magistrados.”
Aunque no se atreve a señalar a los jueces como corruptos, como lo hizo recientemente el alcalde de San Pedro, sí menciona que han asumido criterios contradictorios.
“En los casos normales donde no hay influencia de nadie, la resolución de la sala superior (la que lleva Juana María Treviño) es que para dar una suspensión se necesita tener una licencia, pero por una razón que no entiendo o por falta de conocimiento de los mismos criterios del tribunal, las salas ordinarias dan suspensiones sin licencia”.
De los 13 casinos uno ha obtenido, además de la protección del TCA, un amparo de un juez de Coahuila. Antes la protección constitucional la proporcionaban los tres jueces federales que hay en Nuevo León.
Mauricio Fernández promovió ante el Consejo de la Judicatura Federal que fuera suspendido Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa en el estado, por haber entregado, indebidamente según el edil, un amparo a la empresa Entretenimiento de México y Producciones Móviles (Proceso 1810).
El juez fue suspendido a partir del 1 de junio y está sujeto a una auditoría. A partir de la sanción, los otros dos jueces en la entidad se inhibieron de entregar amparos para expedientes polémicos, como los de los casinos. Por eso, el particular que quería el amparo en Nuevo León tuvo que obtenerlo en Coahuila.
El 14 de julio, Monterrey clausuró tres casinos: Winland, Crowne y Miravalle. Al día siguiente bajó las cortinas de Foliati y California Palace. El 18 de julio San Pedro cerró el Alegre, que había cambiado su nombre a Golden Island. El ayuntamiento argumentó violaciones a la Ley de Hacienda de los Municipios.
Sin embargo, el juez segundo de Distrito con sede en Saltillo, Juan Miguel García Malo, otorgó una suspensión a los casinos Crowne, Jubileé y Viva México! en Monterrey. En San Pedro también le dio protección al Golden Island que, sin embargo, sigue clausurado por un recurso de revisión que interpuso el municipio.
El 22 de julio Larrazábal denunció que el juez saltillense pudo actuar en contubernio con los empresarios de las apuestas. Consideró que será complicado para el municipio litigar con jueces de otras entidades federativas.
Se quejó de la actuación de la Secretaría de Gobernación: “Es una burla para la autoridad del municipio. Para poder abrir un casino, uno de los requisitos es la anuencia de la ciudad donde se va a instalar. Pero es increíble que Gobernación les permita que operen de manera ilegal, violando las disposiciones locales. Cómo es posible que operen 12 casinos con el amparo de jueces o de Gobernación”.
Este mes el ayuntamiento regiomontano emprendió una limpia de antros en el centro de la ciudad. El lunes 1, inspectores municipales clausuraron el Bar Sabino Gordo, donde el 8 de julio fueron asesinadas 20 personas, entre clientes y empleados, por un problema relacionado con el narcomenudeo.
El ayuntamiento se basó en la investigación emprendida por la procuraduría estatal, en la que se comprobó que en ese lugar vendían drogas, motivo suficiente para el cierre definitivo.
El sábado 13, con el apoyo de más de mil policías municipales, estatales, federales y soldados, fueron clausurados 21 antros por diversas faltas administrativas. Cuatro de estos lugares fueron cerrados de manera definitiva.

¡AMLO 2012!