1 de agosto de 2011

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA: Disputa por Ciudad Juárez

Disputa por Ciudad Juárez: "

Por si no bastaran las cruentas batallas entre bandas delincuenciales,
otros choques de intereses impiden la coordinación de esfuerzos para
devolver a Ciudad Juárez la tranquilidad que merecen sus habitantes. No fue
jamás una región idílica, pues no suelen serlo las ciudades fronterizas,
cuyo crecimiento desordenado producto de la migración es factor de
tensiones y altos riesgos sociales. Pero es reciente su calificación de
ciudad más peligrosa del mundo.



Se recrudece en estos días un enfrentamiento entre autoridades locales y
federales, alimentado por la desconfianza que Los Pinos tiene al Gobierno
Municipal priista. El 19 de marzo de 2009, ante un público estupefacto de
banqueros que lo había convidado (como al resto de los líderes partidarios)
a su convención anual, el dirigente panista Germán Martínez dijo que la DEA
investigaba a Héctor Murguía, exalcalde de aquella urbe chihuahuense por
presuntos vínculos con el narcotráfico. Lanzar el dato era impertinente y
tenía visos electorales. De haber conocido datos que fundaran su aserto,
única circunstancia que explicara que lo hiciera público, Martínez debió
formular denuncia ante el Ministerio Público, y no lo hizo. Se trataba de
deturpar al PRI, que ya se avizoraba como una fuerza imbatible de cara a
las elecciones de julio siguiente, poniendo un ejemplo concreto en la
persona de Murguía. A la sazón éste se preparaba para contender por la
diputación del segundo distrito juarense, que ganó sin dificultades. No
perseveró en la Cámara, pues antes de un año solicitó licencia para
contender de nuevo por la alcaldía, que ya había ejercido de 2004 a 2007 y
a la que volvió en octubre pasado.



No sé si por formar parte de una familia acaudalada, o merced a su propio
esfuerzo, Murguía es un empresario próspero desde los años setenta. Sus
negocios principales consisten en la fabricación y comercialización de
pintura, y en la compra-venta de bienes raíces. También en política fue
rápidamente afortunado. En su primera incursión electoral fue senador
(candidatura que probablemente le fue otorgada en recompensa a su activismo
financiero a favor del PRI, entre los empresarios) y se instaló entre los
cuadros dirigentes de su partido.



El Gobierno Federal, según parece, lo tiene en la mira. No es extraño por
eso que haya recibido distintas agresiones de la Policía Federal. Si no hay
la intención de hostigarlo, en los hechos así ha ocurrido. Un miembro de su
escolta murió a manos de un agente de aquella corporación y él mismo se
hizo de palabras, en otra ocasión, con otros agentes federales que lo
encañonaron. El nivel de tensión llegó a su máximo la semana pasada, cuando
en un retén de la propia Policía Federal fue baleado, con riesgo para su
vida, un colaborador cercano del alcalde, el secretario de Seguridad
Pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola, quien denunció
formalmente la agresión presentándola como tentativa de homicidio.



Por si algo faltara, inmediatamente después de ese enfrentamiento (que pudo
haber tenido un desenlace delicadísimo, pues Leyzaola circula protegido por
una escolta armada) el Sistema Nacional de Seguridad Pública avisó que
dejaría de entregar al ayuntamiento juarense cincuenta y siete millones de
pesos, sesenta por ciento de un subsidio especial para la mejoría y
fortalecimiento de los cuerpos policíacos municipales. Alegó la autoridad
federal que el cabildo de Juárez ha incumplido requisitos de que depende el
ejercicio de esos recursos. El alcalde negó de inmediato que hubiera
negligencia en ese gasto, y además de ofrecer documentos que contradicen
las afirmaciones del SNSP (emitidas a través de la Secretaría de
Gobernación, que carece de atribuciones en esta materia) expuso que haber
recibido la primera partida de 38 millones de pesos significa que ha
cumplido con las normas vigentes.



Murguía no puede, sin embargo, negar el desastroso manejo de su propia
secretaría de Seguridad Pública. Encandilado tal vez por el ambiguo
prestigio del teniente coronel Leyzaola, le encargó esa dependencia a
partir de marzo pasado. El teniente coronel circula con la imagen de haber
devuelto a Tijuana un clima de convivencia que Juárez anhela, aunque se le
imputa haber llegado a esa meta mediante procedimientos heterodoxos (o que
fueron normales en otras épocas) como la fabricación de culpables a partir
de la tortura). Entre sus responsabilidades, además del mando de la Policía
Municipal, se encuentra la cárcel de la localidad. Sobrepoblado como todos
los penales del país, el reclusorio juarense está fuera de control o sujeto
a un régimen nacido de la corrupción en que los propios reos hacen cuanto
les place. Con base en esa estructura viciada, todo está podrido, por todo
se cobra, aun por ejercer derechos como el de visita que está admitido y
regulado.



Allí conviven dos bandas de sicarios de que se dio noticia pública con
motivo del tristemente célebre asesinato colectivo en Salvárcar, Los
aztecas y Artistas anónimos. Uno de los dos grupos organizó el domingo,
ayer hizo ocho días una fiesta, con visitas que no deberían estar allí, que
terminó en la matanza de diecisiete presos. La sola posesión de armas en el
reclusorio indica la ausencia de la disciplina allí.



Leyzaola se demoró en llegar, de manera que la Policía Federal había
tendido ya un cerco de seguridad en torno al penal que el funcionario quiso
eludir para cumplir su responsabilidad. Se convirtió así en blanco de una
corporación que es enemiga y no aliada de la autoridad municipal.


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¡AMLO 2012!

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