Información sobre lo sucedido en el Puerto de Veracruz el 25 de Agosto pasado y sobre los twiteros que han sido encarcelados por el gobierno de Javier Duarte.
Sobre lo que pasó ayer, en #Veracruz
Sobre lo que pasó ayer, en #Veracruz
Tuiteros en cárcel por develar lo que el gobierno no informa
Ayer se vivió en Veracruz una ‘psicosis colectiva’, como le ha gustado llamarlo a Javier Duarte, ‘gobernador’ del Estado. ¿Por qué empezó todo? Unos culpan a las redes sociales, otros a un carro incendiado a las afueras de una escuela. Pero lo que no comentan es que desde hacía días se había desatado un rumor muy fuerte de que los Zetas estaban amenazando al gobierno con ‘ir contra estudiantes’ por cada sicario que fuera muerto por parte del gobierno.
¿Qué de esto es real? Nada se sabe. El gobierno ha perdido mucha credibilidad porque ha impuesto la mentada ‘ley mordaza’ tanto a periódicos como a radio y tv, por lo que es poco probable que se confirme o se desmienta esto, sólo se tiene la preocupación latente de los padres de familia que se enteraron de esta situación a través de correos cadena o de boca de alguien más.
Dado esto, que ya circulaba en Internet desde antes de ayer jueves 25 de agosto, la histeria que se desató entre los papás, que al saberse del auto incendiado en las afueras de una escuela en Mandinga no esperaron a que se confirmaran o no las supuestas amenazas hechas en contra de escuelas. Y entonces empezaron a aparecer usuarios de Twitter y Facebook que confirmaban atentados contra 5 estudiantes de primaria en la Colonia Carranza, entre ellos se destaca el usuario que ahora está preso, acusado de ‘terrorista’ por Reynaldo Escobar (“procurador de Justicia” del Estado): @gilius_22 Gilberto Martínez Vera.
Una usuaria de Facebook comentaba que dos estudiantes de la Secundaria 136 habían sido alcanzados por balas perdidas, su nombre es Ma. Reyes D., quien indicó que el hijo de su vecina había sido testigo ocular de los hechos, publicado en el espacio de Facebook de la señora Maruchi Bravo Pagola, quien se ha caracterizado por publicar sucesos acontecidos en Veracruz y que los medios de comunicación callan a petición expresa del gobierno estatal.
En ese mismo espacio, la señora Bravo Pagola comentó que durante la hora del recreo, algunos niños de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda se llevaron un gran susto por disparos realizados desde un helicóptero; y ahí mismo, una persona declaró que su hija vio cómo soldados, acompañados de helicópteros, estaban evacuando a los alumnos de una escuela.
Estas situaciones empeoraron el estado de ánimo de los jarochos, pues hubo quienes corrieron histéricos a los colegios de sus niños para recogerlos y protegerles de cualquier situación –posible o real- que los pusiera en peligro.
Pero la cuestión aquí no es sólo si hubo una amenaza real o fue producto del imaginario colectivo, sino la falta de garantías que tiene la ciudadanía para ponerse a salvo de situaciones que afecten o amenacen su seguridad. Al no haber certeza de lo que pasaba, ver militares en las calles yendo a altas velocidades, helicópteros volando tan bajo que se podría identificar a los operadores, y el silencio o la negativa de dar una explicación veraz, la población se volvió loca buscando proteger a sus críos de lo que fuera.
Y ahora toda la culpa es de Twitter, Facebook, de sus usuarios y de la posible ingenuidad de una sociedad que no estaba acostumbrada a balaceras, ejecuciones y amenazas hacia lo más preciado que tienen: sus hijos.
Yo no entiendo la postura del gobierno estatal, y no la entiendo por lo siguiente:
1. Si ya es de conocimiento de la población que hay un grupo criminal al que se está combatiendo, ¿por qué amenazar a los medios de comunicación para que no publiquen las balaceras o demás sucesos? Si al fin de cuentas éstos se saben (entre otras cosas porque Veracruz y Boca del Río es una zona conurbada de no muy grande extensión territorial), ¿por qué no darle un matiz de objetividad y de ‘oficialidad’ a lo que pasa?
