Los atentados de días recientes fortalecen las probabilidades políticas, legislativas y propagandísticas, de esta vieja utopía:
Una tanqueta, o cuando menos un Humvee, en cada esquina y en cada crucero del país; vigilancia permanente, con artillería ligera, en los barrios residenciales; razzias y rondines intimidantes en las colonias populares, con aprehensiones y allanamientos domiciliarios sin trámite judicial de por medio; ocupación del espacio aéreo por helicópteros, aviones de reconocimiento y aeronaves no tripuladas (pero sí artilladas), una parafernalia que escapa a las posibilidades financieras y tecnológicas de las autoridades mexicanas y cuyo control directo recaería, en consecuencia, en las estadunidenses; acciones de limpieza social discreta, pero efectiva, capaces de causar una merma de escala demográfica en las filas de la informalidad delictiva.
Imposición del principio de respeto a la autoridad, que empieza por dar penas de privación de la libertad a borrachos escandalosos, que sigue con el establecimiento del derecho de los policías a impedir que los delincuentes los hagan quedar como tontos ante el juez (juicios expeditos y sumarios, con prevalencia de la palabra de la autoridad sobre la del presunto culpable) y que culmina con la supresión de las críticas al funcionario público, por parte de los ciudadanos, y al patrón, por parte de los empleados.
Tipificación de los delitos de lucha social, huelga, manifestación, protesta, concentración en espacio público, organización política, sindical y agraria (en modalidades de tentativa o de consumados), difusión de información contraria a los intereses de dependencias y de empresas, defensa de los recursos nacionales y resistencia de particulares a la entrega de la soberanía.
Eliminación del principio de rehabilitación que rige (muy en teoría) al sistema de justicia penal y su remplazo por el de castigo y venganza social contra los infractores.
Despenalización de facto de los delitos corporativos, electorales y “de cuello blanco” (evasión fiscal, fraude bursátil y bancario, fraude electoral, desvío de recursos, prevaricación, tráfico de influencias, lavado de dinero, homicidio industrial, afectaciones al entorno, etcétera) e intensificación de la lucha contra los delitos cometidos al margen de la Bolsa de Valores, fuera de la jurisdicción de la Condusef y más allá de las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia.
Para los segundos, aumento de las sanciones, desde la multiplicación de años de cárcel hasta la reintroducción de la pena de infamia, los azotes, la pena de muerte, la confiscación de bienes, el tormento y las deudas por herencia.
Restablecimiento de una división social en castas, aunque simplificada, para ejercer el principio de presunción de inocencia, como beneficio para la gente honorable, y la sospecha previa de culpabilidad, para proteger a la sociedad de su propia mayoría, conformada por malvivientes, lúmpenes, indios, comerciantes ambulantes, migrantes. ninis, pervertidos sexuales, pejistas, zapatistas y mujeres adictas al aborto.
Regularización y legitimación del actual modelo fiscal, consistente en la exención absoluta y universal a las fortunas, y confiscación de salarios, desde el mínimo hasta diez veces la suma equivalente.
Todo el peso de la ley a los ejecutores de crímenes de sangre relacionados con la delincuencia organizada, y a sus jefes directos, en caso de que éstos no cuenten con la documentación correspondiente a la gente honorable, y beneficio de la libertad incondicional para todos aquellos empresarios, políticos y funcionarios que obtengan provecho lícito, electoral, legislativo o pecuniario, del clima de violencia, de la descomposición institucional y de la zozobra ciudadana.
Estos son, en el fondo, los objetivos en torno a los cuales México debe “unirse”. No es otro el escenario que proponen el CCE y la Coparmex, con su rebaño anexo de logotipos y siglas ciudadanas, y los cuadros panistas y priístas que decidieron estar hartos de la violencia causada por el régimen del que forman parte. Así va el guión de la paz a la que aspira la derecha. Y lo hará realidad si el resto de la sociedad se descuida.
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¡AMLO 2012!
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