2. ¿Por qué Javier Duarte y Reynaldo Escobar han preferido ir contra usuarios de Twitter que les resultan incómodos, acusándolos de terroristas, en vez de dedicarse a ganar la confianza de la población aclarado los asesinatos de Milo Vela, su hijo y su esposa; y Yolanda Ordaz, reporteros del periódico Notiver; el alcalde de Rodríguez Clara: Gregorio Barradas; el médico Irving Hernández D., alcanzado por balas de criminales cuando salía por comida, en su hora de descanso; el matrimonioHakim-Hernández, muertos en Xalapa por resistirse a ser secuestrados; José Luis Martínez Aguilar, catedrático de la UV; Francisco Serrano Aramoni, quien fuera administrador de la Aduana; Joaquín Figueroa Vásquez, Tito Landa Argüelles y Raúl Tecatl Cuevas, quienes fueron asesinados e inculpados como criminales en la balacera del Lencero; Manuel Alejandro Portilla Vargas, estudiante asesinado en el paseo de Los Lagos, en Xalapa; y muchos otros que siguen esperando justicia?
Es evidente que los asesores de comunicación que tiene Javier Duarte no están haciendo un buen trabajo, pues lejos de generar confianza y atención en los ciudadanos, como lo hiciera en algún momento la autoridad municipal de Reynosa, Tamaulipas (quienes crearon una cuenta de Twitter donde hacían oficial o desmentían rumores sobre situaciones de riesgo para alertar a la población y evitar bajas civiles), han desarrollado un sentimiento de orfandad, desconfianza y desorientación tan fuerte que cualquier rumor donde se haga una amenaza contra la población es tomada como cierta (hasta que no se demuestre lo contrario).
Dada esta situación de desconfianza en quienes debiera cuidar y garantizar la seguridad de los ciudadanos (o al menos hacer algo que no sea ocultar información), la gente ha optado por replicar un modelo de comunicación a través de las redes sociales como Twitter (#VerFollow, #BalaceraVer) y Facebook (/Balacera Veracruz , /Balaceras en Veracruz, /Reportes de Veracruz) cuyos inconvenientes, todos lo saben, es que el acceso es tan libre que puede haber tanto usuarios responsables que lo utilizan para informar e informarse, como aquellos que gustan de generar pánico e infundir rumores.
Sin embargo, lo que permea aquí, y que es de vital importancia, es que de lo sucedido ayer hay dos personas que fueron detenidas. A uno de ellos, personalmente, lo leí cuando comentaba el secuestro de 5 niños en una primaria, y ese fue su ‘acto de terrorismo’.
¿Es verdad que afirmar algo se convierte en un hecho terrorista? Entonces, ¿cómo se podría calificar las acciones de ciertos ‘entes’ que arrojaron una granada el pasado 14 de agosto en las inmediaciones del Acuario veracruzano, hiriendo de muerte a una persona y de gravedad a una adulta y dos menores? ¿Por qué no hay culpables procesados por esos hechos? ¿Por qué sigue habiendo civiles armados en plena luz del día, recorriendo las calles jarochas, en vehículos con vidrios polarizados?
En verdad que es más fácil agarrar a una persona cuyo error fue comentar algo que –quién sabe si ciertamente– le fue constatado, que tomar acciones reales para evitar situaciones como las de ayer, donde todos pierden (los estudiantes, porque perderán tiempo para de tener conocimientos formales; los padres de familia, porque necesitarán cuidar de los pequeños desde casa y alterarán sus rutinas por ello; y las autoridades, porque nadie cree en ellos).
Dejo unas imágenes que capturé sobre los mensajes que envió ayer Gilberto, para que quede constancia de las cosas que escribió y se observen sus “maniobras terroristas” que le han merecido cárcel y desprestigio por parte de Reynaldo Escobar y Javier Duarte; también comparto otras capturas sobre lo que he abordado aquí, y algunos enlaces que respaldan lo que he comentado.
Otros enlaces:
No está tipificado el delito de ciberterrorismo
Silvia Núñez Hernández / Fuente de referencia: AGN Publicado: 26/08/2011Veracruz, Ver.
El día de ayer la conurbación Veracruz-Boca del Río fue envuelta por la psicosis social; a los centros educativos llegaban desesperados los padres de familia para llevarse a sus hijos, derivado por la alerta de desalojar los inmuebles ante un posible ataque por parte de la delincuencia organizada a la comunidad estudiantil. Los satélites de los equipos de comunicación se vieron imposibilitados e inútiles por las diversas llamadas de alertamiento a los tutores, quienes sin pensarlo mucho llegaban casi despavoridos.
No existía arteria colindante a las escuelas de todos los niveles que no presentaran congestionamiento vial; colas inmensas de coches intentaban abrirse paso para ser uno de los primeros en llegar hasta donde se encontraban sus pequeños. Las redes sociales estallaron, no existía un sólo usuario que no explicara el viacrucis que vivió desde sus centros de trabajo a las escuelas de los mentores.
Radio bemba también empezó a emitir diversos comentarios alusivos a la psicosis en cada uno de los planteles educativos en donde se informaba de hechos realmente espeluznantes en contra de los niños; las autoridades se vertieron en contra de los falsos testimonios, y argumentaron que dichos actos de terrorismo serían investigados y sancionados con todo el peso de la ley apegado al artículo 311 del Código Penal estatal, en donde se prevé el delito de terrorismo.
En declaración del secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, declaró ante una televisora local que las versiones emitidas a través de las redes sociales son totalmente falsas e insistió que estas son parte del acto deshonesto de algunas personas quienes utilizan este tipo de medios para provocar un desequilibrio social como el originado el día de ayer en la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellin entre los padres de familia.
Por otro lado, el procurador de Justicia en el estado, Reynaldo Escobar Pérez, dio a conocer el nombre de quien supuestamente es el responsable de la psicosis desatada en la entidad veracruzana, y anunció que Gilberto Martínez Vera quien a través de su cuenta de Twitter (@gilius_22) se dedicó a emitir desde temprana hora una serie de ataques que se suscitarían en la conurbación veracruzana en los diferentes planteles educativos.
Aseguró categóricamente que éste sería consignado, que tenía dos personas más y 17 cuentas de las cuales en el transcurso de la noche de ayer, la madrugada de hoy, serían investigadas para su captura. Y leyó sobre el contenido del artículo 311 del Código Penal en Veracruz, como para poner las bases de lo que sucederá a todo aquel que se atreva a continuar emitiendo información sobre las situaciones tan alarmantes que ocurren en el estado de Veracruz a través de las redes sociales.
Podemos considerar en el caso de que dicho sospechoso sea realmente quien fue el autor material de los “falsos rumores” de ataques en las escuelas de la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellin, es necesario que las autoridades realicen un esmerado trabajo de investigación, pues no sería nada ético que utilizando todo el poder gubernamental acusen a personas inocentes del delito de terrorismo, como lo hicieron en el caso de los intermunicipales de Veracruz y Boca del Río los cuales fueron acusados del mismo delito en el ataque al ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Sergio López Esquer, y pretendían fabricarles una serie de pruebas para acusarlos sin tener elementos para ello.
Escobar Pérez presumió tener un equipo de investigadores cibernéticos, e insistió que quienes se dediquen a denostar a la administración de Javier Duarte de Ochoa y a su gabinete, utilizando la envestidura de intelectuales integrados en los diferentes medios de comunicación serían investigados y sobre todo castigados; aunque hay que considerar que la información de los representantes de los medios informativos está sustentada por diversas fuentes, luego entonces su clasificación de “terroristas cibernéticos” podría considerarse como una agravante más a la libertad de expresión por el simple hecho de ocasionarles incomodidad las críticas sobre tal o cual situación originada por el gobierno estatal y su gabinete.
Es decir, la amenaza del procurador general de Justicia en Veracruz y el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se vierten nuevamente hacia la libertad de expresión y sobre todo hacia aquellos periodistas que se atrevan a cuestionar a la administración actual. Dicha acción en contra del periodismo veracruzano incómodo se vuelve más latente por parte de quienes nos gobiernan en la actualidad, y me pregunto:
Emitir ese tipo de amenazas en contra de quienes nos desempeñamos en los diferentes medios informativos y no comulgamos con la administración actual ¿no son actos de terrorismo hacia al gremio?
Afortunadamente –pese al desagrado de las autoridades- la pluralidad informativa es necesaria en un determinado contexto social; no se puede tener el dominio total de los medios de comunicación y sobre todo, cuando existe una serie de anomalías que perjudican a quienes se gobierna –en este caso a los veracruzanos-.
No se puede reprochar tampoco la reacción psicótica de la población sobre actos de terrorismo –hechos totalmente comprobables- propiciadas por la delincuencia organizada quienes se encuentran luchando por la plaza de Veracruz y hasta cierta forma, producto de la poca veracidad informativa por parte de las autoridades estatales. Es injusto observar como el aparato gubernamental es eficiente cuando se trata de capturar a “supuestos enemigos públicos”, mientras que la impunidad se hace evidente en contra de quienes realmente dañan la tranquilidad de la ciudadanía.
Luego entonces tendremos la certeza que ese eficiente equipo de investigadores perteneciente a la PGJ y que tanto alardea Reynaldo Escobar, ya tenga datos precisos sobre quienes asesinaron a los periodistas, Miguel Ángel López Velazco, a su esposa e hijo y Yolanda Ordaz, del rotativo Notiver, y que fueron denostados por parte del propio procurador, como narcoperiodistas.
Por ello, ante la real inseguridad en la que se encuentra el estado, y para ser precisa la conurbación, no se le puede criticar a la población que reaccione ante una alerta de ataque. Y sobre todo, a quienes intenten protegerse a través de las redes sociales; no se les puede faltar el respeto de esa manera a los veracruzanos.
Desafortunada fue la situación realmente, no se ampara el hecho de emitir información falsa a través de las redes sociales, no se aplaude, pero tampoco, se puede considerar un acto solemne la reacción de las autoridades en contra de los usuarios de estos medios; sería indigno calumniar a quienes son ciudadanos comunes y mucho menos no presentar completa la información sobre el artículo 311 el cual será utilizado para acusar al probable “terrorista cibernético”.
Amable lector dejaré como un servicio a la comunidad dos versiones sobre el artículo 311 del Código Penal del estado de Veracruz, el primero, el cuál emitió textualmente el procurador de Justicia en el estado, Reynaldo Escobar el cual está incompleto y el segundo, el que fue literalmente copiado de la Gaceta Oficial publicada el 07 de noviembre del 2003:
Versión Reynaldo Escobar:
Articulo 311 Señala que quien utilizando cualquier medio para realizar actos en contra de las personas, cosas o servicios al público, produzcan alarma, terror entre la población o en un grupo o sector de ella para afectar la paz pública o tratar de menoscabar a las autoridades del estado o presionar a esta para que tome una determinación, se le impondrán de tres años a 30 de prisión y multa de hasta 750 días de salarios con suspensión de derechos políticos hasta por cinco años.
Y a sus cómplices, quien conozcan de las actividades de estos terroristas y no la denuncien a la autoridad dice el párrafo: quien conociendo las actividades de un terrorista y no haga saber a la autoridad sobre su identidad se le impondrá de uno a nueve años de prisión y multa de hasta de 150 días de salario.
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CAPÍTULO V
TERRORISMO
Artículo 311.-A quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años.
A quien, conociendo las actividades de un terrorista y su identidad, no lo haga saber a las autoridades se le impondrán de uno a nueve años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario.
Evidentemente cuando se constituyó este artículo en el Código Penal en Veracruz, fue el 7 de noviembre del 2003, años en donde el terrorismo cibernético no estaba tipificado como delito debido a la inexistencia de las redes sociales y sobre todo, no existe en el código penal el delito de terrorismo cibernético. Luego entonces, la inquietud del gobierno estatal por imponer un delito no existente al supuesto terrorista, deja mucho que desear.
Quejas y comentarios:
¡AMLO 2012!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
#Dontriananews gracias por escribirnos